La última ponencia del proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGLS), conocida popularmente como ley del “solo sí es sí” y propuesta conjuntamente por los ministerios de Igualdad y Justicia del Gobierno de España, ha devuelto a la primera plana el recurrente debate, desde la vuelta de la democracia a este país, entre regulación y abolición de la prostitución.
Paralelamente, dicha ponencia ha servido para poner de manifiesto, encarnadas en cada uno de los socios de gobierno, las dos posturas confrontadas que dan cuerpo al debate, precipitando la propuesta por parte del Partido Socialista Obrero Español de una ley para abolir la prostitución que contempla penas de cárcel a proxenetas y consumidores de sexo.
Dicho debate integra inicialmente una de las vías principales de liberación de la sociedad civil española durante la transición, la de la sexualidad, en lo que representa uno de los mejores ejemplos de búsqueda de la neutralización de los mandatos legales, culturales y espirituales característicos del franquismo.
En el caso de la prostitución, estos últimos se encontraban perfectamente asentados sobre relatos clasistas, moralistas y biologicistas establecidos por el nacional-catolicismo desde una pretendida biopsicología, los cuales degradaban a las mujeres prostituidas a penitentas enfermas y deficientes mentales.
Atrás quedó la biopolítica franquista
La democracia ha logrado dejar atrás la biopolítica franquista, favoreciendo el debate. Su aparición, sin embargo, era consustancial a la implicación en el mismo de sociedad civil y agentes sociales, quienes vivían transformaciones difíciles de valorar bajo la mirada de nuestros días: parte de la primera se encontraba inmersa en un atropellado despertar de la exitosa despolitización franquista desde el que se distinguen de otros sectores, estos últimos a su vez perfectamente absorbidos por fuerzas reaccionarias de plena vigencia en la actualidad; por su parte, entre los agentes sociales, los sindicatos asumen un papel preponderante que sitúa el debate sobre la prostitución en torno al trabajo.
Académicamente, el debate se ve jalonado por aportaciones en uno y otro sentido provenientes del derecho, la sociología o la psicología en un contexto de salida del aislamiento internacional y apertura de fronteras, transformación de los flujos emigratorios e irrupción de los inmigratorios, apuesta por la consolidación de una economía de servicios que demanda mano de obra menos cualificada, auge y declive de una clase media burguesa que se autoevalúa y distingue desde el consumo, integración en una economía cada vez más globalizada que es consustancial a la decadencia del estado de bienestar y grandes fluctuaciones salariales que correlacionan con problemas globales como el del paro masivo.
En efecto, es fácil comprobar que todos estos elementos permiten configurar también la realidad de la prostitución: trata de personas, consumo de sexo, rol de los intermediarios en la provisión de servicios, movimientos migratorios, precariedad laboral, libre circulación de personas, salud pública…
La versión simplificada de la libertad
También son coincidentes las recetas neoliberales para aportar respuestas comunes y evitar controversias en la lectura de ambas problemáticas: todas ellas descansan sobre una versión simplificada y pretendidamente neutral de la noción de libertad, que se postula como garante de la igualdad, apareciendo como dada sin más a la persona sin tener en cuenta sus circunstancias respecto a género, etnicidad, clase social o edad.
Las mujeres prostituidas ven mermado su derecho a ejercer la libertad sexual porque son víctimas de trata; ven vulnerado su consentimiento, quedando este reducido a una mera transacción; su cuerpo, y no su fuerza de trabajo, es explotado con total impunidad por delincuentes proxenetas; son las máximas sufridoras de infecciones de transmisión sexual y ven afectada de forma irreversible su salud mental; padecen además una invisibilidad social que impide que sean tratadas y asistidas por los servicios sociales.
No se trata, pues, de crear un marco legal para la victimización con ciertas garantías sino de que, de ningún modo, un estado democrático puede crear las condiciones para que una víctima elija “libremente” serlo.
A un Ministerio de Igualdad se le presupone el fomento y el empleo de herramientas de análisis con perspectiva histórica e ideológica con capacidad de reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres que logren desembocar en propuestas políticas a favor de la construcción de relaciones de género equitativas y justas.
El consumo de sexo implica la victimización de colectivos perfectamente definidos, ya se encuentre este mediado por una contractualización simbólica o jurídicamente normalizada, lo que es por completo incompatible con el mantenimiento de relaciones con garantías mínimas de igualdad. En otras palabras, para una de las partes el sexo se consume pero, para la otra, la prostitución no se ejerce sino que se padece: los efectos sobre la salud están descritos en los trastornos de estrés postraumático, ansiedad, insomnio y trastornos del sueño, alteraciones emocionales, malestar psicológico intenso, alteración de respuestas fisiológicas y sexuales, siendo comparable al que experimentan personas veteranas de guerra o supervivientes de tortura. Por su parte, las secuelas permanecen incluso años después de abandonar la prostitución: depresión, trastornos de sueño, hipervigilancia, flashbacks, adicción a las drogas, ansiedad, disociación, interiorización de desprecio y objetualización.
Un alejamiento de la igualdad
Finalmente, debería considerarse una coerción estructural, además de la personal, ya que la experiencia de explotación o daño diverge entre las diferentes mujeres, pero toda la sociedad sufre daño en cuanto la prostitución nos aleja del logro de la igualdad.
Por su parte, la existencia de mujeres y niñas prostituidas tiene un efecto sobre el conjunto de las mujeres, ya que confirma y consolida las definiciones patriarcales que establecen como función de estas estar al servicio sexual de los hombres. Reduce así a las mujeres a meras anatomías pasivas, objeto de consumo de hombres que utilizan la prostitución para ejercer su cuota de poder. Como dice la profesora de Historia y Filosofía Moral Ana De Miguel, la prostitución de mujeres es “una escuela de desigualdad humana”.
Feminismos de los Sures y Mujeres Supervivientes forman parte de la cartografía de experiencias políticas basadas en las resistencias cotidianas y los afectos como motor de cambio, presentes en toda Andalucía. Estos proyectos suponen un cambio en el modo de entender el sindicalismo y el apoyo mutuo.
Unas mujeres toman café en la mesa de la cocina tras limpiar. Una obrera le trae un tupper de comida a su compañera porque sabe que a veces no le da tiempo a prepararse nada. La dependienta aparta un vestido para una clienta de confianza que está pasando penurias. En las noches de verano, una vecina baja con una botella de vino de su pueblo que le han regalado para una ocasión especial y la pone encima de la mesa de plástico entre las sillas de propaganda y los abanicos. Una jornalera carga una caja más por su compañera porque hoy tiene el día flojo. Una madre lleva de excursión a los hijos de todo su bloque para que las demás puedan descansar un día.
