Fuentes: Rebelión
En las últimas semanas, la emergencia del coronavirus (COVID19) puso sobre la mesa una institucionalidad desgarrada y visibilizó un entramado de desigualdades geopolíticas y sexogenéricas, todo esto, en el marco de un nuevo ciclo de la crisis del capitalismo contemporáneo.
Desde fines de la década del ochenta, nuestro continente dio paso a una serie de reformas económicas ideadas en los laboratorios del floreciente pensamiento neoliberal, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. A la cabeza de los Chicago Boys de Chile, Latinoamérica abrió sus economías realizando una serie de reformas constitucionales que a la postre posibilitarían la reducción de derechos sociales a través del desmantelamiento de cierta institucionalidad estatal, cuyo rango de acción habría sido definido en el (ahora pisoteado) contexto de las economías de bienestar. Una bala en la cabeza de Salvador Allende precedió el largo camino de los Chicago Boys. Desde entonces, se han tornado cotidianas las reformas previsionales, y es creciente el proceso de privatización de la educación y la salud. En la década del noventa las reformas económicas estuvieron abocadas a modificar la relación entre los Estados, los mercados y la sociedad. En la actualidad, el correlato de esta situación ha sido la dependencia casi total al mercado global de servicios, una tendencia progresiva a la concentración de la riqueza y la pauperización de las condiciones mínimas de vida. La flexibilidad laboral y la tercerización, profundizan desigualdades de géneros, clase y raza. La masa laboral activa en los años de los Chicago Boys se pensiona si puede. Es decir, poco a poco hemos asumido que la tercera edad dependa de sus hijxs, trabaje hasta el fin de sus días o viva en mendicidad, aun cuando cuenten con un mínimo pensional del que las siguientes generaciones ya no habrán de disfrutar. Este es el gran contexto del que partimos para vislumbrar las contradicciones de la mayor parte de la población latinoamericana después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como una pandemia mundial.
Como es de conocimiento corriente para el feminismo, la CEPAL cifra en alrededor del 30% la brecha salarial entre hombres y mujeres. Según el mismo organismo, las mujeres latinoamericanas perciben un 34% menos de ingresos (salariales o pensionales), dada la división familiar de la renta y el trabajo de cuidados de menores, enfermxs, y ancianxs.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), teniendo en cuenta la edad laboral, para el 2018 la participación de la fuerza de trabajo masculina en la región era del 75%, mientras que en las mujeres rondaba apenas el 50%. Esto no quiere decir que las mujeres trabajen menos que los hombres. Por el contrario, una de cada dos mujeres latinoamericanas está expuesta al desempleo o la informalidad. De hecho, «la desocupación de las mujeres subió 1,6 puntos porcentuales, por encima de la variación de los hombres que aumentó en 1,3 puntos porcentuales», según José Manuel Salazar, director regional de la OIT. Valga anotar que estas estadísticas adolecen de una perspectiva sobre la carga socioeconómica del trabajo doméstico. Sumemos al panorama el hecho de que siete de cada diez mujeres se desempañan en el sector servicios o comercio. Dos rubros cruzados por la informalidad parcial o total.
Teniendo en cuenta este horizonte, en medio de la crisis social, económica y política que atraviesa la región desde el año 2017 -para poner un estimativo de corto plazo-, las medidas para frenar la pandemia COVID-19 dejan sinsabores y preguntas que cuesta resolver con la misma urgencia.
Esta semana se decretaron cuarentenas en casi todos los países latinoamericanos y caribeños. Sin embargo, 140 millones de personas en la región dependen del sector informal. Teniendo en cuenta las cifras abordadas, debemos asumir que la mayoría de las mujeres se ven imposibilitadas de llevar a cabo tales medidas. Dado que en nuestro continente la mitad de las mujeres dependen de las economías de subsistencia, un día sin trabajar implica un día en que sus familias no pueden comer.
