Feminismo & Aborto
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| El pasado 28 de Septiembre se celebró el día de acción mundial por un aborto legal, seguro y gratuito. |
Han transcurrido 26 años desde el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. La definición, se motivó a las complicaciones que el aborto inseguro y clandestino genera en la población femenina, constituyéndose como la primera causa de mortalidad de esta población en muchos de los países de la región. Este año, se desarrolla una nueva jornada de acción global por la Despenalización del Aborto, ¿cuál es la realidad de las mujeres?, ¿cuáles siguen siendo los retos? Desde 1990, más organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña. Solamente en Argentina, escenario que convocó la cita hace 26 años, la iniciativa articula a más de 400 organizaciones de mujeres en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; y a nivel regional, se han desarrollado diversas iniciativas de mujeres que brindan información segura para la interrupción voluntaria del embarazo bajo métodos certificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Movilizaciones de calle, plataformas sociales, redes de información por el aborto seguro y legislaciones que plantean un entramado jurídico de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a partir del reconocimiento en ley del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, son parte de los procesos que caracterizan el escenario actual sobre el aborto en la región. Sin embargo, las penalización constituye aún la norma en varios países de América Latina y el Caribe.
A 26 años: una mirada regional
La experiencia continental al respecto del tema, presenta diversas iniciativas e interpretaciones sobre el aborto y su consideración como un derecho de las mujeres. Según investigaciones de la Red de Información por el Aborto Seguro (R.I.A.S), plataforma que brinda información y orientación en Venezuela a mujeres para la interrupción del embarazo bajo protocolos seguros de uso del Misoprostol (Cytotec), emanados de la OMS, sólo en Cuba, Guyana, Barbados y Puerto Rico está legalizado el aborto. Esto significa, que la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo es considerada un derecho humano, es legal y generalmente gratuito por el compromiso del Estado a garantizar a las mujeres un acceso oportuno, seguro y confiable para su práctica. En Uruguay y el Distrito Federal de México está despenalizado, en este último con restricciones diferenciadas respecto a Uruguay, pero que supone en ambos casos que las mujeres que se practican un aborto y el personal de salud que le asiste, están libres de enfrentar un proceso judicial. En países como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Argentina, Nicaragua y Panamá, la despenalización del aborto es por causal, es decir, por causas que se consideran una excepción al delito del aborto y por las que no se penaliza su práctica. En este caso, existen cuatro causales que motivan la no penalización; la primera, el riesgo de la salud física y/o psíquica de la mujer, la segunda, cuando el embarazo es resultado de violación sexual o estupro, la tercera, diagnóstico de malformación del feto que no le permitirá sobrevivir más allá del parto y finalmente, cuando la mujer se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Las causales no son aplicadas en su totalidad en los países antes citados, por lo que la inclusión de todas las causales o de algunas de ellas, varía en uno u otro caso según las legislaciones de cada país y presentan, en varios de ellos, procedimientos legales minuciosos para la argumentación del caso y ejercer el aborto como medida, que pueden representar en el proceso, la victimización de las mujeres que deciden por estas causales interrumpir el embarazo. Solamente en Venezuela, Chile, El Salvador, Honduras y República Dominicana, la legislación es totalmente restrictiva sobre la práctica del aborto, sin consideración de causales para su ejercicio. Las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo, personas que le asisten y el personal médico involucrado, independientemente de la causa que lo motive, pueden ser sancionados o sancionadas con prisión. El acercamiento a estas realidades, los planteamientos legislativos y el reconocimiento del tema, disponen entonces una premisa: las mujeres abortan. Esto lo refrendan datos de la OMS, donde se calcula que 42 millones de mujeres se practican un aborto por año en el mundo, cifra que es resultado de los registros de países donde el aborto es legal o despenalizado, y de estimaciones en los países donde su práctica es clandestina. Estos datos, son inherentes a una realidad en países donde la interrupción voluntaria del embarazo no posee un entramado jurídico de protección de las mujeres que lo practican. Cerca de 70 mil mujeres, mueren cada año en el mundo a causa de las complicaciones de abortos inseguros, lo que corresponde aproximadamente a un 13% de las 600 mil muertes maternas que se producen anualmente. En Venezuela, esa cifra correspondía, para el año 2014, a que 1 mujer falleció por complicaciones en la práctica de abortos inseguros, cada semana.
