Pocos autores han señalado que los defensores de Ortega son casi exclusivamente hombres. Este artículo supone que ello tiene que ver con el al desarrollo de los derechos y la situación actual de las mujeres en Nicaragua.
¿Son los derechos humanos una moneda de cambio?
¡Pregunten a sus mujeres!
Pocos autores han señalado que los defensores de Ortega son casi exclusivamente hombres, que utilizando argumentos de carácter abstruso caracterizan al Presidente Ortega como “digno de apoyo”, “progresista” o “defensor de los intereses de la clase obrera”. Desde la premisa de que aplica políticas de “izquierda” o incluso “socialistas”, defienden su régimen.
En los últimos meses varios artículos han informado del enriquecimiento inconmensurable de Ortega, el de su familia y amigos cercanos; sobre la corrupción generalizada en el país, la concentración absoluta de todo el poder en sus manos, su firme control sobre todas las instituciones del Estado, los fraudes electorales, las enmiendas inconstitucionales a la Constitución, las destituciones arbitrarias de diputados y la derogación de la personaría jurídica de partidos políticos. Como también del –actualmente apenas mencionado– proyecto de construcción del canal interoceánico, de las constantes provocaciones de la “Juventud Sandinista” a las manifestaciones opositoras, de la actuación de los paramilitares, de situación de los presos políticos, de los cientos de asesinatos y muchas otras facetas del régimen Ortega.
Sin embargo, este artículo se refiere principalmente al desarrollo y a la situación actual de los derechos de las mujeres en Nicaragua.
Para aumentar sus posibilidades electorales ante los círculos cristianos y conservadores en las elecciones presidenciales de 2006, Ortega organizó una iniciativa de ley, aprobada por la Asamblea Nacional sólo diez días antes de la fecha de los comicios electorales, que derogaba el aborto terapéutico y prohibió de manera absoluta el aborto en Nicaragua. Independientemente de que la vida de la mujer embarazada esté en peligro, el embarazo sea resultado de una violación o se trate de una niña embarazada, esta prohibición no conoce ninguna excepción. En una combinación de razones electorales cortoplacistas y de posiciones religiosas fundamentalistas, se quitó a las mujeres de Nicaragua el derecho humano fundamental de la libre determinación sobre sus cuerpos, y además se está amenazando a las mujeres con penalizaciones en caso de realizar abortos.
En 2014, el Presidente Ortega reformó profundamente la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres –que explícitamente incluye las figuras jurídicas del femicidio, de la violencia doméstica y la violencia sexual intrafamiliar– a través de un decreto que disminuyó en gran medida el ámbito de su aplicación. Ello de facto significa que el Presidente, ejerciendo facultades legislativas, cambió la ley, lo cual está en contradicción directa con la Constitución y con el principio de separación de los poderes del Estado. En lugar de proveer a las mujeres y a los niños la oportunidad de llamar en caso de violencia doméstica a la policía y encontrar protección, la nueva regulación les impone procedimientos de mediación en “Consejerías familiares”. Buscan con ello una reconciliación entre la víctima de la violencia y su atormentador bajo el concepto del fortalecimiento de la familia. El acceso de las mujeres al sistema jurídico resulta en la práctica mucho más difícil. Las comisarías policiales que anteriormente atendían a las mujeres, ahora habrían sido disueltas.
Abuso infantil y violación
El debate sobre los derechos de las mujeres en Nicaragua tiene un trasfondo que cuestiona y sacude una y otra vez todo el sistema político bajo el régimen de Ortega: El día 22 de mayo de 1998, su hijastra Zoilamérica Narváez publicó sus
cargos contra su padrastro Daniel Ortega, acusándolo de haberla acosado, abusado y violado sexualmente durante veinte años desde que tenía once años de edad.
[1] Ella presenta su historia de sufrimiento minuciosamente en un testimonio integral, en el que también explica que lo hizo público porque ya no tenía otra opción para protegerse de su atormentador. El texto fue publicado íntegramente en un periódico diario de Nicaragua y también en un libro. Este texto se encuentra fácilmente en Internet. Quien en Nicaragua o en el movimiento de solidaridad internacional pretenda no saber esto, ¡es porque no quiere saberlo!
