Hace pocos días las organizaciones de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas ejecutadas por el gobierno de Alberto Fujimori denunciaron que el gobierno peruano volvía a postergar sus demandas de reparación, al crear un grupo de trabajo multisectorial para analizar y proponer mecanismos que aborden la problemática de quienes sufrieron este grave crimen cometido por el Estado Peruano (Resolución Ministerial Nº 0216-2020-JUS, del Ministerio de Justicia).
A más de 25 años de cometida la más masiva y sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres de nuestra historia, resulta indignante que este grupo de trabajo se proponga como tarea un nuevo “diagnóstico”, que además se prevé culminar el 31 de julio del 2021, es decir, cuando tengamos un nuevo gobierno y nuevas autoridades a cargo de los sectores de Salud, Mujer y Justicia, que son parte de dicha instancia. Creemos que la creación de este grupo de trabajo, y la fijación de este nuevo plazo no es más que una forma burda de transferir la tarea de las reparaciones al siguiente gobierno.
También es una manera de desconocer importantes avances resultado de la organización y demanda constante de las víctimas, como la existencia del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), que al momento cuenta con más de 7000 inscritas, además del conjunto de informes oficiales producidos durante poco más de dos décadas. En esa medida, la reciente iniciativa gubernamental sólo puede ser leída como un nuevo intento de evadir responsabilidades y retrasar la implementación de las reparaciones integrales que corresponden.
Seguramente más de un funcionario buscará explicar la necesidad de este Grupo de Trabajo bajo alguna racionalidad tecno burocrática. Ello solo evidencia el poco respeto a los derechos de quienes vieron cercenados sus cuerpos en nombre del desarrollo, la mejora de la calidad de vida y una política de planificación familiar, que fue contraria a los principios de consentimiento libre y plenamente informado de las mujeres.
En Noticias SER nos sumamos al reclamo de las organizaciones de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en su demanda de justicia y reparación. Sus derechos no pueden seguir siendo vulnerados ni postergados con grupos de trabajo, mesas o comisiones que solo sirven para que el Estado pase exámenes e informes de avance en instancias internacionales mientras que en el ámbito nacional, siga burlándose de ellas, maltratándolas como cuando sin su consentimiento se les esterilizó en las peores condiciones. Entre las muchas deudas pendientes del Estado, esta es una de las más graves y quizá la más vergonzosa.
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