Por CERIGUA
Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas urgió a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que adopten un acuerdo firme sobre los derechos ambientales, que incluya los derechos a la información, la participación y el acceso a la justicia.
Este pronunciamiento se produce en el marco de la reunión de Estados de América Latina y el Caribe que se realiza en la ciudad de Santiago de Chile, con motivo de la octava ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo regional en asuntos ambientales, que es auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, indicaron los expertos.
Las negociaciones de los gobiernos buscan aplicar el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, por el que los Estados se comprometieron a promover el acceso a la información sobre el medio ambiente, fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones que le afectan y facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
John Knox, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, destacó los esfuerzos realizados por los Estados de la región en los últimos años e indicó que se han logrado grandes avances, no obstante, dijo que deben finalizar su labor mediante la adopción de un tratado fuerte, jurídicamente vinculante para la región.
Por su parte, el experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, espera que el tratado ayude a fortalecer el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria extractiva de la región, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales.
Los expertos aseguraron que la adopción del nuevo tratado ambiental propuesto sería un hito importante para la región y una expresión tangible de la solidaridad y reconocimiento del compromiso de los Estados con respecto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente.
Acogeríamos con satisfacción que el acuerdo contribuyera a aclarar que los Estados deberían incorporar en las evaluaciones de impacto ambiental no solo los impactos potenciales sobre la salud de las personas, sino también otros sociales, incluyendo impactos sobre los derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento, agregaron.
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