Si hay alguien que piense en este momento: “nada está comprobado, Ortega nunca ha sido condenado por estas acusaciones”, quiero mencionar para que se tengan en cuenta, los siguientes hechos: Después de la publicación del testimonio de Zoilamérica Narváez, grupos de mujeres inician una campaña para convencer a los diputados de la Asamblea Nacional de que levanten la impunidad parlamentaria de Ortega –en aquel momento no tenía una mayoría parlamentaria– para poder enjuiciarlo ante un tribunal. Poco después, en 1999, Ortega hace un pacto con el Ex Presidente Arnoldo Alemán del PLC,
[2]su adversario político altamente corrupto
Desde entonces el grupo parlamentario del PLC ya no está dispuesto a votar a favor de la cancelación de la impunidad de Ortega. Por otra parte, ahora también el FSLN,
[3] el partido de Ortega, se niega a levantar la impunidad de Alemán para llevarlo ante la justicia por haber robado al menos 100 millones de dólares de las arcas públicas. El 19 de diciembre de 2001, la jueza Juana Méndez falla que todos los delitos demandados contra Ortega han prescrito y por tanto no habrá ningún proceso más contra él. Cuando Alemán aun así es llevado a juicio por blanqueo de dinero y corrupción, la jueza Juana Méndez en 2003 lo condena a 20 años de prisión. Sin embargo, la mayor parte del tiempo permanece bajo arresto domiciliario en su finca El Chile. Inmediatamente después de que Ortega recuperara su presidencia, en 2007, Juana Méndez, es nombrada Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En esta nueva posición, en 2009, Juana Méndez finalmente resuelve el caso Alemán absolviéndolo de todas las acusaciones en su contra. Nuevamente se pone de manifiesto un pacto sellado entre hombres.
Por las razones expuestas aquí, nunca hubo un proceso judicial en el que Ortega tenga que responder por las acusaciones de abuso sexual y violación de Zoilamérica Narváez en su contra. Pero tanto las declaraciones impactantes y contundentes de ella, como también el comportamiento de él, dejan dudas extremas sobre su inocencia.
Sin embargo, Zoilamérica Narváez gana su demanda ante la CIDH,
[4] que obliga a la justicia nicaragüense a retomar el proceso contra Ortega, considerando que el procedimiento aplicado violó los derechos humanos de la demandante. Pero en 2008 finalmente renuncia a la prosecución legal por parte de la CIDH. Ella niega expresamente haber retirado sus acusaciones contra Ortega, sin embargo, quiere encontrar su propia paz e intentar reconciliarse con su familia, un proyecto que no tendrá éxito.
Actualmente, Zoilamérica Narváez prácticamente está exiliada y obligada a vivir en Costa Rica porque el Presidente, su padrastro Daniel Ortega, y la Vice-Presidenta, su madre Rosario Murillo, niegan a su pareja el derecho de residencia en Nicaragua.
Mi mayor error político
Puede molestar a los defensores de Ortega cuando se les recuerda los hechos presentados aquí. Puede ser que no les complazca que actualmente, a pesar de su auto-imagen de “izquierda”, se les perciba como adversarios de los derechos humanos que pisotean los derechos de las mujeres. Tal vez haya algunos que piensen y declaren libremente que la lucha de clases no es un juego de niños. Pero seguramente también hay quienes no se sientan cómodos al ser identificados con los paramilitares orteguistas y los cientos de muertes de los últimos meses.
Sin embargo, aquí no se trata de que ustedes se sientan mal o que se les caracterice como estalinistas, una calificación que posiblemente (tal vez con algunas pocas excepciones) no es la suya. En realidad, la pregunta de fondo es la siguiente: ¿Son los derechos humanos –y en particular los derechos de las mujeres– valores fundamentales que se deben respetar y garantizar en todo el mundo y siempre? ¿O son un accesorio bonito que se puede usar cuando las circunstancias lo permiten? ¿Se debe limitar la defensa de los derechos humanos sólo a las fuerzas de la izquierda, o son principios que hay que defender más allá de posicionamientos ideológicos?