Mitos y realidades: legalización y despenalización o penalizarlo
Las leyes restrictivas no impiden que las mujeres se practiquen abortos. Inversamente, generan que el procedimiento sea clandestino e inseguro disparando así cifras de mortalidad. La mayoría de los abortos que se realizan cada año en el mundo, se llevan a cabo justamente en los países donde está penalizado. En los países donde se legalizó o despenalizó el aborto, el impacto demográfico y social sobre la calidad de vida de las mujeres, según las cifras, es evidente. Poniendo énfasis en la región, en el caso de Cuba, donde el aborto fue despenalizado en el año de 1965 por considerarlo un problema de salud pública y de afectación directa en la calidad de vida de las mujeres, se dio una caída de la tasa de mortalidad materna siendo actualmente de 21,5%. De las más bajas del mundo. Disminuyó también la tasa de fecundidad materna que en 1963 se ubicaba en 4,7 hijos o hijas por mujer, llevándola en 2013, a 1,46. Referenciando otro caso en la región, la mortalidad materna ha descendido dramáticamente en Uruguay tras la despenalización del aborto, convirtiéndose en el único país de América Latina que ha logrado cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU número 7, que corresponde a “mejorar la salud materna”. En el período 1995 – 2002, se estimaban en Uruguay un promedio de 33 mil abortos ilegales por año.
Sin embargo, tras la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en 2012-2013 se registraron 6.676 casos, es decir disminuyeron en un 80%. Según los datos oficiales, que reflejan aún un margen de abortos realizados por fuera del sistema, se producen 7.200 abortos por año, lo que equivale a una tasa de 10 abortos cada 1000 mujeres. Pese a ello, en ambos casos se confirma que la cifra no aumentó con la legalización o despenalización de la práctica, por el contrario, ha disminuido afectando directamente la reducción en la tasa de mortalidad de las mujeres al tener acceso a un sistema de garantías de salud seguro y gratuito. Estas medidas, han venido acompañadas de un entramado de atención en materia de planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos. En realidades sociales diversas, la disminución de muertes se vincula entonces según los datos, con la disminución de las prácticas de aborto ilegales, clandestinos e inseguros, como resultado de las políticas de plantificación y de educación sexual que integran, o son parte sustantiva, de las propuestas de ley y políticas públicas que favorecen la interrupción voluntaria del embarazo, no cómo método anticonceptivo, sino como medida de atención a la salud de las mujeres. Volviendo al ejemplo de Cuba, en la búsqueda precisa de que el libre acceso al aborto no se vea como un método anticonceptivo, la educación sexual y reproductiva comienza a impartirse en las escuelas desde los primeros años de educación primaria, acompañado de un acceso priorizado a dispositivos de prevención del embarazo a las mujeres en edad de fecundidad.
Para ello, se ha hecho fundamental el reconocimiento de la sexualidad como práctica inherente a la vida de los seres humanos. Al respecto, la investigación de R.I.A.S, arroja que con la legalización o despenalización hay una mejora general en todos los aspectos de la planificación familiar, coordinándose de forma lógica los servicios de anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo, con el reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad y tener plena potestad, sobre el tiempo para su ejercicio, o no, y la realización de otro proyecto de vida. En los países donde esto ha logrado consolidar una política pública de atención, la mejora en la calidad de vida de las mujeres, en indicadores sociales, pero en condiciones espirituales, intelectuales, integrales, son representativas.
“Educación para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”
A 26 años de la convocatoria en Argentina, tuvimos la oportunidad de conversar con Analía Bruno, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, iniciativa que desde hace 11 años articula a diversos actores por el reconocimiento pleno de las premisas de plenitud, seguridad y gratuidad en la interrupción voluntaria del embarazo y que ha sistematizado en la consigna “Educación para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”, un planteamiento global sobre el derecho de las mujeres y la sociedad toda a políticas integrales de atención. Analía, plantea que como esfuerzo de articulación de organizaciones de mujeres, con once años de activismo, la Campaña “sigue en lucha por la Ley que reconozca el derecho al aborto y que garantice los Derechos Humanos de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar”.
Asegura, que la fortaleza de esta iniciativa radica en la de la articulación unitaria de diversos y diversas actoras del movimiento de mujeres y feminista, en “una amplia y duradera alianza (tejida) con más de 400 organizaciones y el apoyo de sindicatos, espacios sociales y de DDHH, universidades nacionales y partidos políticos (…), (que ha venido) acompañado por la firma de más de 40 diputadas y diputados de diferentes bloques (del parlamento nacional)”, reflejando un esfuerzo conjunto ante una realidad que no es sólo de las mujeres, sino de la sociedad. Sobre la agenda por la despenalización total del aborto, plantea que la Campaña propone como exigencia central “el tratamiento inmediato en el Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, (…) que hasta el momento los legisladores y las legisladoras no demostraron estar a la altura del debate avanzado en la sociedad y nunca dieron lugar al tratamiento de la ley en el Congreso”.