“Hay miles de espacios que solo las comadres rellenan, y es ahí en estos tiempos sin duelo donde las feministas de ahora tenemos que agarrarnos como a un clavo ardiendo. Comadre un lugar en el mundo, sin juicio y sin peleas, un sitio de paz entre tanta guerra”. Mar Gallego recuerda en su libro Como vaya yo y lo encuentre la historia de Antonia y Regli, que podrían haber vivido cualquiera de estas escenas que componen nuestro cotidiano. Esas prácticas por las que muchas veces hemos pasado sin prestar atención, pero cuya fuerza política hoy estamos empezando a vislumbrar y apreciar. “El comadreo es una forma de supervivencia ante el sistema patriarcal en el que vivimos”, reflexiona la teórica feminista Carmela Borrego Castellano, que acaba de publicar su libro Encarnando el territorio Feminismo(S) Andaluz(ES) en Kaotica editorial.
Más allá del sindicalismo: el comadreo
El comadreo son verdaderas prácticas de apoyo mutuo para las que no hace falta saber pronunciar Kropotkin. Una cartografía de experiencias, subjetividades y aprendizajes que han sido infravaloradas y que hoy pueden tener la llave para revolucionar de qué modo entendemos hacer política, colectividad y sindicalismo. “Las mujeres que ahora mismo estamos en lucha somos mujeres lumpen, esas mujeres que ni la izquierda quería, nos dejábamos comprar unas veces por unos y otras veces por otros. Somos esas lumpens que se espabilaron, somos las que hoy en día estamos haciendo política sindicalista, políticas feministas y política social y me parece que somos las que estamos haciendo el movimiento más revolucionario que se está haciendo a nivel estatal”. María José Barrera habla desde su barrio sevillano, Amate. Acaba de volver de limpiar una de las casas, trabajo que realiza por las mañanas, y ahora toca la jornada de activismo. Lleva años en el activismo, desde el 15M, la marcha de la dignidad, y en 2017 fundó el Colectivo de Prostitutas de Sevilla —trabajo que ejerció durante más de 20 años— para la lucha por los derechos sociales de las trabajadoras sexuales. Ella sabe perfectamente la necesidad del comadreo para la acción política: “Nosotras no solamente necesitamos una organización sindical, nosotras necesitamos unas redes de apoyo entre hermanas”.
Esta declaración recuerda a las palabras que Audre Lorde expuso y dejó escritas en “Las herramientas del amo no pueden destrozar la casa del amo”, publicadas en uno de los libros que más comadreo intelectual y poético refleja, Este puente mi espalda: “Para las mujeres la necesidad y deseo de compartir la afectividad entre sí no es patológico sino un rescate, y es dentro de este conocimiento en el que nuestro poder verdadero se redescubre. Es esta conexión verdadera entre mujeres lo que teme tanto el mundo patriarcal”. Carmela Borrego Castellano pone el foco en que las prácticas y las necesidades de las mujeres pobres y precarias van más allá de lo que entendemos por sindicalismo clásico: “No a todo el mundo le sirve el sindicalismo porque no todo el mundo tiene los mismos ejes de opresión, las mismas posibilidades de transformación desde las dinámicas impuestas desde occidente. Muchas mujeres están organizadas sin que haya un estamento burocrático que las rija, simplemente por coordinación y opresión han hecho unas alianzas concretas que les ha permitido luchar contra el patronato. Las mujeres dentro de sus posibilidades siempre han tenido espacios de lucha y resistencia que son comadreos”.
La autora habla de la necesidad de darle una vuelta a lo que tenemos concebido como sindicato si se quiere acoger a todas las distintas situaciones de las mujeres y disidencias en precariedad: “Un sindicalismo feminista en vez de mirar a los sindicatos masculinizados tiene que empezar a crear dinámicas, poner en valor todas las experiencias de las mujeres que no se han podido sindicar a lo largo de la historia y que han creado estrategias colectivas para luchar contra el patriarcado capitalista y racista, tiene que ser de una forma que ponga los cuidados en el centro sin romantizar los cuidados”.
Esto es lo que se está intentando a la hora de construir Feminismos de los Sures, que pretende ser una plataforma de colectivos feministas para generar apoyo mutuo y alternativas a la situación de las mujeres precarias y pobres, desde ellas mismas. En esta plataforma se encuentran las Jornaleras de Huelva en Lucha, trabajadoras de los cuidados, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla y otras trabajadoras precarias y empobrecidas. Mujeres que han salido de los sindicatos y del feminismo hegemónico por no sentirse representadas y sentir que se minusvaloran sus conocimientos. “De los feminismos hegemónicos nos hemos ido todas, hay que ser autocríticas y ver cómo nos organizamos, hay que desenredar antes de tejer”. Según el propio colectivo, su objetivo es construir un lenguaje común a través de dos maneras: “Una parte sindical para las precarias, donde vamos a formarnos para formar en derechos laborales. Y una parte social para los pobres para dar información, saber cuáles son sus derechos y poder señalar a la industria del rescate”, comenta Marijose.
La necesidad de trabajar conjuntamente en estas dos vertientes se debe a la gran variedad de casos y situaciones que viven las trabajadoras precarias y empobrecidas. Por un lado, “sindicalmente las precarias se tienen que organizar de una manera y las pobres de otras. Por ejemplo, las putas tenemos que luchar por derechos sociales reconocidos. Las jornaleras y las cuidadoras tienen que luchar para que se cumplan los derechos. La mitad de los casos tienen cosas reconocidas, pero no se las cumplen”, reflexiona Barrera. Desde el colectivo buscan poner en el centro todas las estrategias y saberes para conseguir una red de apoyo estable y mejoras en la dignidad de vida de las mujeres y disidencias precarizadas: “Creemos que sindicalmente lo vamos a conseguir todo, creemos que por los derechos sociales, políticas públicas, podemos cambiarlo todo; todo va de la mano y la acción está en la calle. Y eso es lo que le tenemos que mostrar a la gente, que nadie sobra”. Esta plataforma busca también dotar de una red de apoyo para aquellas mujeres en situación de pobreza o precariedad, poniendo a su disposición información, formación en torno a sus derechos, ya que creen que “la industria del rescate no te da la mano para que subas el primer escalón y vayas subiendo, sino para que tú te mantengas siempre con miedo a no subir la escalera”, continúa Barrera.
Foto: Antonia Avalos abrazando a una compañera en el comedor del Pumarejo (Salvador Del Valle)
Las mujeres que componen Feminismos de los Sures han puesto en el centro los aprendizajes de su cotidianidad, de comadreos cotidianos, junto a sus experiencias de ser silenciadas por sindicatos mayoritarios y feministas hegemónicas, la rabia de que su situación de empobrecimiento y precariedad laboral no cambie y se ponen manos a la obra para la acción. “Los feminismos de los sures no es solo porque estamos en el sur, sino porque en las luchas están los nortes y los sures, los sures son las precarias y las pobres, y en los nortes hay otras cosas y en todos los territorios hay eso. Tenemos que atravesarnos”, comentan desde la plataforma. Feminismos de los Sures tiene como objetivo utilizar todas las estrategias posibles para enfocarse en la dignidad de las mujeres precarias y pobres. Por ello, en el mes de junio realizarán una formación sindical junto al proyecto El Taller de Sevilla, abrirán un espacio para la atención y seguirán construyendo su red de apoyo. “Yo creo que el apoyo mutuo es lo que hace Antonia Avalos”, sentencia Barreras cuando hablamos sobre qué significa para ella ese término que tantas bocas y libros llena.
