Redacción central / Cambio
Bolivia es el país con la proporción más alta de mujeres parlamentarias en América, por encima de las demás naciones, señala un informe de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Se trata del estudio denominado La democracia paritaria en América Latina, los casos de México y Nicaragua.
Según el trabajo, en el que también participó IDEA internacional, la paridad de género es la política que ha logrado el número más alto de mujeres parlamentarias en la historia de la región
Esto ha permitido que América se constituya en la segunda región del mundo con más mujeres parlamentarias, con un promedio de 28,1% de mujeres electas en los parlamentos. El primer sitial lo ocupan los países nórdicos (41,1%).
En la actualidad, cinco países —Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y México— han adoptado la paridad de género en las candidaturas electorales, y dos más —Panamá y Honduras— han instituido la paridad en los procesos internos de los partidos políticos.
El aumento significativo de la representación de las mujeres se dio con mayor fuerza alrededor de 2015, en aquellos países que han adoptado la paridad electoral.
“La mayoría de éstos registran porcentajes superiores al 40%: Bolivia (53,2%), Ecuador (41,6%), México (42,4%) y Nicaragua (41,3%). Entre ellos, se destaca Bolivia, el país con la proporción más alta de mujeres parlamentarias en la región, y uno de los dos únicos países del mundo que supera la meta del 50% (IPU, 2016)”, cita el informe.
En el ranking mundial de mujeres parlamentarias que elabora la Unión Interparlamentaria (IPU), a junio de 2016, Bolivia, Ecuador, México y Nicaragua están entre los trece primeros países del mundo con más mujeres parlamentarias.
La CIM señala que Bolivia logró este sitial por la aprobación de reformas legales para aplicar la paridad en las candidaturas a ser inscritas para cargos de elección popular.
Solo en el caso boliviano este criterio fue incorporado en la Constitución Política del Estado (CPE) “como un principio de la democracia”, precepto que fue aplicado en la elección de los integrantes de los poderes del Estado, como el Legislativo, Ejecutivo, el Judicial y el Electoral.
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