RADIO "PONCHOSVERDES.FM"

martes, 29 de septiembre de 2020

Las Marikarmen: banda emergente transfeminista performativa



En otoño lanzan su nuevo disco: Compost Your Gender

Las Marikarmen han conseguido financiar su primer disco a través de un Crowdfunding conseguido. Su mensaje es conciso: «Composta, recicla y repiensa la manera en la que percibes el género.» Esta banda emergente mezcla música electrónica, con saxofones, rap, samples y autotune. Además sus directos son un homenaje a su difunta madre «Lady Marikarmen», pionera transfeminista, en los que nunca faltan sus electrodomésticos dorados.

Durante el confinamiento y con las pocas posibilidades de actuar, Las Marikarmen se marcaron una meta: grabar su primer álbum. Un regalo para sus seguidorxs después de 2 años de directos sobre escenarios de Barcelona, Asturias, Galicia y hasta en Alemania.

El disco llamado Compost your Gender (Composta tu Género) contará con 10 canciones en inglés, ruso y castellano, que hablan de su realidad como personas queer, no binarias y que performan en Drag. Su propuesta es clara: composta, recicla y repiensa la manera en la que percibes el género. Las Marikarmen rompen con el binarismo y dan representación con su proyecto musical a identidades disidentes.

Este grupo musical surge en 2018 dentro de la escena okupa de Collserola (Barcelona) que tras sufrir varios desalojos y ataques de matones, se agrupó con la necesidad de visibilizar lo queer dentro de la escena musical. Actualmente la banda está formada por les músiques:

@victoriasickness : a la voz y el saxo tenor.

@contaminaperpetua : al saxo barítono, trompeta y clarinete.

@capitanobarbaconyo : a los sintetizadores, voz, flauta, saxo alto y beats digitales.

El proyecto interseccional de Las Marikarmen habla de vivir en comunidad, políticas de cuidados, tomar el campo, feminismos, migración, identidad y género. Con el objetivo principal de reforzar estas luchas afines y establecer redes de apoyo. El crowdfunding ha sido posible gracias a la ayuda de todos estos colectivos.

 

 

Para más información:

www.lasmarikarmen.com

youtube facebook instagram spotify

 


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Temporeras marroquíes en la agricultura onubense

Artículo escrito para ABP sobre una investigación realizada por Taraceas y Andaira para Women´s Link Worldwide

Una investigación de las cooperativas de investigación social Andaira y Taracea para Women´s Link Worldwide saca a la luz las continuas vulneraciones de derechos que sufren las mujeres marroquíes contratadas para trabajar en la recolecta de la fresa en Huelva.

Temporeras marroquíes en la agricultura onubense

A finales de abril de 2018, la publicación en un medio digital alemán del reportaje “Violadas en los campos de Europa”, que denunciaba la violaciones y abusos sexuales sufridos por trabajadoras marroquíes que vinieron a recoger la fresa a Huelva durante la campaña 2016/2017, puso en el punto de mira de la prensa nacional e internacional las condiciones de trabajo y estancia de las temporeras contratadas en origen.

Ese mismo año, en junio, diez jornaleras marroquíes, denunciaron abusos laborales y sexuales en una empresa de Almonte. Otras cuatro temporeras interpusieron denuncias similares por abusos laborales y violencias sexuales sufridas mientras trabajaban en otra empresa del sector agrícola onubense.

En 2019, las cooperativas de investigación social Andaira y Taracea y otras expertas independientes realizaron una investigación a petición de la organización internacional Women’s Link Worldwide. Dicha investigación identificó las principales vulneraciones de derechos de las trabajadoras marroquíes en 2019, que persistían pese a que, supuestamente, ya se habían implementado medidas (protocolo de actuación frente al acoso sexual, contratación de mediadores culturales…) a raíz del escándalo del año 2018.

A partir de entrevistas en profundidad a actores claves (sindicatos, empresa, sector sanitario, entidades de acción social y medios de comunicación) y trabajadoras, la investigación identificó una práctica sistemática y persistente de vulneraciones de derechos durante el periodo de contratación en origen, estancia y trabajo de las mujeres marroquíes contratadas para trabajar en la fresa de Huelva. En el presente artículo se exponen algunos de los principales hallazgos fruto de esa investigación.

Los inicios de la contratación en origen

La provincia de Huelva es la principal zona productora de fresa en Europa. El sector se inserta en una cadena agroalimentaria globalizada, en la que ocupa una posición subordinada con respecto a las grandes multinacionales de insumos agrícolas y la distribución comercial.

Se trata de un modelo productivo muy intensivo en trabajo en el que la contención de los costes de la mano de obra constituye una de las principales estrategias utilizadas por los agricultores para asegurar el margen de beneficios. En consecuencia, desde los años 90, el sector ha recurrido a la mano de obra inmigrante bajo diferentes modalidades y empleada en condiciones de gran precariedad. Los trabajadores irregulares que

trabajaban en el sector en la década de los 90 se vieron sustituidos, a partir del año 2000, por mujeres temporeras «contratadas en origen».

En 2006, las trabajadoras marroquíes adquieren un importante papel en estas contrataciones. Ello estuvo causado por la inminente entrada en la Unión Europea de los principales países de origen de las trabajadoras contratadas hasta entonces, Polonia y Rumania. Al mismo tiempo, la existencia de financiación europea, a través del programa Aeneas-Cartaya, consolidó el papel de Marruecos como principal proveedor de trabajadoras.

Las contrataciones en origen en Marruecos conocieron un crecimiento entre 2005 y 2008, que se vio súbitamente frenado debido a las importantes tasas de desempleo que se alcanzaron en el Estado y en la provincia de Huelva en el contexto de la crisis económica. Ello hizo que, entre 2012 y 2017, éstas quedaran reducidas a un contingente mínimo de unas 2.000 temporeras repetidoras. En la temporada 2017/2018 se produce un nuevo cambio de tendencia que marcaba el retorno de la contratación en origen a Marruecos. Se emitieron 15.000 nuevas autorizaciones que, para 2018/2019, subirían hasta 19.179.

Tanto en Marruecos como en los países de Europa del Este, las contrataciones en origen estuvieron, desde el principio, dirigidas exclusivamente a mujeres, hecho que ha provocado una importante feminización del mercado de trabajo del sector. Asimismo, en el marco del programa Aeneas, las organizaciones agrarias onubenses y las autoridades marroquíes establecieron que los contratos se destinarían exclusivamente a mujeres casadas o viudas con hijos menores de 14 años a su cargo, criterios que se han mantenido vigentes hasta la actualidad. La selección casi exclusiva de mujeres de entre 25 y 45 años con hijos menores a su cargo contradice los supuestos de no discriminación que establece la Orden Ministerial que regula estas contrataciones5 y el artículo 14 y 35.1 de la Constitución española

Asimismo, y a pesar de que las contrataciones en origen han sido erigidas como modelo de «migración ética y ordenada», se trata de un dispositivo que presenta serios déficits a la hora de garantizar la protección de los derechos de las trabajadoras. Ello está íntimamente relacionado con que los contratos en origen proporcionan a las temporeras un permiso de trabajo y residencia vinculados a una zona geográfica, un sector de actividad y un empleador concreto, hecho que coloca a las trabajadoras en una posición de dependencia de cara a su empleador. Su permanencia legal en el territorio español y el acceso a un contrato en próximas temporadas dependen exclusivamente de la voluntad de este último.