El sonido de las ollas contra el ruido de la gentrificación
La plaza del Pumarejo es el corazón del barrio de San Julián, en el casco histórico de Sevilla. Entre locales modernos, tabernas reformadas y ruidos de maletas aún queda un rastro de la vecindad que fue en los jóvenes bebiendo litros en los bancos, una señora que toma el sol sobre su tacataca y, sobre todo, en la casa del Pumarejo que preside el espacio. Frente a ella, los martes y los miércoles, si afinas el oído, puedes escuchar cómo el sonido de las cacerolas, las risas de las mujeres y la cumbia le hacen frente al ruido de la gentrificación y el capitalismo que devora la ciudad y a sus consecuencias de empobrecimiento y precariedad. “Desde que llegué me di cuenta de que era necesario un espacio así. Vine con una niña pequeña, vivía en una casa okupa, había mucho miedo y mucha soledad. Llegué a sentirme angustiada y sola de no tener a quien platicarle o a quien me protegiera, me compartiera la comida, me regalara un suéter, me invitara a su casa a comer. No entendía mucho los trámites burocráticos y quería tener una amiga que me acompañara. Desde el segundo día que llegue a España sabía que me hacían falta amistades amorosas, feministas y solidarias en mi vida”, comenta Antonia Avalos mientras no para de recibir a gente que quiere saludarla.
Así surgió el comedor de mujeres supervivientes en la casa del Pumarejo, un espacio emblemático de las luchas sociales en la ciudad de Sevilla, en 2013. Un espacio autogestionado vinculado a las necesidades de las mujeres en situación de precariedad, exclusión social y violencias patriarcales. “El comedor surge por el hambre y la precariedad. No teníamos para comer, no teníamos empleo, entonces juntamos un puñadito de lentejas y de aceite de arroz y el cocinar juntas y el reírnos juntas, pues sabíamos que nos hacíamos falta, pero que también que nos hacíamos bien, nos daba seguridad, y es un refugio: nuestras miradas, nuestros cuerpos, cocinar juntas, limpiar juntas”, prosigue Antonia.
Una señora mayor del barrio recoge unos muñecos vestidos de cofrades que llevan toda la Semana Santa en esta sala. Una chica limpia algunos platos de la mesa. Otra mujer explica cuáles son sus pasos favoritos de perreo. Este espacio supone uno de los mayores espacios de encuentro colectivo en la ciudad, para todo tipo de mujeres y disidencias. Un espacio abierto para debatir, compartir, ayudar y volver a hacer del barrio una comunidad. Especialmente es un punto de encuentro para las mujeres migrantes en Sevilla, ya que son ellas las que se encuentran al frente de este proyecto. Un lugar curativo donde poner sobre la mesa la herida colonial y racista que diariamente soportan sus cuerpos. “Es un refugio, de sentirte cálida, segura, protegida y feliz. Es verdad que todas las mujeres tenemos una herida patriarcal, pero las mujeres migrantes aparte por el tema del racismo y la violación constante de nuestros derechos humanos. Hay una herida migrante y la curamos con ternura, con un bailecito de cumbia, con cuidarnos y estar juntas”, comenta Avalos.
A pesar de que el comedor lleva casi 10 años siendo un ejemplo de práctica política y restaurativa para los individuos y lo colectivo, Antonia se queja de que no cuentan con ellas desde los movimientos sociales de la ciudad y las instituciones todo lo que deberían, y lo achaca al racismo: “Yo creo que no nos ven lo suficiente porque nos siguen viendo como las otras, siempre nos falta algo y creo que tiene que ver con que somos migrantes, siempre se duda de todos nuestros títulos, de nuestras capacidades intelectuales, de nuestras capacidades autogestivas, de nuestras capacidades de una lucha constante desde un feminismo del sur decolonial. Siempre se duda de que algo nos falta y de que no somos lo suficiente blancas, inteligentes”, sentencia Antonia, que percibe suspicacia hacia sus vidas y sus cuerpos. “No nos invitan a muchas cosas que se hacen en la ciudad sobre problemas urbanos, de desempleo, de justicia, de salud, de igualdad, de violencias, de inventar un mundo nuevo, de vivienda. Nosotras tenemos cosas que decir porque todas esas violencias atraviesan nuestras vidas y nuestros cuerpos y además porque estamos generando una inteligencia colectiva y formas de pensar y de sentir que deben ser escuchadas y que se pueden construir desde la alteridad. Somos autoras, tenemos publicaciones, cosas inteligentes e interesantes que compartir con las mujeres de aquí; creo que ahí hay un prejuicio racista que no está revisado, que dice que está en contra de todos los fascismos, pero en el día a día no se revisa su racismo”, prosigue. También cree que el propio movimiento feminista no pone en el centro prácticas como esta: “El 25N y el 8M son asambleas muy potentes, pero solo se articulan al rededor de esas fechas tan marcadas. Nosotras estamos todo el año, todos esos feminismos que tienen discursos tan potentes, pero en el día a día las que estamos somos las de abajo, las de a pie, resolviendo problemáticas y también pensando y repensando nuestras vidas el sistema, las injusticias y las soluciones a nuestra situación”.
Mujeres Supervivientes, además de ser una red de apoyo y un espacio de encuentro, es una entidad que genera pensamiento colectivo, intelectual y situado. Actualmente, se encuentra participando en dos estudios, el primero sobre cómo impactan las carencias y deficiencias del sistema en las vidas de las mujeres migrantes, que hacen que se vean sometidas a mayor explotación, precariedad e ilegalidad. El otro versa sobre la huella migrante, una cartografía de las subjetividades de las mujeres migrantes y de cómo el proceso migratorio afecta en la construcción de nuevas identidades. El apoyo mutuo y el comadreo están dentro de todas las prácticas que se llevan a cabo dentro de Mujeres Supervivientes porque, como recuerda Antonia Avalos, “yo pienso que es ese amor profundo a la vida que no tiene que ver con el amor cursi, sino con ese amar desde el corazón, desde las entrañas desde partir el pedazo de pan y compartirlo con tu hermana, igual la ropa, o si alguien es desahuciado estar pendiente a ver dónde se puede acomodar, ayudar a hacer un CV y que te ayuden a ti también a resolver cosas que tienen que ver con el empadronamiento, eso son acciones que tienen que ver con la vida cotidiana”. Para ella, generar política “tiene que ver con lo que me genera el otro, la otra, su cuerpo, su ternura, la energía que irradia la fuerza para menear las cazuelas en los fogones”.
