Entrevista con Alejandra, Consejera Directiva de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Rebelión
-M.H.: Con Alejandra, Consejera de la Facultad de Ciencias Sociales. Hace unos días atrás, previamente a la movilización del viernes bajo la consigna “Nos queremos vivas, a todas” se produjo un intento de secuestro en la plaza Houssay, donde están las facultades de Medicina, Ciencias Económicas y Sociales, un hecho que no fue una novedad, recordemos que en la Facultad de Ciencias Económicas hay una estudiante desaparecida desde hace más de diez años: Florencia Penacchi. Y recordemos también que hace unos años tuvimos una situación muy delicada en la sede de la Facultad de Psicología en la calle Hipólito Yrigoyen en el barrio de Once, y luego hubo denuncias también en el IUNA por este tipo de situaciones. También en la Facultad de Ciencias Sociales en la calle Santiago del Estero, se han sucedido una serie de hechos de violencia y acoso contra las estudiantes que me gustaría que nos comentes.
-A.: Efectivamente, lo que estás enumerando son hechos que atraviesan a la Universidad de Buenos Aires y como manifestamos desde nuestra organización y en cada facultad donde intervenimos, la Universidad no está exenta de la violencia de género sino que es un ámbito más donde se reproducen estas prácticas que afectan cotidianamente al conjunto de las mujeres.
Como bien dijiste, en la Facultad de Psicología tenemos el antecedente de hace algunos años cuando hubo una red de trata operando en el barrio de Once, es una manera que tienen de accionar, merodean facultades, colegios, lugares donde hay una gran concentración de estudiantes mujeres. En la facultad de Psicología en esa oportunidad fueron las estudiantes y docentes las que se organizaron para denunciar el accionar de la red de trata, se movilizaron a la comisaría, lograron incluso que se traslade del cargo al comisario que estaba aparentemente implicado, también denunciando las responsabilidades políticas del Estado, porque sabemos que las redes de trata operan en complicidad y con el amparo de distintos sectores del Estado como la justicia, la policía y el poder político.
En Sociales el año pasado tuvimos una situación similar, varias compañeras a partir de una estudiante que hizo una publicación en los grupos de la facultad en Facebook contando cómo un tipo se le acercó a las 11:00 de la noche, cuando salía de la facultad y le propuso un trabajo de promotora, algo muy extraño; a partir de esa publicación otras compañeras comentaron que habían pasado por la misma situación y ese es el modus operandi de una red de trata, un tipo, de noche, merodeando el barrio de Constitución ofreciendo trabajos de mucho dinero para lo que significaba la tarea, incluso a una compañera este tipo llegó a forcejearla intentando meterla en el auto. Ahí también fuimos los estudiantes los que nos movilizamos para hacer llegar a las autoridades la situación.
Esto nos trae a este caso que pasó en Plaza Houssay. La estudiante de Medicina relata en un audio, cómo un tipo la agarró amenazándola de muerte, la intentó meter en un auto y gracias a alguien que pasó por ahí que distrajo al hombre, pudo escaparse y salir corriendo a pedir ayuda.
Somos las estudiantes las que sufrimos este tipo de situaciones y estamos totalmente desprotegidas por los responsables que son las autoridades de las facultades, que son quienes deberían ocuparse de que los estudiantes cursemos en condiciones, de que los trabajadores también y proteger la integridad física de cada uno de los y las compañeras que asistimos a las distintas facultades.
La policía consume, fomenta, ampara y permite que las redes de trata funcionen como un kiosquito más
-M.H.: Frente a estos hechos, ¿qué actitud han adoptado las autoridades de la Universidad, las fuerzas de seguridad? Porque en el caso de Florencia Penacchi incluso en algún momento se involucró a un personaje que después apareció en una foto con el actual Presidente de la Nación y su señora en Cancún. Situación que nunca se aclaró, me estoy refiriendo a Martins, siendo que Florencia Penacchi también era empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
-A.: Vengo de la Facultad de Sociales, donde tuvimos un intercambio con las autoridades sobre otro caso de violencia que ocurrió allí. Pero concretamente sobre este caso de las redes de trata operando sobre Plaza Houssay, las autoridades de Medicina, de Económicas y de la UBA en general, no dieron ningún tipo de respuesta, de hecho es una de las exigencias que marcamos constantemente cuando surge algún caso de violencia donde hay alguna compañera que sufre algún tipo de ataque. Las autoridades deben garantizar la integridad de las personas que asisten a las casas de estudios, sin embargo, hacen oídos sordos y no ofrecen ningún tipo de salida.
