Cada informe sobre violencia de género provoca una cascada de lugares comunes constreñidos por lo políticamente correcto. Se convierten en tabú datos como que la inmensa mayoría de denuncias no acaba en condena, que se producen en procesos de ruptura y que generan un gran negocio.
El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar su estudio ‘Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género’ correspondiente al año 2016. Toma sus datos del Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género del Ministerio de Justicia.
Estos dan para un análisis profundo que escape del carril del pensamiento único y la corrección política. Lo resumimos en cinco claves.
1.- La mayoría de las denuncias no acaba en condena
Según esos datos, en 2016 hubo 28.201 hombres denunciados por delitos relacionados con la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género. Pero según los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2016, se presentaron 142.893 denuncias y fueron enjuiciadas 19.388 personas.
Por otro lado, el INE asegura que cerca de 26.000 hombres fueron condenados y 6.288 absueltos en función de esta ley a lo largo del pasado año. Y de ahí algunos titulan con trampa pero a todo trapo que el 80,5% de los hombres juzgados por violencia de género han sido condenados. El número sale, pero es engañoso, pues sólo se refiere a aquellos que han llegado a juicio.
Por el camino se queda la gran mayoría de las denuncias que son archivadas, sobreseídas o resultan absolutorias. Un informe que evalúa de forma global los datos de dicho Observatorio entre 2004 y 2015 arroja la cifra real: el 87,7% de las denuncias no acaba en condena. O no son probadas, o son archivadas, o sobreseídas, o se trata de denuncias falsas, o de simulaciones de delito.
Y así con todo. Se lee que ‘28.281 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2016’, cuando la realidad es que, según el INE, esa cifra se refiere a aquellas mujeres con orden de protección o medidas cautelares.
Y que sean cautelares significa que 1) no prejuzgan el resultado final del proceso; 2) no se ha producido el juicio y 3) la presunción de inocencia del acusado está intacta.
Como derivada, si (al menos aún) no hay culpable, no puede haber víctima. Como mucho habrá presunto culpable y presunta víctima.
“Y EL MEDIO QUE NO SE PLIEGUE NO COBRA. ESO, EN TIEMPOS DE CRISIS, ES MUCHO DECIR”
2.- Los grandes medios de comunicación, rehenes felices
En un país en el que los medios se la han cogido con papel de fumar hasta la náusea con el uso del “presunto” para otras muchas informaciones judiciales, resulta llamativo cómo se omite este puritanismo en el caso de la mal llamada violencia de género.
Claro que, desde hace años, todos los grandes medios que dependen en mayor o menor medida de la publicidad institucional, en especial las televisiones, están atrapados al comprometerse a asumir los postulados de asimetría judicial e inversión de la carga de la prueba de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género.
Y el medio que no se pliegue no cobra. Eso, en tiempos de crisis, es mucho decir. Por eso en Actuall podemos permitirnos el lujo de decir de vez en cuando que el Rey está desnudo. Sólo dependemos de nuestros donantes.
“EL 22,9% HABÍA SIDO PAREJA DE HECHO DEL DENUNCIADO; EL 13,4% EXNOVIA; EL 6,4, EXCÓNYUGE; Y EL 1,6% SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SEPARACIÓN”
3.- Ruptura familiar y denuncia: vencedores y vencidos
Volvamos al asunto de las denuncias. Porque hay una ausencia notable de análisis del contexto en el que se produce la mayoría de las denuncias. Y es muy relevante.
Sólo el 23,3 % de las denuncias se producen cuando acusadora y acusado mantienen la condición de cónyuges. Dicho de otra manera: sin contar a aquellos que están unidos por un matrimonio (civil o eclesiástico) la mayoría de las denuncias se producen en situaciones de ruptura familiar.
El 22,9% había sido pareja de hecho del denunciado; el 13,4% exnovia; el 6,4, excónyuge; y el 1,6% se encontraba en proceso de separación. Resulta cuando menos digno de estudio el hecho de que la mayoría de denuncias se produzcan en el contexto de una ruptura o en el de una relación estable distinta de la del matrimonio.
La ruptura familiar en España es una lacra creciente, cada día más perversa. En vez de convertirse en un proceso pacífico, en lo que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y se divide o comparte lo común con raciocinio, se ha convertido en una batalla campal en la que tiene que haber por narices vencedores y vencidos.
Y a río revuelto, ya se sabe.
“EL USO (MÁS BIEN ABUSO) DE LA DENUNCIA INSTRUMENTAL ES PELIGROSÍSIMO Y PRODUCE CASOS ESPELUZNANTES”
4.- La denuncia como baza estratégica
No es desconocido para los jueces y abogados especializados en Derecho de Familia que la mera presentación de una denuncia produce numerosas ventajas económicas y de estrategia judicial sobre cuestiones tan delicadas como la custodia de los hijos.
Además de la gratuidad de la asistencia jurídica, se producen ventajas como la que recientemente ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid: las mujeres, sin necesidad de denuncia previa o una orden judicial relacionada con violencia de género, tendrán prioridad para ser beneficiadas por una vivienda de emergencia social durante seis meses.
El uso (más bien abuso) de la denuncia instrumental es peligrosísimo y produce casos espeluznantes como el de Juan Antonio, un profesor que fue detenido a las puertas de su colegio y víctima de 14 denuncias que nunca llegaron a condena. Marcado de por vida en el trabajo y en su entorno. Inocente según la justicia. ¿Hay investigaciónes por denuncias falsas?
Sobre este particular, se reitera con obstinación que sólo el 0,4% de las denuncias son falsas según las estadísticas. Aunque más bien se debería decir que sólo en ese porcentaje paupérrimo la Justicia tiene a bien investigar. Y sólo algunas trascienden, como el caso de Vanessa Skewes, que hasta recogió 150.000 firmas electrónicas pidiendo protección frente al maltrato. Ahora se ha conocido que todo era mentira.
5.- El negocio de las denuncias instrumentales
La Unión Europea elaboró un estudio referido al año 2012 en el que trataba de establecer una estimación de los costes asociados a la llamada violencia de género. El resultado para España es monumental: 24.000 millones de euros.
¿Y a dónde va a parar ese dinero? Pues a una serie de organizaciones, mayoritariamente vinculadas al PSOE, pero no solo, que han acaparado –más bien cooptado- la mayoría de los organismos creados al efecto y, por tanto, las millonarias subvenciones de las Administraciones.
Entre las asociaciones que más se benefician de este negocio se encuentran la Fundación Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Y cuantas más denuncias, más ‘mercado’ y más subvención. Lo más triste de ello es asistir a un derroche que va en detrimento de las verdaderas víctimas de la violencia machista.
https://www.actuall.com/criterio/familia/5-claves-las-denuncias-violencia-genero-nadie-te-cuenta/
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