UN PANORAMA LATINOAMERICANO
Perú es uno de los países que tiene la tasa de informalidad más alta, aunque esta es incluso superior en países como Guatemala y Honduras, donde ronda el 80% según la OIT; o en Bolivia, donde asciende al 83%. Martín Vizcarra, presidente del país andino, anunció este lunes una bonificación de US$108 para que los sectores más desposeídos no tuvieran que verse expuestos al virus en el quehacer de sus trabajos precarios. Sin embargo, el monto está muy por debajo del salario mínimo mensual, estimado en US$263. Según el portal del Foro Económico Mundial, el bono no habría estimado el gasto en alquileres.
En un artículo titulado Las mujeres y la tierra, la propiedad y la vivienda, ONU Mujeres apela a la implementación de medidas urgentes en materia inmobiliaria. Mujeres, ancianxs, y enfermxs son los sectores más golpeados por la especulación de la tierra y la vivienda. Si se tiene en cuenta que las mujeres son propietarias de menos del 1% de la tierra, y un número apenas mayor de viviendas urbanas, debemos concluir que el gasto en alquileres tiene un peso abrumador sobre sus economías dado que, como se dijo anteriormente, trabajan y cargan sobre sus hombros la dependencia económica de la tercera edad, enfermxs e infantes.
En síntesis, medidas como las tomadas por el gobierno peruano (entre otros gobiernos) –como militarizar las calles para obligar a las personas a no moverse de casa-, no prevén el impacto de la inmovilidad sobre las economías familiares, cuya participación mayoritaria depende de los aportes de mujeres. Éstas, para evitar el riesgo de contagio, deben recluirse dos semanas en sus casas, no pudiendo hacer frente a las tareas de cuidados, el costo inmobiliario y la recesión laboral.
Sobre el impacto del COVID-19 en el sector de la salud en Uruguay, la médica y feminista uruguaya Virginia Cardozo explica que las medidas drásticas afectarán especialmente a las mujeres, que ya son el grueso de profesionales sanitarios que se enfrentan al sufrimiento y a las muertes: «Del total del personal asistencial en Uruguay, 76% son mujeres y 24% varones. En aquellas disciplinas que mantienen contacto más directo con la población –medicina general, medicina familiar y comunitaria, pediatría y profesiones no médicas– el índice de feminización es aún mayor. En los cargos de mayor responsabilidad jerárquica, por supuesto que el porcentaje de varones aumenta, desempeñándose en tareas que implican menor contacto directo con usuarios y usuarias de los servicios de salud».
Según La Diaria –diario feminista uruguayo-, el impacto de la infección por Covid-19 tiene mayor riesgo de repercusiones graves en la salud de los adultos mayores y en pacientes con múltiples patologías. Estas personas requerirán un aumento de los cuidados, elemento a tener en cuenta en un país con un envejecimiento activo de la población. Los cuidados en estos casos se encuentran mayoritariamente en las órbitas de las familias, por medio de cuidadoras informales que cumplen con tareas de alimentación, higiene, administración de medicamentos, vestimenta o acompañamiento a servicios de salud; 64% de las personas que se dedican al cuidado de adultos mayores son mujeres, y una buena parte de ellas inmigrantes.
En el caso de Venezuela, el bloqueo impuesto por Estados Unidos (y la corporación farmacéutica Bayer-Monsanto) ha golpeado fuertemente la salud. En palabras de Nicolás Maduro, el 75% de los ingresos de la Nación Bolivariana son destinados a la inversión social en vivienda, educación, salud, cultura y alimento. Lo cierto es que al día, por ejemplo, muchas personas gestantes tienen que buscar alternativas en sus partos para poder dar a luz, siendo imposible garantizar insumos de urgencia como la penicilina en casos de cesáreas u otras intervenciones. En este contexto de crisis económica y sanitaria, «El FMI dejó 1 billones de dólares para ayudar a los países golpeados por la pandemia COVID-19. Venezuela acudió al FMI para pedir $ 5 mil millones, destinados a importar suministros para abordar la pandemia. El FMI se negó», comenta el analista internacional Vijay Prashad.