Volviendo sobre los procedimientos engorrosos y violentos sobre las mujeres que deciden interrumpir el embarazo de manera voluntaria, donde Argentina representa uno de los países que reconoce causales, Analía expresa que “la pasividad del Estado, la falta de políticas públicas en educación y salud; y la creciente criminalización de las decisiones de autonomía de las mujeres, avanza sobre nuestros derechos cada vez que a una mujer es violentada, (siendo) re victimizada por las instituciones o encarcelada por la denuncia de integrantes de equipos de salud que violan el secreto profesional”. Asegura Bruno, que “este cuadro de situación no solo incrementa las interrupciones del embarazo sino que también, aumenta los riesgos para la salud integral de las mujeres exponiéndolas a abortos inseguros con el consecuente riesgo para la vida que esto supone”.
Ante el contexto político actual en el país, de retroceso progresivo en la conquista de logros sociales tras la asunción de la presidencia de Mauricio Macri, Bruno plantea que se encuentran con “(una) violencia invisible y coercitiva que cercena nuestra autonomía y derecho a decidir y que pone en riesgo la salud integral: física, psíquica o social de las mujeres, y porque la realidad demuestra que la criminalización del aborto no lo impide; las mujeres y feministas construimos estrategias con Socorristas y de conformación de redes como las de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de Docentes por el Derecho al Aborto, brindando información segura a lo largo y ancho del país”.
Asegura que “en todos los espacios de activismo seguimos reclamando: (primero), aplicar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas del país que contribuya a la conformación de nuevas subjetividades y a relaciones no jerárquicas ni discriminatorias entre las personas; (segundo), la efectiva aplicación del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación, y en consonancia con el fallo F.A.L. [En 2012 la Corte Suprema de Justicia reafirmó ese derecho que tienen las mujeres, las adolescentes y las niñas en un fallo histórico conocido con las siglas F.A.L.], de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; (tercero), la conformación de Consejerías pre y pos aborto, la capacitación a efectores y efectoras de salud y la producción y acceso al Misoprostol y mifrepristona”.
Legislar sobre el tema: un pendiente social
Asumiendo la salud como un tema social e integral, en Venezuela, desde la Red de Información por el Aborto Seguro, se reconocen los avances en importantes herramientas en materia de políticas públicas para orientar acciones en salud sexual y reproductiva, lo que ha presentado innovaciones en programas de atención en salud sexual en adultas y en la adolescencia, atención a la salud sexual en hombres, partos humanizados y una legislación para erradicar la violencia obstétrica, promoviendo el acceso a la información anticonceptiva, prevención del cáncer en el cuello uterino.
Sin embargo, aunque existen estas herramientas, el Estado no ha logrado dar los primeros pasos en materia de un debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela, “pues las raíces de una sociedad Patriarcal y altamente influenciado por los dogmatismos religiosos hacen difícilmente avanzar en la discusión del mismo tema”, asegura Anny Betancourt, integrante de R.I.A.S, con quién tuvimos oportunidad de conversar a propósito de este 28 de septiembre. La maternidad no planificada y el incremento del embarazo adolescente, representan nudos críticos y de debilidad en la política de atención pública. En estos últimos tres años, donde Venezuela ha sido sometida a un contexto de guerra económica que afecta de manera diferenciada a los sectores de mayor riesgo social y entre ellos, de manera específica a las mujeres, Betancourt plantea que “desde R.I.A.S, hemos venido observando cómo se desaparecen del mercado la venta a precios accesible de los métodos anticonceptivos, situación todavía más acentuada en el interior del país”. Asegura, que esto “repercute en que la mayoría de las mujeres deban recurrir al mercado clandestino, quien permite que muy pocas personas accedan a la comercialización, por sus características inseguras. Además, de la especulación en los precios, que hace que miles de mujeres no puedan comprarlas”.
