Otro de los puntos centrales a los que se refiere el Comité son las requisas vejatorias de personas travestis y trans en la calle y en las comisarías, que está prohibidas.
Allí se refiere a las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la calle y en comisarías. Y remarca las detenciones “en condiciones humillantes”. El Comité le exigió al Estado terminar con la impunidad de esos hechos, capacitar a los efectivos de las fuerzas federales y provinciales y proteger a las personas detenidas respetando la identidad de género.
El informe de la ONU – que se dio a conocer el miércoles 10 de mayo- es el resultado de un análisis sobre la situación del país en materia de violencia institucional, situación en las cárceles, proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crímenes de lesa humanidad, femicidios y violencia de género. Puso la lupa sobre el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura.
Cuatro días después de esta respuesta, la presidenta de OTRANS Argentina, Claudia Vásquez Haro, sufrió un ataque en su propia casa, donde amenazaron con matarla.
“El Estado tiene obligaciones inmediatas”
Las observaciones del CCT son vinculantes para el Estado argentino: “Acá se está hablando de torturas, por lo tanto, el Estado tiene obligaciones inmediatas e imprescriptibles para evitarla y repararla”, explicó Luciana Sánchez a Presentes, abogada de OTRANS Argentina.
La CCT le exigió al Estado argentino que “se investiguen todos los casos de detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos a personas por su origen extranjero, orientación sexual e identidad de género, a fin de enjuiciar y castigar a los autores y suspender a los agentes implicados en los mismos”. Además que capacite a los efectivos de las fuerzas de seguridad federales y provinciales para que respeten la dignidad de las personas durante las requisas personales.
El CCT hace hincapié en la falta de implementación de programas en cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires para la integración mujeres trans y travestis sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, a nivel federal y provincial, así como el pleno respeto de la Ley 26.743 de identidad de género.
Destaca que hubo 3470 denuncias por discriminación en 2016, casi el doble con respecto al año anterior, y lamenta la falta de información con respecto al seguimiento que se ha dado a estas denuncias.
“El Comité reconoce la existencia en nuestro país de un perfilamiento ejercido por la policía y sostenido por la justicia que tiene que ver con la identidad de género, la afro ascendencia y con la xenofobia. Hay un perfilamiento racista y xenófobo, y en base a la identidad de género, transfóbico”, explicó Luciana Sánchez.
Detenidas y maltratadas
El 20 de marzo, OTRANS Argentina presentó ante el CCT un informe sobre fue la situación crítica que viven las mujeres trans y travestis en la Provincia de Buenos Aires.Hizo hincapié en la situación precaria en que se encuentran cuando son privadas de su libertad. El informe destacó que esas condiciones influyeron en las muertes de Angie Velásquez y Pamela Macedo Panduro, ambas travestis, peruanas, de menos de 40 años, detenidas en la Unidad 32 de Florencio Varela. Las dos padecían enfermedades crónicas que no fueron atendidas de forma debida.
“No son muchos los pronunciamientos que existen respecto a la existencia de perfilamientos, sobre todo en nuestro país que es tan negador del racismo y la xenofobia, que el Comité hable de perfilamiento, da la pauta también de detenciones arbitrarias. El perfilamiento se relaciona con la arbitrariedad de las detenciones, algo que OTRANS viene denunciando fuertemente. Las mujeres travestis y trans detenidas en la Unidad Penal N° 32 de Florencia Varela son travestis, migrantes, afro ascendientes o de pueblos originarios. Acá se está reconociendo que esa iterseccionalidad que hace de estas personas sujetos susceptibles de ser torturados por las fuerzas de seguridad”, dijo Sánchez.
Como resultado de la denuncia que hizo OTRANS Argentina el año pasado, ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se logró que el organismo estatal avance en algunas líneas de trabajo para prevenir y cambiar el comportamiento policial. Así, en marzo, se implementó la guardia de abogados y se trabaja en un protocolo de actuación para el personal policial.
Requisas vejatorias
Otro de los puntos centrales a los que se refiere el Comité son las requisas vejatorias de personas travestis y trans en la calle y en las comisarías, que está prohibidas. “Es importante que lo diga el CCT porque una requisa vejatoria dependiendo de donde se haga y cuales puedan pueden ser las consecuencias puede constituir detención arbitraria y tortura en casos particulares”, explicó Sánchez.
Identidad travesti
“El Comité no sólo reconoce la identidad trans sino también la identidad travesti, que es propia y originaria de nuestra región particularmente de nuestro país. Es muy significativo que se esté reconociendo en el leguaje de los organismos internacionales de derechos humanos”, dijo a Presentes Luciana Sánchez, abogada de Otrans Argentina, organización que viene denunciando desde hace tiempo la violencia institucional contra el colectivo de mujeres trans y travestis.
“Ese informe nos compromete a nosotras a seguir luchando para que no se violen nuestros derechos humanos. Vamos a hacer el seguimiento pleno y efectivo para que esas recomendaciones se cumplan porque no vamos a permitir que el Estado siga matando a nuestras compañeras trans y travestis, principalmente en La Plata, que para las Fuerzas de Seguridad es el laboratorio, pero que ahora la violencia el el maltrato se dispara hacia otras provincias del país”, dijo Claudia Vásques Haro, presidenta de Otrans.
Sobre el Comité
El Comité contra la Tortura es el órgano de expertos independientes de Naciones Unidas que supervisa y monitorea la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT) por parte de os Estados.
El Comité recibe y examina denuncias de particulares y organizaciones frente a un Estado cuando éste le reconoció competencia para recibir y examinar las presentaciones.
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