Violencia que pasa por seguir ignorando sus derechos en tanto que trabajadoras.
Por Lucía Barbudo (Coordinadora Anti Represión Región de Murcia)
El 13 de enero de 2020 se refundó el Ministerio de Igualdad con esta línea en sus bases: «la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer» y esta otra línea también: […] «la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. »
La Ministra de Igualdad no sólo incumple lo exigido a su propio Ministerio sino que ella misma ejerce, con declaraciones como las del 20 de agosto, violencia contra las mujeres trabajadoras sexuales. Una violencia que pasa por seguir ignorando los derechos de las trabajadoras sexuales en tanto que trabajadoras.
Una violencia que comporta más precariedad, más discriminación y más desigualdades. Una violencia que refuerza aún más el estigma y que reaviva antiguos argumentarios higienistas poniendo a las trabajadoras sexuales en el punto de mira como foco descontrolado de infección y contagio.
Batiburrillo de discursos que vuelven a entremezclar lo moral con lo sanitario; lo sano con lo sucio. En plena pandemia y con los ya más que presagiados rebrotes de septiembre-octubre, Irene Montero pone hoy convenientemente sobre la mesa el trabajo sexual y lo expone como un problema de salud pública relacionado con la higiene de la población.
Convenientemente, además, cuando el trabajo sexual sigue siendo, a pesar de los increíbles esfuerzos del activismo político de las trabajadoras sexuales, el talón de Aquiles de los movimientos feministas.
Le vamos a dar la vuelta al sintagma «hacer la calle». Te vamos a hacer una escuela en la calle, Irene, putas y aliadas, para que aprendas que los derechos y las vidas de las mujeres no son negociables ni cuestionables mientras tú pierdes el tiempo en seguir jugando a Barbie Ministero.
Con derechos, no hay desigualdad.
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La abogada que murió el día 238 de su ayuno de muerte, exigiendo un juicio justo, fue enterrada en Estambul bajo una fuerte presencia policial masiva.
Ebru Timtik y Aytaç Ünsal son abogados de la asociación de izquierda «Oficina Legal del Pueblo» (Halkın Hukuk Bürosu) y se declararon en huelga de hambre junto con otros compañeros encarcelados en febrero, que convirtieron en un «ayuno de muerte» el 5 de abril – el «Día de los Abogados». En el complejo de procesos contra presuntos miembros del DHKP-C, los abogados fueron condenados a largas penas de prisión de acuerdo con las leyes de terrorismo debido a declaraciones contradictorias de un testigo clave. Con su acción exigen un juicio justo.
El 14 de agosto, el Tribunal Constitucional de Turquía rechazó una solicitud de liberación de Ebru Timtik y Aytaç Ünsal como medida cautelar. Ignorando que los dos abogados ya superado el umbral crítico, la Corte alegó que «no hay información o dato disponible sobre la emergencia de un peligro crítico para sus vidas o su integridad moral y material con el rechazo de la solicitud para su liberación».
La Oficina Legal del Pueblo anunció la muerte de Timtik el jueves por la noche. Timtik perdió la vida el día 238 del ayuno de muerte en el Hospital Dr. Sadi Konuk en el distrito de Bakırköy de Estambul, donde fue retenida contra su voluntad. Luego, su cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Forense (ATK) en el distrito de Yenibosna.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Estambul rechazó una solicitud para que la hermana de Timtik, Barkın Timtik, que también es abogada y esté encarcelada en la prisión de Silivri, asista al funeral. El fiscal citó la pandemia para rechazar la solicitud.
Las fuerzas policiales atacaron hoy a los familiares, amigos y simpatizantes de Timtik que esperaban frente al ATK para obtener el cuerpo. Se impidió que la gente recuperara el cuerpo y algunos abogados también fueron golpeados durante la represión.
El coche fúnebre fue luego secuestrado por la policía y llevado al Cemevi (lugar de culto aleví) en el barrio de Gazi bajo un cerco policial con vehículos blindados, en un intento de evitar que la gente se reuniera para el funeral.
A pesar de la represión y acoso policial, la familia de Timtik, parientes, colegas, amigos y simpatizantes marcharon desde el Cemevi hasta el cementerio para despedirse de la abogada de 42 años. A los periodistas se les permitió asistir al funeral solo con la condición de dejar sus cámaras afuera. Entre los presentes se encontraban los diputados del HDP Musa Piroğlu, Dilşat Canbaz Kaya, el diputado independiente Ahmet Şık y representantes de numerosos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
El ataúd de Timtik, cubierto con su túnica y claveles, fue llevado al hombro por mujeres de camino al cementerio. El funeral con oraciones de la fe alevi continuó con discursos que prometían hacer crecer la lucha de Timtik y construir el mundo que soñaba.
Tras un minuto de silencio en memoria de los mártires de la revolución, los miembros del Grup Yorum cantaron las canciones populares favoritas de Timtik entre lemas: “Los abogados revolucionarios son nuestro honor”, “Ebru Timtik es inmortal” y “El estado asesino rendirá cuenta”.
Mientras tanto, las fuerzas policiales reprimieron a la multitud y atacaron a los participantes del funeral. Los abogados también fueron maltratados durante el ataque policial que logró impedir la marcha hacia el cementerio.
Timtik fue enterrada en su túnica con el acompañamiento de canciones populares y lamentos, y el mensaje de los presentes: “los abogados revolucionarios no cederán”.
Después del entierro, la policía atacó a la multitud una vez más y detuvo a seis personas, incluido un cliente de Ebru Timtik, Eser Çelik.
Timtik es la cuarta persona de la causa DHKP-C que muere este año como resultado de un ayuno de muerte. Helin Bölek , solista de la banda de música Grup Yorum, murió el 3 de abril. Se había negado a comer durante 288 días en protesta por el encarcelamiento de otros miembros de la banda y la prohibición de conciertos de Grup Yorum. El 7 de mayo, el bajista de Grup Yorum, Ibrahim Gökçek, murió después de una huelga de hambre de 323 días. Antes de esto, el preso político Mustafa Koçak murió el 24 de abril como resultado de una privación de alimentos de 296 días.