Plantea Anny, que “evidentemente hay un cerco farmacéutico para el acceso de los métodos anticonceptivos, tanto los métodos de barrera que garantizan una salud sexual y reproductiva de la mujer, hasta la obtención de pastillas anticonceptivas”. La ausencia de preservativos, lleva consigo el incremento en los índices de infecciones transmitidas por el contagio sexual, así como el impacto en el aumento de embarazos no deseados, que “lleva a nuestro país en el 2013, señalado por la ONU, como el primero en Suramérica con embarazo en adolescente”. Para este año 2016, estas estadísticas se han transformado por incremento y no por disminución, lamentablemente, y se vinculan con la necesidad de una política integral que priorice la garantía sobre los derechos sexuales y reproductivos, puesto que “los embarazos no deseados (…), atentan directamente con el derecho a decidir de nosotras sobre nuestro propio cuerpo”, asegura Betancourt y según diversos indicadores sociales, incrementarán y restaurarán de manera progresiva los índices de pobreza extrema, deserción escolar y violencia intrafamiliar.
En Venezuela, desde la Red de Información por el Aborto Seguro, reiteran, que el responsable en estos índices en ascenso, no es solamente el estado Venezolano, el cual ha hecho esfuerzos por el desarrollo de políticas preventivas que consoliden sistemas de educación en favor de los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes, mujeres y hombres, logrando en 2015 el lanzamiento del Plan Nacional para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, emanado del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y Igualdad de género, donde se intenta garantizar el conocimiento, protección y ejercicio de los derechos, sobre todo en aquellas venezolanas en situación de mayor riesgo social, a fin de que puedan ejercer la autonomía sobre sus cuerpos. Aseguran, que el ataque económico sobre el país ha ejercido una presión segmentada sobre las mujeres, no sólo en el acceso a productos de consumo personal, sino en lo referente al acceso de métodos para la prevención del embarazo y anticoncepción.
Betancourt, expone que desde R.I.A.S reconocen “un aumento descontrolado de las llamadas de personas que quieren ejercer el derecho a decidir”. Esto ha generado que a principios de año lanzaran dos líneas telefónicas que ampliaran la acción de atención que ya venían desarrollando junto a la antigua línea 0426-1169496. Están a disposición los números 0414-4916747 y 0412-9332364, para atender efectivamente las llamadas que han superado las 20 que recibían diariamente a finales del año 2015. R.I.AS, asume que en este contexto, se hace necesaria “la batalla (contra el) cerco farmacéutico”. Como Red, han consiguiendo métodos anticonceptivos para distribuirlos de forma efectiva, libre y gratuita en los estado donde tienen presencia. Sin embargo, reconocen que se hacen necesarias medidas masivas al respecto, para detener el incremento descontrolado de embarazos no planficados y sus consecuencias. Desde su ambito de incidencia, donde proporcionan información segura sobre la interrupción del embarazo, las mujeres que piden orientación de cómo abortar con pastillas, “ejerciendo su derecho a decidir de una manera segura”, como asegura Betancourt, según estadisticas desarrolladas por la Red sobre las causales de intención de aborto, aluden al contexto de presión económica. Expresan, según señala Anny, que “la situación económica me impide llevar a cabo un embarazo” ”. Enfatiza en que “los representantes del sistema monstro en que vivimos (el capitalismo), nos presiona en la transición a un nuevo paradigma, donde el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo sea reconocido como un Derecho Humano en Venezuela”.
En el Congreso Venezolano de Mujeres, celebrado el 8 Marzo del 2015, el presidente Nicolás Maduro llamó a la colectividad a un debate nacional sobre este tema, debido a las discusiones realizadas en las diferentes mesas de trabajo donde se habló de la necesidad de quitarle el velo a esta realidad que se vive diariamente en la sociedad venezolana y mundial, pero que como señala Betancourt, “está guardada en el clóset”. El presidente expuso textualmente que “no le tengamos miedo a ningún tema, todos deben ser debatidos: la protección de la mujer embarazada, el embarazo precoz, el aborto, el matrimonio igualitario. No le tengamos miedo a nada, tengamos confianza en los valores que hemos construido”. Las cifras de Venezuela al respecto, refrendan este llamado. Para el año 2006, la Maternidad Concepción Palacios registró unas 10.000 pacientes que ingresaron, 4.321 de ellas con abortos inducidos voluntariamente en progreso. Estas, conforman el 43,16% de los casos atendidos, es decir, casi la mitad de la población que ingresó al centro hospitalario en ese año. Asimismo, según el Ministerio para el Poder Popular para la Salud, en el año 2009 se registraron unas 434 defunciones maternas de las cuales, 41 casos corresponden a defunciones por aborto. Según este informe, el aborto ocupa el cuarto lugar entre las razones de muerte materna y en otro estudio realizado en el año 2012, refiere que el 17,61% de las muertes maternas ocurridas en la Maternidad Concepción Palacios entre 2001 y 2008, se relacionaron con abortos. Según el último informe presentado por el Estado Venezolano ante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la mortalidad materna para el año 2010, se ubicada en 68,47%. Así como a escala global, en Venezuela, el aborto es una realidad de salud pública.