Mujeres Supervivientes y Feminismos de los Sures son puntos de una cartografía de prácticas que se están llevando a cabo de distintas formas en toda Andalucía, como La Medusa en Málaga o La Asociación Kampito en Granada. Unas experiencias que ponen el comadreo en el centro para la subversión política desde distintos lugares: lucha antigentrificación, sindicalismo, salud mental, ruralidad o flamenco, como es el caso del colectivo Las Asarvahás (Sevilla) que saben definir con esta bulería compuesta colectivamente lo que es el apoyo mutuo mejor que los pensadores rusos: “Ay vente prima, vente pacá / Ay vente prima, vente pacá / Que si estamo toas juntitas / Ni un pucherito nos va a faltá / Que ni un pucherito nos va a faltá”.
Las investigadoras Rafeef Ziadah y Brenna Bhandar conversan con una decena de mujeres que toman partido en el mundo académico y el activismo.
Existe un vínculo entre las diez mujeres entrevistadas en Feminismes revolucionaris, editado en marzo, en lengua catalana, por Sembra Llibres: el compromiso crítico y perdurable con el materialismo histórico. Con este punto de partida -los feminismos negros, indígenas, postcoloniales y marxistas, antirracistas y anticapitalistas-, las investigadoras Rafeef Ziadah y Brenna Bhandar conversan con una decena de mujeres que toman partido en el mundo académico y el activismo.
Tres ejes atraviesan el volumen de Sembra Llibres, de 358 páginas: diáspora, migración e Imperio; una segunda parte sobre el colonialismo, el capitalismo y la resistencia; y por último, el feminismo abolicionista de las prisiones. Pero también en la introducción del libro se hace referencia al contexto actual de emergencia climática.
“Sólo el 10% de la población mundial es responsable del 50% de las emisiones globales. Las jerarquías de clase y de raza de la crisis climática son innegables, así como las desigualdades entre los países del Norte y del Sur, o lo que la geógrafa feminista Doreen Massey ha identificado como ‘geografías del poder’ de la globalización”, subrayan Rafeef Ziadah y Brenna Bhandar.
Una de las entrevistadas es la investigadora, profesora de Sociología y Estudios de Género, ensayista y fotógrafa británica Vron Ware, cuyo último título publicado –febrero de 2022- es Retorn of a native. Learning from the land. En Military Migrants: fighting for YOUR country (2012), trató la relación entre racismo y militarismo; otra fuente de interés son sus columnas –“Up in arms”- sobre militarización en la publicación independiente openDemocracy.
Una de las reflexiones compartidas por Vron Ware en el libro de Sembra es la vinculación entre las nuevas tecnologías y la historia de las reivindicaciones populares en Reino Unido: “Una de las cosas que la tecnología ha cambiado es que ahora puedes elegir los hechos del pasado que casen mejor con tu argumento o con tu causa, porque es mucho más fácil encontrar información rápidamente. Sin embargo hay un déficit real respecto a pensar históricamente. Es como si hubiera una falta de conocimiento a pesar de la facilidad para encontrarlo en línea”.
Otra de las protagonistas es la profesora y activista Silvia Federici, nacida en la ciudad italiana de Parma (1942), y a quien puede vincularse a la tradición marxista, feminista, radical y autonomista. Es autora de numerosas obras influyentes, por ejemplo Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpos y acumulación originaria (2004); y Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas (2013).
Su formación política e intelectual comenzó durante la Segunda Guerra Mundial: “La cultura del fascismo era completamente misógina”. Muy pronto Silvia Federici empezó a desconfiar del Estado. En los años 70 del siglo XX cofundó la International Feminist Collective y fue organizadora de la International Wages for Housework Campaign.
Sobre los recientes textos académicos relacionados con la reproducción social, y las actividades que se desarrollan fuera del hogar (por ejemplo hospitales o escuelas), la autora de El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo (2018), explica: “Son útiles. (Se) amplía el concepto de trabajo reproductivo y demuestra que ya no es sólo trabajo doméstico. De hecho nunca lo ha sido (…). El problema es que también hay una tendencia a olvidar el trabajo que se lleva a término en casa, y ahora toda la atención se dedica a la reproducción comercializada”.
Profesora en la Universidad de California, sindicalista y activista contra el racismo, Angela Y. Davis (Birmingham, Alabama, 1944) ha publicado libros sobre raza, clase y género, como Women, Race and Class (1981), y otros como Abolition Democracy (2005) o Are prisons obsolete? (2011). Marxista afrodescendiente, Angela Y. Davis estuvo afiliada al Partido Comunista de los Estados Unidos desde 1968, fue perseguida por el FBI y estuvo más de un año encarcelada (después de una campaña de solidaridad internacional –“Free Angela”-, fue declarada inocente y absuelta en 1972). Asimismo ha luchado por la abolición de las cárceles.
“La gran cantidad de presos políticos, desde el líder indígena Leonard Peltier hasta Mumia Abu-Jamal y otras personas asociadas al partido de las Panteras Negras –la mayoría negros, algunos de ellos han estado entre rejas durante más de 50 años- ponen de manifiesto la continua racialización de la ley estadounidense”, expone en Feminismes revolucionaris.
Otro testimonio recabado es el de Himani Bannerjy (Sylhet, Bangladés, 1942), profesora de Sociología en Canadá y fundadora de la Escuela de Estudios de la Mujer en la Universidad de Jadavpur (Calcuta). Ha investigado sobre la constitución de las clases sociales y el patriarcado en la India colonial y, respecto a Canadá, desde un punto de vista antirracista, feminista y marxista.
“Frantz Fanon, Aimé Césaire, Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong’o y C.L.R. James, entre otros, me ayudaron a poner nombre a las experiencias que yo y más gente vivíamos”, explica; se trataba de vivencias del “proceso de racialización, que es intrínseco al colonialismo capitalista. Hablaban de las consecuencias emocionales y psicológicas de la esclavitud”, recuerda la autora de Investing Subjects: Studies in Hegemony, Patriarchy and Colonialism (2002).
Entre la investigación académica y el activismo se sitúan también las autoras del libro de Sembra. Rafeef Ziadah es profesora de Política del Oriente Medio en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, poeta y ha participado en campañas de solidaridad con Palestina. Brenna Bhandar es lectora de Derecho y Teoría Crítica en la mencionada Escuela y autora de Colonial Lives of Property (2018).
El texto concluye con un epílogo de la profesora de Etnia, Raza y Migración en la Universidad de Yale, Lisa Lowe, que destaca de las 10 pensadoras entrevistadas: “Nos recuerdan cómo podemos alterar el presente restaurando nuestra relación con la larga historia de los feminismos antirracistas y anticoloniales revolucionarios: la de Fannie Lou Hammer, Claudia Jones y Audre Lorde; el Combahee River; la Alianza de las Mujeres del Tercer Mundo; o las mujeres que lideraron la resistencia Kanehsata:ke durante la crisis de Oka de 1990, en Canadá”.
Para tener más información sobre la página y nosotrxs, nos puedes escribir al mail: ecofeminismo.bolivia@gmail.com
Quince defensoras latinoamericanas de ambiente y territorio fueron asesinadas en el 2020, siete de ellas eran indígenas, de acuerdo con el informe anual de Global Witness.