Vulneración de derechos vinculada al proceso de selección

En el país de origen de las trabajadoras se identifican situaciones de incumplimiento de la “Orden Ministerial que regula la Gestión Colectiva de la Contratación en Origen para actividades de Temporada y Campaña”1, fundamentalmente durante el proceso de selección.

Los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación se incumplen al aplicar criterios de selección que excluyen a determinadas trabajadoras y que permiten el acceso a los contratos de forma casi exclusiva a mujeres con hijos menores a su cargo, a menudo divorciadas o viudas. Las mujeres deben acreditar su situación familiar presentando el libro de familia durante el proceso de selección. Este criterio parece querer garantizar el retorno de las temporeras al finalizar la campaña, así como contratar a mujeres en una situación de mayor responsabilidad familiar y vulnerabilidad y, por lo tanto, con menor posibilidad de posicionamiento crítico antes futuras situaciones de abuso.

En relación con la transparencia, la información recibida en origen resulta insuficiente y, en muchos casos, totalmente contraria a lo que después encontrarán al llegar a Huelva.

Las mujeres desconocen las condiciones exactas que establecen sus contratos laborales o los derechos que garantiza el Convenio Colectivo provincial. Los precontratos que se firman en Marruecos están en francés, idioma que la mayoría de las temporeras ni habla ni lee y no se les proporciona una traducción escrita. Tampoco se facilita en todos los casos una copia del contrato firmado (tampoco cuando llegan a España). Se les informa oralmente de algunas características del contrato, el salario aproximado, su derecho a descanso semanal y pausas durante la jornada, o la posibilidad de acceder a cursos de español, todos aspectos que luego no siempre se cumplen. También las condiciones de alojamiento que se informa a las candidatas mediante fotos y vídeos distarán de la realidad encontrada en destino.

Respecto a la gratuidad de la participación en el proceso, se ha constatado que en la práctica las mujeres deben asumir una serie de gastos para poder acceder a los contratos. Éstos incluyen la tramitación del certificado médico, el pasaporte y el visado. Todos estos requisitos, exigidos con la oferta de trabajo. También deben hacer frente al coste de desplazamiento a los centros urbanos para realizar trámites administrativos y acudir a las citas en ANAPEC (para su inscripción, selección y firma de contrato), adquirir comida, indumentaria y utensilios de cocina para su estancia en Huelva.

Dado que el perfil de mujer que se busca, en estas contrataciones, suele coincidir con un perfil de alta vulnerabilidad (mujeres con carga familiar, sin estudios, procedentes de ámbitos rurales diseminados), es habitual que pidan este dinero prestado, por lo que empezar a trabajar ya les endeuda. Un motivo más para seguir trabajando bajo cualquier condición.

Vulneración de derechos vinculada a la actividad laboral

Las irregularidades también se dan en la firma de contratos en destino. Por ejemplo, la firma del contrato puede retrasarse para adaptar las fechas de inicio de actividad a conveniencia del empleador. Otra infracción identificada fue la del traspaso informal de trabajadoras entre empresas, no respetando en la práctica la vinculación laboral con el empleador.

Según la investigación realizada, tampoco se respetan algunos aspectos relacionados con la jornada laboral, incumpliendo lo estipulado en el Convenio. Por ejemplo, en relación a los descansos, se pudo comprobar que no siempre disfrutan de la pausa de media hora durante la jornada y se priva a las trabajadoras del día de descanso semanal. Asimismo, se identificaron situaciones en las que se imponían horas extraordinarias bajo lógicas de control de la productividad mediante las cuales se fijaba un mínimo de cajas a recoger por día, lo que a veces les obligaba a trabajar más que las horas establecidas en el Convenio. Estas horas extra en ocasiones se imponen bajo amenazas de castigo y sanciones que consisten fundamentalmente en privar a las trabajadoras de jornadas de trabajo y en el impago de horas extraordinarias o su pago a la tarifa normal.

Con respecto a los pagos, la investigación puso de manifiesto muchas irregularidades como falta de horas contabilizadas, omisión de días trabajados, descuentos indebidos por gastos de suministros, pago inferior al jornal en la recogida de la fresa para la industria (más conocida como “fresa de segunda”).

La forma de pago también genera una situación de extrema vulnerabilidad. Quienes reciben su salario en metálico, no cuentan con evidencias para denunciar. Aquellas que cobran mediante transferencia bancaria no encuentran siempre correspondencia entre lo que debería percibir y lo que terminan cobrando. Aquí el idioma es fundamental. Las mujeres contratadas en origen no hablan español, no conocen la estructura burocrática administrativa de nuestro país y no pueden ni saben cómo denunciar. Algo tan sencillo como sacar dinero de un cajero se convierte en un problema, al no saber leer castellano no saben qué opción marcar ni en que banco sacar dinero para que no se les cobre comisiones.

Por último, se identificaron también abusos relacionados con situaciones de baja y/o despido. Ya sea porque se manipulan cláusulas del contrato extendiendo el período de prueba de 15 a 30 días, durante los cuales la empresa puede desistir de la relación laboral sin alegar causa; o bien porque a las trabajadoras se les hace firmar documentos de baja voluntaria sin explicar el significado.

Vulneración de derechos vinculada a las condiciones de alojamiento y estancia

En el momento del estudio, el Convenio Colectivo de Trabajadores del Campo de la Provincia de Huelva de 2018 establece en su artículo 13 la gratuidad de los alojamientos y especifica que no podrá descontarse alquiler alguno a las trabajadoras o trabajadores. Asimismo, esta información consta en la oferta laboral en origen, donde se indica que tanto el alojamiento, como el desplazamiento del lugar de residencia al lugar de trabajo serán facilitados por el empleador. Sin embargo, se producen casos en los que los empresarios descuentan a las temporeras los costes de agua, luz y alquiler y, de manera generalizada, el gas. Los descuentos se realizan de manera directa y no suelen figurar ni en los contratos, ni en las nóminas. Otra modalidad de cobro por suministros identificada es a través del pago en horas de trabajo, esto es, se añade media hora de trabajo no pagada a la jornada para pagar los gastos relacionados con el alojamiento.