Legislar, se propone como el camino más acertado para la reversibilidad de estas cifras. Entretanto, mujeres siguen siendo expuestas a procedimientos clandestinos e inseguros. Son expuestas a morir al no tener garantías legales sobre el derecho a decidir sobre su maternidad. Entonces, ¿nos llamamos como sociedad a debatir sobre este tema?
A 26 años: una mirada regional
La experiencia continental al respecto del tema, presenta diversas iniciativas e interpretaciones sobre el aborto y su consideración como un derecho de las mujeres. Según investigaciones de la Red de Información por el Aborto Seguro (R.I.A.S), plataforma que brinda información y orientación en Venezuela a mujeres para la interrupción del embarazo bajo protocolos seguros de uso del Misoprostol (Cytotec), emanados de la OMS, sólo en Cuba, Guyana, Barbados y Puerto Rico está legalizado el aborto. Esto significa, que la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo es considerada un derecho humano, es legal y generalmente gratuito por el compromiso del Estado a garantizar a las mujeres un acceso oportuno, seguro y confiable para su práctica. En Uruguay y el Distrito Federal de México está despenalizado, en este último con restricciones diferenciadas respecto a Uruguay, pero que supone en ambos casos que las mujeres que se practican un aborto y el personal de salud que le asiste, están libres de enfrentar un proceso judicial. En países como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Argentina, Nicaragua y Panamá, la despenalización del aborto es por causal, es decir, por causas que se consideran una excepción al delito del aborto y por las que no se penaliza su práctica. En este caso, existen cuatro causales que motivan la no penalización; la primera, el riesgo de la salud física y/o psíquica de la mujer, la segunda, cuando el embarazo es resultado de violación sexual o estupro, la tercera, diagnóstico de malformación del feto que no le permitirá sobrevivir más allá del parto y finalmente, cuando la mujer se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Las causales no son aplicadas en su totalidad en los países antes citados, por lo que la inclusión de todas las causales o de algunas de ellas, varía en uno u otro caso según las legislaciones de cada país y presentan, en varios de ellos, procedimientos legales minuciosos para la argumentación del caso y ejercer el aborto como medida, que pueden representar en el proceso, la victimización de las mujeres que deciden por estas causales interrumpir el embarazo. Solamente en Venezuela, Chile, El Salvador, Honduras y República Dominicana, la legislación es totalmente restrictiva sobre la práctica del aborto, sin consideración de causales para su ejercicio. Las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo, personas que le asisten y el personal médico involucrado, independientemente de la causa que lo motive, pueden ser sancionados o sancionadas con prisión. El acercamiento a estas realidades, los planteamientos legislativos y el reconocimiento del tema, disponen entonces una premisa: las mujeres abortan. Esto lo refrendan datos de la OMS, donde se calcula que 42 millones de mujeres se practican un aborto por año en el mundo, cifra que es resultado de los registros de países donde el aborto es legal o despenalizado, y de estimaciones en los países donde su práctica es clandestina. Estos datos, son inherentes a una realidad en países donde la interrupción voluntaria del embarazo no posee un entramado jurídico de protección de las mujeres que lo practican. Cerca de 70 mil mujeres, mueren cada año en el mundo a causa de las complicaciones de abortos inseguros, lo que corresponde aproximadamente a un 13% de las 600 mil muertes maternas que se producen anualmente. En Venezuela, esa cifra correspondía, para el año 2014, a que 1 mujer falleció por complicaciones en la práctica de abortos inseguros, cada semana.
Mitos y realidades: legalización y despenalización o penalizarlo
Las leyes restrictivas no impiden que las mujeres se practiquen abortos. Inversamente, generan que el procedimiento sea clandestino e inseguro disparando así cifras de mortalidad. La mayoría de los abortos que se realizan cada año en el mundo, se llevan a cabo justamente en los países donde está penalizado. En los países donde se legalizó o despenalizó el aborto, el impacto demográfico y social sobre la calidad de vida de las mujeres, según las cifras, es evidente. Poniendo énfasis en la región, en el caso de Cuba, donde el aborto fue despenalizado en el año de 1965 por considerarlo un problema de salud pública y de afectación directa en la calidad de vida de las mujeres, se dio una caída de la tasa de mortalidad materna siendo actualmente de 21,5%. De las más bajas del mundo. Disminuyó también la tasa de fecundidad materna que en 1963 se ubicaba en 4,7 hijos o hijas por mujer, llevándola en 2013, a 1,46. Referenciando otro caso en la región, la mortalidad materna ha descendido dramáticamente en Uruguay tras la despenalización del aborto, convirtiéndose en el único país de América Latina que ha logrado cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU número 7, que corresponde a “mejorar la salud materna”. En el período 1995 – 2002, se estimaban en Uruguay un promedio de 33 mil abortos ilegales por año.
