El negocio de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual no cesó durante los meses del confinamiento, sino que se trasladó al ámbito «on line» y se convirtió en un servicio a domicilio, mucho más difícil de detectar para las ONG y los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Es una de las principales conclusiones del estudio sobre el impacto de la COVID en las víctimas, elaborado por Diaconía y presentado este miércoles durante el seminario «Rompe la cadena. La trata de seres humanos en tiempos de pandemia».
Los proxenetas han buscado alternativas para sortear el confinamiento y recurrieron a internet para captar clientes y enviar a las mujeres a los domicilios particulares
La encuesta realizada a 12 entidades que trabajan con víctimas de trata con fines de explotación sexual pone de manifiesto que los proxenetas buscaron alternativas para sortear el confinamiento y recurrieron a internet para captar clientes y, posteriormente, enviar a las mujeres a los domicilios particulares.
Martina Kaplún, coordinadora de la investigación y técnica en Diaconía, ha explicado que muchas mujeres paralizaron su actividad y quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad, sin recursos económicos, muchas de ellas encerradas en clubes o pisos, confinadas con sus explotadores y sometidas a graves situaciones de violencia, así como de restricción de alimentos.
La situación en los pisos de acogida de estas mujeres tampoco fue bueno, ya que muchas revivieron durante esos meses el encierro al que se habían visto sometidas como víctimas de trata.
Los trámites burocráticos se detuvieron, dejaron de emitirse tarjetas de residencia, y muchas de las mujeres que habían conseguido un empleo lo perdieron, incluso las actividades formativas se suspendieron.
Tras el confinamiento, el negocio de la prostitución y la trata «ha vuelto a la normalidad muy rápidamente» y ha empezado a funcionar adaptándose a las restricciones, cambiando la licencia de bar de copas por la de hotel o buscando alternativas como la apertura de terrazas.
Sin embargo, se ha reducido el número de mujeres que ejercen la prostitución en la calle, clubes y locales de alterne y se está acentuando la tendencia al traspaso a lugares más discretos y privados, como los pisos.
«Es el concepto de prostitución deslocalizada que se realiza a través de contactos en internet y servicios a domicilios, lo que es grave porque dificulta la detección de situaciones de abuso y responde a una estrategia de los proxenetas de esconder su mercancía para que sea más difícil de localizar para las organizaciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», advierte.
Además, el estudio ha permitido constatar las escasas medidas de protección frente al coronavirus con las que cuentan las mujeres obligadas a prostituirse, que son conminadas por clientes y proxenetas a prescindir de la mascarilla.
También se ha comprobado la falta de información sobre la covid-19 y la existencia de discursos negacionistas entre ellas, que seguramente se deben a un interés de los explotadores por negarles la información y poder controlarlas mejor.
Muchas mujeres han adquirido importantes deudas con sus proxenetas durante el confinamiento y el dinero que no pudieron ganar durante esos meses lo tienen que recuperar ahora
Kaplún ha destacado, además, que muchas de ellas han adquirido importantes deudas con sus proxenetas durante el confinamiento y el dinero que no pudieron ganar durante esos meses lo tienen que recuperar ahora.
En el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, también Proyecto Esperanza y SICAR cat han denunciado que la esclavitud sigue vigente en el mundo y que siete de cada diez víctimas son mujeres y niñas, pues sus «finalidades de explotación están fuertemente feminizadas».
Trata con fines de explotación sexual en pornografía, esclavitud sexual, matrimonios forzados, gestación de bebés para su posterior venta o adopción ilegal, criminalidad forzada o explotación laboral en el empleo del hogar son algunas de ellas.
Estas organizaciones han incidido en que España es origen, tránsito y destino de la trata de seres humanos y han instado al Gobierno a impulsar la necesaria ley integral contra la trata.
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