El mismo artículo del Convenio estipula que los alojamientos facilitados por las empresas, “principalmente en los casos en que se produce inmigración de trabajadores/as con motivo de recogida de cosecha, inexcusablemente, deberán reunir los requisitos adecuados de sanidad e higiene exigidos por la legislación vigente, para que las personas trabajadoras puedan habitar en ellos de una forma digna”. Sin embargo, durante la investigación se identificaron condiciones de habitabilidad precarias e insalubre en muchos de los asentamientos visitados: escasez de agua potable, imposibilidad de contar con agua caliente para la higiene personal (bombonas de butano gastadas que no se reponían, termos eléctricos pequeños para abastecer a un número alto de personas), alojamientos en situación de hacinamiento, inadecuada gestión de residuos y aguas fecales, asentamientos a pie de explotación sin zona de sombra ni espacios comunes, caravanas o casetas de madera sin sistema de climatización.

Vulneración de derechos vinculada al acceso al sistema sanitario público

Desde el punto de vista legal, el derecho de acceso al sistema sanitario público de las trabajadoras marroquíes contratadas en origen es equiparable al de cualquier persona extranjera con residencia legal en el Estado español; tienen derecho a cobertura sanitaria y a que se les tramite una tarjeta sanitaria o, en su defecto, se les registre en la base de datos de personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BDU) mientras se les tramita la tarjeta.

Sin embargo, se identificaron diferentes obstáculos a la hora de ejercer estos derechos:

  • Ausencia de información: las mujeres marroquís no conocen el sistema sanitario español y no saben cómo acceder a él.
  • Dificultades para tramitar sus tarjetas sanitarias: muchas trabajadoras no tenían ni copia de los contratos que justifican su estancia en España.
  • La barrera del idioma: les costaba explicar sus dolencias y entender los diagnósticos y tratamientos.
  • Las restricciones de movilidad: para llegar a los centros de salud y la farmacia necesitan que las lleven manijeros o empleadores. Cuando esto no sucede, intentan llegar andando o esperan en la carretera alguien que pase y las pueda llevar en coche, lo que las expone a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Las afecciones más habituales tienen que ver con el trabajo físico (heridas, golpes), con las situaciones de insalubridad (gastroenteritis) y con las condiciones laborales por falta de descanso y la exposición prolongada al sol (golpes de calor, desmayos).

Otro de los motivos por los que suelen acudir a los centros de salud es para la atención a embarazos, la mayoría no deseados. Así lo explicaron representantes de entidades de acción social y las propias mujeres, refiriéndose a otras compañeras, durante la investigación realizada para Women’s Link Worldwide. No obstante, no fue posible obtener más evidencias de este hecho.

Vulneración de derechos vinculada a situaciones de acoso sexual

La inestabilidad del trabajo jornalero y la precariedad jurídica que entraña la contratación en origen, sitúa a estas trabajadoras en una posición muy vulnerable frente al ejercicio de la violencia. La selección de mujeres pobres con menores a su cargo y, a menudo, divorciadas o viudas, coloca a las temporeras en una situación de fuerte dependencia frente a los contratos y su renovación. Además, el poder de retornar a las trabajadoras al país de origen reposa directamente sobre la voluntad del manijero o del jefe. Igualmente, el aislamiento en los lugares de residencia, el desconocimiento del entorno local y del español, así como las limitadas relaciones sociales fuera de las explotaciones, contribuyen a aumentar la desprotección de las trabajadoras. Por último, cabría añadir que las dificultades encontradas para abandonar de manera definitiva las fincas agrícolas hacen que, en muchas ocasiones, las trabajadoras tiendan a recurrir a personas del exterior para lograr su cometido, exponiéndolas a nuevos tipos de dependencias. Este contexto favorece la aparición de violencia sexual contra las trabajadoras.

En la investigación realizada, se utilizó una definición amplia de acoso sexual: chistes, bromas o piropos ofensivos con intencionalidad sexual; miradas o gestos lascivos; acercamientos invasivos; comentarios sobre la vida sexual; mostrar imágenes con contenidos sexuales; proposiciones de intercambios sexuales; tocamientos, besos, roces o palmadas y chantajes sexuales.

Casi todas las entrevistadas declararon haber sufrido comentarios y comportamientos sexistas como insultos, actitudes degradantes y, en algunos casos, violencia física. Atribuyen generalmente los comportamientos vejatorios que han debido soportar a los encargados de las fincas. Por su parte, miembros de organizaciones sociales dieron cuenta también de la existencia de trato vejatorio en algunas fincas en las que las temporeras son empujadas, insultadas, se les prohíbe ir a al baño, levantar la cabeza, o les tiran la caja en el suelo porque no está bien recogida. En cuanto a situaciones de acoso sexual, las entrevistadas señalaron haber tenido conocimiento de dos casos que se habrían producido en una de las fincas visitadas.

Otro factor que supone una importante limitación para abordar esta problemática y que critican desde distintos colectivos, es la ausencia de datos públicos. Como señaló uno de los entrevistados, esta carencia de información impide dar cuenta de la amplitud del fenómeno y es aprovechada por las organizaciones patronales para insistir en que se trata de casos aislados.

Vulneración de derechos vinculada a obstáculos para acceder a la justicia

Los elementos presentados hasta ahora dan cuenta de los límites estructurales que encuentran las temporeras para hacer públicos y denunciar los distintos tipos de abuso de los que son víctimas y, por ende, acceder a la justicia.

La situación de desinformación hace extremadamente difícil denunciar los abusos, a ello se añade las dificultades del idioma y un factor clave para las empresas, la temporalidad de la contratación y el miedo de las mujeres a perder el trabajo. Cuando las mujeres deciden contactar a sindicatos, o asociaciones para reclamar, el retorno previsto limita las posibilidades de emprender acciones contra los empleadores. Por último, el aislamiento y desconocimiento del medio y el temor a perder sus empleos y ser devueltas a Marruecos y verse excluidas de la contratación en próximas temporadas, inhiben la interposición de denuncias por parte de las trabajadoras.

Derivado de la ubicación de su alojamiento, las mujeres marroquíes se ven expuestas a realizar andando o en autostop, el camino hasta el pueblo más cercano, generando situaciones potencialmente peligrosas para la integridad física de estas personas. Son manijeros y empleadores quienes tienen el control sobre la vida de estas personas, generándose todo un ecosistema social propio de hábitos y costumbres muy parecidas a las relaciones de servidumbre. Esto último también lastra la posibilidad de la denuncia por parte de las mujeres, porque llega un momento en el que, para ellas, no está tan claro qué situaciones de las que viven son normales o deberían ser denunciadas.

A modo de conclusión

La situación que viven las mujeres marroquíes contratadas en origen solo se puede entender si se asume la interseccionalidad de las diferentes situaciones de vulnerabilidad que soportan. Por sus características sociodemográficas, se trata de mujeres que ya estaban en situación de riesgo de exclusión social en su país (en la mayoría de los casos son familias monomarentales con menores a cargo y empleos precarios, sin estudios, provenientes de pequeñas y alejadas zonas rurales). Vienen a España sin conocer el idioma, con información poco exacta o contraria a lo que se van a encontrar, se le suele requisar su documentación al llegar a España y no siempre se le devuelve (los empresarios dicen realizar esta práctica para evitar que se queden y se conviertan en población migrante en situación irregular), además no cuentan con cobertura en nuestro país para minimizar el impacto de esta situación (escasez de mediadores, ningún personal con conocimiento de árabe en los principales servicios: sanidad, entidades bancarias, ayuntamiento). Su puesto de trabajo está aislado, viven dónde trabajan, en plantaciones alejadas de los núcleos de población, limitando la posibilidad de contacto con otras personas y dificultando el acceso a servicios básicos, estos espacios se convierten en guetos dónde todo el mundo sabe lo que ocurre, pero nadie hace nada.