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“Presentar una solicitud para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dé seguimiento al crimen de la dirigente Margarita Murillo, se da en el marco de acabar con la decisión oficial de quienes conducen el Estado de impedir que se den pasos para la justicia, especialmente con esta lideresa que luchó por la vida, la tierra y las mujeres”.
Así explicó en conferencia de prensa el padre Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, la razón por la cual se presentó una denuncia ante la CIDH en el caso de Murillo, asesinada un 27 de agosto de 2014, cuando cultivaba la tierra en el municipio de Villanueva, Cortés.
En el marco de los seis años desde que ocurrió el crimen, el Foro de Mujeres por la Vida, el ERIC-SJ y la Clínica de derechos humanos en Acción del Instituto de la Promesa de los derechos humanos en la Facultad de derecho de la Universidad de California, Los Ángeles, UCA, presentaron esta petición de apertura del caso contra el Estado de Honduras, denunciado las violaciones a los derechos humanos de la lideresa campesina y defensora Margarita Murillo, con el objetivo de obtener verdad, justicia y reparación por su asesinato y la impunidad que lo ha rodeado durante este tiempo.
“Es importante recordar la memoria a una persona que vivió para sus ideales: la construcción de una Honduras más democrática, una Honduras donde los bienes fueran compartidos por toda la sociedad”, dijo Moreno.
El asesinato de Margarita Murillo está inserto en la realidad de violencia cotidiana que las mujeres enfrentan en Honduras. Además, en el abandono del Estado a los hombres y mujeres que luchan por el acceso a la tierra.
Margarita Murillo fue asesinada por la espalda un 27 de agosto del 2014. Al momento del crimen las autoridades policiales encontraron una carta con una invitación a un encuentro de organizaciones campesinas, que también tenía una amenaza para que dejara de luchar por la tierra o tendría un derramamiento de sangre.
Seis años después, sus familiares, amigos, organizaciones cercanas siguen demandando justicia para Murillo, castigo para los responsables y que la verdad salga a la luz y junto a ella la identidad de quienes persiguen y asesinan a los líderes campesinos.
“Han sido seis años devastadores. Desde el 2014 hemos trabajado arduamente para exigir justicia ante la fiscalía. Los primeros 3 años fueron de acciones permanentes pidiendo respuestas, nada pasó, su caso quedó archivado entre la pila de expedientes del Ministerio Público”, dijo Kenia Murillo, hija de Margarita.
Margarita pertenecía a la Empresa Asociativa Campesina “Las Ventanas de la Producción”, en la que desde hace nueve años se organizaron para recuperar terrenos en el departamento de Cortés, y de esa forma ponerlo en manos de los campesinos tanto para cultivarla como habitarla.
Para Joseph Berra de la UCLA el caso del Murillo es emblemático porque el Estado está obligado por mandato a investigar los crímenes que se dan contra todos aquellos defensores y defensoras, quienes desde ante de sus asesinatos había denunciado amenazas. “Desde el inicio el Estado tenía obligación de proteger los derechos de Margarita como defensora de derechos humanos, como mujer y por la lucha en defensa de la tierra. El Estado sabía que estaba amenaza, la misma CIDH lo había advertido, y allí el Estado debió implementar un mecanismo de protección para cuidar su vida. El Estado falló y sigue fallando ahora al mantener el caso en impunidad”.
Para Berra, las autoridades han sido negligentes en la investigación, ya que se perdió información del expediente, además no se recuperó la línea de investigación que tenía la fiscal Marlene Banegas, asesinada de forma sospechosa en el tiempo que llevaba el caso de Margarita. “Hasta ahora no hay orden de captura ni requerimiento fiscal para nadie”, lamentó el catedrático de la UCLA.
El país más peligroso para los defensores
El asesinato de Margarita Murillo representa uno de los tantos casos que demuestra que, en Honduras, como lo señala la CIDH, existe un patrón de violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos y que, según Global Witness, lo convierte en el país más peligroso del mundo para las personas defensores de la tierra y del medio ambiente.
“Las organizaciones de mujeres y en general las organizaciones populares de este país estamos obligadas a sostener la memoria histórica de todos los procesos de lucha que emprendió y lideró Margarita Murillo, así como los grandes aportes para la defensa de los derechos humanos y la defensa de la tierra”, dice el comunicado entregado a la prensa.
¿Quién era Margarita Murillo?
Margarita nació el 13 de noviembre de 1958, en Chalmeca, Copán, Honduras. Según testimonio recogido por el Foro de Mujeres por la Vida, fue una niña soñadora y convencida de que un mundo más justo y digno era posible, es por ello que, a muy temprana edad se vio involucrada en las luchas campesinas.
Desde 1975, cuando apenas tenía 13 años, realizó su primera participación en la lucha por el acceso a la tierra uniéndose a la “Marcha de la desesperanza y del hambre”, impulsada por la Unión Nacional de Campesinos-UNC-, con el apoyo de la Central General de Trabajadores-CGT-, que terminó con una feroz represión que dejó 12 campesinas y campesinos muertos.
Una década después, en 1985, Margarita se convirtió en una de las fundadoras de la Central Nacional de Trabajadores del Campo-CNTC. La lucha por una verdadera reforma agraria fue el motivo para que los escuadrones de la muerte la secuestraran y torturaran. En ese momento ya era una reconocida líder, ligada al movimiento campesino.
En 1987 Margarita fue desaparecida por el Ejército durante tres semanas; fue torturada física y psicológicamente, causándole severos daños en su columna, estuvo exiliada y, en 1990, regresó a Honduras en la clandestinidad.
A lo largo de su vida luchó sin descanso. Fue parte de la coordinación del Foro Social del Valle de Sula y también una de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular-FNRP-, que surgió para resistir al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En fechas posteriores al golpe Margarita también fue víctima del secuestro y tortura de su hijo, quien luego fue encontrado muy cerca de Ocotepeque con vida, sin rastro de los responsables.
Luego de 6 años el asesinato de Margarita Murillo está en la impunidad. Son muchas las acciones que desde su familia y organizaciones se han realizado en búsqueda de justicia. Se acudió a diversas instituciones responsables de seguir el procedimiento y dar respuesta al caso, y también a organismo como el CONADEH, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la CIDH y otras instancias internacionales con la finalidad de estar vigilantes en el proceso. Ante esa inoperancia ahora te tocan las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Si, hay que señalarlo, el movimiento transgénero es un movimiento extremista, minoritario, pero extremista. Algunas personas, incluso mujeres, no han querido ver el impacto que tiene sobre las vidas y los derechos de las mujeres el discurso de la identidad de género y su auto adscripción, incluso no se ha querido ver lo que este movimiento está ocasionando al movimiento feminista y a las mujeres como una clase o categoría social.
