Por Marisa Kohan / Público
El caso de Juana Rivas ejemplifica este supuesto síndrome, que a pesar de ser negado por la ciencia es utilizado por la justicia como arma contra las mujeres.
Sobre la estrategia posmachista del Sindrome de Alienación Parental
Muchos años después de que sus padres se separaran, Patricia Fernández sigue recordando con angustia las insistentes preguntas de los peritos judiciales. Querían demostrar que su madre la había predispuesto contra su padre (progenitor biológico lo llama ella), cuando estaban en proceso de separación. Ni ella ni su hermano, que en ese momento tenían 6 y 4 años, querían tener visitas ni convivir con él. La conclusión de los peritos fue que la madre les había lavado el cerebro en contra de su pareja. Hoy Patricia tiene 20 años y lleva al menos dos contando su historia. Lo ha hecho a través de las páginas de un libro, en entrevistas a mediosde comunicación, a través de la asociación Avanza sin miedo que fundó para ayudar a niños jóvenes como ella y este pasado domingo lo volvió a hacer en el programa El Objetivo de La Sexta, en el contexto de la celebración del día contra la violencia de género.
El hecho de que su progenitor biológico (tal como lo llama ella) estuviera condenado en dos ocasiones por malos tratos hacia su madre, pareció un tema absolutamente secundario a lo largo de los años de lucha judicial por la custodia de los dos menores.
La excusa del sistema judicial para cuestionar a su madre era el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP). Una patología que no existe. A pesar de ello, su utilización en los juzgados y por parte de peritos, psicólogos y jueces se ha extendido y supone una bomba de relojería tanto para las mujeres como para los hijos víctimas de violencia de género. Según explican a Público los expertos, psicólogos, forenses y juristas consultados, el fin último de quienes alegan la existencia de este síndrome es sencillamente evitar que se investiguen las verdaderas razones para que los hijos e hijas muestren rechazo hacia el padre maltratador.
Una patología inventada para controlar a las mujeres
El SAP fue acuñado por el psiquiatra estadounidense, Ricard Gardner, en 1985 para denominar una serie de comportamientos que supuestamente demostraban la manipulación ejercida por uno de los progenitores en contra del otro en los procesos de custodia. Gardner, que actuó en numerosos juicios como perito, recomendaba al tribunal retirar a los niños de los hogares de los padres alienantes y colocarlos bajo la custodia de los padres acusados de abuso.
Duramente criticado por la comunidad científica, el SAP no ha sido reconocido por ninguna institución médica, psiquiátrica o judicial. Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Asociación Americana de Psicología han aceptado este supuesto trastorno en sus catálogos y su uso en España no está permitido.
De hecho, una guía contra a la violencia de género elaborada por el Consejo General del Poder Judicial insiste a jueces y juezas que dejen de utilizarlo. A pesar de ello, el concepto, llamado de múltiples formas (interferencias parentales, instrumentalización de los hijos o lavado de cerebro) se va haciendo un lugar en las sentencias, con terribles consecuencias para los menores.
“El SAP es una entidad no reconocida por las clasificaciones internacionales sobre enfermedades y por lo tanto su utilización debería estar prohibida como entidad diagnóstica. Si hay algo que no existe, no puede servir par tomar decisiones de ningún tipo, ni clínicas (para mandar un tratamiento), ni judiciales, ni de ningún tipo”, afirma Miguel Lorente, médico forense y experto en violencia de género.
Para Stefanny Molina, abogada de la organización Women´s Link, las consecuencias para la protección de las mujeres y sus hijos e hijas frente a la violencia de género son terribles. Bajo el prisma del SAP, todo lo que diga la mujer o el niño o la niña se considerará fruto de esa supuesta manipulación de la madre contra el padre. Es muy desalentador y muy preocupante que jueces y juezas se sigan basando en esta falsa teoría, en lugar de investigar y pronunciarse sobre la violencia de género que sufren esas mujeres y protegerlas a ellas y sus hijos e hijas del maltrato”.