Numerosas organizaciones sociales han denunciado repetidamente esta situación. Recientemente, la organización internacional Women’s Link Worldwide, con el apoyo de otras 7 organizaciones, envió una comunicación urgente a diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informando sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufren las temporeras marroquíes y otras personas migrantes, y advirtiendo de que la situación se había agravado como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Ante la inacción del Estado español, sería muy positivo que organismos internacionales se pronunciaran y demandaran medidas urgentes y efectivas que obligaran a las empresas y al Estado a respetar los derechos de las trabajadoras por encima de los intereses económicos.

Nota:

(1) Hasta 2018 se trataba de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen para 2012 y sus sucesivas prórrogas. En diciembre de 2018, ésta ha sido sustituida por la Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, de igual objeto. Recientemente se ha publicado una actualización de la anterior mediante la Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020 (BOE núm. 314, de 31 de diciembre de 2019).

Fuente: https://abusospatronales.es/informes-y-analisis/temporeras-marroquies-en-la-agricultura-onubense/




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Pensar el trabajo desde los ecofeminismos


Pensar el trabajo desde los ecofeminismos

La pandemia de la covid-19 ha desordenado y acelerado procesos que llevaban tiempos definiendo nuestras vidas. La confluencia de una crisis sanitaria global con las crisis económicas y financieras permanentes, las crisis climáticas, energéticas y alimentarias que hacía tiempos que íbamos observando, y las crisis de los cuidados, soberanías y reproducción social que se encarnan en nuestros cuerpos y territorios diariamente, han modificado nuestras formas de vivir y habitar el planeta. La inestabilidad vuelve a presentarse como adjetivo constante que rodea nuestro día a día.

Es en este contexto que nos situamos en pleno mes de septiembre de 2020 llenas de incertidumbres, dudas y tensiones, viendo como crecen los monstruos y vuelven viejas recetas económicas, donde las de siempre, salimos perdiendo. Recortes, privatizaciones, rescates a la banca nos anuncian más presión, más precarización, más angustia… Volvemos a situarnos en un punto de inflexión. Volvemos a jugarnos el cuerpo, la salud, las vidas y los territorios. Y en esta trinchera desesperada de lucha por la supervivencia, radican oportunidades para repensarnos, para repensarlo todo.

Los movimientos climáticos juveniles han emprendido el reto y ponen encima de la mesa, para este 25 de septiembre de agitación y movilización, la necesidad de transformar un eje estructural de nuestro sistema: el trabajo.

Revisando la noción de trabajo

En términos generales, la economía política clásica ha definido el concepto trabajo alrededor de miradas que solo entienden de producción, valores de cambio, salarios y beneficios, reduciendo su comprensión a una mercancía y olvidando el vínculo sistémico entre la (re)producción de bienes y servicios y la (re)producción de la vida (Pérez Orozco, 2006: 38). Es una mirada a la economía desarraigada, desencarnada, que en el proceso de compartimentar y jerarquizar las realidades y experiencias que atraviesan nuestras vidas cotidianas nos ha situado de espaldas a nuestra propia supervivencia (Federici, 2010).

La consolidación de esta mirada imbricada con las teorías neoliberales ha construido la noción de trabajo ligada a un paradigma productivista de crecimiento sin freno. Un paradigma donde se naturalizan las dinámicas extractivistas, de explotación y desposesión constante en nombre del progreso y desarrollo. La cotidianidad se expresa entre realidades precarias, invisibilizaciones y desigualdades sociales crónicas, que no solo perpetúan estructuras de poder e injusticias internacionales (Brand y Wissen, 2017), sino aceleran la destrucción de ecosistemas, canibalizan el territorio, privatizan y monetaritzan bienes comunes y naturales básicos, eliminan la biodiversidad… (Littig, 2018). El modelo productivo y laboral se construyen de espaldas a las nociones de vulnerabilidad, interdependencia y ecodependencia.

Así, el trabajo se nos sitúa única y exclusivamente como aquel que es remunerado en una esfera productiva, pública y formal, y el trabajo que no es asalariado, que no es público y que se mueve en redes informales, familiares o domésticas deja de considerarse trabajo y, por lo tanto, acontece invisible en los ojos de la economía (Benería, 2005; Federici, 2010). Estos trabajos invisibles, no son distribuidos de forma neutral (Pérez Orozco, 2006).

La asignación de esferas de trabajo está completamente atravesada por una matriz sistémica de opresiones patriarcales, racistas, clasistas y heterosexuades, que configuran procesos de imposición, desposesión y desvalorización sobre las tareas de reproducción, de sostenibilidad de la vida y de cuidados cotidianas, y se les otorgan unas connotaciones femeninas, privadas, informales, de alteridad y subalternidad (Federici, 2010; Mellor, 2019). En consecuencia, las tareas de regeneración y mantenimiento de la vida se trasladan al ámbito privado, a los hogares, en las casas. Las responsabilidades de realizarlas se desplazan, se devalúan, no se entienden como centrales y recaen sobre las mujeres –como madres, hijas, hermanas, pareja…– naturalizándolas, precarizándolas, convirtiéndolas en algo más fácilmente apropiable (Herrero, Pascual y González, 2018).

En los imaginarios colectivos, pues, impera una mirada hegemónica sobre el trabajo que perpetúa el conflicto capital-vida. El trabajo acontece una noción pensada desde y para el sujeto BBVAh –blanco, burgués, varón, adulto, con funcionalidad normativa y heterosexual–, que de nadie necesita y que, a menudo, a ninguno representa, que es autónomo, no entiende de obstáculos y trasciende los límites de las materialidades encarnadas y territorializadas de nuestros cuerpos y territorios (Pérez Orozco, 2014; Mellor, 2017). Así, las nociones hegemónicas del trabajo se olvidan de todas las tareas de reproducción social y de cuidados implícitas para nuestra supervivencia, se olvidan de las tareas de abastecimiento suficiente de familias y comunidades, se olvidan de los ciclos naturales que condicionan las formas de habitar-producir-transformar nuestros territorios, se olvidan de la división sexual y transnacionales del trabajo en la vida cotidiana y de la sostenibilidad de la vida.