En ocasiones, me han confundido connotadas feministas a quienes admiraba, por su postura y su involucramiento en la teorías queer, incluso en contradicción con sus muchos y excelentes textos sobre la opresión de las mujeres y la teoría sexo-género. Afortunadamente, connotadas feminista, maestras y ancestras, como Marcela Lagarde y de los Ríos, la Alda Facio Montejo, Amelia Valcárcel, Rosa Cobo Bedía, Sheila Jeffreys, Janice Raymond, Julie Bindel y otras, cada vez más, se suman a reivindicar los derechos de las mujeres basados en el sexo y se oponen al borrado de las mujeres.
Lo primero que tenemos que tomar en cuenta cundo abordamos este debate es la teoría de dominio y jerarquía de género que ha ejercido un sexo, el de los hombres, sobre las mujeres. Y nadie quiere o puede negar que cuando una mujeres trans sale a la luz pública se ve y es tratada como una mujer y cuando se declara y es públicamente reconocida como una mujer trans, la violencia y abuso que puede llegar a sufrir es grave. Pero ellas deben de reconocer que cuando sufren de una violación son subordinadas sexualmente con violencia y feminizadas, porque históricamente quienes han sido víctimas de la violencia sexual somos las mujeres y las niñas. Un análisis de este tipo debe incluir la humillación y el daño que deben entenderse como producto de la dominación y jerarquía de género, y no de identidad de género.
En el movimiento abolicionista que lucha contra la prostitución, la pornografía, la trata sexual, la maternidad substituta, las violencias y las distintas formas de explotación es muy fácil sentir sororidad y empatía entre nosotras y hacia las víctimas y sobrevivientes, y estamos claras sobre nuestra rotunda oposición al lobby proxeneta o movimientopro-prostitución, pro-pornografía, pro-descriminalización total de la industria del sexo y de las técnicas de reproducción asistida.
Ese mismo enfoque tenemos que usar con relación al transactivismo y el transgenerismo: como dijo Dona Hughes, “siempre tratar a las personas en lo individual con dignidad y respeto, aunque condenemos al movimiento que está causando tanto daño a las personas y a las mujeres como clase”.
Por lo general, tener el poder para nombrar y definir pertenece a quienes se encuentran en la parte más alta de la jerarquía, ya sea ésta de género, raza, clase o religión y los términos usados para describirnos y definirnos están siendo atacados, con la intención de borrarnos. A lo largo de la historia, las feministas hemos ganado muchas batallas para nombrarnos, definirnos y crear acciones legales para combatir, por ejemplo, el feminicidio o el hostigamiento sexual y, en algunos países, la sanción a la demanda de la prostitución y a pesar de las victorias hay momentos en los que nos sentimos apabulladas por las activistas reglamentarista, pero ni con todo su dinero y todo el poder que han logrado acumular, nos han vencido.
La historia está llena de testimonios de movimientos sociales y políticos que han explotado, lastimado y, no en pocas ocasiones, destruido a las personas que se decían representar o proteger. Nosotras no les podemos fallar, no podemos sentir solo empatía por las personas y permanecer calladas frente el movimiento que está amenazando con borrar a las mujeres, sus derechos y sus necesidades.
Y si retomamos una máxima del feminismo que dice “lo personal es político”, debemos ser capaces de distinguir entre la persona que ha sufrido el daño y el movimiento que está provocando el daño.
La historia está llena de testimonios de movimientos sociales y políticos que han explotado, lastimado y, no en pocas ocasiones, destruido a las personas que se decían representar o proteger
Debemos tener muy claro que hay un movimiento político que promueve el transgenerismo y la identidad de género y que es una ideología que intenta borrar al sujeto político del feminismo, las mujeres, movimiento que está siendo financiado generosamente por personajes como Soros o Bill Gates y otros y que cuentan con enormes recursos y asesorías, tanto legales, como de políticas públicas que han tenido, incluso, la capacidad de penetrar la estructura de organismos internacionales como la ONU y sus agencias. No es un movimiento intranscendente.
En la Ciudad de Nueva York, una persona puede ser multada hasta con $125,000 dólares por no designar correctamente y en repetidas ocasiones el pronombre de alguien. La Comisión de Derechos Humanos de Ontario, Canada aprobó una política pública en 2014 que dice que “El hostigamiento de género puede involucrar…Negarse a referirse a una persona por su nombre autoidentificado y por su pronombre personal propio”, por citar sólo algunos ejemplos de los efectos que está teniendo el transgenerismo.
Por otro lado, las que nacimos mujeres no tenemos derechos similares en tanto se refieren a nosotras como “mujeres cis, TERFS (feministas radicales transexclusionistas), menstruadoras, hoyos frontales, personas con cérvix y no-hombres” y a esas personas nadie las multa. Hemos encabezado la lucha por un feminismo radical y por eso ¿podemos estar de acuerdo en “mujeres sin modificaciones o modificadas”?
¿Nos podemos imaginar a una o a un activista transgénero tratando de imponer su vocabulario ofensivo a los hombres que nacen hombres? No hay ninguna campaña semejante tratando de minar o borrar a los hombres y nunca he oído a nadie referirse a los hombres como hoyos traseros o no-mujeres. Son únicamente las mujeres las que estamos siendo atacadas y nos quieren forzar a aceptar a hombres como legítimas mujeres y nos llaman mujeres cis. El mayor objetivo del transactivismo han sido, con mucho, las mujeres y las organizaciones dedicadas a asistir a las mujeres.
La mayoría de la discusión se enfoca en las que se identifican como mujeres trans. Hay números crecientes de quienes están transitando de mujer a hombre y son mujeres jóvenes en su camino a convertirse en hombres trans.