Esto de la seguridad es interesante plantearlo, porque nosotros no creemos que la solución sea más policía, de hecho la policía como institución son los que consumen, fomentan, amparan y permiten que las redes de trata funcionen como si fuesen un kiosquito más. Muchos de los prostíbulos donde hay pruebas de que hay mujeres víctimas de la explotación sexual a partir de las redes de trata, funcionan con la complicidad del Gobierno de la Ciudad, de la Policía y sectores judiciales. Los Centros de estudiantes de Económicas y Medicina que están dirigidos por la Franja Morada, que es el sector político que dirige la UBA, fue a pedir más policía, pero nosotros entendemos que esa no es la salida porque son los mismos sectores implicados.
-M.H.: ¿Qué proponen?
-A.: Lo que nosotros remarcamos es que el Consejo Superior a partir de lo que fue la primera movilización de “Ni una menos”, en el Rectorado se aprobó un Protocolo de intervención en casos de violencia de género. Esto pasó a fines del año pasado y hasta hoy no fue implementado.
Los femicidios son el eslabón final de una larga cadena que parte desde el propio Estado
-M.H.: Dejando de lado que apañaron y cubrieron a un violento, como el decano de Ciencias Económicas, denunciado por su mujer y que luego tuvo que renunciar, lo que es de resaltar es un avance importante en la conciencia, la valentía de parte de las mujeres. La movilización del viernes pasado fue una demostración cabal de eso. Pero desde el lugar de las autoridades nacionales, se ve una actitud parecida a la de las autoridades universitarias, porque el presupuesto con el que cuenta el Consejo Nacional de la Mujer es ridículo, el 0,0055%, o sea 4,50 pesos por mujer, por otro lado, la Ley de patrocinio jurídico gratuito que propuso el senador Abal Medina y fue aprobada por unanimidad en noviembre del año pasado, jamás se implementó. Esto sabiendo que la denuncia en la comisaría es el inicio de un oneroso proceso judicial que debe ser costeado por la propia víctima que ya se encuentra en un estado de vulnerabilidad.
Otro proyecto que tampoco avanza es la llamada Ley “Brisa”, que prevé una asignación para los hijos de las mujeres asesinadas. Así podríamos seguir. Veremos si Fabiana Túñez, responsable del Consejo Nacional de la Mujer, presenta como dice, un Plan nacional contra la violencia de género y marca una tendencia para empezar a concretar algunas de estas cuestiones. Porque claramente se ha avanzado en concientización y valentía pero en el terreno concreto no se ha avanzado y los femicidios han aumentado, 225 el año pasado y en lo que va de éste ya se relevaron 235, esto deja en claro que desde el punto de vista concreto no se está a la altura de las circunstancias.
-A.: La movilización del año pasado del 3 de junio fue una reacción popular ante un flagelo social que sufren las mujeres constantemente. La movilización puso en agenda los reclamos de las mujeres. Del año pasado a éste, ni el gobierno anterior y mucho menos éste dieron una salida a esta problemática. Miles y miles nos movilizamos en todo el país y, efectivamente, los casos aumentaron, se visibilizó aun más y los femicidios son moneda corriente. Y queremos remarcar que los femicidios son el eslabón final de una larga cadena que parte desde el propio Estado. Y hay que remarcar las responsabilidades políticas, y cuando hablamos del Estado hablamos de cada una de sus instituciones y sus representantes, no es una cuestión de un gobierno sino que reproducen una lógica de relación cultural que necesita tener a las mujeres con la cabeza gacha y por eso en la Universidad pasa lo mismo.
Esto de las leyes es un punto importante, hay distintas leyes presentadas por distintos sectores políticos, que algunas tienen más limitaciones que otras. Hoy en día, por ejemplo, la Comisión de la Cámara de Diputados que debería tratar proyectos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer o cualquier reclamo de las mujeres, que es la Comisión de mujer, niñez, adolescencia y familia no funciona, estamos a mitad de año y la comisión no se ha reunido nunca. Y está presidida por Julián Dindart, que fue asignado por el bloque del radicalismo y avalado por todos los sectores políticos, que es conocido porque cuando fue Ministro de salud de la provincia de Corrientes estuvo en contra del aborto no punible en dos casos de niñas que habían sido violadas y habían quedado embarazadas, eso entre otras declaraciones homofóbicas. Ese personaje es quien encabeza la Comisión de mujer en la Cámara de Diputados.