No es la primera vez que la llamada ayuda internacional demuestra intenciones meramente utilitarias e irresponsables en momentos de extrema crisis. Países intervenidos como Haití guardan en la memoria la repercusión de los efectos intervencionistas de los países centrales. Huelga recordar en estos días que el país caribeño sufrió la peor crisis sanitaria inmediatamente después del terremoto, dado que en el mismo 2010 un destacamento militar de la ONU proveniente de Nepal difundió el brote epidémico del cólera en la región de Artibonito, a tan solo cien kilómetros de la capital Puerto Príncipe. El saldo de la tragedia fue de 9000 muertos. El silencio cómplice de los encargados de la ayuda humanitaria no hizo más que condenar a la muerte a miles de seres humanos. Hoy, en la Perla del Caribe se registran dos muertes de un ciudadano belga y otro francés, respectivamente. Dos muertes llaman la atención de las autoridades internacionales por el hecho de provenir del arco de países intervencionistas, sin que se lea ni asuma la responsabilidad correspondiente, sin embargo, de la fragilidad de las instituciones sanitarias producidas por la intervención imperial en dicha nación hermana. Como en tantos otros países, son las brigadas de salud de Cuba en Haití las que siguen haciendo frente a la desgracia de la muerte por la inanición sembrada bajo el yugo neoliberal.
En Chile, hasta la semana pasada la agenda mediática no había podido instalar el tema del Coronavirus. Incluso el gabinete del presidente Piñera fue abucheado por insinuar la proscripción del Plebiscito Constituyente en caso de una posible expansión del virus.
Desde el 18 de octubre del 2019 la sociedad chilena ha decidido poner fin al sueño precipitado de los Chicago Boys. No es raro encontrar en las plazas, al calor de las barricadas, gentes en sillas de ruedas tirando piedras, o enardecidas ancianas vociferando contra las AFP (sistema previsional privado, impulsado por el equipo económico del gobierno chileno en tiempos de Pinochet). Contrario a lo que pasó en España, donde mermó la convocatoria del 8M ante la posible expansión del virus, Chile vivió la mayor concentración feminista en toda su historia. Una militante de la Coordinadora Feminista 8M comentaba a la Cátedra Feminista Martina Chapanay que «con corona o sin corona la gente en Chile muere esperando una cama en un hospital; o peor, se mueren endeudados por tratarse una pulmonía. Los únicos exentos de morirse en la miseria son los carabineros (…) Pinochet pidió que se les dejara afuera de las AFP cuando el neoliberalismo reestructuró la salud y las pensiones».
En las últimas horas las fuerzas políticas consensuaron una nueva fecha para llevar el urgente plebiscito adelante, el cual se desarrollaría el 25 de octubre. Casi un año después de empezadas las revueltas en la cuna del neoliberalismo en Nuestra América.
En Argentina, mientras el gobierno nacional buscaba coordinar una estrategia con los gobiernos locales, e impelía a los y las trabajadoras a quedarse en casa, Beatriz Machado fue atropellada y asesinada por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, por decisión política del Jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. El caso de Beatriz es un ejemplo claro de la avanzada punitivista en medio del desconcierto generado por las medidas sanitarias del legislativo. Mientras las instituciones, empresas y locales comerciales llamaban a la cuarentena a sus trabajadores, Beatriz Machado, pensionada de 73 años, se veía forzada a defender su puesto de trabajo en la Plaza de Once. La mujer que vendía medias fue reprimida con saña por la policía federal. Beatriz sintetiza la cruda realidad de buena parte de las mujeres de nuestro continente.
Beatriz son las siete de cada diez mujeres que trabajan en condiciones de marginalidad; Beatriz es la pensionada que tiene que trabajar en la calle, ante el desguace inhumano del sistema previsional; Beatriz es la abuela de alguien que no puede pagar para cuidarla; Beatriz es la vida de la mayoría de las mujeres quienes pandemia o no, tienen que salir a defender su trabajo, con el único objetivo de defender su vida de la muerte, aun cuando esta termine ganando la partida.
Fuentes: Escrito para el Instituto Tricontinental de Investigación Social https://www.thetricontinental.org/es/ba-research/mujeresycoronavirus/
Para tener más información sobre la página y nosotrxs, nos puedes escribir al mail: ecofeminismo.bolivia@gmail.com
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