Las buenas noticias, muy pocas veces mencionadas, es que el número mayor de quienes están destransicionando también son niñas y mujeres jóvenes que han rechazado su estado trans – muchas de ellas han escrito elocuentemente sobre esto. En varios sitios en línea, mujeres que antes se identificaban como hombres trans hablan conmovedoramente sobre esta separación de sí mismas y otras mujeres, su escape de la feminidad tóxica, los abusos y agresiones sexuales, la misoginia que experimentaron al crecer, y sus esfuerzos en la recuperación de su feminidad.
Pienso que es tiempo de poner atención a este movimiento como un movimiento político de sobrevivientes que nos muestran una salida. Es tiempo que reconozcamos a las niñas/mujeres que están regresando a ellas mismas.
Teresa C. Ulloa Ziáurriz es Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés)
La abogada Ebru Timtik falleció después de que su corazón fallara el día 238 del ayuno de muerte exigiendo un juicio justo.
El 14 de agosto, el Tribunal Constitucional de Turquía rechazó una solicitud de liberación de los abogados en huelga de hambre Ebru Timtik y Aytaç Ünsal como medida de precaución. Ignorando que los dos abogados ya superaron el umbral crítico de riesgo de vida, la Corte alegó que “no hay información disponible sobre la emergencia de un peligro crítico para sus vidas o su integridad moral y material, con el rechazo de la solicitud para su liberación».
La Oficina Legal del Pueblo (Halkın Hukuk Bürosu, HKK) anunció en Twitter el jueves que Timtik estaba recibiendo asistencia médica después de que su corazón se detuvo: «Su pulso se ha detenido y nos hemos enterado de que está recibiendo un masaje cardíaco. Hacemos un llamado a todos nuestros colegas y a nuestra gente para que se reúnan frente al Hospital Dr. Sadi Konuk de Bakırköy».
En un anuncio actualizado, la HKK declaró que Timtik perd perdió la vida hoy.
Ebru Timtik y Aytaç Ünsal llevan meses en huelga de hambre y no han salido de la cárcel a pesar de que el Instituto de Medicina Forense los ha declarado no aptos para el encarcelamiento. Una denuncia ante el Tribunal Constitucional de Turquía en Ankara tampoco tuvo éxito. Los dos abogados, que se encuentran actualmente bajo observación contra su voluntad en dos hospitales de Estambul, permanecen detenidos.
Ebru Timtik y Aytaç Ünsal son abogados de la asociación de izquierda «Oficina Legal del Pueblo» (Halkın Hukuk Bürosu) y se declararon en huelga de hambre junto con otros compañeros encarcelados en febrero, que convirtieron en un «ayuno de muerte» el 5 de abril. «Día de los Abogados». En el complejo de procesos contra presuntos miembros del DHKP-C, los abogados fueron condenados a largas penas de prisión de acuerdo con las leyes anti terroristas, debido a las declaraciones contradictorias de un testigo clave. Con su acción exigen un juicio justo.
Hace pocos días las organizaciones de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas ejecutadas por el gobierno de Alberto Fujimori denunciaron que el gobierno peruano volvía a postergar sus demandas de reparación, al crear un grupo de trabajo multisectorial para analizar y proponer mecanismos que aborden la problemática de quienes sufrieron este grave crimen cometido por el Estado Peruano (Resolución Ministerial Nº 0216-2020-JUS,del Ministerio de Justicia).
A más de 25 años de cometida la más masiva y sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres de nuestra historia, resulta indignante que este grupo de trabajo se proponga como tarea un nuevo “diagnóstico”, que además se prevé culminar el 31 de julio del 2021, es decir, cuando tengamos un nuevo gobierno y nuevas autoridades a cargo de los sectores de Salud, Mujer y Justicia, que son parte de dicha instancia. Creemos que la creación de este grupo de trabajo, y la fijación de este nuevo plazo no es más que una forma burda de transferir la tarea de las reparaciones al siguiente gobierno.
También es una manera de desconocer importantes avances resultado de la organización y demanda constante de las víctimas, como la existencia del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), que al momento cuenta con más de 7000 inscritas, además del conjunto de informes oficiales producidos durante poco más de dos décadas. En esa medida, la reciente iniciativa gubernamental sólo puede ser leída como un nuevo intento de evadir responsabilidades y retrasar la implementación de las reparaciones integrales que corresponden.
Seguramente más de un funcionario buscará explicar la necesidad de este Grupo de Trabajo bajo alguna racionalidad tecno burocrática. Ello solo evidencia el poco respeto a los derechos de quienes vieron cercenados sus cuerpos en nombre del desarrollo, la mejora de la calidad de vida y una política de planificación familiar, que fue contraria a los principios de consentimiento libre y plenamente informado de las mujeres.
En Noticias SER nos sumamos al reclamo de las organizaciones de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en su demanda de justicia y reparación. Sus derechos no pueden seguir siendo vulnerados ni postergados con grupos de trabajo, mesas o comisiones que solo sirven para que el Estado pase exámenes e informes de avance en instancias internacionales mientras que en el ámbito nacional, siga burlándose de ellas, maltratándolas como cuando sin su consentimiento se les esterilizó en las peores condiciones. Entre las muchas deudas pendientes del Estado, esta es una de las más graves y quizá la más vergonzosa.
Tres movilizaciones: la Marcha por la Dignidad, la Ruta Comunera y la Ruta Libertadora recorrieron el país en plena pandemia. Las y los caminantes estaban determinados a evidenciar los diferentes flagelos de los territorios más afectados por la crisis sistémica que se vive hoy en Colombia. También pudieron recoger testimonios de las problemáticas sociales, ambientales y del conflicto que desde antes de la Covid-19 existían pero que con la llegada de esta enfermedad al mundo se han agudizado.
Mientras la Marcha por la Dignidad (con más de 25 personas) recorría carreteras montañosas del Departamento del Cauca, se anunciaba trágicamente el balance del vil asesinato sistemático de cuatro líderes y lideresas sociales en menos de 24 horas en esa misma región. Llevaban tres días de haber iniciado recorrido cuando supieron de estas noticias. Más tarde supieron que se había callado para siempre la voz de ocho líderes y lideresas comunitarias del Cauca, Chocó, Meta, Norte de Santander y Bolívar. Sin embargo, la Marcha continuaba.