Detrás de esos asesinatos hay una escalada de violencia física, psicológica y sexual que viven las lideresas indígenas, quienes son estigmatizadas, criminalizadas y acosadas por su labor en la defensa de ríos, el territorio y la vida misma.
En América Latina, las defensoras indígenas han formado redes de apoyo donde promueven el autocuidado como una “práctica política”.
Las mujeres Wayuú en Colombia son una fuerza colectiva. Han conocido el miedo y las amenazas de quienes las vigilan día y noche por estar en contra de la minería que contamina sus ríos y sus tierras en la región de La Guajira. Ellas decidieron unirse y organizarse. Juntas se cuidan, defienden su territorio y los recursos naturales que dan vida e identidad a sus pueblos. También han asumido el rol de mantener la memoria de sus familiares asesinados.
“Fuerza de Mujeres Wayuú ha sido nuestro mejor ejercicio de resiliencia”, cuenta Jackeline, una de las lideresas que integra esta lucha. En América Latina, ser mujer, ser indígena y ser defensora ambiental significa una triple amenaza que deben enfrentar para sobrevivir.
“El grueso de los asesinatos a defensores (ambientales y de territorio) se dan en Latinoamérica, muy por encima de otras regiones del mundo”, comenta Laura Furones, especialista de Global Witness, organización ambiental que desde el 2012 realiza un informe anual sobre el tema y que para 2020 documentó el asesinato de 145 defensores ambientales en la región —60 % de todos los registrados a nivel mundial—, de los cuales quince eran mujeres y, de ellas, siete eran indígenas. Esta última cifra es preocupante si se toma en cuenta que los pueblos indígenas representan un 5 % de la población mundial.
Mural de Berta Cáceres en el centro de Tegucigalpa. La defensora Lenca fue asesinada en 2016. Foto: Sandra Cuffe.
“Pero el asesinato es el caso más extremo. Hay una violencia con rasgos muy claros hacia la mujer”, agrega Furones. Ellas, a diferencia de sus compañeros, deben enfrentar daños físicos, psicológicos y sexuales, acoso y persecución por defender sus medios de vida de traficantes de tierra, de taladores, mineros ilegales, narcotraficantes y de los grupos criminales que buscan imponerse en sus territorios.
Información recopiladas por el proyecto periodístico Tierra de Resistentes, que registra los actos de violencia en contra de los defensores ambientales y de territorio en América Latina, aporta más información a la reunida por Global Witness. Entre 2010 y 2020 —de acuerdo con la base de datos construida y que cubre 12 países de la región— se registraron más de 340 ataques en contra de mujeres indígenas defensoras. La gama de las violencias es amplia e incluye el acoso judicial, las amenazas, la estigmatización, la criminalización, el desplazamiento y la violencia sexual.
Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y RunRun en Venezuela decidimos investigar cómo afecta esta violencia a las mujeres indígenas que defienden el ambiente y su territorio, qué luchas están liderando y qué estrategias de defensa colectiva han puesto en práctica para hacerle frente a las amenaza en Ecuador, Colombia, México, Perú y Venezuela.
Los liderazgos femeninos, como el de Josefina Tunji (Ecuador), han sido parte del mundo indígena, pero también han sido históricamente invisibilizados. Foto: Lluvia Comunicaciones.
Mujeres, cuidadoras de la vida
Una defensora ambiental es una mujer que ha emprendido una lucha individual o colectiva a favor de los derechos humanos, específicamente los que están vinculados a la tierra, el territorio y el ambiente, según refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, estas defensoras también difunden información, denuncian y promueven la organización comunitaria. “Pero para las mujeres indígenas es mucho más difícil ser líder, pues aún sufren una falta de reconocimiento de sus capacidades”, dice Alejandra Yépez, de la organización Amazon Watch Ecuador. Esto sucede pese a que las mujeres, históricamente, han estado a cargo de labores esenciales dentro de las comunidades indígenas.
“Ellas son las que tienen el rol de transmitir la cultura, la lengua, son las que se encargan de la salud y del cuidado. No poder acceder a sus territorios sanos interrumpe esas labores”, agrega Francisca Stuardo, de Global Witness.
Bettina Cruz, lideresa indígena binnizá que denuncia el despojo de tierras por parte de empresas de generación de energía eólica en la región del Istmo de Tehuantepec, al sur de México, tiene claro este papel diferenciado de la mujer con respecto al territorio. “Somos cuidadoras de la vida”, señala. “No digo que los hombres no sean importantes para esta lucha, son importantísimos. Pero las mujeres somos cuidadoras de la vida. La madre tierra también nos da vida y tenemos que cuidar a nuestra madre”.
Bettina Cruz, lideresa indígena binnizá, denuncia desde hace más de una década cómo las empresas de generación de energía eólica han impuesto sus proyectos en Oaxaca, México. Foto: Francisco Ramos
Alejandra Yépez, de Amazon Watch Ecuador, señala que son estos espacios de vida —el agua, los ríos, el bosque, la tierra— en los que se concentran las luchas de las mujeres indígenas. “La noción de tierra y territorio que tienen las mujeres indígenas no está disociado de su cuerpo. Para ellas es una extensión de este”, agrega Stuardo, de Global Witness.
Bajo esta premisa, ejercer la violencia sobre el ambiente y el territorio es ejercerla también sobre las mujeres. “Por eso —remarca Stuardo— los ejercicios de defensa están protagonizados por mujeres, aunque no sean siempre visibles”.
Integrantes de Fuerza de Mujeres Wayuú, en Colombia. Foto: Cortesía Fuerza de Mujeres Wayuú.
Las violencias contra las defensoras
Sofía Vargas, oficial del proyecto de Oxfam en Perú, comenta que justamente la lucha de las mujeres suele ser menos visible porque históricamente se les ha impedido el acceso a espacios donde se toman las decisiones políticas y de manejo de territorio.
Para lograr tener protagonismo dentro de su comunidad o en su región han tenido que trabajar durante, al menos, diez años en temas comunitarios, muchas veces relacionados con salud materno infantil o soberanía alimentaria, comenta Belén Páez, directora ejecutiva de Fundación Pachamama, de Ecuador. Para que una mujer se ponga al frente de la comunidad, dice, primero ha tenido que romper varias barreras personales.
“El punto de partida es diferente para una mujer indígena, en comparación con un hombre indígena”, dice Mariel Cabero, especialista en justicia ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (IUCN NL). Ellas, señala Cabero, primero deben enfrentarse a los estereotipos impuestos por ser mujer.
Las violencias dirigidas a las mujeres defensoras indígenas también tienen sus matices particulares, si se les compara con los ataques que sufren los defensores indígenas hombres: “Hemos visto que los hombres son criminalizados y hasta los asesinan, pero las mujeres, muchas veces, son violadas y de esto no se habla. Se vive con esto, se carga con ese dolor”, comenta Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).
