Por Caribe Afirmativo
26 países la condena máxima por actos homosexuales varía entre 10 años de prisión y cadena perpetua. En 31 se castiga con hasta ocho años.
Ni las predicciones sociales que Julio Verne hizo para la Francia distópica se acercan a la exagerada realidad actual de los derechos humanos de la población LGBTI mundial, y es que nos encontramos en un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias más extremas. En este sentido, la distopía explora nuestra realidad actual con la intención de anticipar cómo ciertos métodos de conducción de la sociedad podrían derivar en sistemas injustos y crueles. Por ejemplo: una nación donde se ejerza un riguroso control estatal para garantizar una sociedad organizada, feliz y conforme, podría derivar en un régimen totalitario, que reprime al individuo y cercena sus libertades en función de un supuesto bienestar general.
De allí que la distopía advierta sobre los peligros potenciales de las ideologías, prácticas y conductas sobre los cuales se erigen sociedades actuales, desarrollando acciones que contrarrestan los derechos de grupos sociales minoritarios, amparándose en discursos moralistas que solo conllevan a una constante violación de sus derechos básicos, reflejándose en agresiones físicas, verbales, simbólicas, violaciones, asesinatos, y más aún en leyes que cercenan de tajo la dignidad, libertad y derecho a la vida de las personas.
Es el caso de las personas con preferencia sexual e identidades diversas en todo el mundo, que según el informe “Homofobia de Estado 2019”, de la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) son criminalizadas en 70 países por ser gay o lesbiana, en algunos, incluso representa la pena capital. Y es que en más de un tercio de los países del mundo se puede arrestar y encarcelar a las personas (y en al menos cinco países ejecutarlas) por tener relaciones sexuales privadas y consentidas con personas del mismo sexo.
Estas decisiones de Estado vienen claramente de gobiernos conservadores, líderes homófobos y movimientos religiosos extremistas, con discursos cargados de prejuicios, que se verifican en toda clase de violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI; Estas prácticas, como en un efecto multiplicador, refuerzan la discriminación porque silencian a las voces civiles de defensa de la diversidad. Se evidencian además campañas de difamación, que no solo agravian a las víctimas —asocian a la comunidad LGBT con la pedofilia o la enfermedad mental— sino que inculcan ignorancia en el conjunto de la sociedad, una creciente amenaza que subraya y alarma a la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, e Intersexuales (ILGA), y que se pueden constatar en las estadísticas contenidas en su reciente informe.
Encontramos como 26 países la condena máxima por actos homosexuales varía entre 10 años de prisión y cadena perpetua. En 31 se castiga con hasta ocho años. En resumen, en uno de cada tres países (35%) es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad LGTBI. En 68 naciones, señala el estudio, “hay leyes que explícitamente prohíben los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo y dos más los criminalizan de facto. Además, jurisdicciones que no pertenecen a Estados miembros de la ONU también castigan estas conductas, como Gaza, las Islas Cook y ciertas provincias de Indonesia”.
Hoy solamente veintiséis naciones que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y 27 han regulado las uniones civiles, 72 naciones tienen leyes que protegen a los homosexuales y lesbianas de ser discriminados en el trabajo. 39 poseen normas que castigan la incitación al odio, la discriminación o la violencia contra una persona por razón de orientación sexual y 28 permiten adoptar a gais y lesbianas. Aunque parece ser un gran numero deja mucho que desear frente a un total de 194 países soberanos (países reconocidos por la ONU con autogobierno y completa independencia), que deberían de garantizar el completo respeto y cumplimiento de los derechos humanos de sus ciudadanos, esto deja solo un 38% del total de las naciones comprometidas con el reconocimiento a los derechos LGBTI.
A menudo los Estados no alcanzan a proteger debidamente a las personas con preferencia sexual e identidades diversas contra el trato discriminatorio en la esfera privada, en particular en el lugar de trabajo y la atención de la salud. Los niños y adolescentes LGBT son objeto de acoso en la escuela y pueden llegar a ser expulsados de sus hogares por sus padres, a las personas transgénero se les suele denegar documentos de identidad que reflejen su género preferido, sin los cuales no pueden trabajar, viajar, abrir una cuenta bancaria o acceder a los servicios básicos. Los niños intersexuales pueden ser sometidos a intervenciones quirúrgicas y de otro tipo sin su consentimiento informado ni el de sus padres, y como adultos también son vulnerables a la violencia y la discriminación.
Es una geografía preocupante, donde las distopías guardan mucha relación con la época y el contexto socio-político en que se conciben, ameritando unir esfuerzos de todos y cada uno de los colectivos, activistas, movimientos y simpatizantes de las causas LGBTI para que no se retroceda en las luchas ganadas y se inste a que los gobiernos respeten y garanticen los derechos humanos universales, pues toda persona tiene los mismos derechos, no importa quién sea ni donde viva. Si bien la historia, la cultura y la región revisten importancia desde el punto de vista contextual, todos los Estados, sin distinción de sus sistemas políticos, económicos y culturales, tienen el deber jurídico de promover y proteger los derechos humanos de todas y todos.
Caribe Afirmativo
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