Sostenibilidad de la vida

En un mundo donde es más rentable por los negocios cronificar que sanar, talar que reforestar, ofrecer trabajos precarios que condiciones laborales dignas, cultivar con agrotóxicos que apoyar proyectos locales de agroecología, apropiarse de los tiempos de vida de las mujeres que asumir socialmente la responsabilidad de los trabajos reproductivos y de cura (Herrero, Pascual y González, 2018: 77-78), reivindicar un cambio de paradigma en el mundo del trabajo que posicione las cuidados en el centro, entendidos como un derecho colectivo, es una idea a disputar. Es una idea que deja atrás roles de género que sitúan los cuerpos feminizados en la obligación permanente de cuidar, que abandona los pares opuestos, contradictorios y jerarquizantes (Plumwood, 1993) que rigen nuestras relaciones y formas de vivir, y que nos arraiga, nos encarna, nos comprende como comunitarias. Que no deje a nadie atrás.

Pensar el trabajo desde los cuidados da centralidad a los procesos esenciales para la (re)producción de la vida, expande las miradas sobre el trabajo y reconoce los límites (re)productivos que lleva implícitos de la materialidad de nuestros cuerpos (Mellor, 2017). Es una toma de conciencia que reconoce el valor y potencialidad de los trabajos de cuidados, de reproducción social, del hogar, voluntarios y comunitarios (Shiva, 2005; Littig, 2018), que los hace visibles y los pone en relación con los ciclos naturales de regeneración y restauración de la vida (Biesecker y Hofmeister, 2010). Nos hace hablar del trabajo comprendiendo las necesidades materiales e inmateriales, de bienes comunes, servicios, cuidados, afectos y cuerpos, de todo aquello que rodea la dignidad de “vivir una vida que merezca la pena ser vivida”(Río, 2003: 49).

Queremos abandonar toda ceguera de género y ecológica que dicta el paradigma productivo heteropatriarcal, capitalista y colonial. Queremos poner sobre la mesa, hacer central, el valor metabólico que los trabajos de sostenibilidad de la vida llevan inscritos. Queremos hablar del trabajo sabiéndonos vulnerables, interdependientes y ecodependientes.

Economía política ecofeminista

En los claros-oscuros que van modelando las incertidumbres de este periodo, se nos dibujan oportunidades para repensar, subvertir y transformar nuestras miradas sobre el trabajo, de cambiar el paradigma que organiza nuestras relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de cuidados y ecológicas.

Es un reto que afrontamos desde un reconocimiento de una deuda implícita en el sistema capitalista en tres niveles: una deuda social con el trabajo explotado, una deuda encarnada con el trabajo reproductivo y una deuda ecológica por los daños al metabolismo natural, a nuestros ecosistemas (Salleh, 2009). La asunción de esta deuda contraída con nuestra propia supervivencia nos obliga a pensar desde las necesidades, desde el aprovisionamiento suficiente. Es aprender y desaprender, abandonando los procesos de alienación y deshumanización que nos aboca la precariedad, y acontecer desde enfoques del “buen vivir” que llevan implícito “un buen trabajo para todas” (Littig, 2018).

La economía política ecofeminista recoge inquietudes y formula una propuesta: trabajar menos, trabajar todas, producir el necesario y redistribuirlo todo. Es repartir el tiempo de trabajo, reducir la jornada laboral a 6 horas y redistribuir el trabajo productivo y reproductivo como un todo, desde miradas centradas en la cooperación, la solidaridad y la interdependencia comunitaria. Es recuperar los bienes comunes y naturales y consolidar unos servicios públicos sociales y comunitarias, donde los procesos de acumulación por desposesión y privatización no tengan lugar. Es un alejamiento del paradigma de crecimiento infinito, situando las limitaciones encarnadas y biofísicas de nuestros cuerpos y territorios como prerrequisito para la actividad económica, y actuar en términos de suficiencia.

En definitiva, transformar el trabajo parte de una voluntad política que nace desde la vulnerabilidad y la dignidad de querer vivir, no sobrevivir. 

Referencias:

Benería, L. (2005). Género, desarrollo y globalización. España: Editorial Hacer, 103-141.

Biesecker, A., y Hofmeister, S. (2010). Focus: (re)productivity. Sustainable relations both between society and nature and between the genders. Ecological Economics, 69, 1703-1711.

Brand, U., & Wissen, M. (2017). Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. München: Oekom.

Herrero, Y., Pascual, M., i González, M. (2018). La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas. Madrid: Libros en Acción.

Federici, S. (2010). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños.

Littig, B. (2018). Good Work? Sustainable work and sustainable development: a critical gender perspective from the Global North. Globalizations, 15(4), 565-579.

Mellor, M. (2019). Una propuesta ecofeminista. Aprovisionamiento suficiente y dinero democrático. New Left Review, 116/117, 207-220

Mellor, M. (2017).  Ecofeminist Political Economy. A green and feminist agenda. En MacGregor, S. (ed.), Routledge Handbook of Gender and Environment, 5, 86-100.

Pérez Orozco, A. (2006). Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados. Madrid: Consejo Económico y Social.

Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños.

Plumwood, V. (1993). Feminism and the mastery of nature. Londres: Routledge, 43.

Río, S. (2003). La crisis de los cuidados: precariedad a flor de piel. Rescoldos. Revista de Diálogo Social, 9, 47-57.

Salleh, A. (2009). Eco-Sufficiency and Global Justice. Londres: Pluto Press, 291-304.

Shiva, V. (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability, Peace. Londres: Zed Books.

Artículo original en catalán

Joana Bregolat es militante de Anticapitalistas y activista climática.

Fuente: https://vientosur.info/pensar-el-trabajo-desde-los-ecofeminismos/



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domingo, 27 de septiembre de 2020

“Los ecofeminismos se enfrentan a una forma de hacer que violenta los cuerpos, las personas y la tierra”


Entrevista a Maristella Svampa y Marta Pascual



Hablamos sobre ecofeminismo, de sus propuestas y prácticas políticas, con dos activistas ecofeministas que nos comparten sus reflexiones desde Buenos Aires y Madrid. Maristella Svampa es profesora en la Universidad Nacional de La Plata, su investigación se centra en temáticas socioecológicas, el neoextractivismo y las alternativas; es impulsora del Pacto Ecosocial del Sur. Y Marta Pascual es profesora, forma parte de Ecologistas en Acción y del grupo Feministas por el Clima, que tiene como objetivo teñir de feminismo las movilizaciones por la justicia climática.


Júlia Martí: Antes de empezar, ¿podéis resumir de forma breve qué es para vosotras el ecofeminismo?

Marta Pascual: El ecofeminismo o los ecofeminismos son el encuentro de prácticas y de lecturas del mundo que se enfrentan a una forma de hacer que violenta los cuerpos, violenta las personas y violenta la tierra. Y plantean, frente a esta forma de hacer violenta, otra forma de entendernos como especie, como seres humanos, como habitantes de la tierra. Una mirada que no es desde arriba sino de igual a igual con los ecosistemas, no es una mirada hacia adentro como individuo autónomo sino que es una mirada hacia la comunidad. De ahí los dos ejes de la interdependencia y la ecodependencia. Esta forma de leernos supone desmontar todo el sistema político económico cultural en el que vivimos, un sistema brutal, capitalista, genocida, colonial, heteropatriarcal, etc.

