Violencias machistas & Violencia judicial
Nieves Salobral Martín y Laura Berro Yoldi
Rebelión
| Las autoras nos indican de forma muy clara que el establecer medidas judiciales sin tener en cuenta el contexto social y cultural de violencia machista existentes lo que provoca es poner en riesgo la vida de la mujer víctima de la violencia machista y, además, en riesgo la vida de sus hijos/as, como es el caso en España de Juana Rivas y sus hijos/as. #MásquenuncaJuanaCuentaConmigo |
Hasta junio, 6 niñas y niños habían sido asesinadas este año por sus padres, una al mes. Multitud de Organizaciones feministas a lo largo y ancho del estado y municipios como el de Maracena, defienden que “Un maltratador nunca puede ser un buen padre, no se puede preservar la relación paternofilial en un contexto de violencia de género” (EFEMadrid, 3 Junio 2017). A pesar de que el empuje social, ha conseguido que las y los menores se incluyan como víctimas de la Violencia de Género, los Tribunales siguen teniendo dudas a la hora de aplicar las medidas de protección, especialmente los Tribunales civiles.
Esta vía judicial se ha convertido en preferida para muchos agresores porque se puede litigar de manera indefinida, y les permite continuar ejerciendo la violencia machista contra sus exparejas mujeres, aunque sea de una manera indirecta,como afirma María Naredo (Diario.es, 5 agosto 2017). Cuando se producen tantos juicios por custodias en estos casos, se revictimiza a las mujeres y sus hijos e hijas porque tienen que contar una y otra vez la violencia sufrida.
Además a los niños y niñas se les coloca en el centro del litigio y, posteriormente, los tribunales no toman en cuenta su testimonio para dictar la sentencia de guarda y custodia. Es más, se les puede poner en peligro, porque los agresores son capaces de llegar hasta el infanticidio, como se aprecia por las cifras inicialmente mencionadas.
Los Tribunales de Estrasburgo y la ONU ya han condenado las actuaciones del gobierno español por la contínua desprotección y vulneración de derechos a niños y niñas en los casos de violencia de Género, porque en las sentencias no se garantiza el “bien del menor”, tal y como dicta la Convención de Derechos del niño. Son los casos de Mª Paz Iglesias Casarrubios y sus hijas maltratadas por el padre (2016), en el que no se escuchó el testimonio de sus hijas, y el caso del asesinato de la hija de Ángela González (2015) en una de las visitas otorgadas al padre por sentencia judicial.
Cuando la Justicia no valora el contexto en el que vivimos, cuando privilegia a los agresores por el hecho de ser padres, y no tiene en cuenta las sentencias previas por Violencia de Género, pone en riesgo la vida de menores, les somete a una existencia marcada por continua la violencia. Y sobre todo, con este se estas sentencias se está premiando la violencia machista, y cede terreno ante el sistema patriarcal con mayúsculas.
El carácter estructural del patriarcado empapa todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluido el judicial. Éste antepone la palabra de los padres varones, cuestionando o ninguneando incluso el testimonio de malos tratos y terror expuestos por menores y mujeres, pareciera que con el fin de mantener ante todo el Derecho de Patria Potestad a los hombres, aunque sean maltratadores.
El mensaje que llega es su derecho de padre ante todo, por encima del sufrimiento y posible peligro de los niños y niñas. A no ser que tengamos en cuenta este contexto cultural en cada paso que demos, en cada política o ley, o en cada sentencia que dictemos; el patriarcado y la violencia que conlleva continuará condicionando cada ámbito social, y todo lo que emane de los mismos y de las instituciones. Si queremos llegar a una sociedad donde la igualdad de género sea una realidad, está claro que las instituciones públicas no somos, ni podemos ser, equidistantes.
Para llegar a un horizonte igualitario es necesaria una formación de todo el funcionariado en perspectiva feminista, y específicamente en violencia machista. Es la única vía que hace posible comprender a fondo por qué los maltratadores nos son buenos padres, haciendo visible el horror que lleva a las mujeres a denunciarles, o para comprender que hay que escuchar efectivamente los testimonios de hijos e hijas y garantizar su bien, no el de los adultos varones.
El caso de Juana Rivas se enmarca dentro de todo lo anterior. Llevamos ya muchos meses oyendo y leyendo esta historia, que ha dado la vuelta a toda nuestra sociedad. Su periplo ha recibido un apoyo unánime de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Maracena, un apoyo masivo de las vecinas y vecinos de ese municipio, de decenas de organizaciones feministas y de mujeres, así como a través de 150.000 firmas de otras muchas que no teníamos otra manera de expresarla.
Ella conoce al maltratador, al padre de sus hijos, ha vivido las agresiones de este hombre. Ante un proceso judicial irregular nada garantista de los derechos de sus hijos, que la obligaba a devolverlos a este agresor, se ha visto obligada a tomar la decisión de huir. Ella ha hecho lo que consideraba que tenía que hacer para visibilizar el derecho de estos niños a vivir sin violencia, y desde los tribunales se la obliga de nuevo a entregar a sus hijos al agresor.
¿Algo más tienen que decir las instituciones del poder judicial sobre “el interés superior” de estos niños?. ¿Consideran las instituciones públicas a los hijos e hijas de padres agresores víctimas a proteger o es pura retórica?.