“Quienes caminan son líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, humanistas y luchadores sociales que marcharán por la dignidad de todos y todas, y animarán a las autoridades territoriales, guardias indígenas, reclamantes de tierra, ambientalistas a seguir luchando por la paz territorial, participativa y transformadora. Un debate amplio y abierto al país donde podamos romper el silencio impuesto por una historia de terror”, rezaba el boletín difundido el 26 de junio, donde también decían que el recorrido incluyó el diálogo con las personas de los 22 municipios sobre la manera nefasta en que se ha gobernado el país y empeorado durante el decreto de emergencia social y humanitaria.
El 10 de julio llegaron a Bogotá después de 590 kilómetros (desde Popayán, Cauca) difundiendo su mensaje de paz y denuncias contra el actual Gobierno de Iván Duque. Además, exigieron acciones urgentes frente al genocidio de líderes, lideresas sociales y excombatientes en el país; protestar contra el alarmante incremento de violencias de género y contra la comunidad LGBTI durante la cuarentena; así como pidieron garantías para el acceso gratuito a la educación de universidad pública durante la emergencia sanitaria.
Mientras la Marcha por la Dignidad del Suroccidente hacía hito en las luchas y resistencias sociales y políticas del país, más de sesenta personas alistaban sus maletas y banderas para continuar el recorrido por diferentes regiones del país.
La Ruta Comunera
“Comunera” fue el apellido que se le dio a esta movilización como un homenaje a la rebelión que en marzo de 1781 realizaron los habitantes del Municipio Socorro (Santander) contra el Virreinato de Nueva Granada. Este hecho histórico inició lo que se conoce como nacionalmente como “La rebelión de los comuneros”. En aquel siglo XVIII, los comuneros caminaron hacia Zipaquirá (Cundinamarca) para exigir medidas más justas para el pueblo. En este siglo XXI, cerca de 20 personas también caminaron hacia Bogotá casi que en el mismo contexto de denuncia, pues consideraron que quien gobierna lo hace únicamente para beneficiar a un grupo de privilegiados.
“Esta crisis se profundiza en la actual pandemia. El Gobierno aprovecha el Estado de Emergencia económica y sanitaria para implementar el paquetazo neoliberal. Ha entregado billones de pesos a los bancos, ha despilfarrado y propiciado la corrupción con la plata de la emergencia, ha usado sin claridad recursos públicos que se necesitan en los territorios”, aseguran las y los voceros.
Por razones como las anteriores, Aura Santos, de la movimiento político y social Congreso de los Pueblos, marchó por la Ruta Comunera a pesar del miedo latente al contagio de la Covid-19. Ella asegura Aura que hay un miedo más grande y es el que ha sido impuesto en Colombia durante tantos años. Este se ve en los rostros de quienes habitan esos contextos de violencia.
En Barrancabermeja, de los municipios de Santander rodeado por el Río Magdalena, se dieron cita los y las marchantes de la Ruta Comunera. Algunos viajaron desde otros lugares del territorio nacional para iniciar la extensa caminata que recogía el ejemplo de la del Cauca.
Desde esas tierras calientes, también pudo hablarse de las problemáticas que los y las trabajadoras de la industria petrolera en el país están viviendo. Las condiciones en que la principal empresa petrolera de Colombia, Ecopetrol, y el Gobierno han manejado la situación de esa industria no ha sido positiva para los y las trabajadoras. Las medidas tomadas han puesto en riesgo los derechos de patrimonio público y laboral. Ejemplo de ello es el Decreto 811 del 4 de junio del 2020, donde el Gobierno plantea vender activos del Estado sin un adecuado control público y político. Por esto, el 25 de junio la Unión Sindical Obrera -USO- inició una protesta con dos trabajadores encadenados frente a las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá.
La decisión del Gobierno de plantear la posibilidad de vender activos patrimoniales no es nueva. Desde el 2012 ha habido una puja entre diferentes sectores de la sociedad para decidir esto. Sin embargo, debido al alto gasto de rubros destinados para atender la crisis de salud por la pandemia, es posible que haya una reforma fiscal para el 2021 y 2022. En este sentido, el Gobierno ultraderechista de Iván Duque propone subir los impuestos, reducir gastos públicos y vender activos patrimoniales.
Esta situación se sumó a las que indicaron los marchantes por la dignidad e hicieron que las banderas USO ondearan las carreteras del Departamento Santander en unción con otros espacios como los Escudos Azules, el Congreso de los Pueblos, el Congreso Nacional Agrario y las Asociaciones de Familias Agroalimentarias y partieran hacia Bogotá.
Entre el 13 y el 20 de julio (Día de la Independencia de Colombia), los y las caminantes de la Ruta Comunera estuvieron constantemente hostigados por la fuerza pública. El primer día en que iniciaron la acción de protesta fueron detenidos por la Policía, les tomaron fotografías y retuvieron documentos de identidad sin justificación. Además, detuvieron el bus con el que los marchantes pretendían movilizarse. Este vehículo tuvo que suspender su recorrido debido a un comparendo y así, los y las caminantes quedaron a la intemperie por las carreteras y sin garantías de descanso y seguridad.
“Fue totalmente injustificable el actuar de la Fuerza Pública ya que anteriormente se había comunicado cuáles iban a ser los trayectos y las paradas al Presidente Duque, a la ministra de Interior y a la distintas instituciones. Aun así la Fuerza Pública ignoró completamente el ejercicio que se hacía durante la marcha”, expresa Aura Santos.
Sin embargo, la ruta continuó avanzando hasta llegar a Bucaramanga. Allí interpusieron sus respectivas denuncias y llegaron a acuerdos con las instituciones públicas de Santander. Estos, nuevamente, serían incumplidos. El 15 de julio retomaron sus caminos hasta Tunja (Boyacá) donde se encontraron con la Ruta Libertadora.
En el Municipio El Socorro (Santander) se encontraron con quienes llevan años luchando por el derecho al agua potable. Solo hace 10 meses el municipio pudo contar con un acueducto (tras 6 años de obras retrasadas) y son ahora 9.600 usuarios de la empresa de Agua del Socorro los que cada año padecen las declaratorias oficiales de la calamidad pública.
El municipio de San Gil padece similar problemática frente a las aguas residuales. No cuenta con una planta de tratamiento y se vierten en el Río Fonce, una de las principales fuentes hídricas de la Provincia Guane. En febrero de 2020, las y los ciudadanos buscaron que este Río se considere como Sujeto de Derechos para así obligar a las entidades a protegerlo de la contaminación y promover su cuidado.