“La violencia sexual es una forma de agresión hacia las mujeres, de mostrar poder, de humillar. Se convierte en una forma de castigo por la labor de defensoras que desempeñan. Se les hace campañas de desprestigio que se refuerzan en estereotipos para poder descalificarlas”, señala Vargas de Oxfam.
Laura Furones, de Global Witness, añade que aunque las mujeres defensoras son asesinadas en una tasa de 10 % a nivel mundial, detrás de esta cifra se esconden otro tipo de agresiones. Francisca Stuardo, también de Global Witness, comenta que esta violencia no solo pasa por el ataque físico y sexual, sino también por los espacios que tienen para realizar estas denuncias.
Ana María Fernández, del pueblo yukpa en Venezuela, ha perdido cinco de sus diez hermanos. Ellos luchaban por la recuperación de su territorio. Foto: Observatorio de Ecología Política de Venezuela
En el caso de Ana María Fernández, de la comunidad yukpa de Venezuela, sicarios le mataron a cinco de sus diez hermanos. Ella asegura que los asesinaron por encargo de terratenientes, militares y guerrilla colombiana que operan en el estado de Zulia y cuyo objetivo es apoderarse de las tierras indígenas. Aun así, ella se hizo luchadora social y ha seguido denunciando los abusos, por lo que ha sufrido discriminación, despojo y múltiples amenazas que han caído sobre las mujeres que más ama. Los que la acosan, han amenazado de violación a su hermana y han quemado la casa de su madre.
Sobre la estigmatización, Bellanira López Sánchez, especialista de Protección Integral a Defensoras del Consorcio Oaxaca, organización no gubernamental en México, comenta que esta es una práctica común dentro y fuera de las comunidades indígenas: “Las mujeres que se ponen al frente en una lucha de resistencia tienden a ser señaladas, porque deberían estar haciendo otras labores como cuidar la casa o los hijos y por este trabajo de defensa estarían dejando esas labores”.
Además, al tener un rol de cuidado dentro de las comunidades, son ellas a las que más les afecta en su cotidianidad el dedicar buena parte de su tiempo a la defensa del ambiente y el territorio.
Betty Rubio (al frente de la primera balsa) es presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua).
“Lo más difícil es dejar a mis hijos (durante los viajes a las comunidades). Y lo más triste es que la mayoría de las veces no hay cobertura (telefónica y de internet)”, confiesa Betty Rubio Padilla, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua), perteneciente a la provincia de Maynas, en la región Loreto. Las defensoras sienten que están dejando de lado responsabilidades en el hogar y con sus familias.
A Josefina Tunki, la primera dirigente en presidir el Pueblo Shuar Arutam, y referente de varias mujeres indígenas en Ecuador, la han insultado y difamado por ser mujer e indígena. Tunki reflexiona que, si bien ha recibido el apoyo de muchos hombres de las comunidades Shuar, el machismo ha hecho que muchas veces la traten distinto. “Se refieren a mí en términos no muy decentes”, cuenta.
Pese a la gravedad de los ataques, no existen muchos datos en América Latina sobre las amenazas específicas en contra de las mujeres defensoras indígenas, señala Cabero de IUCN NL. “Estamos trabajando en monitorear y visibilizar estos peligros”, agrega.
Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam en una de las orillas del Río Santiago. Foto: Ana Cristina Alvarado.
Algunas organizaciones, como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, han resaltado que la criminalización —abrir procesos judiciales en su contra— es una de las violencias a las que recurren cada vez más los actores que buscan frenar las luchas de las defensoras indígenas.
En uno de sus informes, la Iniciativa Mesoamericana resalta que “estos procesos usualmente no prosperan, lo que da cuenta de un patrón en donde las mujeres son criminalizadas por delitos que no se pueden confirmar, lo que podría develar un indebido uso judicial contra las mujeres”.
Cuando la protección nace desde adentro
“Luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, ganaderos, cuerpos policiales y guardia nacional, gobierno local y el mismo Estado que no permiten la demarcación de nuestras tierras”, advierte Ana María Fernández, lideresa yukpa.
“Son lideresas que luchan por sus tierras porque en esos espacios es donde está el alimento para su familia, el agua, sus lugares sagrados, su cultura”, dice Linda Bustillos, profesora de la Universidad de Los Andes (ULA).
¿Cómo se defienden las mujeres indígenas ante la desprotección de las autoridades estatales? Tejer redes y el autocuidado son herramientas que han sumado a la defensa del ambiente y territorio las mujeres cuyas historias son narradas en este especial.
Mujeres Wayuú realizan talleres en toda la Guajira colombiana, como parte de su escuela itinerante. Foto: Cortesía Fuerza de Mujeres.
Es el caso de Ana María Fernández, Carmen Fernández y Lucía Romero, tres defensoras indígenas que lideran la Organización de Mujeres Indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá, Oripanto Oayapo Tüonde, creada para defender a su pueblo de la escalada de violencia en esa región de Venezuela.
Para instituciones como Onamiap, la autoprotección se convierte en una solución frente a las débiles acciones que los Estados realizan para proteger a las defensoras ambientales amenazadas, mecanismos que la mayoría de las veces no tienen un enfoque ni intercultural ni de género.
“En algunos países se nos obliga a migrar a las ciudades como salida de la contaminación o de las múltiples violencias que vivimos en nuestras comunidades. Pero las mujeres lo pasamos mal en las ciudades. No es como en tu comunidad donde produces tu comida o hablas en tu lengua materna”, dice Melania Canales, de Onamiap.
Mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana.. Foto: Amazon Frontlines. Foto: Amazon Frontlines.
Bellanira López, de Consorcio Oaxaca, comenta que si existiera una perspectiva diferenciada para la protección de mujeres indígenas defensoras, se evaluarían casos donde no es necesario que salgan de su comunidad. “Es necesario revisar cuál es la causa del riesgo y tomar acciones a partir de este análisis”, añade.
La necesidad de un enfoque distinto de protección se evidenció con más fuerza durante la pandemia del COVID-19, señala Laura Furones, de Global Witness. “Los mecanismos de defensa que ya eran frágiles han dejado de funcionar y esto aumenta el círculo de impunidad”, precisa.
La ausencia de justicia y visibilidad de los ataques a las lideresas indígenas fue identificado por organizaciones como Fuerza de Mujeres Wayuú en Colombia. Es por ello que han recorrido La Guajira, de norte a sur, con una escuela itinerante que ha formado a más de mil mujeres en derechos humanos e incidencia política.
En Ecuador, el colectivo Mujeres Amazónicas —conformado por representantes de siete nacionalidades indígenas—, además de defender el territorio amazónico y los derechos humanos, se ha convertido en un soporte de sanación espiritual y físico entre mujeres durante la pandemia.
Tejer redes, esa ha sido una estrategia de las mujeres indígenas para su defensa: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú.