-M.H.: Además una Comisión de mujer presidida por un hombre y con estos antecedentes es algo bastante raro. Ya que tocaste el tema del aborto, no quiero dejar pasar el caso de Belén, la chica tucumana, porque es un caso que ilustra la criminalización del aborto y la falta de una perspectiva de género en los fallos judiciales. Porque como mencionaste, el otro eslabón importante es la justicia, una justicia misógina y machista.
-A.: No solo es misógina, machista y patriarcal, sino que es clasista, porque la justicia opera para un sector social en particular, Belén es el nombre ficticio de una joven tucumana que hace dos años llegó al hospital de Clínicas de Avellaneda de la Provincia de Tucumán con una hemorragia interna y en vez de recibir la asistencia que necesitaba porque se estaba desangrando, fue acusada de matar a su hijo, le pusieron un feto en la cara al que nunca se le hizo un ADN para saber si era de ella.
Es un caso que tiene una serie de irregularidades, ella sufrió maltratos de todo tipo, esto sucedió hace dos años, bajo el gobierno de Alperovich, y durante ese tiempo Belén esperó su condena presa, a diferencia de otros casos como, por ejemplo, el de Marita Verón, donde todos los acusados esperaron su condena en libertad y encima después fueron absueltos en primera instancia.
Belén estuvo en una cárcel durante dos años y hoy el gobierno de Juan Manzur y la justicia tucumana decidieron darle ocho años más simplemente por tener un aborto espontáneo, que ni ella sabía que lo tenía. Es un caso, como bien dijiste, de criminalización del aborto pero hacia un sector en particular, es la regimentación, el disciplinamiento y la criminalización de las mujeres pobres, jóvenes y trabajadoras.
Hoy el aborto para muchos sectores es un tema polémico que quizás no habría que debatir, pero el aborto es una realidad y cientos de mujeres jóvenes y niñas mueren por realizarse abortos clandestinos. Insisto en el tema del sector social, porque la mujer que tiene los recursos puede acceder a una clínica privada y practicarse un aborto en condiciones óptimas, las que no pueden hacerlo se mueren. Es una pelea de las organizaciones de mujeres y que particularmente nosotras venimos dando hace años, el proyecto que presenta la Campaña nacional por el aborto que lleva diez años siendo presentado constantemente para que por lo menos se discuta, ha sido cajoneado por todos los gobiernos que pasaron.
Además, en cuanto a lo de la justicia, otro caso reciente es el de una niña wichí en Salta, de doce años que padece un cuadro de desnutrición, retraso mental, que fue violada por 8 personas, quedó embarazada y la justicia y el Estado de Salta le negaron el aborto no punible, incluso incumpliendo el fallo F.A.L de la Corte Suprema que establece el aborto no punible y lo único necesario era la declaración de una mujer para poder practicárselo y que no sea penalizada.
Provincias como Tucumán y Salta incumplen este fallo y tienen protocolos restrictivos, por ejemplo, en Tucumán hay un protocolo que establece que solo la mujer que fue víctima o algún pariente muy cercano son los únicos que pueden efectivamente hacer el pedido del aborto, pero en un plazo de doce semanas.
Este caso es significativo también porque esta niña fue violada en noviembre del año pasado y esto está saliendo a la luz ahora, se le negó el aborto no punible, se le practicó una cesárea porque el feto tenía malformaciones craneanas, incluso con el riesgo de que afecte su vida porque tiene una afección pulmonar. Los propios médicos dijeron que no tenía ninguna posibilidad de vida. Esto también demuestra como la justicia actúa para un sector en concreto y que criminaliza y regimenta a las mujeres trabajadoras constantemente.
-M.H.: ¿Querés agregar algo más?
-A.: Sí, en relación a Julián Dindart, quien preside la Comisión de mujer de la Cámara de Diputados, nosotras desde el FIT y el PO, con nuestra diputada por la provincia de Mendoza que es Soledad Sosa, hicimos un pedido al Presidente de la Cámara de Diputados para que se lo remueva de su cargo porque entendemos que un tipo con estas características, que está totalmente en contra de los intereses de las mujeres, no puede presidir esa Comisión.
Ese pedido no fue escuchado y es por eso que esa Comisión hoy no se reúne y no discute estas problemáticas. Mientras que en la segunda movilización por “Ni una menos”, en su primer aniversario, fuimos nuevamente miles y miles de trabajadoras y trabajadores, mujeres, niñas y hombres que salimos a la calle porque entendemos que motivos nos sobran.