Hace unos 20 años, una mujer del movimiento de solidaridad con Nicaragua me pidió que firmara una petición pidiendo a los parlamentarios nicaragüenses votar por el levantamiento de la inmunidad de Ortega para que pudiera ser llevado ante la justicia. En ese momento me negué con un razonamiento similar a las explicaciones que actualmente dan los defensores de Ortega. Expliqué que como izquierdista no podía apoyar una iniciativa, que también estaba respaldada por fuerzas de la derecha. Aunque estaba a favor de llevar a Ortega ante la justicia, defendí la posición de que eso sólo podría ser promovido desde las fuerzas de izquierda, porque el destino de la víctima en realidad no importaba a la derecha, interesada en aquel momento únicamente en debilitar los aspectos progresistas de la agenda de Ortega.
Pero ¿cómo se puede abandonar la causa de esta mujer, por el hecho de que muchas fuerzas de la izquierda no estaban dispuestos a defender su derecho fundamental a un juicio justo contra su verdugo?. ¿Se puede negar su derecho al reconocimiento jurídico de su sufrimiento sólo porque su demanda también la apoyaban algunas fuerzas de la derecha? ¿Con qué razón una fuerza política de izquierda puede negar el derecho de una aclaración jurídica a una víctima de violaciones constantes? ¿Es progresista salvar a alguien de un juicio que está acusado de hechos extremadamente graves?
Todos los medios legales y coaliciones políticas hubieran sido aceptables y correctos para lograr que la víctima de graves violaciones de sus derechos humanos, Zoilamérica Narváez, hubiera logrado su derecho fundamental de acceso al sistema jurídico de su país.
Por supuesto yo debería haber firmado la petición en aquel momento, y hubiera sido una tarea noble que todas las fuerzas de izquierda nicaragüenses e internacionales apoyasen esta causa, al igual que algunos grupos de mujeres y organizaciones de derechos humanos hicieran; por desgracia fue una batalla perdida.
A los defensores de Ortega a menudo les gusta difamar a la presidenta de la organización de derechos humanos CENIDH,
[5] Vilma Núñez, como pionera de la supuesta conspiración orquestada por Estados Unidos contra Nicaragua. Cabe señalar que ella nunca ha dependido en modo alguno de los Estados Unidos, ni tampoco ha respaldado sus políticas. Ella era un miembro acérrimo del FSLN y seguidora de Daniel Ortega. Cuando se hace cargo de la representación legal de Zoilamérica Narváez en el caso contra su padrastro, pide que se le permita presentar este caso al menos 10 minutos en una reunión de mujeres del FSLN. Después de que estas mujeres rechazaran su petición, Vilma Núñez abandona todas las actividades en el FSLN. Sin embargo, se ha mantenido fiel a sus convicciones sandinistas hasta el día de hoy.
El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de opinión y la libertad de manifestación, a un juicio justo y a una vida en un Estado de derecho son principios básicos de la política de izquierda. ¡No hay contradicción entre los derechos humanos y una política de izquierda verdadera!
Cualquiera que contraponga la libertad y la democracia a las mejoras sociales, sigue un camino peligroso. Cualquiera que diga que un gobierno no debe ser criticado por abusos contra los derechos humanos justificando su progresía, se acerca a la máxima amenazadora: “el fin justifica los medios”. En cuanto a la vulneración de los derechos de las mujeres, hasta el momento nadie lo ha expresado más claramente que Harri Grünberg del grupo
Cuba Sí, en Alemania. Este autor elogia como una “estrategia inteligente de Daniel Ortega” derogar el aborto terapéutico y penalizar el aborto para poder “volver al poder” en 2006.
[6]
Esta prohibición no sólo constituye una violación profunda del derecho a la autodeterminación de las mujeres, generando daño y sufrimiento, sino también significa un peligro de muerte para algunas de ellas con embarazos de riesgo o para niñas embarazadas y especialmente para aquellas jóvenes que son demasiado pobres para poder pagarse un viaje a una clínica en Miami o Costa Rica. Muchas, por ello han pagado con sus vidas los intentos secretos de aborto en Nicaragua.
