Por Politika
58 instituciones y 404 personas fueron responsables de los 694 casos de homofobia y transfobia ocurridos en 2018. El Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia ubicó en primer lugar a Carabineros de Chile, seguido por Gendarmería y la UDI (partido político pinochetista). Las denuncias y abusos basados en la orientación sexual e identidad […]
58 instituciones y 404 personas fueron responsables de los 694 casos de homofobia y transfobia ocurridos en 2018. El Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia ubicó en primer lugar a Carabineros de Chile, seguido por Gendarmería y la UDI (partido político pinochetista).
Las denuncias y abusos basados en la orientación sexual e identidad de género aumentaron un 44% según el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En 2018, se registró un total de 698 casos, la cifra más alta conocida y que representa el 22% de los 3.137 atropellos contabilizados en 17 años.
De acuerdo al desglose realizado por el Movilh, las 698 situaciones reportadas contra la población LGBTI se dividen en: tres asesinatos, 58 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles desconocidos por las víctimas; 16 casos de abusos policiales; 28 hechos de discriminación laboral; 37 episodios de exclusión educacional; 102 movilizaciones o campañas homo/transfóbicas; 271 situaciones de marginación institucional; 17 denegaciones de derechos en espacios públicos o privados; 72 actos de violencia comunitaria (familiares, vecinos, amigos, conocidos), 92 declaraciones de odio y dos abusos en el terreno de la cultura, los medios o el espectáculo.
Las golpizas, torturas y robos policiales fueron la categoría de discriminación donde más incrementaron los atropellos, con un 1.500% más que el año precedente, seguida por la marginación o intentos de exclusión institucional (+613%), los abusos en el sistema educacional (+85%), los asesinatos (+50%), la denegación de derechos en espacios públicos o privados (+54%,), las movilizaciones o campañas contra los derechos LGBTI (+32%.) y las agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles (+3,6%).
Al respecto, el informe establece que “los principales aumentos se dieron en áreas administradas por el Estado (policías, instituciones públicas, educación), justamente donde los agentes públicos debiesen garantizar la integridad de las personas. Por el contrario, el Estado se relajó frente a los abusos cometidos en sus dependencias y por sus funcionarios y fue totalmente indiferente a los atropellos ocurridos en otros campos, a tal nivel, que no hubo condena a ningún abuso o torturas de policías o gendarmes, ni tampoco asistencia a las víctimas”.
“Tampoco existió reproche público por parte del Poder Político contra los asesinatos o agresiones físicas padecidas por personas inocentes, lo cual implica un retroceso y olvido de todo lo aprendido tras la muerte de Daniel Zamudio en 2012, dándose una negativa señal de impunidad a favor de los victimarios y potenciándose la victimización secundaria, que, queriéndolo o no, a su vez refuerza y valida de manera indirecta la ocurrencia de violencias en áreas ajenas al aparato estatal”, agrega el documento elaborado por la organización.
Población trans, la más afectada
En las 17 entregas del informe, esta es la tercera vez que la población trans acumula el mayor número de denuncias, con el 39% del total reportado para el año 2018. La proporción equivale a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.
“El aumento se cruza con paradojas. Por un lado, se explica por el avance de la Ley de Identidad de Género y el triunfo de una Mujer Fantástica en los Oscars, lo cual provocó la ira y el rechazo de los grupos y personas anti-derechos que se movilizaron continuamente para boicotear la norma o, derechamente, para ofender a la actriz Daniela Vega. Sin ir más lejos, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra Vega y 218 para boicotear la ley”, precisa el informe.
Para explicar el incremento, el estudio aduce al mayor empoderamiento “de las personas trans para denunciar abusos en áreas donde antes guardaba silencio. Así es como se conoció denuncias en los campos laborales y educacionales (…) terrenos históricamente vedados a este grupo humano”.
El ranking de la homofobia y transfobia
Por otra parte, el informe determina que 58 instituciones y 404 personas fueron responsables de los 694 casos de homofobia y transfobia ocurridos en 2018. Así, el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia ubicó en primer lugar a Carabineros de Chile, seguido por Gendarmería, la UDI, el Tribunal Constitucional, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Catedral Evangélica, el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, la Universidad de Los Andes, el Centro de la Familia Universidad Católica y el Destacamento de Montaña Número 17 de Los Ángeles, entre otros.
En el plano individual, el Ranking es encabezado por asesinos de personas LGBTI, seguidos por los ministros/as del Tribunal Constitucional (Iván Aróstica, Marisol Peña, Domingo Hernández, Juan José Romero y Cristián Letelier). Más atrás aparece la presidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, Carmen Gloria Aylwin.
En el plano político, los apuntados son los senadores Iván Moreira, Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Castro Prieto, Francisco Chahuán. También los diputados Juan Antonio Coloma, Enrique Van Rysselberghe, Ignacio Urrutia, Osvaldo Urrutia, Eduardo Durán, René Manuel García, Francesca Muñoz, Cristóbal Urriticoechea y Leonidas Romero, además del agitador de ultraderecha, José Antonio Kast.
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