Maristella Svampa: Es importante subrayar la complejidad de los ecofeminismos. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento, pero de otro lado, también es una fuerza social articulada en expresiones diversas. Una suerte de movimiento social que aparece ilustrado por una pluralidad de voces y sujetas. Y en tanto corriente de pensamiento y movimiento social, lo que tiene en común es que pone de manifiesto la afinidad que hay entre la opresión de las mujeres y la opresión sobre la naturaleza, que están conectadas en un esquema binario de dominación. Y, desde ahí, hay tres ideas centrales que aparecen formuladas en términos más conceptuales y teóricos, y al mismo tiempo en las luchas.

Una es la necesidad de desmontar el paradigma dualista que es esencial en la cultura moderna, que opone el hombre a la mujer, la sociedad a la naturaleza, pero también occidente a no occidente, lo público a lo privado, inclusive el norte al sur, civilización o barbarie. Son todos paradigmas binarios que se fundan no solo en la idea de dominación, sino en la devaluación del otro que es considerado como diferente. Entonces, es necesario desmontar el paradigma dualista y proponer un paradigma relacional en el que la interdependencia –leída en la relación sociedad-naturaleza como ecodependencia– sea el eje fundamental para poder avanzar en la sostenibilidad de la vida.

Un segundo elemento es la noción del cuidado, el paradigma del cuidado aparece como central ante la amenaza de extinción de nuestra especie y del planeta en sí mismo. Y, en tercer lugar, el ecofeminismo subraya el rol de las mujeres en la defensa de la vida, de la supervivencia, de la salud, de los territorios. Sobre todo enfatiza la idea de que nuestros mismos cuerpos son naturaleza y desconfía de la ciencia y la tecnología, que se empeñan en ocultar los impactos que el paradigma dominante tiene sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres. Esto es lo que ilustra Vandana Shiva en su visión sobre el ecofeminismo de la supervivencia, que en América Latina ha tomado otros nombres, feminismos populares, feminismos comunitarios…

J. M.: Pregunta obligada sobre la pandemia: ¿qué cambios (para bien o para mal) creéis que puede traer la crisis generada por la Covid?

M. S.: Hay tres cuestiones fundamentales que debemos visibilizar en la agenda. La primera es la acentuación de las desigualdades, que muestra cómo los impactos de la pandemia son diferenciales según el tipo de sociedad y los sectores sociales. En segundo lugar está la asociación estrecha que hay entre crisis sanitaria y crisis socioecológica, vinculada a la deforestación, la destrucción de ecosistemas o la expansión de las granjas de cría animales a gran escala. Y, en tercer lugar, está la cuestión del rol del Estado: por un lado estamos frente a un leviatán sanitario ilustrado por el Estado de excepción que tiene diferentes variantes (desde el control digital hasta el control territorial), pero, por otro lado, también aparece de nuevo el Estado social, que es rescatado hasta por aquellos organismos multilaterales más conservadores o neoliberales.

Es en este marco en el que debemos intervenir en la disputa de sentidos por construir una sociedad diferente. Sin duda, la pandemia abrió, con todo lo terrible que trae, una oportunidad para instalar los grandes debates sociales, desde la desigualdad hasta las causas sociosanitarias y ecológicas, hasta si es necesario repensar el Estado como punto de partida para la construcción de lo común. Seguramente esta disputa será muy desigual porque las tendencias indican una suerte de retorno a la normalidad, con más precariedad, con más extractivismo, con más colapso socioecológico. Pero es necesario dar esta disputa para avanzar en una agenda que apunte a una sociedad de la resiliencia, más solidaria, donde justicia social, justicia ambiental, justicia de género y justicia étnica estén articuladas.

M. P.: Estoy muy de acuerdo con el análisis que hace Maristella y creo que no podemos dejar de mirar a toda la crisis de la Covid como un espacio no tanto de esperanza sino como el atisbo de grietas por las que se nos abren caminos nuevos y, por otro lado, como un espacio de miedo e intensificación de dolor humano. Los dos lados se colocan delante. Lo que hemos vivido en nuestro contexto ha tenido un impacto muy fuerte: en Madrid, realidades como la vejez confinada en residencias y las muertes en soledad nos han impactado profundamente a muchas personas y nos ha hecho preguntarnos sobre qué es lo esencial en la vida. Esto da un poco de esperanza porque nos hace recuperar una cierta consciencia en un mundo desarrollista y trivializador. También ha ocurrido aquí que unas redes vecinales frágiles o inexistentes se han fortalecido o han aparecido en un medio, en la ciudad, en el que millones de personas no saben ni el nombre de sus vecinas y vecinos. Para mí eso es una grieta de esperanza.

Otro tema clave ha sido el término de trabajos esenciales. Desde la economía feminista se lleva décadas repitiendo la idea de que tenemos que preguntarnos cuáles son las actividades necesarias y cuáles son innecesarias o destructivas. Y de pronto, casi que los telediarios hacían la pregunta, y se visibilizó, también, la fuerte feminización y racialización de estos trabajos. Apareció, asimismo, una idea mucho más valorada de lo público, muy importante en un momento de embestida de la extrema derecha.

Esto como elementos esperanzadores. Pero, ¿dónde está la parte oscura? Creo que el riesgo está en volver a las mentiras de antes. Es decir, a la mentira del tecnoentusiasmo –lo resolveremos todo–, la mentira del Green New Deal –vamos a crear una sociedad verde y seguir creciendo–, y todo esto en unas condiciones, como decía antes Maristella, de agudización de las desigualdades, de estas periferias abandonadas que van a estar absolutamente dejadas a su suerte. Para mí, el gran miedo ahora mismo es el proceso de deshumanización de los seres humanos. Creo que toda la derecha está preparando una campaña para que volvamos a la idea de la trinchera, del gueto, de yo y los míos, para que estas fronteras que ya se han cerrado a nivel estatal se vayan cercando cada vez más hasta llegar a mi pueblo, mi barrio, mi familia, mi casa. Ahí tenemos la lucha central; y creo que los ecofeminismos tenemos grandes herramientas para hacerlo, porque precisamente los cuidados y la comunidad son dos banderas centrales.

J. M.: Esta pandemia llega después de un ciclo de auge de las movilizaciones feministas y ecologistas. ¿Consideráis que los movimientos sociales están preparados para responder a la ofensiva?

M. P.: Ante una situación de desbordamiento generada por el confinamiento, se empieza a buscar formas creativas de denuncia, de encuentro y de confrontación, pero creo que no ha habido tiempo de constituirse. El movimiento feminista, y también el ecologista, se han centrado en generar espacios de apoyo mutuo para sostener la alimentación, la vivienda, el apoyo emocional… Ahora mismo la fuerza está en la calle y en la defensa de la vida cotidiana, de la supervivencia misma de las personas. Estamos en el espacio de emergencia, que es donde toca estar ahora mismo, aunque no hay que olvidar que hay que retomar estos espacios más estructurales de pensamiento y de lucha general.