Según aseguraron las y los habitantes de las regiones por donde transitó la Ruta Comunera, también existen otras vulneraciones de sus derechos a nivel social y político como la corrupción municipal y la presencia de grupos al margen de la ley en el territorio.
La Ruta Libertadora
Al igual que la Ruta Comunera, esta también se propuso evidenciar la crisis social y humanitaria que se ha agudizado a raíz del contexto de la pandemia. Y esto se sumó a las exigencias recogidas por la movilización social del Paro del 21N que se posicionaron en las agendas nacionales.
“Durante el recorrido fuimos viendo el abandono estatal en el que se encuentran las comunidades, esto se refleja en el deterioro de las vías, los puestos de salud y las escuelas. Y la falta de apoyo al campesinado para la producción y comercialización de sus productos. También vimos el temor producto de las amenazas que ejercen megaproyectos extractivistas minero-energéticos, de infraestructura y otros sobre sus territorios; las consecuencias de la delimitación de los páramos que no consulta las necesidades de campesinos e indígenas”, cuenta Sonia Milena López, quien acompañó la Ruta Libertadora. Agregó que pudieron observar una fuerte militarización en las de comunidades.
Sonia Milena López, lideresa social y defensora de DD.HH en Arauca, recorrió con esta Ruta Libertadora los territorios de Saravena, Fortul, Tame, Sácama, Duitama y Boyacá.
“Durante años he visto caer a varios de mis compañeros. Unos bajo las balas de las fuerzas estatales y paraestatales, otros por parte de la insurgencia. Algunos amenazados y desplazados. Muchos han ido a las cárceles del país bajo montajes judiciales de la Fiscalía, la Fuerza Pública y las empresas petroleras. Pero siempre ha habido quienes han levantado las banderas de lucha que por una u otra razón los compañeros y compañeras han dejado”, comenta López.
Y es que precisamente Arauca ha sido un territorio que ha vivido las caras más duras del conflicto armado en el país. Es una zona que resulta bastante estratégica por ser frontera con Venezuela y limitar con Casanare, Vichada y Meta, departamentos que también tienen una fuerte presencia de grupos armados.
Los contextos de guerra hoy continúan. El pasado mes de julio, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- publicó un informe estadístico y demográfico sobre las agresiones a líderes y lideresas sociales, defensores de DD.HH. y excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde el 2016 hasta el primer semestre del 2020. El Departamento de Arauca se posiciona en el lugar 11 de todo el país.
“Vimos la indignación que produce la judicialización de los líderes, lideresas y miembros de las comunidades que estigmatizados de pertenecer o colaborar con las organizaciones rebeldes son puestos en la palestra pública como delincuentes o terroristas y encerrados en las cárceles del país. Vimos la fuerte militarización de los territorios y de la vida cotidiana de las comunidades”, afirma Sonia López.
Marchar para resistir
El 19 de julio, la Ruta Comunera y la Ruta Libertadora celebraron simbólicamente su encuentro en el Puente de Boyacá, luego de haber caminado juntos desde Tunja el día anterior, lugar donde hace 201 años atrás ocurrió la victoria de los independentistas sobre las tropas de la realeza española. A puertas de la celebración que se realiza cada 20 de julio por el Día de la Independencia, reflexionaron sobre la coyuntura del país en guerra y sobre el empeoramiento de las condiciones de los sectores populares.
Si en algo coinciden los y las caminantes es que defender la vida es primero y para eso es necesario dialogar con los territorios. A pesar de la pandemia, decidieron organizarse con todos los protocolos de bioseguridad y salir.
“El tapabocas no me para la boca” fue la consigna con la que se recibió a la Marcha por la Dignidad en Bogotá. Una movilización que se convocó desde distintos sectores sociales, tenía como punto de partida el Monumento de Héroes en el Norte de la capital. Desde allí partieron hacia la Calle 100, donde se reunirían con los caminantes.
Sin percance alguno más que el fuerte operativo policial que amenazaba constantemente con disolver la movilización, se juntaron ambas movilizaciones para volver al punto inicial. La marcha, altamente nutrida, realizó un performance que simbolizó el asesinato sistemático de líderes sociales con arengas que repetían al unísono las exigencias más urgentes de la capital: un alto a los feminicidios, matrícula cero, parar con el genocidio, trabajo y vivienda digna.
Los trabajadores de la USO denunciaron la venta de CENIT -filial de Ecopetrol-, la Asociación Altos de la Estancia pudo alzar su exigencia por una vivienda digna y los estudiantes de universidades públicas abogaron por poder seguir estudiando en medio de las difíciles condiciones económicas actuales.
La madre de Dylan Cruz, joven asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- en las movilizaciones del 21N, tomó la palabra. Denunció el Crimen de Estado cometido contra su hijo en el marco del Paro Nacional. Resaltó lo estancado que se encuentra el proceso y la falta de justicia en el caso.
Fue una gran acción de protesta en medio de una pandemia que evidencia cada vez más las contradicciones de clase, ahonda las problemáticas sociales y reafirma lo necesario de la movilización social. Ahora queda fortalecer la creación de formas amplias de participación desde abajo y los procesos contrahegemónicos en todos los rincones del país.
CI AO y JJ/PC/27/08/2020/14:30
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“Fueron mujeres comunistas las primeras que plantearon la opresión y la lucha contra el patriarcado”. (Luchadora social guatemalteca)
En Guatemala, luego de la Firma de Paz en 1996, alguna vez un funcionario de un organismo internacional decía con vehemencia a los consultores que estaban dando forma a un proyecto de apoyo para víctimas de la guerra, que había que posicionar “muy claramente” el tema de género. “Género, género, equidad de género por todos lados”, pedía acucioso. “Eso es lo que los financistas quieren oír”, agregaba con un nada disimulado ímpetu. Esa insistente petición (¿orden?) abría un interrogante: el tema de género como se comenzó a posicionar para la década de los 90 del pasado siglo, ¿surge enteramente de las luchas político-sociales de las mujeres, o tiene algo de artificioso?