Hay muchas mujeres en la situación de Juana, aunque ella ha tenido la fuerza y el apoyo para atreverse a salir a la luz pública y defender como ha podido los derechos de sus hijos.
Ahora necesita más apoyo que nunca, por eso, todas y todos tenemos que estar del lado de Juana. Para que ella y todas las Juanas puedan visibilizar la violencia que sufren, y lograr justicia para ellas y para sus hij@s.
Esta vía judicial se ha convertido en preferida para muchos agresores porque se puede litigar de manera indefinida, y les permite continuar ejerciendo la violencia machista contra sus exparejas mujeres, aunque sea de una manera indirecta,como afirma María Naredo (Diario.es, 5 agosto 2017). Cuando se producen tantos juicios por custodias en estos casos, se revictimiza a las mujeres y sus hijos e hijas porque tienen que contar una y otra vez la violencia sufrida.
Además a los niños y niñas se les coloca en el centro del litigio y, posteriormente, los tribunales no toman en cuenta su testimonio para dictar la sentencia de guarda y custodia. Es más, se les puede poner en peligro, porque los agresores son capaces de llegar hasta el infanticidio, como se aprecia por las cifras inicialmente mencionadas.
Los Tribunales de Estrasburgo y la ONU ya han condenado las actuaciones del gobierno español por la contínua desprotección y vulneración de derechos a niños y niñas en los casos de violencia de Género, porque en las sentencias no se garantiza el “bien del menor”, tal y como dicta la Convención de Derechos del niño. Son los casos de Mª Paz Iglesias Casarrubios y sus hijas maltratadas por el padre (2016), en el que no se escuchó el testimonio de sus hijas, y el caso del asesinato de la hija de Ángela González (2015) en una de las visitas otorgadas al padre por sentencia judicial.
Cuando la Justicia no valora el contexto en el que vivimos, cuando privilegia a los agresores por el hecho de ser padres, y no tiene en cuenta las sentencias previas por Violencia de Género, pone en riesgo la vida de menores, les somete a una existencia marcada por continua la violencia. Y sobre todo, con este se estas sentencias se está premiando la violencia machista, y cede terreno ante el sistema patriarcal con mayúsculas.
El carácter estructural del patriarcado empapa todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluido el judicial. Éste antepone la palabra de los padres varones, cuestionando o ninguneando incluso el testimonio de malos tratos y terror expuestos por menores y mujeres, pareciera que con el fin de mantener ante todo el Derecho de Patria Potestad a los hombres, aunque sean maltratadores.
El mensaje que llega es su derecho de padre ante todo, por encima del sufrimiento y posible peligro de los niños y niñas. A no ser que tengamos en cuenta este contexto cultural en cada paso que demos, en cada política o ley, o en cada sentencia que dictemos; el patriarcado y la violencia que conlleva continuará condicionando cada ámbito social, y todo lo que emane de los mismos y de las instituciones. Si queremos llegar a una sociedad donde la igualdad de género sea una realidad, está claro que las instituciones públicas no somos, ni podemos ser, equidistantes.
Para llegar a un horizonte igualitario es necesaria una formación de todo el funcionariado en perspectiva feminista, y específicamente en violencia machista. Es la única vía que hace posible comprender a fondo por qué los maltratadores nos son buenos padres, haciendo visible el horror que lleva a las mujeres a denunciarles, o para comprender que hay que escuchar efectivamente los testimonios de hijos e hijas y garantizar su bien, no el de los adultos varones.
El caso de Juana Rivas se enmarca dentro de todo lo anterior. Llevamos ya muchos meses oyendo y leyendo esta historia, que ha dado la vuelta a toda nuestra sociedad. Su periplo ha recibido un apoyo unánime de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Maracena, un apoyo masivo de las vecinas y vecinos de ese municipio, de decenas de organizaciones feministas y de mujeres, así como a través de 150.000 firmas de otras muchas que no teníamos otra manera de expresarla.
Ella conoce al maltratador, al padre de sus hijos, ha vivido las agresiones de este hombre. Ante un proceso judicial irregular nada garantista de los derechos de sus hijos, que la obligaba a devolverlos a este agresor, se ha visto obligada a tomar la decisión de huir. Ella ha hecho lo que consideraba que tenía que hacer para visibilizar el derecho de estos niños a vivir sin violencia, y desde los tribunales se la obliga de nuevo a entregar a sus hijos al agresor.
¿Algo más tienen que decir las instituciones del poder judicial sobre “el interés superior” de estos niños?. ¿Consideran las instituciones públicas a los hijos e hijas de padres agresores víctimas a proteger o es pura retórica?.
Hay muchas mujeres en la situación de Juana, aunque ella ha tenido la fuerza y el apoyo para atreverse a salir a la luz pública y defender como ha podido los derechos de sus hijos.
Ahora necesita más apoyo que nunca, por eso, todas y todos tenemos que estar del lado de Juana. Para que ella y todas las Juanas puedan visibilizar la violencia que sufren, y lograr justicia para ellas y para sus hij@s.
#MásquenuncaJuanaCuentaConmigo
Laura Berro Yoldi, concejala de Igualdad y LGTBi del Ayuntamiento de Pamplona
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