Aquí los derechos de las mujeres son vendidos por otros “avances” nebulosos. ¡Pero los derechos humanos no pueden ni deben ser una moneda de cambio para ningún otro proyecto presuntamente de izquierda!
¡Hablen con sus mujeres!
El gran defecto de diseño del sistema Ortega-Murillo es que se basa en la falta de respeto a la ley de la pareja presidencial. ¿Quién en Nicaragua debería creer en el derecho y en la ley si los dos representantes más altos del país constantemente rompen estos principios democráticos? Fue un pacto de hombres en el que Ortega y Alemán se prometieron mutuamente que no interferirían en la inmunidad parlamentaria del otro para evitar ser juzgados por violación o corrupción en los tribunales. Todos los pasos posteriores en el establecimiento del régimen de Ortega, hasta las últimas masacres, ya han sido ampliamente reportados en otros lugares.
No es el objetivo de este artículo reducirlo todo a un problema de las mujeres. Por supuesto, miles y miles de nicaragüenses también salen a la calle contra el nepotismo y la corrupción, contra pactos secretos y violaciones de la constitución, contra el fraude electoral y la violación de los derechos humanos, en contra de la construcción del canal interoceánico y la destrucción del medio ambiente, contra la opresión política y la represión. Es, sin embargo, una preocupación central de este artículo, preguntar a los hombres que elogian los méritos del régimen Ortega: ¿Son ustedes conscientes de la hipocresía de sus escritos hacia la situación real? Dado que es sumamente difícil imaginar que les gustaría vivir bajo las condiciones político-sociales del reino orteguista descritas aquí, su apoyo a Ortega significa nada más y nada menos que quieren obligar a las y los nicaragüenses a vivir en condiciones de vida que serían inaceptables para ustedes mismos.
Observando los textos sobre la autocomprensión de las plataformas de Internet dedicadas a la defensa del régimen Ortega, se pueden encontrar pasajes muy bien formulados. Se lee, por ejemplo, que el “respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas” es uno de los “principios básicos” de la asociación
Mondial21 [7] (editor de amerika21). O la plataforma
re:volt se ve a sí mismo en la “responsabilidad de combatir la opresión patriarcal especial de las mujeres”.
[8] Pero, ¿con qué argumento se podría probar que el apoyo de un dictador como Ortega sería compatible con el respeto a los derechos y la dignidad de todos los seres humanos? ¿Qué justificación podría darse para apoyar políticamente a un violador notorio, cuando la lucha contra la opresión patriarcal de la mujer se ha escrito en las banderas?
Queridos amigos de Ortega: ¡Hablen con sus mujeres sobre lo que están escribiendo! Pregúntenles a las mujeres en sus contextos políticos, sus compañeras, sus esposas, sus madres, sus hijas, sus colegas, sus compañeras activistas feministas, sus delegadas sindicales … pregúntenles a todas las mujeres que conocen, si quisieran vivir bajo tal presidencia. Pregúntenles si es una “estrategia inteligente” criminalizar el aborto. Pregúntenles si es correcto privar a las mujeres del derecho humano básico de autodeterminación sobre sus propios cuerpos y castigar su ejercicio, en el caso del aborto. ¿Puede haber alguna razón para proteger a un hombre, que ha estado abusando y violando a su hijastra durante años, y no enjuiciarlo legalmente? ¿La integridad física y mental de una niña y una mujer joven valen menos que una presidencia supuestamente progresista? ¿Puede presentarse como candidato para el cargo más alto en el Estado, un hombre que ha abusado sexualmente de su hijastra durante veinte años?
¡Esta persona ni siquiera cumple con los requisitos éticos mínimos para postularse para cualquier cargo público!
Matthias Schindler
24. 10. 2018
[2] Partido Liberal Constitucionalista.
[3] Frente Sandinista de Liberación Nacional.
[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[5] Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
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