Sin embargo, tras la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en 2012-2013 se registraron 6.676 casos, es decir disminuyeron en un 80%. Según los datos oficiales, que reflejan aún un margen de abortos realizados por fuera del sistema, se producen 7.200 abortos por año, lo que equivale a una tasa de 10 abortos cada 1000 mujeres. Pese a ello, en ambos casos se confirma que la cifra no aumentó con la legalización o despenalización de la práctica, por el contrario, ha disminuido afectando directamente la reducción en la tasa de mortalidad de las mujeres al tener acceso a un sistema de garantías de salud seguro y gratuito. Estas medidas, han venido acompañadas de un entramado de atención en materia de planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos. En realidades sociales diversas, la disminución de muertes se vincula entonces según los datos, con la disminución de las prácticas de aborto ilegales, clandestinos e inseguros, como resultado de las políticas de plantificación y de educación sexual que integran, o son parte sustantiva, de las propuestas de ley y políticas públicas que favorecen la interrupción voluntaria del embarazo, no cómo método anticonceptivo, sino como medida de atención a la salud de las mujeres. Volviendo al ejemplo de Cuba, en la búsqueda precisa de que el libre acceso al aborto no se vea como un método anticonceptivo, la educación sexual y reproductiva comienza a impartirse en las escuelas desde los primeros años de educación primaria, acompañado de un acceso priorizado a dispositivos de prevención del embarazo a las mujeres en edad de fecundidad.
Para ello, se ha hecho fundamental el reconocimiento de la sexualidad como práctica inherente a la vida de los seres humanos. Al respecto, la investigación de R.I.A.S, arroja que con la legalización o despenalización hay una mejora general en todos los aspectos de la planificación familiar, coordinándose de forma lógica los servicios de anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo, con el reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad y tener plena potestad, sobre el tiempo para su ejercicio, o no, y la realización de otro proyecto de vida. En los países donde esto ha logrado consolidar una política pública de atención, la mejora en la calidad de vida de las mujeres, en indicadores sociales, pero en condiciones espirituales, intelectuales, integrales, son representativas.
“Educación para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”
A 26 años de la convocatoria en Argentina, tuvimos la oportunidad de conversar con Analía Bruno, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, iniciativa que desde hace 11 años articula a diversos actores por el reconocimiento pleno de las premisas de plenitud, seguridad y gratuidad en la interrupción voluntaria del embarazo y que ha sistematizado en la consigna “Educación para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”, un planteamiento global sobre el derecho de las mujeres y la sociedad toda a políticas integrales de atención. Analía, plantea que como esfuerzo de articulación de organizaciones de mujeres, con once años de activismo, la Campaña “sigue en lucha por la Ley que reconozca el derecho al aborto y que garantice los Derechos Humanos de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar”.
Asegura, que la fortaleza de esta iniciativa radica en la de la articulación unitaria de diversos y diversas actoras del movimiento de mujeres y feminista, en “una amplia y duradera alianza (tejida) con más de 400 organizaciones y el apoyo de sindicatos, espacios sociales y de DDHH, universidades nacionales y partidos políticos (…), (que ha venido) acompañado por la firma de más de 40 diputadas y diputados de diferentes bloques (del parlamento nacional)”, reflejando un esfuerzo conjunto ante una realidad que no es sólo de las mujeres, sino de la sociedad. Sobre la agenda por la despenalización total del aborto, plantea que la Campaña propone como exigencia central “el tratamiento inmediato en el Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, (…) que hasta el momento los legisladores y las legisladoras no demostraron estar a la altura del debate avanzado en la sociedad y nunca dieron lugar al tratamiento de la ley en el Congreso”.
