La comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales, LGBT, en Honduras, el pasado 04 de marzo, presentó públicamente el informe del Examen Periódico Universal, EPU 2020, en relación a su situación, en el cual señala al Estado responsable de tomar medidas legislativas que promueven el odio irracional sobre la orientación e identidad sexual de las personas.
En este contexto histórico el sometimiento sobre las y los miembros de la diversidad sexual se suman otras imposiciones como la discriminación y exclusión social, situación que han denunciado reiteradas veces, como también se ha pedido a las autoridades hondureñas la derogación de dos artículos constitucionales.
El 112 que señala que “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la Ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas igualmente capaces para contraer matrimonio. La Ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio. Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras”
Y el artículo 116 reza que “Se reconoce el derecho de adopción a las personas unidas por el matrimonio o la unión de hecho. Se prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho conformados por personas del mismo sexo. La Ley regulara esta institución” .
Según el boletín de prensa de la Coalición contra la Impunidad, frente al EPU “el Estado en lugar de tomar medidas para el reconocimiento de derechos de la población LGBTI, ha tomado medidas legislativas que abiertamente promueven la homolesbotransfobia”.
Asimismo se hace referencia sobre el acceso a la justicia cuyas acciones han sido insuficientes. También denuncian que existe un aumento en el nivel de violencia expresiva, y las acciones para reducir la impunidad son pocas.
Por otra parte entre las recomendaciones del “Informe Sombra Por Los Derechos Sexuales y Reproductivos”, presentado previo al EPU 2020, en mayo de este año, está la elaboración de una ley anti discriminativa para grupos en situación de vulnerabilidad.
Igualmente demandan que se reconozca plenamente la igualdad de derechos de la población LGBTI a nivel legislativo, de igual forma se acepte y regule el trabajo sexual autónomo en consulta con la Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras.
En contraste al tema, el coordinador de la Asociación LGTB Arcoíris, Donny Reyes, en una entrevista a pasosdeanimalgrande.com expresó que “la situación de la comunidad está color de hormiga por la indiferencia gubernamental de los entes estatales para la búsqueda de soluciones estructurales conforme al tema de la discriminación y a la violencia en contra de la población”.
Recalcó que les llama la atención que el 2020 sea un año político porque los períodos electorales son violentos para los colectivos y se recrudecen los ánimos, como también la impunidad sigue prevaleciendo.
No obstante, el coordinador de Arcoíris dijo que se han cometido siete crímenes de odio en este 2020 en perjuicio de los colectivos LGBT.
En otro orden de ideas conforme al contexto del EPU 2020 dijo que como uno de los sectores vulnerabilizados han realizado un planteamiento de cuatro elementos en los cuales se incluye, el acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, protección y el reconocimiento de derechos civiles, por ejemplo el tema del matrimonio igualitario.
Le piden a los Estados representados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Honduras será examinado en el EPU, que le recomienden a Honduras leyes en el marco de protección y mejoramiento de mecanismos diferenciados para la comunidad LGTB.
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