Por Francisca Valdés
Las trabajadoras a honorarios que deciden ser madres no están protegidas, no se les reconoce el fuero maternal ni se les resguarda el puesto de trabajo, no tienen derecho al pago del pre y post natal
La contratación de funcionarios/as públicos a honorarios en las distintas reparticiones del Estado ha ido en aumento durante los últimos años, hoy somos más de 360 mil trabajadoras y trabajadores los que hemos sido contratados bajo esta modalidad en ministerios, municipalidades, hospitales, universidades y otros servicios públicos. Al aumentar la contratación a honorarios, aumenta también la precariedad laboral en el servicio público, los trabajadores/as a honorarios del Estado al ser considerados “independientes” se ven expuestos a una enorme desprotección laboral que se manifiesta principalmente en la negación de derechos sociales y laborales básicos, como el derecho a vacaciones o el pago de las licencias médicas. Pero una de las principales demandas que hemos levantado las trabajadoras y trabajadores a honorarios del Estado, es el Derecho a una Maternidad Protegida.
Las trabajadoras a honorarios que deciden ser madres no están protegidas, no se les reconoce el fuero maternal ni se les resguarda el puesto de trabajo, no tienen derecho al pago del pre y post natal, no pueden acceder a sala cuna o jardín infantil en sus lugares de trabajo, como si lo hacen sus compañeras contratadas bajo la modalidad de plazo fijo (contrata) o planta.
Hoy, son bastantes los casos de compañeras que se ven expuestas a vejaciones y malos tratos cuando informan a sus jefaturas que se encuentran embarazadas, sabemos de casos de trabajadoras que han sufrido abortos espontáneos ya que no se les respetan sus licencias de reposo por embarazos de alto riesgo, otros casos de trabajadoras que no se toman el pre-natal debido a que no recibirán su salario si lo hacen asimismo otras compañeras que se ven obligadas a regresar a su trabajo antes de los tres meses de haber nacido sus hijos/as por motivos económicos, todas estas situaciones atentan contra la dignidad de las mujeres trabajadoras, y se contradicen con los Convenios Internacionales suscritos por nuestro país, además de los derechos garantizados en la Constitución Política y el Código del Trabajo.
Uno de los últimos casos que hemos evidenciado, es la una trabajadora a honorario que cumple funciones habituales y permanentes en el Centro de la Mujer de la Municipalidad de Calera de Tango y que se encuentra embarazada actualmente. Los centros de la mujer son dispositivos municipales para dar atención integral a mujeres víctimas de violencia, y a pesar de ser ejecutados por los municipios son financiados por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género SERNAMEG. Es importante mencionar que el SERNAMEG es uno de los servicios públicos que garantizaba el pago de pre y post natal a todas sus trabajadoras, independiente de su calidad contractual (planta, contrata, a honorarios) sin embargo, a partir de enero del presente año, el convenio que garantizaba este derecho ya no se encuentra vigente, esto debido a que comenzó a regir la Ley de Cotización Obligatoria que condiciona el pago de las licencias de pre y post natal al pago mínimo de 12 meses de cotizaciones de salud (sea Fonasa o Isapre) y también AFP. Esta situación a significado que Nicole, así como la mayoría de las trabajadoras a honorarios, vivan su periodo de embarazo llenas de incertidumbre, estrés y angustia.
Otro caso emblemático que también involucra a SERNAMEG ha sido el de otra trabajadora, que también se desempeñaba en un Centro de la Mujer, pero de la Municipalidad de Cerro Navia. Cuando ella se entera de su embarazo da aviso a su jefatura directa de la situación para que tuviera las consideraciones necesarias, ya que además la trabajadora presentaba un embarazo de alto riesgo, lo que significó que su médico le hiciera una licencia donde le recomendaba reposo absoluto por 2 semanas, sin embargo, su empleador no respeta íntegramente esta licencia médica, indicándole que no se podría cursar el pago de sus honorarios por el mes completo, si la licencia indicaba tantos días, en relación a esto y para darle una “solución” le piden que hablé con su médico para que redujera los días de licencia, y de esta manera podría tomar su descanso con “tranquilidad”, todo el estrés que generó esta situación sumado a que no puedo respetar el reposo recomendado por su médico, le provocan un aborto espontáneo a los días de iniciar su licencia. Posterior a este terrible hecho, y una vez que se integra a sus labores habituales, se le informa que su contrato no será renovado para el año 2018, sin darle mayores explicaciones, y agravando aún más la condición de la trabajadora que ya se encontraba inestable por lo que había vivido recientemente, y viendo vulnerados sus derechos sistemáticamente por parte de la Municipalidad de Cerro Navia y el SERNAMEG.
Un caso similar se vivió en el Hospital el Carmen el año 2016, cuando una trabajadora con un embarazo de alto riesgo también sufre un aborto espontaneo ya que no pudo respetar el reposo absoluto recomendado por su médico. Cuando la trabajadora comunica a su jefatura que extendieron su licencia ya que había complicaciones con su embarazo y tenía altas posibilidades de pérdida, la respuesta de su jefatura fue que podía tomarse la licencia, pero tenía que afrontar las consecuencias, refiriéndose al hecho de que esto iba a significar el no pago de su sueldo integro al finalizar el mes ya que estaba bajo modalidad contractual honorarios y las y los honorarios no tienen derecho a licencia. La trabajadora decide no tomarse la licencia luego de esta advertencia y finalmente pierde a su bebé. Otro caso muy complejo que se vivió en el mismo recinto hospitalario fue el de una trabajadora que vivió un embarazo bastante complejo, ya que al ser una funcionaria contratada bajo modalidad honorario, tuvo que trabajar hasta muy avanzado su embarazo, sin tomarse descanso prenatal, ya que no se lo pagarían, del mismo modo una vez que dio a luz a su hija, se vio obligada a reintegrarse al trabajo antes de los 2 meses de vida de su hija, ya que tampoco tiene derecho a post natal.
Considerando este nefasto panorama, creemos que es urgente la homologación de derechos laborales para todas y todos los trabajadores del Estado: exigimos un contrato único en el Estado, que acabe con las condiciones de precariedad laboral, resguardando fundamentalmente los derechos de toda trabajadora que decida ser madre.
¡¡Ante la precariedad, honorarios a luchar!!
* Francisca Valdés, Coordinadora Metropolitana de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios
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