Volviendo sobre los procedimientos engorrosos y violentos sobre las mujeres que deciden interrumpir el embarazo de manera voluntaria, donde Argentina representa uno de los países que reconoce causales, Analía expresa que “la pasividad del Estado, la falta de políticas públicas en educación y salud; y la creciente criminalización de las decisiones de autonomía de las mujeres, avanza sobre nuestros derechos cada vez que a una mujer es violentada, (siendo) re victimizada por las instituciones o encarcelada por la denuncia de integrantes de equipos de salud que violan el secreto profesional”. Asegura Bruno, que “este cuadro de situación no solo incrementa las interrupciones del embarazo sino que también, aumenta los riesgos para la salud integral de las mujeres exponiéndolas a abortos inseguros con el consecuente riesgo para la vida que esto supone”.
Ante el contexto político actual en el país, de retroceso progresivo en la conquista de logros sociales tras la asunción de la presidencia de Mauricio Macri, Bruno plantea que se encuentran con “(una) violencia invisible y coercitiva que cercena nuestra autonomía y derecho a decidir y que pone en riesgo la salud integral: física, psíquica o social de las mujeres, y porque la realidad demuestra que la criminalización del aborto no lo impide; las mujeres y feministas construimos estrategias con Socorristas y de conformación de redes como las de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de Docentes por el Derecho al Aborto, brindando información segura a lo largo y ancho del país”.
Asegura que “en todos los espacios de activismo seguimos reclamando: (primero), aplicar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas del país que contribuya a la conformación de nuevas subjetividades y a relaciones no jerárquicas ni discriminatorias entre las personas; (segundo), la efectiva aplicación del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación, y en consonancia con el fallo F.A.L. [En 2012 la Corte Suprema de Justicia reafirmó ese derecho que tienen las mujeres, las adolescentes y las niñas en un fallo histórico conocido con las siglas F.A.L.], de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; (tercero), la conformación de Consejerías pre y pos aborto, la capacitación a efectores y efectoras de salud y la producción y acceso al Misoprostol y mifrepristona”.
Legislar sobre el tema: un pendiente social
Asumiendo la salud como un tema social e integral, en Venezuela, desde la Red de Información por el Aborto Seguro, se reconocen los avances en importantes herramientas en materia de políticas públicas para orientar acciones en salud sexual y reproductiva, lo que ha presentado innovaciones en programas de atención en salud sexual en adultas y en la adolescencia, atención a la salud sexual en hombres, partos humanizados y una legislación para erradicar la violencia obstétrica, promoviendo el acceso a la información anticonceptiva, prevención del cáncer en el cuello uterino.
Sin embargo, aunque existen estas herramientas, el Estado no ha logrado dar los primeros pasos en materia de un debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela, “pues las raíces de una sociedad Patriarcal y altamente influenciado por los dogmatismos religiosos hacen difícilmente avanzar en la discusión del mismo tema”, asegura Anny Betancourt, integrante de R.I.A.S, con quién tuvimos oportunidad de conversar a propósito de este 28 de septiembre. La maternidad no planificada y el incremento del embarazo adolescente, representan nudos críticos y de debilidad en la política de atención pública. En estos últimos tres años, donde Venezuela ha sido sometida a un contexto de guerra económica que afecta de manera diferenciada a los sectores de mayor riesgo social y entre ellos, de manera específica a las mujeres, Betancourt plantea que “desde R.I.A.S, hemos venido observando cómo se desaparecen del mercado la venta a precios accesible de los métodos anticonceptivos, situación todavía más acentuada en el interior del país”. Asegura, que esto “repercute en que la mayoría de las mujeres deban recurrir al mercado clandestino, quien permite que muy pocas personas accedan a la comercialización, por sus características inseguras. Además, de la especulación en los precios, que hace que miles de mujeres no puedan comprarlas”.
Plantea Anny, que “evidentemente hay un cerco farmacéutico para el acceso de los métodos anticonceptivos, tanto los métodos de barrera que garantizan una salud sexual y reproductiva de la mujer, hasta la obtención de pastillas anticonceptivas”. La ausencia de preservativos, lleva consigo el incremento en los índices de infecciones transmitidas por el contagio sexual, así como el impacto en el aumento de embarazos no deseados, que “lleva a nuestro país en el 2013, señalado por la ONU, como el primero en Suramérica con embarazo en adolescente”. Para este año 2016, estas estadísticas se han transformado por incremento y no por disminución, lamentablemente, y se vinculan con la necesidad de una política integral que priorice la garantía sobre los derechos sexuales y reproductivos, puesto que “los embarazos no deseados (…), atentan directamente con el derecho a decidir de nosotras sobre nuestro propio cuerpo”, asegura Betancourt y según diversos indicadores sociales, incrementarán y restaurarán de manera progresiva los índices de pobreza extrema, deserción escolar y violencia intrafamiliar.