Plantear este tema puede verse como un velado machismo que sobrevive subrepticiamente en estas líneas. La intención, sin embargo, es abrir una crítica -serena, profunda y certera- sobre mucho de lo que la llamada “cooperación internacional” impone. La opresión del género femeninoa manos del masculino (patriarcado) es una más de tantas opresiones que recorren la actual dinámica humana, al igual que la económica (diferencia de clases sociales: explotación), la étnica (léase: racismo, “razas superiores” sobre “incivilizados”), el repudio de la diversidad sexual (heteronormatividad reinante descalificadora de otras opciones), adultocentrismo, blancocentrismo, y seguramente más de algún otro etcétera. Luchar contra cualquiera de esas asimetrías no puede hacerse en forma independiente, desgajada: todas las contradicciones se anudan. Imaginemos un mundo manejado, por ejemplo, por mujeres, o por negros, donde también se da la explotación económica (a los varones, o a los blancos): solo sería cambiar de amo. Una verdadera revolución debe modificar todas las asimetrías simultáneamente.
El tema de género, indispensable en las luchas por un mundo de mayor justicia, es de capital importancia. Pero lo que ha venido impulsando ese peculiar mecanismo llamado cooperación internacional en estos últimos años puede llamar a confusión. Vale aquí aquello de “divide y reinarás”. La atomización de las luchas sociales, en vez de potenciarlas, tiende a debilitarlas: cada quien por su lado con su pequeña parcela, logra poco. La cuestión de base no es, obviamente, “mujeres versus hombres”. La actual inequidad de género es un tema social, por tanto, involucra a todos los géneros, al colectivo en su conjunto. Reivindicar a Lorena Bobbit no es el camino.
Nos inspira en esa crítica lo dicho por la feminista comunista Silvia Federici: “No es casual que aunque el capitalismo se base presuntamente en el trabajo asalariado, más de la mitad de la población mundial [amas de casa, trabajadores precarizados] no esté remunerada. La falta de salarios y el subdesarrollo son factores esenciales en la planificación capitalista, nacional e internacional. Esos son medios poderosos con los que provocar la competencia de los trabajadores en el mercado nacional e internacional y hacernos creer que nuestros intereses son diferentes y contradictorios. (…) [Las mujeres] no estamos peleando por una redistribución más equitativa del mismo trabajo. Estamos en lucha para ponerle fin a este trabajo [doméstico no remunerado], y el primer paso es ponerle precio”.
La lucha por la equidad de género, sin articularse con las otras luchas, puede resultar incluso cuestionable. En tal sentido, nos permitimos citar palabras de una incansable luchadora guatemalteca, pionera en la lucha contra el patriarcado en el país, que por razones de seguridad pide ocultar su nombre (la llamaremos simplemente “Entrevistada”). He aquí extractos de una entrevista inédita donde ella plantea estos postulados.
(…) Pregunta: En los 80, en plena guerra, la lucha contra el patriarcado ¿ya empezaba a ser un eje importante?
Entrevistada: Creo que todavía no pasaba a ser tan importante en aquel momento. Creo que hasta ahorita se está reconociendo este tema. Pero no hay que dejar de reconocer que con los comunistas, con los clásicos, es que primeramente se da a conocer la opresión de las mujeres. En su momento no se le daba toda la importancia, pero fueron mujeres comunistas las primeras que plantearon la opresión y la lucha contra el patriarcado. Hay antecedentes de mujeres que venían luchando desde la Revolución Francesa, o desde las luchas de Lenin, y las mujeres comunistas ya habían recorrido un camino, pero nunca se visibilizó ese trabajo. Quizá la única que se visibilizó, seguramente por sus aportes teóricos, fue Rosa Luxemburgo. Después Clara Zetkin, pero no fue tan evidente, más bien fue ocultada. O también Alejandra Kollontai, que hablaba de la sexualidad de un modo pionero, y fue una de las primeras mujeres que ocupó cargos del Estado. Nadia Krupskaya, la compañera de Lenin, que fue una educadora, y así hay muchas mujeres que hasta ahora empiezan a visibilizarse y que en su momento no se las consideraba, pues se decía que no era tan importante la lucha de las mujeres. A pesar de que se tenía todo ese camino recorrido de las mujeres francesas, de las inglesas, por ejemplo con su lucha por el derecho al voto, por prejuicios no se quiere saber mucho de eso. El tema del patriarcado es como con el racismo: son cosas que tenemos tan arraigadas que ni las reconocemos como problema.
(…) El machismo está muy arraigado, es muy difícil combatirlo. Cuando se analiza el patriarcado una se da cuenta que nadie va a querer perder sus privilegios. Porque los hombres, hay que decirlo, tienen más privilegios que las mujeres. Por más que digan que están de acuerdo con la lucha de las mujeres, a la hora de hacer cambios reales de actitudes, de repartir poderes, es muy difícil hacer el cambio.
Pregunta: Cambiar profundamente los patrones culturales es difícil, sin dudas. La transformación social cuesta, con el patriarcado, con el racismo, con autoritarismo. “Vos sos mujer, entonces andá y prepará la comida”. Eso lo tenemos tan incorporado que cambiarlo es cuesta arriba. ¿Qué hacemos entonces?
Entrevistada: Está complicado. Todos los mandatos que trae la sociedad implican esa dificultad, es difícil cambiarlos. Esas son las actividades de las mujeres y estas son las de los hombres; eso parece ya escrito, y por más que quieras hacer cambios de actitudes, tiene que haber una fuerza grandísima para lograrla, y no es fácil. Creo que tienen que pasar generaciones para que se extingan, con un trabajo educativo y político continuo. Por la experiencia que se ve, no es tan fácil de cambiar.
(…) El patriarcado hay que verlo con todas sus facetas: no es algo que solamente sea en la casa. También la sexualidad, el trabajo, la violencia, el trabajo doméstico fundamentalmente. Es todo eso al mismo tiempo. Hasta el año 85 para mí era tan difícil poder ir hilvanando cada una de estas nuevas experiencias que iba reflexionando, porque las iba conociendo, y a partir de los años 85 cuando comparto las reflexiones con otras mujeres que ya lo estaban pensando, se me amplió el panorama. Creo que Cuba todavía no ha logrado definir políticas públicas de mayor impacto en la transformación de las mujeres. Las mujeres han tenido acceso a la educación, y eso está muy bien, pero creo que a la cultura del patriarcado tiene todavía muy arraigada sus raíces en la población, por lo que debe seguir trabajándose. Todo el movimiento de mujeres avanzó mucho en América Latina, y son ellas quienes avanzaron en la lucha contra el patriarcado. Sin embargo, con esto de los lenguajes políticamente correctos ahora hay un retroceso en la lucha. Creo que se ha venido despolitizando el tema de género, se lo ha aguado un poco.