Sonia Vaccaro, psicóloga clínica, asegura que “ahora, más que nunca, los hombres violentos están utilizando la justicia para continuar el maltrato y esta vez a través de los hijos e hijas”. La utilización del SAP en la justicia “genera situaciones de alto riesgo, ya que provoca una involución en los derechos humanos de las niñas y los niños y de las madres que pretenden protegerles”. En su opinión, el SAP es “otra forma de violencia de género, de violencia contra las mujeres”.
Si no hay base científica ni jurídica que avale la existencia de un síndrome, que se supone que hace referencia a una patología, la consecuencia lógica, explican los expertos consultados, es que este instrumento nace de una interpretación subjetiva, que es ideológica y hunde sus raíces en los prejuicios y los estereotipos de género.
“Estamos ante un fraude absoluto”, afirma Vaccaro, “porque lo disfracen de lo que lo disfracen en realidad es ideología pura. Ideología patriarcal”. Y cuando se aplica en los procesos judiciales, sus efectos son tan devastadores como una bomba atómica, porque lo borra todo.
Juana Rivas, un caso paradigmático
A pesar de no existir, el Síndrome de Alienación Parental es la base sobre la que se fundamenta toda la actuación de la justicia italiana en el caso de Juana Rivas. El testimonio del hijo mayor de Juana, detallando su miedo y los episodios de maltrato que sufren tanto él como su hermano pequeño en la relación con su padre, fue ignorado por el juez, que ordenó que los pequeños regresasen con su progenitor sin aplicar ninguna medida cautelar que garantice su protección. Todo el proceso a Juana Rivas en los tribunales italianos está fundamentado en un informe elaborado por una perito oficial, Ludovica Lesu, que defiende abiertamente la existencia del SAP y sostiene que Juana manipula a sus hijos para que rechacen a su progenitor.
Fuentes cercanas al caso afirman que Lesu es discípula de Giovanni Battista Camerini, el perito de parte de Francesco Arcuri (expareja de Juana Rivas), uno de los más conocidos defensores de la implantación del SAP en Italia.
“El diagnóstico al que llega la psicóloga perito del juzgado de Cagliari, donde se decide sobre la custodia de los hijos de Juana Rivas, es el SAP, con lo cual desvirtúa e invalida completamente el razonamiento. La perito empieza el informe afirmando que no era el objetivo de esa pericia analizar o alcanzar la verdad, dando a entender que no iba a ver si había o no violencia. Considero que esa introducción que hace es la base que debería invalidar ese informe, porque un informe que no busque la verdad, no es un buen informe pericial nunca”, afirma Lorente.
“Lo que en la causa de Juana no se está teniendo en cuenta, es el origen de toda esta causa, que es la violencia contra ella y sus hijos. Y cuanto menos quiera el niño irse con su padre porque ha visto cosas fatales, en lugar de investigar si efectivamente han sufrido episodios horribles, se interpreta que la madre le lavó más el cerebro. Aunque sea en la distancia”, afirma Vaccaro.
“Estos hombres violentos están usando la justicia y la disociación que la justicia hace en cuanto al rol de padre, lo que a mi entender está tutelando la justicia patriarcal que es el hombre como padre, obviando si es violento, obviando la historia de violencia precedente y todos los antecedentes que había de maltrato y violencia. Incluso obviando lo que ocurre en el momento presente y los episodios que se puedan dar en el futuro, como está denunciando el hijo mayor de Rivas”, añade Vaccaro.
Esta psicóloga afirma que estamos viendo un creciente movimiento ultra, más misógino que se crece. “Esto no deja de ser una reacción a los avances que hemos conseguido las mujeres en nuestros derechos. No es ni mas ni menos esto”.
Los hijos de Rivas están pues en una situación de desamparo judicial por culpa de un síndrome malicioso e inexistente. No es el SAP, que como sabemos no existe, sino la justicia patriarcal. Igual que sucedió con Patricia y su hermano hace una década.
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