En Venezuela, desde la Red de Información por el Aborto Seguro, reiteran, que el responsable en estos índices en ascenso, no es solamente el estado Venezolano, el cual ha hecho esfuerzos por el desarrollo de políticas preventivas que consoliden sistemas de educación en favor de los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes, mujeres y hombres, logrando en 2015 el lanzamiento del Plan Nacional para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, emanado del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y Igualdad de género, donde se intenta garantizar el conocimiento, protección y ejercicio de los derechos, sobre todo en aquellas venezolanas en situación de mayor riesgo social, a fin de que puedan ejercer la autonomía sobre sus cuerpos. Aseguran, que el ataque económico sobre el país ha ejercido una presión segmentada sobre las mujeres, no sólo en el acceso a productos de consumo personal, sino en lo referente al acceso de métodos para la prevención del embarazo y anticoncepción.
Betancourt, expone que desde R.I.A.S reconocen “un aumento descontrolado de las llamadas de personas que quieren ejercer el derecho a decidir”. Esto ha generado que a principios de año lanzaran dos líneas telefónicas que ampliaran la acción de atención que ya venían desarrollando junto a la antigua línea 0426-1169496. Están a disposición los números 0414-4916747 y 0412-9332364, para atender efectivamente las llamadas que han superado las 20 que recibían diariamente a finales del año 2015. R.I.AS, asume que en este contexto, se hace necesaria “la batalla (contra el) cerco farmacéutico”. Como Red, han consiguiendo métodos anticonceptivos para distribuirlos de forma efectiva, libre y gratuita en los estado donde tienen presencia. Sin embargo, reconocen que se hacen necesarias medidas masivas al respecto, para detener el incremento descontrolado de embarazos no planficados y sus consecuencias. Desde su ambito de incidencia, donde proporcionan información segura sobre la interrupción del embarazo, las mujeres que piden orientación de cómo abortar con pastillas, “ejerciendo su derecho a decidir de una manera segura”, como asegura Betancourt, según estadisticas desarrolladas por la Red sobre las causales de intención de aborto, aluden al contexto de presión económica. Expresan, según señala Anny, que “la situación económica me impide llevar a cabo un embarazo” ”. Enfatiza en que “los representantes del sistema monstro en que vivimos (el capitalismo), nos presiona en la transición a un nuevo paradigma, donde el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo sea reconocido como un Derecho Humano en Venezuela”.
En el Congreso Venezolano de Mujeres, celebrado el 8 Marzo del 2015, el presidente Nicolás Maduro llamó a la colectividad a un debate nacional sobre este tema, debido a las discusiones realizadas en las diferentes mesas de trabajo donde se habló de la necesidad de quitarle el velo a esta realidad que se vive diariamente en la sociedad venezolana y mundial, pero que como señala Betancourt, “está guardada en el clóset”. El presidente expuso textualmente que “no le tengamos miedo a ningún tema, todos deben ser debatidos: la protección de la mujer embarazada, el embarazo precoz, el aborto, el matrimonio igualitario. No le tengamos miedo a nada, tengamos confianza en los valores que hemos construido”. Las cifras de Venezuela al respecto, refrendan este llamado. Para el año 2006, la Maternidad Concepción Palacios registró unas 10.000 pacientes que ingresaron, 4.321 de ellas con abortos inducidos voluntariamente en progreso. Estas, conforman el 43,16% de los casos atendidos, es decir, casi la mitad de la población que ingresó al centro hospitalario en ese año. Asimismo, según el Ministerio para el Poder Popular para la Salud, en el año 2009 se registraron unas 434 defunciones maternas de las cuales, 41 casos corresponden a defunciones por aborto. Según este informe, el aborto ocupa el cuarto lugar entre las razones de muerte materna y en otro estudio realizado en el año 2012, refiere que el 17,61% de las muertes maternas ocurridas en la Maternidad Concepción Palacios entre 2001 y 2008, se relacionaron con abortos. Según el último informe presentado por el Estado Venezolano ante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la mortalidad materna para el año 2010, se ubicada en 68,47%. Así como a escala global, en Venezuela, el aborto es una realidad de salud pública.
Legislar, se propone como el camino más acertado para la reversibilidad de estas cifras. Entretanto, mujeres siguen siendo expuestas a procedimientos clandestinos e inseguros. Son expuestas a morir al no tener garantías legales sobre el derecho a decidir sobre su maternidad. Entonces, ¿nos llamamos como sociedad a debatir sobre este tema?
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