Nosotros, si bien damos la batalla institucional, en las facultades, en el Congreso, en los distintos ámbitos, entendemos que la única forma de que los reclamos de las mujeres se lleven adelante o de conseguir las conquistas que estamos reclamando va a ser a partir de la organización independiente de las mujeres, del Estado y la Iglesia que son los principales responsables en todo caso de violencia de género.
Subido por M. Cecilia Méndez B.
-A.: Efectivamente, lo que estás enumerando son hechos que atraviesan a la Universidad de Buenos Aires y como manifestamos desde nuestra organización y en cada facultad donde intervenimos, la Universidad no está exenta de la violencia de género sino que es un ámbito más donde se reproducen estas prácticas que afectan cotidianamente al conjunto de las mujeres.
Como bien dijiste, en la Facultad de Psicología tenemos el antecedente de hace algunos años cuando hubo una red de trata operando en el barrio de Once, es una manera que tienen de accionar, merodean facultades, colegios, lugares donde hay una gran concentración de estudiantes mujeres. En la facultad de Psicología en esa oportunidad fueron las estudiantes y docentes las que se organizaron para denunciar el accionar de la red de trata, se movilizaron a la comisaría, lograron incluso que se traslade del cargo al comisario que estaba aparentemente implicado, también denunciando las responsabilidades políticas del Estado, porque sabemos que las redes de trata operan en complicidad y con el amparo de distintos sectores del Estado como la justicia, la policía y el poder político.
En Sociales el año pasado tuvimos una situación similar, varias compañeras a partir de una estudiante que hizo una publicación en los grupos de la facultad en Facebook contando cómo un tipo se le acercó a las 11:00 de la noche, cuando salía de la facultad y le propuso un trabajo de promotora, algo muy extraño; a partir de esa publicación otras compañeras comentaron que habían pasado por la misma situación y ese es el modus operandi de una red de trata, un tipo, de noche, merodeando el barrio de Constitución ofreciendo trabajos de mucho dinero para lo que significaba la tarea, incluso a una compañera este tipo llegó a forcejearla intentando meterla en el auto. Ahí también fuimos los estudiantes los que nos movilizamos para hacer llegar a las autoridades la situación.
Esto nos trae a este caso que pasó en Plaza Houssay. La estudiante de Medicina relata en un audio, cómo un tipo la agarró amenazándola de muerte, la intentó meter en un auto y gracias a alguien que pasó por ahí que distrajo al hombre, pudo escaparse y salir corriendo a pedir ayuda.
Somos las estudiantes las que sufrimos este tipo de situaciones y estamos totalmente desprotegidas por los responsables que son las autoridades de las facultades, que son quienes deberían ocuparse de que los estudiantes cursemos en condiciones, de que los trabajadores también y proteger la integridad física de cada uno de los y las compañeras que asistimos a las distintas facultades.
La policía consume, fomenta, ampara y permite que las redes de trata funcionen como un kiosquito más
-M.H.: Frente a estos hechos, ¿qué actitud han adoptado las autoridades de la Universidad, las fuerzas de seguridad? Porque en el caso de Florencia Penacchi incluso en algún momento se involucró a un personaje que después apareció en una foto con el actual Presidente de la Nación y su señora en Cancún. Situación que nunca se aclaró, me estoy refiriendo a Martins, siendo que Florencia Penacchi también era empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
-A.: Vengo de la Facultad de Sociales, donde tuvimos un intercambio con las autoridades sobre otro caso de violencia que ocurrió allí. Pero concretamente sobre este caso de las redes de trata operando sobre Plaza Houssay, las autoridades de Medicina, de Económicas y de la UBA en general, no dieron ningún tipo de respuesta, de hecho es una de las exigencias que marcamos constantemente cuando surge algún caso de violencia donde hay alguna compañera que sufre algún tipo de ataque. Las autoridades deben garantizar la integridad de las personas que asisten a las casas de estudios, sin embargo, hacen oídos sordos y no ofrecen ningún tipo de salida.
Esto de la seguridad es interesante plantearlo, porque nosotros no creemos que la solución sea más policía, de hecho la policía como institución son los que consumen, fomentan, amparan y permiten que las redes de trata funcionen como si fuesen un kiosquito más. Muchos de los prostíbulos donde hay pruebas de que hay mujeres víctimas de la explotación sexual a partir de las redes de trata, funcionan con la complicidad del Gobierno de la Ciudad, de la Policía y sectores judiciales. Los Centros de estudiantes de Económicas y Medicina que están dirigidos por la Franja Morada, que es el sector político que dirige la UBA, fue a pedir más policía, pero nosotros entendemos que esa no es la salida porque son los mismos sectores implicados.