M. S.: En América Latina aparecen feminismos antipatriarcales, con una agenda más urbana, y feminismos populares, con una agenda más ligada a las luchas contra el extractivismo o el cuidado del territorio. En Argentina, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos colocó grandes temas en la agenda pública y consiguió interpelar a la sociedad acerca del cuestionamiento del mandato de masculinidad, la violencia de género y los feminicidios. Los feminismos populares, por su parte, se vienen extendiendo en las luchas contra la megaminería, contra el fracking, contra la expansión de la frontera petrolera y los agrotóxicos, y, desde una perspectiva más espiritualista, colocan en el centro la figura de la mujer cuidadora y articulan nociones centrales como la de mujer-territorio-naturaleza, por lo que están mucho más en sintonía con lo que promueve el ecofeminismo.

Que no haya conexiones entre un feminismo más antipatriarcal y estos feminismos populares, para mí es un problema. Sobre todo al calor de esta crisis, porque esto implica también parcializar las agendas a la hora de debatir en el espacio público. En el contexto actual es probable que los gobiernos busquen una reactivación de la economía a través de más extractivismo y que sectores del feminismo no emerjan como voces críticas es preocupante. Desde mi perspectiva, es necesario que los feminismos en América Latina se nutran más del ecofeminismo, que incorporen más la figura del cuidado como un valor universalizable para construir una sociedad resiliente, democrática y solidaria.

J. M.: Aprovechando que habéis hablado del paradigma del cuidado, quería pediros que profundicéis un poco más, especialmente en el debate sobre el peligro de esencializar los cuidados o acabar reforzando los roles de género.

M. S.: Yo no estoy tan de acuerdo en la división tan tajante que se hace entre ecofeminismos culturalistas y ecofeminismos esencialistas, porque creo que efectivamente cuando hablamos del cuidado y del rol de la mujer y su esencialización en el modelo patriarcal estamos hablando de un constructo histórico cultural. Pero también considero que hay diferentes expresiones del ecofeminismo y que no podemos considerar que uno sea más liberador que otro. En América Latina encontramos diferentes expresiones, desde feminismos comunitarios más tradicionales hasta feminismos comunitaristas críticos que ven, como dicen en la Asamblea Feminista de Bolivia, un entronque colonial entre ambos modelos. Pero todas ellas colocan el rol central de las mujeres en las luchas territoriales, en la defensa del cuerpo de la mujer que es agredido ante el avance del capitalismo, y la defensa de la naturaleza. Y en esta línea yo encuentro que hay relaciones de afinidad entre los ecofeminismos, los feminismos populares y la economía feminista, porque todas ellas tienen en común la defensa de un paradigma relacional y por ende la recusación de un paradigma dualista binario, y la necesidad de apuntar al sostenimiento de la vida que está amenazada por el avance de la lógica del capital.

M. P.: Cuando hablamos de poner la vida –o las vidas– en el centro, estamos hablando no solo del cuidado directo de los cuerpos, que desde luego es necesario, sino también de los sistemas organizativos comunitarios institucionales y económicos que permiten que este cuidado se dé. No queremos esta simplificación de pensar que cuidar es amamantar o limpiar la casa. Ahora se habla más del enfoque de la sostenibilidad de la vida, y ahí sí incorporamos el cuidado de todos los procesos materiales y emocionales que son necesarios para que la vida exista en condiciones de dignidad para todo el mundo. Esta ampliación del concepto nos quita el riesgo de esencialismo simplificador que desde luego aquí en Occidente ha hecho que se nos mirara con desconfianza a los ecofeminismos y que está lejos de ser nuestra mirada. En último término, nuestro horizonte es una humanidad diversa, ecorresponsable y que se enfrente al concepto de género (esta construcción social que ha sido la excusa de un montón de jerarquías).

Y en este último aspecto del que hablaba Maristella sobre las agendas, para mí el reto es no entenderlas como agendas contrapuestas, sino agendas que pueden coexistir y que en momentos dados pueden encontrar sinergias. Para mí esta sinergia entre diferentes feminismos está en la lucha contra la violencia del sujeto hegemónico, que igual te arrasa una montaña que te da una paliza, que dicta una ley para que no puedas abortar. Esta simplificación del enemigo común es quizás la que nos une, pero es verdad que a veces los mismos feminismos se contraponen, como si estuvieran diciendo cosas que les invalidaran uno a otro. Creo que es un error estratégico fuerte y a veces un error interesado.

J. M.: Cada vez se habla más de la necesidad de impulsar transiciones ecofeministas. ¿Cuáles serían para vosotras las políticas o iniciativas que consiguen aunar feminismo y ecologismo?

M. P.: Necesitamos defender un suelo social de mínimos, de acceso a la alimentación, vivienda, energía, educación, cuidados, participación social, acceso a la comunidad…, pero también hay que marcar con claridad cuál es el techo ecológico de consumos. El problema está en cómo mantenernos entre este techo ecológico y el suelo social, y para ello habría que añadirle una serie de políticas de máximos, porque evidentemente en un planeta limitado y para que haya unos mínimos accesibles a toda la población, tiene que haber unos máximos que aseguren el reparto. Dentro de este marco podemos preguntarnos cómo hacer la transición y qué políticas energéticas, de transporte, de urbanismo y de cuidados –un tema casi desaparecido en la agenda poscovid– vamos a impulsar. La economía feminista hace varias preguntas claves para responder a esto: qué necesitamos, qué hay que producir para esto que necesitamos, qué trabajos hay que hacer y cómo los repartimos y organizamos. Estas son las preguntas ejes para ir recorriendo todas las áreas, y todo esto dentro del marco de los límites planetarios que es el que ha estado históricamente olvidado.

M. S.: En los últimos tiempos, desde América Latina hemos estado trabajando con Enrique Viale, Alberto Acosta, Esperanza Martínez, Tatiana Roa, Edgardo Lander, Arturo Escobar, entre otros, en una propuesta de pacto ecológico, económico, intercultural desde el sur. Nos parece esencial presentar una propuesta que no sea solamente un pacto verde, necesitamos interpelar a todo un sector de la sociedad que tiene a la cuestión ecológica como un punto ciego, y para ello necesitamos presentar una propuesta holística, integral, que articule las diferentes demandas. Y en este sentido, unir justicia social y justicia ambiental, sobre todo en las sociedades periféricas, nos parece fundamental. Acá, en América Latina, ha habido un esfuerzo descomunal para disociar lo social de lo ambiental. Durante el ciclo progresista, hemos tenido que combatir que desde los gobiernos se quisiera justificar la destrucción de los territorios en función de un modelo de reducción de las desigualdades. El resultado es que, al final del ciclo progresista, no hubo transformación de la estructura productiva, pero tampoco reducción de las desigualdades.

