Por Dina Meza / Kevhin Ramos
El 30 de julio de este año Donny Reyes de la Asociación Arcoiris y Alex Sorto de la organización SOMOS interpusieron un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra los decretos 176-2004 y 35-2013 que prohíben el matrimonio, unión de hecho y derechos sociales patrimoniales consecuentes a personas del mismo sexo, lo cual según los peticionarios violenta la Constitución de la República y tratados y convenios internacional de protección a los derechos humanos.
La Sala de lo Constitucional admitió dicho recurso lo cual ha desatado una campaña mediática de diversos medios de comunicación, de las iglesias evangélicas aglutinadas en la Confraternidad Evangélica y también el presidente de la República se ha pronunciado.
La Confraternidad Evangélica llegó el 11 de octubre y se reunió con magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la cabeza del Pastor Alberto Solórzano quien dijo “así como la comunidad LGTB hace presiones para ir ganando espacio para que el recurso sea declarado favorable, de igual manera la iglesia tomará las acciones que sean necesarias para que evitar la decisión de la sala sea favor del recurso”.
Un día después, el 12 de octubre el mandatario Hernández dijo en declaraciones públicas que “Personalmente como cristiano estoy en contra del matrimonio de personas del mismo sexo; obviamente, es el Poder Judicial que, de acuerdo a la normativa hondureña, tiene que pronunciarse al respecto. En ese sentido, creo que el pueblo hondureño en su gran mayoría tiene una posición al respecto”.
En un comunicado público entregado a los medios de comunicación el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras señaló que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio las declaraciones que promueven la discriminación, el odio y el rechazo al colectivo LGTB, garantizando la protección de estas personas, porque el Estado de Honduras es laico y no debe permitir injerencias en su funcionamiento ni en sus decisiones.
Donny Reyes-Arcoiris
Donny Reyes expresó que en vista de los ataques y las manifestaciones de la Confraternidad Evangélica para el Comité de la Diversidad Sexual es muy preocupante que se esté vinculando el movimiento religioso en decisiones de un Estado laico, “primero debemos respetar la laicidad del Estado de Derecho, el cual defiende bienes jurídicos como el pleno goce de la vida de las personas independientemente de la opción sexual, identidad, raza, étnica, género, lo que sea”.
Agregó que están estudiando acciones contra los sectores que promueven el odio contra la comunidad de la diversidad sexual entre ellos los medios de comunicación.
Asimismo informó que están pidiendo al Mecanismo de Protección que genere las alertas tempranas de protección al colectivo LGTB.
Patrones de ataques
En los últimos 10 años hemos venido diciendo que se ha montado toda una estructura fundamentalista patriarcal que genera discriminación y rechazo, lo cual es impulsado desde los medios de comunicación donde se promueve el mensaje de odio, discriminación y se trate con amarillismo y sensacionalismo el tema LGTB.
Criticó también que desde los púlpitos algunos líderes religiosos promueven la cultura del odio, en contraste hay un Estado que no garantiza y no protege los derechos de las personas LGTB.
También señaló que los crímenes de odio contra las personas LGTB están menguando la vida de la comunidad LGTB donde las personas defensoras de derechos humanos de ésta son el blanco de ataques.
Iván Banegas, Asociación Colectivo Violeta e integrante del Comité de la Diversidad Sexual expresó que desde hace varios años se ha promovido la demanda para la protección de los derechos de la comunidad, además la incidencia ante el Estado para poder obtener cambios profundos que beneficie a la comunidad LGTB, la cual históricamente ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos por su orientación sexual e identidad de género.
Denunció que las declaraciones del presidente Hernández sobre su posición contraria a la acción de inconstitucionalidad que promovieron para que se deroguen decretos que violenta sus derechos, violentan principios fundamentales debido a que por ostentar ese cargo no debe promover la discriminación y rechazo a las personas LGTB, “estamos cansados y cansadas que a vista y paciencia de las autoridad estatales se promueven mensajes de odio y discriminación y no se hace nada”.
“El Ministerio Público debería estar actuando de oficio ante estas declaraciones que son discriminativas hacia las personas de la comunidad LGTB ya que el artículo 321 del Código Penal aún vigente, menciona que este tipo de cosas no se deben repetir. La Fiscalía de Derechos Humanos se ha quedado corta para actuar contra esto”.
Iván Banegas-Colectivo Violeta
El artículo 321 del Código Penal reza que “ Será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cuatro (4) a siete (7) salarios mínimos la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restringa, disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la prestación de un servicio profesional por motivo de sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación familiar condición económica o social, capacidades diferentes o discapacidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de la víctima”.
Mujeres Lesbianas avizoran más ataques con el discurso de odio
Esdra Sosa-Grupo Lésbico y Bisexuales de Honduras
Esdra Sosa, del Grupo Lésbico y Bisexuales de Honduras denunció que los patrones van en un mismo lineamiento, estamos más vulnerables como mujeres lesbianas, “aquí en Honduras solo por ser mujer nos discriminan y no digamos ser mujer lesbiana y pertenecer a un colectivo de la diversidad sexual”.
Estamos alarmadas porque en Honduras cada 16 horas muere una mujer y con solo pertenecer a este colectivo van a venir más ataques de diferentes maneras, continuó.
Asimismo dijo que no hay respuestas concretas desde las instituciones estatales que deben tutelar los derechos humanos de todas las personas en Honduras, “ lo no nos da la certeza que no hay leyes que amparan nuestros derechos, el Ministerio Público en vez de avanzar va retrocediendo en relación a los derechos de la comunidad LGTB”.
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