La lucha por el derecho de existencia de las mujeres pasa por denunciar y terminar con los tratados de comercio e inversión. No habrá justicia ambiental, social, económica y ni de género mientras Estados y corporaciones sigan firmando tratados que, directa e indirectamente, condenan las personas a la pobreza y a la muerte.
Vanessa Dourado
Nunca se ha hablado tanto y de forma tan abierta sobre el cambio climático. Las movilizaciones alrededor del mundo han sacudido la opinión pública y los medios de comunicación hegemónicos parecen ahora tocar este tema porque ya no les queda otra. Obviamente, los negacionistas y gobiernos del mundo siguen contribuyendo a la situación de emergencia climática; ya sea por la directa negación de los hechos o por la omisión de aquellos que saben muy bien las causas del problema y que, sin embargo, no dejan de plantear propuestas que profundizan el modelo fosilista y agroindustrial intensivo que son los mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
A través de los tratados de comercio e inversión se ha planteado salir de la crisis. Una vez más estos proyectos son señalados como una alternativa para salvar a las economías y recuperar el crecimiento económico, generar empleos, desarrollar las industrias, promover el desarrollo sostenible, entre otros tantos elementos cuya realidad solo existe en las cartas de intención.
La lógica que garantiza los derechos de los inversores por encima de los derechos de las personas es gran responsable de la profundización de las desigualdades, lo que también tiene su relación con la capacidad de adaptación al cambio climático y un fuerte impacto sobre las mujeres. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), las personas empobrecidas son más vulnerables y tienen menor capacidad de adaptación al cambio climático y según datos de la ONU un 70% de las personas que viven en situación de pobreza extrema en el mundo son mujeres. La nítida evidencia queda: la existencia de las mujeres es sacrificada para garantizar la ganancia de las corporaciones.
Mientras se desesperan las personas que saben las consecuencias del mantenimiento de este modelo de producción, distribución y consumo, las grandes empresas y empresarios celebran el incremento de sus negocios y se aprovechan de la pandemia para disminuir los obstáculos a sus proyectos. Estos obstáculos son, nítidamente, las leyes de protección ambiental, el monitoreo de zonas históricamente explotadas para el comercio ilegal y la resistencia de la sociedad civil hacia megaproyectos que destruyen y contaminan los ecosistemas.
Mientras arde la Amazonía, los bloques Mercosur y Unión Europea siguen la negociación de un tratado de libre comercio que significará más deforestación y más producción de carne, o sea más GEI, más avance sobre los territorios indígenas y, en consecuencia, más violencia contra los cuerpos de las mujeres originarias y campesinas.
Los proyectos de megaminería son grandes consumidores y contaminantes del agua y unos de los preferidos por las corporaciones para inversión, sobre todo en Latinoamérica. La situación de sequía es cada día más constante y frente a la escasez del agua, que afecta a varias regiones de América Latina, las mujeres y niñas son las responsables por recorrer largas distancias para abastecer a sus hogares. Una vez más recae sobre las mujeres el trabajo (no considerado trabajo y, por ende, no remunerado) de cuidados y de manutención de la vida. Porque sin agua nadie puede sobrevivir por mucho tiempo.
La quema de combustibles fósiles es el mayor responsable del cambio climático y los barcos de contenedores son uno de los grandes responsables por garantizar el comercio entre países. Los barcos que transportan mercancías de un lado a otro del mundo son grandes emisores de GEI: se calcula que en 2009 los 15 barcos cargueros de mayor envergadura emitieron más que 760 millones de automóviles. Más de diez años después, el modelo de transporte de mercancías no ha cambiado. Las consecuencias de esta forma de comercio totalmente irracional son los eventos extremos relacionados a los desequilibrios ambientales y, por ende, los refugiados climáticos. Según la Oxfam, entre un 70 y 80% de las víctimas fatales por tsunamis y huracanes son mujeres. Asimismo, Greenpeace informa que 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres.
Los números dejan en evidencia el carácter lesa-género de las emisiones de GEI, pero también su profunda relación con los tratados de comercio e inversión. La lucha por el derecho de existencia de las mujeres pasa por denunciar y terminar con los tratados de comercio e inversión. No habrá justicia ambiental, social, económica y ni de género mientras Estados y corporaciones sigan firmando tratados que, directa e indirectamente, condenan las personas a la pobreza y a la muerte.
Foto: Tribuna Feminista
Fuente: http://virginiabolten.com.ar/mujeres-genero/tlc-y-cambio-climatico-una-combinacion-lesa-genero/
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