Entonces, tenemos una agenda energética ante el extractivismo extremo, una agenda ligada al cambio de modelo alimentario (frente a la deforestación, la concentración de tierras y el uso de agrotóxicos), en favor de un modelo agroecológico protagonizado por mujeres, y también está el modelo urbano. En la pandemia, las ciudades se han convertido en una suerte de trampa mortal para los sectores más vulnerables, las megalópolis son claramente insustentables, lo que instala también el desafío de pensar la relación rural-urbano o el proceso de ruralización de las ciudades.

J. M.: Habéis nombrado la renta básica, un tema que está generando mucho debate. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esta medida?

M. S.: En el contexto de emergencia social, considero que es una puerta de entrada para construir una sociedad más justa, que en el caso de América Latina va necesariamente ligada a la reforma fiscal. En este marco de justicia redistributiva, proponemos el ingreso universal ciudadano como puerta de entrada a una transformación social mayor que va ligada al paradigma del cuidado y a la transición socioecológica. Asimismo, creemos que es una puerta de entrada para discutir cuestiones de reparto de trabajo en una línea de género y que apunte a fortalecer actores colectivos como los propios sindicatos, estableciendo un umbral que genere condiciones para acceder a la ciudadanía.

También hay que tener en cuenta que, en América Latina, la política social de los últimos 20-30 años ha estado dominada por programas sociales focalizados que han fragmentado aún más la sociedad y que han estado muy direccionados hacia la mujer. Tenemos que desmantelar estos programas que no han hecho más que consolidar la diferencia de género y entrampar a un grueso de la población en la pobreza y, en muchos casos, en relaciones clientelares. Y para ello la renta ciudadana es un punto de partida, pero la transición debe articularse con la idea de transformación, la renta ciudadana no es un fin en sí misma, es un medio para transformar la sociedad en conexión con una agenda ecológica y de cuidado.

M. P.: Ahora mismo, en esta situación de emergencia tan brutal, me parece que hay que tomar medidas inmediatas y la renta básica es la que permite que las familias y las personas puedan resolver su vida mañana. Pero yo creo que tiene un problema importante, que es que pone de nuevo el foco en el dinero, monetariza las necesidades. Aunque transitoriamente las políticas de renta básica puedan ser útiles, me parecen mucho más interesantes las políticas de recursos y servicios básicos, porque se trata de que los seres humanos tengamos resueltas las necesidades básicas.

J. M.: Habéis hablado de las nuevas derechas, del Green New Deal, del peligro de que ciertos gobiernos utilicen el feminismo para legitimarse… ¿Ante esta serie de desafíos, cuáles creéis que serían los elementos centrales para ir tejiendo estrategias ecofeministas?

M. P.: En primer lugar, me planteo cuáles tendrían que ser los rasgos que definan cualquier política pública. Desde aquí, desde el norte enriquecido también en crisis, uno de los ejes que tenemos que trabajar es la idea de la suficiencia o el decrecimiento en todos los sectores en los que hemos sobrepasado los consumos que nuestro suelo nos permitía. La idea de vida sencilla y de frugalidad en un montón de consumos materiales es uno de los ejes de los que partir. Otro de los ejes es claramente la redistribución, la justicia, que es la asignatura pendiente del capitalismo desde que nació. Y redistribuir no solo los bienes necesarios para la supervivencia, sino también los trabajos necesarios para cuidarnos como seres vivos y cuerpos que somos, y para distribuir las responsabilidades, las institucionales y las comunitarias. Y el tercer eje estaría vinculado a lo comunitario, comunidades integradas, poderosas y solidarias que nos van a dar una esperanza de futuro. El ecofeminismo está en esta defensa de la justicia, de la sostenibilidad y de lo comunitario.

En este camino, como dice Amaia Pérez Orozco, las políticas de cuidado pueden ser un faro que nos oriente hacia dónde ir y que vaya convirtiendo y tiñendo todo el resto de políticas. ¿Qué pasaría si declaráramos el derecho colectivo al cuidado como un derecho humano básico, igual que el derecho al agua o a un ambiente sano, y desde ahí gestionáramos toda la organización social de trabajos, de producción, de responsabilidades?

M. S.: Quizás empezaría diciendo que en América Latina es necesario concebir a los feminismos y ecofeminismos en articulación con otras narrativas relacionales. No podemos disociar la ética del cuidado de los derechos de la naturaleza, del buen vivir, del posextractivismo, de las alternativas al desarrollo, de las autonomías, que apuntan a esta constelación de conceptos que no se apoyan sobre el vacío, sino que tienen líneas de acumulación de luchas detrás.

Si una pensara una agenda, yo nombraría cuatro ejes, siguiendo un poco el sistema ordenado que nombraba Marta. En primer lugar, insistiría en la necesidad de pensar articuladamente lo social y lo ambiental porque, al menos aquí en América Latina, ha sido uno de los principales responsables de la desconexión de líneas emancipatorias. En segundo lugar, insistiría en la noción de cuidado como un derecho fundamental que debe ser insertado en un sistema de protección social. En tercer lugar, creo que es necesario cambiar el perfil metabólico de nuestras sociedades, lo que exige también un cambio en nuestras propias estructuras cognitivas. Y, por último, está el eje de la democracia, que es fundamental en un contexto en el que el miedo y la incertidumbre aparecen instalados en la sociedad y hay un peligro de cierre político y cognitivo enorme, que las extremas derechas pueden aprovechar.

Por otra parte, yo no soy tan crítica con la propuesta de Green New Deal porque reconozco que hay diferentes propuestas y un diálogo interesante para desarrollar. Pero sin duda no desde la lógica del crecimiento, aunque aquí sí, entre norte y sur hay diferencias. El norte es responsable y tiene una deuda ecológica en relación al sur; sin embargo, esto no autoriza a que desde el sur promovamos un modelo de desarrollo insustentable en nombre de la deuda ecológica.

J. M.: Antes de terminar, ¿queréis añadir algo más?

M. P.: A mí me gustaría añadir que es cierto que los ecofeminismos tienen una gran fuerza transformadora, pero aquí hace falta en muchos colectivos la consciencia de ser, de nombrarse así. ¿Para qué sirve nombrarse ecofeminista? Creo que sirve para saberse parte de todo un movimiento difuso, de bordes difuminados, pero que camina en una dirección. La consciencia de ser ecofeministas es en sí misma una herramienta muy fuerte, creo que tenemos mucho por andar ahí.

M. S.: En esta línea me gustaría agregar que en América Latina, sobre todo del lado del feminismo popular, hay también bastantes dificultades por reconocerse no solo como ecofeministas sino también como feministas, y este trabajo se logra sobre todo al calor de la lucha. Esta dinámica de construcción de una narrativa feminista y ecofeminista es muy rica porque lleva también a construir lo que Carol Gilligan llama “la voz honesta”, esta voz propia de la que las mujeres se han visto privadas durante mucho tiempo, tan necesaria también para la reconstrucción de nuestra sociedad.

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