-M.H.: ¿Qué proponen?
-A.: Lo que nosotros remarcamos es que el Consejo Superior a partir de lo que fue la primera movilización de “Ni una menos”, en el Rectorado se aprobó un Protocolo de intervención en casos de violencia de género. Esto pasó a fines del año pasado y hasta hoy no fue implementado.
Los femicidios son el eslabón final de una larga cadena que parte desde el propio Estado
-M.H.: Dejando de lado que apañaron y cubrieron a un violento, como el decano de Ciencias Económicas, denunciado por su mujer y que luego tuvo que renunciar, lo que es de resaltar es un avance importante en la conciencia, la valentía de parte de las mujeres. La movilización del viernes pasado fue una demostración cabal de eso. Pero desde el lugar de las autoridades nacionales, se ve una actitud parecida a la de las autoridades universitarias, porque el presupuesto con el que cuenta el Consejo Nacional de la Mujer es ridículo, el 0,0055%, o sea 4,50 pesos por mujer, por otro lado, la Ley de patrocinio jurídico gratuito que propuso el senador Abal Medina y fue aprobada por unanimidad en noviembre del año pasado, jamás se implementó. Esto sabiendo que la denuncia en la comisaría es el inicio de un oneroso proceso judicial que debe ser costeado por la propia víctima que ya se encuentra en un estado de vulnerabilidad.
Otro proyecto que tampoco avanza es la llamada Ley “Brisa”, que prevé una asignación para los hijos de las mujeres asesinadas. Así podríamos seguir. Veremos si Fabiana Túñez, responsable del Consejo Nacional de la Mujer, presenta como dice, un Plan nacional contra la violencia de género y marca una tendencia para empezar a concretar algunas de estas cuestiones. Porque claramente se ha avanzado en concientización y valentía pero en el terreno concreto no se ha avanzado y los femicidios han aumentado, 225 el año pasado y en lo que va de éste ya se relevaron 235, esto deja en claro que desde el punto de vista concreto no se está a la altura de las circunstancias.
-A.: La movilización del año pasado del 3 de junio fue una reacción popular ante un flagelo social que sufren las mujeres constantemente. La movilización puso en agenda los reclamos de las mujeres. Del año pasado a éste, ni el gobierno anterior y mucho menos éste dieron una salida a esta problemática. Miles y miles nos movilizamos en todo el país y, efectivamente, los casos aumentaron, se visibilizó aun más y los femicidios son moneda corriente. Y queremos remarcar que los femicidios son el eslabón final de una larga cadena que parte desde el propio Estado. Y hay que remarcar las responsabilidades políticas, y cuando hablamos del Estado hablamos de cada una de sus instituciones y sus representantes, no es una cuestión de un gobierno sino que reproducen una lógica de relación cultural que necesita tener a las mujeres con la cabeza gacha y por eso en la Universidad pasa lo mismo.
Esto de las leyes es un punto importante, hay distintas leyes presentadas por distintos sectores políticos, que algunas tienen más limitaciones que otras. Hoy en día, por ejemplo, la Comisión de la Cámara de Diputados que debería tratar proyectos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer o cualquier reclamo de las mujeres, que es la Comisión de mujer, niñez, adolescencia y familia no funciona, estamos a mitad de año y la comisión no se ha reunido nunca. Y está presidida por Julián Dindart, que fue asignado por el bloque del radicalismo y avalado por todos los sectores políticos, que es conocido porque cuando fue Ministro de salud de la provincia de Corrientes estuvo en contra del aborto no punible en dos casos de niñas que habían sido violadas y habían quedado embarazadas, eso entre otras declaraciones homofóbicas. Ese personaje es quien encabeza la Comisión de mujer en la Cámara de Diputados.
-M.H.: Además una Comisión de mujer presidida por un hombre y con estos antecedentes es algo bastante raro. Ya que tocaste el tema del aborto, no quiero dejar pasar el caso de Belén, la chica tucumana, porque es un caso que ilustra la criminalización del aborto y la falta de una perspectiva de género en los fallos judiciales. Porque como mencionaste, el otro eslabón importante es la justicia, una justicia misógina y machista.