A nivel regional existe el Tribunal de Mujeres Amazónicas, iniciativa entre organizaciones indígenas y organizaciones privadas que busca mostrar las agresiones que viven las mujeres indígenas en América Latina. Y también está la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
“Ninguna es mártir y nuestros cuerpos no se ofrendan”, dice Bellanira López e insiste: “Si queremos defender nuestros derechos también tenemos que gozar de ellos. Hay que ver el autocuidado como una práctica política, porque nuestro primer territorio es nuestro cuerpo”.
Pero mientras las mujeres defensoras ponen sus cuerpos en juego, ¿cómo están respondiendo los países donde ellas viven?
En Perú, como en otros países de América Latina, las mujeres indígenas tienen un papel activo en la defensa de su territorio. Foto: Cortesía Rainforest.
Un llamado de emergencia a América Latina
Las especialistas consultadas por Mongabay Latam coinciden en que en América Latina aún falta mucho para lograr garantizar los derechos de las mujeres indígenas que defienden el territorio. “Escuchamos palabras grandilocuentes de los Estados cuando se refieren a programas de protección de las y los defensores, pero a la vez se recortan presupuestos para estas iniciativas, como sucede en México”, dice Laura Furones, de Global Witness.
Tampoco, agrega Furones, existe una coherencia entre los proyectos económicos que se aprueban en los países y que representan una amenaza contra los territorios donde habitan los pueblos indígenas. “Esto se hace sin un mínimo de consulta a las comunidades”, resalta. Lo mismo destaca Mariel Cabero, de IUCN NL: “La consulta previa informada a los pueblos indígenas es un requisito, pero se suele hacer rápidamente y no se ofrecen procesos adecuados para que las comunidades conozcan bien lo que se realizará en sus territorios”.
La minería y la tala ilegal son solo algunas de las actividades que están perturbando los territorios de las comunidades indígenas. Foto: Cortesía pueblo Shuar Arutam.
Para la especialista de IUCN NL, acuerdos como el de Escazú son fundamentales como guía para la defensa de los pueblos indígenas. En América Latina, entre los países que aún no han ratificado están Perú, Colombia y Venezuela. En el caso de Perú, Melania Canales, de Onamiap, señala que el nuevo gobierno, que asumió en julio de este año, debería plantear nuevamente al Congreso esta ratificación.
El caso más extremo de desprotección lo vive Venezuela. Lexys Rendón, especialista en derechos humanos y coordinadora del Laboratorio de Paz, señala que existe “un retroceso importante en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales” en el país. “Hay un criterio generalizado para las personas que levantan la voz contra las políticas estatales de tildarlos como enemigos. Cuando hay mujeres que hablan en contra de proyectos extractivos son acusadas de traidoras a la patria”, dice Rendón. Para la activista venezolana, esta indiferencia a las demandas de los pueblos indígenas ha causado que solo un 17 % de las comunidades tengan territorios delimitados, lo que los deja en una mayor vulneración.
Global Witness ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos, la ONU y la Unión Europea de modo que se garantice la protección de defensores ambientales: “Las empresas y los gobiernos deben rendir cuentas por la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, quienes se encuentran en la primera línea de la crisis climática”. Señala que se necesitan acciones urgentes a nivel internacional, regional y nacional para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, sin criminalizar a los activistas, sino proteger su integridad.
Berta Cáceres en Honduras. Foto cortesía de Goldman Environmental Prize.
“Muchas de nuestras compañeras en América Latina han sido asesinadas, incluso cuando tenían medidas cautelares que las protegían, como Berta Cáceres (defensora indígena de Honduras)”, agrega Melania Canales de Onamiap.
Canales, quien recorre el Perú recogiendo las denuncias de otras mujeres indígenas, comenta que el primer obstáculo lo enfrentan cuando buscan presentar una denuncia: en muchas regiones, las instancias judiciales se encuentran a un día de distancia.
“La violencia está institucionalizada y naturalizada”, dice la dirigente. Esto es algo que desde las comunidades, tejiendo redes, cuidando y defendiendo aquello que da vida, identidad y futuro a sus pueblos, las mujeres indígenas buscan cambiar. Y por eso alzan la voz en colectivo y cada vez lo hacen más fuerte.
LIMA – Sequía y un frío inusitado en la calurosa selva central de Perú son dos manifestaciones del cambio climático que este año ha experimentado Aurora Coronado, productora del valle agrícola de La Merced, en el municipio de Chanchamayo, en el departamento de Junín, en el centro del país.
Tiene 59 años y en los 34 que vive en el valle situado a 750 metros sobre el nivel del mar es la primera vez que tuvo la necesidad de sacar frazadas y mantas para abrigarse por las noches. “Hasta medias tuvimos que ponernos para dormir por el frío”, contó en un diálogo por teléfono con IPS desde La Merced, la cabecera del distrito (municipio) rural.
Refirió que en los meses de mayo y junio se produjo ese cambio en el clima y que ahora están con una fuerte sequía que está minando sus cultivos de yuca (mandioca), cebolla y hierbas aromáticas para su autoconsumo, mientras produce comercialmente miel de abeja de frutales cítricos.
El horizonte que dibuja Coronado se encuentra ya en proceso con la instalación en el país del Comité Nacional de Mujeres y Cambio Climático (Conamucc), una instancia reconocida como uno de los ocho grupos de interés no estatales que forman parte de la gobernanza climática nacional.
El reconocimiento es al más alto nivel, realizado por la Comisión Nacional sobre Género y Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (Minam), máximo responsable peruano en la materia.
En el 2019 comenzó este esfuerzo conjunto entre el Minam y organizaciones de mujeres que conjugan el trabajo de género y el cambio climático, a fin de generar el espacio de representación de las mujeres a nivel nacional. La iniciativa se ha mantenido pese a la irrupción adversa de la pandemia de covid-19 un año después.
El Conamucc se instaló oficialmente en septiembre de 2020 y este año ya realizó su primera asamblea nacional y eligió su comité coordinador, conformado por representantes de cinco organizaciones.
“No se trata de ir por un camino paralelo para ver los temas de género y de las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, sino de cómo estas acciones incluyen las medidas que nos lleven a la igualdad”: Rosa Morales.
“Fue un desafío sostener nuestros proceso en plena emergencia sanitaria por la covid-19 pero logramos convocar a diversas organizaciones de las regiones, tener encuentros virtuales, identificar prioridades comunes y definir una ruta de acción”, sostuvo Katherine Pozo, integrante de ese comité coordinador del Conamucc.
Pozo representa en ese comité al colectivo no gubernamental de Mujeres Rurales Cambio Climático y Agricultura Familiar de Cusco, el departamento en el corazón de los Andes peruanos, en el sureste del país.