Pregunta: ¿Por qué decís “despolitizado”?
Entrevistada: Porque ya todo el tema de género entró en una cierta moda, un planteamiento vinculado a la cooperación internacional, que fue tornándolo desideologizado, despolitizado. Se lo desvinculó de la lucha de clases, y así perdió toda su fuerza como lucha. Si en Cuba, con una revolución triunfante, cuesta ir haciendo los cambios necesarios, en un contexto como aquí, en Guatemala, de derecha, cuesta mucho más. ¡Cuánto nos costó a nosotras, las mujeres, el reconocimiento de la existencia de violencia en Guatemala! Eso era algo que se tenía por normal. Con toda nuestra lucha empezaron a cambiar un poco las cosas. Empezó a cambiar un poco el marco legal, y así lo empezaron a aprobar una serie de partidos, y en el tiempo, con las Conferencias de las Mujeres organizadas por la ONU, fue que se empezó a reconocer la violencia. Ahora están las leyes, pero su aplicación así como se hace es muy deficiente todavía. Todavía a las mujeres se las manipula, se las excluye; se las hace estar más interesadas en ver la tecnología o la moda, y eso impide que las mujeres estén pensando en tomar conciencia de que son objetos, de que las ven como objetos. La violencia real sigue existiendo, el golpe, la violencia económica, psicológica, y también política.
Pregunta: Desde el 96, cuando se firma la paz, todo se empieza a inundar de cooperación internacional. Fue una avalancha de dólares y euros. Hasta se “puso de moda” el tema de género. ¿Qué opinás de todo eso?
Entrevistada: Creo que desde allí viene la despolitización. Con esa avalancha de dinero cualquiera hacía su grupo sin ningún objetivo estratégico, para conseguir algunos fondos, solamente hablando de equidad de género como una cierta moda que se había instalado. Era un chantaje. Para nosotras fue fundamental tener a la URNG, [Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, unión de los cuatro grupos guerrilleros existentes en ese entonces] porque íbamos luchando dentro de ese marco, al tener la unidad con las otras organizaciones. Teníamos muy claro cuáles eran los lineamientos dentro de ese marco. Como no dependíamos de la cooperación internacional, no teníamos la presión de responder a su agenda. El tema de la organización que propiciábamos estaba más enfocado en las necesidades y la educación formal y no formal de las compañeras, ya que coordinamos con IGER [Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica] la educación primaria y secundaria para mujeres, y lo informal iba acompañado de lo formal. En un inicio nos criticaron, porque las mujeres estábamos haciendo lo tradicional, porque dábamos costura, dábamos cocina, pero eso era lo que las mujeres querían. Pero por otra parte, y esto es lo importante, estas mujeres también estaban recibiendo la escuela primaria, y además había trabajo ideológico a través de los cursos que se daban. Con el partido diseñábamos los contenidos, sin dejar de tener en cuenta el contexto nacional e internacional, las condiciones de la fábrica, las condiciones laborales, las relaciones familiares, cuestiones de sexualidad, cuestiones de violencia. Fue una de las experiencias más significativas para nosotras, tener esa participación de las mujeres de sectores populares. (…) Después empezó la represión, principalmente en las fábricas. También el neoliberalismo iba avanzando, entonces iban desplazando las fábricas nacionales. En ese período de auge de las luchas y de la organización sindical fue que aprovechamos para darles herramientas para se pudieran defender.
Pregunta: Ya pasaron años trabajándose los temas de género, por lo que puede ser pertinente esta pregunta: la cooperación ¿sirve para impulsar cambios o puede funcionar como un freno en las luchas sociales?
Entrevistada: Siempre he pensado que sí, funciona como freno. Nunca se ha logrado hacer una agenda de negociación real entre la cooperación y los movimientos sociales, más del movimiento de mujeres Es una forma de control. Dan el dinero para los proyectos, pero te la pasás haciendo foros, reuniones, mientras te están controlando, y después hay que entregar un informe de qué es lo que se hace, quiénes son los participantes. En realidad es como un control dentro de la población –como una CIA metida adentro–. Allí está ese control, por todas partes. Los grupos de solidaridad con que trabajábamos no te pedían eso. En cambio hoy te dan un almuerzo y tenés que llevar los listados de todos los asistentes; es un control permanente, y además te ponen la agenda. Siempre tiene que estar alguien de la cooperación en cada inauguración, porque tienen que mostrar que financian las actividades. Todo eso le quita autonomía a las organizaciones, y a veces se termina priorizando solo lo de género pero solo en este marco que te fijan, y la cooperación no te permite el trabajo de clase, porque lo de etnia lo hace como parte de la cultura, pero controlado. La cooperación te dice qué se puede tocar y qué no. El tema de lucha de clases salió de escena.
(…) Hoy se habla de género pero no de clase, y antes hay clase pero no género. A nosotros nos tocó hacer esa articulación. Con el movimiento sindical nosotras articulamos las demandas de género con las de clase, así como también lo de etnia. Pero no nos dio tiempo para hacer todo lo que pretendíamos. Estábamos ante temas difíciles de tratar, de visibilizar. Queríamos hacer entender que el acoso sexual no solo se da por el empresario, sino que se da por los compañeros trabajadores también. Chocábamos ahí contra prejuicios, por eso tuvimos que ponernos a pensar y trabajar para que los compañeros se dieran cuenta del asunto.
Pregunta: El tema del patriarcado, ¿te parece que está suficientemente abordado en el campo del movimiento comunista, o ves un déficit allí?
Entrevistada: Cambiar el patriarcado es difícil, complicado. Para los hombres es un asunto difícil, porque no quieren perder privilegios. ¿Quién quiere perderlos? Y cambiar el patriarcado es cambiar relaciones de poder. Por supuesto, para los hombres es cómodo seguir manteniendo sus cuotas de poder. No es tan sencillo cambiar eso por decreto.
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