-A.: No solo es misógina, machista y patriarcal, sino que es clasista, porque la justicia opera para un sector social en particular, Belén es el nombre ficticio de una joven tucumana que hace dos años llegó al hospital de Clínicas de Avellaneda de la Provincia de Tucumán con una hemorragia interna y en vez de recibir la asistencia que necesitaba porque se estaba desangrando, fue acusada de matar a su hijo, le pusieron un feto en la cara al que nunca se le hizo un ADN para saber si era de ella.
Es un caso que tiene una serie de irregularidades, ella sufrió maltratos de todo tipo, esto sucedió hace dos años, bajo el gobierno de Alperovich, y durante ese tiempo Belén esperó su condena presa, a diferencia de otros casos como, por ejemplo, el de Marita Verón, donde todos los acusados esperaron su condena en libertad y encima después fueron absueltos en primera instancia.
Belén estuvo en una cárcel durante dos años y hoy el gobierno de Juan Manzur y la justicia tucumana decidieron darle ocho años más simplemente por tener un aborto espontáneo, que ni ella sabía que lo tenía. Es un caso, como bien dijiste, de criminalización del aborto pero hacia un sector en particular, es la regimentación, el disciplinamiento y la criminalización de las mujeres pobres, jóvenes y trabajadoras.
Hoy el aborto para muchos sectores es un tema polémico que quizás no habría que debatir, pero el aborto es una realidad y cientos de mujeres jóvenes y niñas mueren por realizarse abortos clandestinos. Insisto en el tema del sector social, porque la mujer que tiene los recursos puede acceder a una clínica privada y practicarse un aborto en condiciones óptimas, las que no pueden hacerlo se mueren. Es una pelea de las organizaciones de mujeres y que particularmente nosotras venimos dando hace años, el proyecto que presenta la Campaña nacional por el aborto que lleva diez años siendo presentado constantemente para que por lo menos se discuta, ha sido cajoneado por todos los gobiernos que pasaron.
Además, en cuanto a lo de la justicia, otro caso reciente es el de una niña wichí en Salta, de doce años que padece un cuadro de desnutrición, retraso mental, que fue violada por 8 personas, quedó embarazada y la justicia y el Estado de Salta le negaron el aborto no punible, incluso incumpliendo el fallo F.A.L de la Corte Suprema que establece el aborto no punible y lo único necesario era la declaración de una mujer para poder practicárselo y que no sea penalizada.
Provincias como Tucumán y Salta incumplen este fallo y tienen protocolos restrictivos, por ejemplo, en Tucumán hay un protocolo que establece que solo la mujer que fue víctima o algún pariente muy cercano son los únicos que pueden efectivamente hacer el pedido del aborto, pero en un plazo de doce semanas.
Este caso es significativo también porque esta niña fue violada en noviembre del año pasado y esto está saliendo a la luz ahora, se le negó el aborto no punible, se le practicó una cesárea porque el feto tenía malformaciones craneanas, incluso con el riesgo de que afecte su vida porque tiene una afección pulmonar. Los propios médicos dijeron que no tenía ninguna posibilidad de vida. Esto también demuestra como la justicia actúa para un sector en concreto y que criminaliza y regimenta a las mujeres trabajadoras constantemente.
-M.H.: ¿Querés agregar algo más?
-A.: Sí, en relación a Julián Dindart, quien preside la Comisión de mujer de la Cámara de Diputados, nosotras desde el FIT y el PO, con nuestra diputada por la provincia de Mendoza que es Soledad Sosa, hicimos un pedido al Presidente de la Cámara de Diputados para que se lo remueva de su cargo porque entendemos que un tipo con estas características, que está totalmente en contra de los intereses de las mujeres, no puede presidir esa Comisión.
Ese pedido no fue escuchado y es por eso que esa Comisión hoy no se reúne y no discute estas problemáticas. Mientras que en la segunda movilización por “Ni una menos”, en su primer aniversario, fuimos nuevamente miles y miles de trabajadoras y trabajadores, mujeres, niñas y hombres que salimos a la calle porque entendemos que motivos nos sobran.
Nosotros, si bien damos la batalla institucional, en las facultades, en el Congreso, en los distintos ámbitos, entendemos que la única forma de que los reclamos de las mujeres se lleven adelante o de conseguir las conquistas que estamos reclamando va a ser a partir de la organización independiente de las mujeres, del Estado y la Iglesia que son los principales responsables en todo caso de violencia de género.
Subido por M. Cecilia Méndez B.
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