Aurora Coronado, productora en el valle de La Merced, en la selva central peruana de Chanchamayo, se dedica a la agricultura familiar y venta de miel de abeja. Como parte de su trabajo en la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, realiza también talleres de capacitación en las comunidades indígenas, para sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos. Foto: Cortesía de Aurora Coronado
En conversación telefónica con IPS desde la ciudad de Cusco, explicó que el espacio de Conamucc está iniciando su vida institucional, guiado por el objetivo de identificar los impactos diferenciados por género del cambio climático en los territorios del país y promover el enfoque de género en las políticas climáticas, para lo cual se fortalecerán las capacidades de las 36 integrantes regionales que conforman en su asamblea.
Es importante, agregó, que toda acción, programa o política climática a nivel local, regional o nacional “contribuya a impulsar la igualdad de género y autonomía de las mujeres, y ese es uno de los desafíos centrales que asumimos como Conamucc, teniendo en cuenta que somos un país con muchas inequidades que obstaculizan la acción protagónica de las mujeres, sobre todo rurales, campesinas e indígenas”.
“En el caso de Cusco, por ejemplo, queremos incidir en el gobierno regional en que se vinculen las políticas de género y cambio climático en relación al agua, que es un problema prioritario en nuestra región que depende en gran parte de la agricultura para la subsistencia de las familias y el abastecimiento de los mercados”: Katherine Pozo.
Perú es considerado uno de los 10 países megadiversos del mundo y con una alta vulnerabilidad al cambio climático.
Las capacidades de respuesta de las mujeres a la crisis climática no alcanzan su potencial por las desventajas en que se encuentran. Se estiman que las brechas de género en educación, salud, empleo y acceso a bienes y recursos productivos se han incrementado por efecto de la pandemia en este país andino de unos 33 millones de habitantes.
La clave es la institucionalidad
Rosa Morales, directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, destacó la importancia de los ocho grupos ajenos al Estado a los que vienen fortaleciendo con asesoría técnica para su organización y propia gobernanza, a fin de lograr su participación efectiva en la construcción de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático
Entre esos ocho grupos están los jóvenes, los sindicatos, la academia, las organizaciones no gubernamentales, el pueblo afroperuano, las mujeres y los pueblos indígenas, que además cuentan con una plataforma especial que conforma a diferentes centrales que aglutinan la diversidad étnica del país.
Rosa Morales, directora general de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente de Perú, durante su entrevista por videoconferencia con IPS. E ministerio es la autoridad nacional en materia de cambio climático y ha identificado 154 medidas de adaptación y mitigación como parte del desafío climático del país, que ahora incorporan en forma transversal el enfoque de género. Foto: Mariela Jara /IPS
“Tenemos una ley marco de cambio climático y su reglamento que establece los enfoques transversales de género, interculturalidad e intergeneracional, y estamos sacando lineamientos, pero es para que exista una implementación”, destacó Morales, en una entrevista con IPS por videoconferencia.
En ese contexto, “el Conamucc contribuye a que las mujeres en su diversidad tengan participación informada en sus territorios aportando a una visión completa de nuestro país”, añadió.
En esa perspectiva la capacitación fortalecerá la acción, liderazgo y propuestas de las mujeres en sus propios territorios en relación a las medidas necesarias para disminuir los gases de efectos invernadero, reducir su vulnerabilidad al cambio climático e incrementar su resiliencia
Sobre esa base, remarcó la funcionaria, “las mujeres podrán plantear desde sus propias necesidades, preocupaciones y prioridades sobre su rol en la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés) o nuestro desafío climático como las llamamos”.
El Estado ha identificado 154 medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
“Hemos trabajado para incluir los tres enfoques transversales, pero su implementación requiere de la práctica y conocimiento de quienes están en los territorios; qué mejor que nos digan que el enfoque de género se puede aplicar de otro modo según su experiencia, así el Estado aprende a hacer mejor las cosas”, explicó Morales.
Con una maestría en Economía, Morales empezó a trabajar el tema de cambio climático en 1997 en el que fuera el Consejo Nacional del Ambiente. Su experiencia en instituciones públicas y privadas supera las dos décadas y combina su labor en el Estado con la docencia universitaria.
Está convencida de que el fortalecimiento de la institucionalidad es un factor de sostenibilidad para garantizar el enfoque de género en la acción climática.
Katherine Pozo, quien trabaja en el feminista Centro Flora Tristán en el departamento andino de Cusco, en Perú, ante un maizal en el municipio rural de Huaro. Ella coordina un colectivo conformado por 11 instituciones de mujeres que buscan que el gobierno regional establezca políticas climáticas con enfoque de género, que contemplen a las mujeres rurales y a agricultura familiar. Foto: Mariela Jara / IPS
“No se trata de ir por un camino paralelo para ver los temas de género y de las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, sino de cómo estas acciones incluyen las medidas que nos lleven a la igualdad”, dijo.
Subrayó que además las mujeres al hacer su propia acción climática contribuyen a mantener y fortalecer las distintas políticas de Estado, en un país que cuenta con políticas nacionales de género y de cambio climático.
En esa línea, Pozo opina que contar con el Conamucc como instancia reconocida por el Estado da fuerza y legitimidad a la participación y propuesta de las mujeres en lo territorial y nacional, de manera articulada.
“En el caso de Cusco, por ejemplo, queremos incidir en el gobierno regional en que se vinculen las políticas de género y cambio climático en relación al agua, que es un problema prioritario en nuestra región que depende en gran parte de la agricultura para la subsistencia de las familias y el abastecimiento de los mercados”, sostuvo.
Pozo, quien labora en el no gubernamental Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán desde donde desarrollan una Escuela Agroecológica para mujeres rurales, con presencia en seis distritos altoandinos, explicó que es necesario visibilizar el rol de las mujeres en el cuidado del agua y el impacto en sus vidas del actual estrés hídrico al ser ellas las responsables del cuidado de la familia y riego de sus cultivos.
También en la selva central de la región de Junín, donde reside Coronado, el agua es igualmente una preocupación tan alarmante como desatendida.
“Queremos incentivar la cosecha de agua que muchas de nuestras autoridades desconocen, yo por ejemplo pongo mi cilindro pero captar de la lluvia pero en sequía qué hace el municipio para tener agua y regar nuestras plantitas”, se preguntó la campesina.
Coronado, quien realiza talleres de sensibilización sobre los derechos de las mujeres en el valle donde vive, ve en Conamucc una oportunidad para que las mujeres impulsen transformaciones desde el abordaje del cambio climático y sus enfoques transversales de género, interculturalidad e intergeneracional.
“Las más afectadas con el cambio climático somos las mujeres del campo y ante la adversidad seguimos resistiendo; toca que escuchen lo que proponemos y el Conamucc nos abrirá esas puertas, eso espero”, manifestó.
Fuentes: IPS [Varias campesinas vuelven de sus labores agrícolas en la localidad altoandina de Andahuaylillas, en el departamento de Cusco, en el suroeste de Perú, una zona afectada este año por una sequía persistente, consecuencia del cambio climático y que pone en riesgo sus cultivos, fundamentales para su alimentación. Las mujeres rurales peruanas quieren ser parte de las políticas y medidas para contener la crisis climática. Foto: Mariela Jara / IPS]
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