RADIO "PONCHOSVERDES.FM"

jueves, 27 de diciembre de 2018

Chile. Prueba de Selección Universitaria 2018: Las cifras que dan cuenta de la desigualdad en la educación


Por Tomás González F., Radio UChile
Otro dato que preocupa, es la baja cantidad de puntajes nacionales obtenidos en los establecimientos municipales y particulares subvencionados, de los que egresaron el 87 por ciento de los estudiantes que rindieron la PSU.
La entrega de los resultados de la PSU 2018 dio comienzo al proceso de postulación de las casas de estudio pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch) y de las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión. Sin embargo, el desglose de los puntajes evidencia brechas importantes en materia de género, clase social y centralización geográfica.
Este miércoles, en la sede del Consejo de Rectores, se dio a conocer el desglose de los resultados obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a nivel nacional. En la cita, el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, destacó la participación de las instituciones miembros del Cruch y la efectividad de la medición.
“Es un sistema integrado, simultáneo, de carácter nacional, objetivo y dinámico. Porque procuramos que sólo el mérito, que sólo el desempeño y el rendimiento, sobre la base de las mediciones que se hacen, sean los títulos o factores que determinen que una persona pueda finalmente ser seleccionada en una determinada institución y en las carreras que los mismo postulantes eligen”, señaló el rector de la Universidad de Valparaíso. Sin embargo, las cifras entregadas por el Departamento de Educación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), dan cuenta de una brecha que, pese a los años, se sigue ampliando.
Los resultados y el análisis de los mismos han dejado en evidencia ciertas situaciones que han provocado malestar en algunos sectores. Una cifra preocupante es la amplia brecha de género que muestran los puntajes nacionales de este año. Pese a que aumentaron un 40 por ciento, de las 209 personas que obtuvieron el puntaje máximo solo 44 son mujeres, representando tan solo un 21,1 por ciento de la totalidad de los puntajes máximos.
Una brecha que la investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Educación, Beatrice Ávalos, atribuye a un tema pedagógico más que del instrumento mismo.
“Estas cifras, lo que están mostrando, es la brecha de género ahí tanto en los aspectos pedagógicos, las formas de enseñanza y el modo de estimular a las mujeres para que participen o para que reconozcan sus habilidades. No hay ninguna otra explicación, porque no es que no sean capaces“, comentó la investigadora y profesora.
Otro dato que preocupa, es la baja cantidad de puntajes nacionales obtenidos en los establecimientos municipales y particulares subvencionados, de los que egresaron el 87 por ciento de los estudiantes que rindieron la PSU. De los 209 puntajes nacionales, sólo 34 alumnos egresaron de colegios particulares subvencionados. En el caso de los establecimientos municipales, fueron solo 22 los estudiantes que obtuvieron puntajes máximos. Cifras que evidencias la profunda desigualdad que existe en el país en términos de educación, ya que si bien sólo un 11 por ciento de los que rindieron la prueba vienen de colegios particulares pagados, de estos establecimientos egresaron los 153 alumnos restantes que obtuvieron puntaje nacional.
Sobre estas cifras, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, fue enfático en que esto demuestra la incapacidad de la Prueba de Selección Universitaria para ser un instrumento de medición objetivo.
“Todo esto demuestra el sesgo que la prueba tiene y, por lo tanto, nosotros creemos que nuestro país necesita tener un instrumento de selección universitaria mucho más equitativo. Que de alguna manera compense las brutales desigualdades y el carácter segregacionista que tiene nuestro sistema educacional”, denunció Aguilar.
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radio.uchile.cl/2018/12/26/psu-2018-las-cifras-que-dan-cuenta-de-la-desigualdad-en-la-educacion/


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Desempleo en Colombia es 70 por ciento más alto en mujeres


Por PL
El desempleo en Colombia es un 70 por ciento más alto en las mujeres que en los hombres, según estudio revelado por la vicepresidencia del país.
La tasa de desempleo anual de las mujeres es de un 12,3 por ciento, mientras que la de los hombres se ubica en 7,2 por ciento, añadió el informe difundido por Caracol Radio de Colombia.
La inequidad en materia de género se aprecia también en el acceso al estudio y al trabajo. Al respecto, los datos oficiales señalan que el 30,4 por ciento de las mujeres entre los 15 y 24 años no estudian ni tienen empleo, en comparación con el 13,4 por ciento de los hombres en ese mismo rango de edades.
También es considerable la desigualdad salarial en Colombia. Los hombres pueden ganar 45,4 por ciento por encima de las mujeres, en el mismo empleo y con las mismas competencias.
La discriminación salarial es uno de los problemas más grandes del mercado laboral en muchos países de América Latina.
agp/tpa
plbolivia.bo/index.php?o=rn&id=17093&SEO=desempleo-en-colombia-es-70-por-ciento-mas-alto-en-mujeres


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[Nicaragua] Entrevista a Mónica Baltodano “No a la injerencia extranjera. Solo el pueblo salva al pueblo”

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Marcha


 Segunda nota de una serie de entrevistas a mujeres que, habiendo participado de la revolución sandinista, hoy muestran de qué modo ésta fue desvirtuada por el orteguismo. Dialogamos con Mónica Baltodano, quien presidió una de las ONGs que fueron cerradas y sus bienes confiscados por el Estado.

Las comandantes
A la espalda, un abismo. Por delante y a los costados, el pueblo armado acometiendo. El cuartel La Pólvora, en la ciudad de Granada, último reducto de la dictadura, está al caer. Cuando el coronel se entera de la fuga de Somoza, manda callar las ametralladoras. Los sandinistas también dejan de disparar. Al rato se abre el portón de hierro del cuartel y aparece el coronel agitando un trapo blanco. – ¡No disparen! El coronel atraviesa la calle.

– Quiero hablar con el comandante. Cae el pañuelo que cubre la cara: – La comandante soy
yo -dice Mónica Baltodano, una de las mujeres sandinistas con mando de tropa. – ¿Que qué? Por boca del coronel, macho altivo, habla la institución militar, vencida pera digna, hombría del pantalón, honor del uniforme: – ¡Yo no me rindo ante una mujer! -ruge el coronel. Y se rinde.
Eduardo Galeano en Memoria del Fuego

Mónica Baltodano comenzó su militancia política a los 15 años en el movimiento estudiantil y en la organización de barrios marginales. Era parte de los grupos juveniles inspirados en la Teología de la Liberación. En 1972 se integró al FSLN en tareas organizativas de los movimientos populares, hasta que ingresó a la lucha clandestina en 1974, con 20 años. En 1977 fue presa, torturada, y quedó detenida hasta 1978. Al recuperar la libertad fue parte del Estado Mayor del FSLN en la Capital, que dirigió la insurrección de marzo de 1979, y posteriormente dirigió los combates en las tomas de Jinotepe y Granada (de ahí el relato de Eduardo Galeano). En 1979 recibió el grado honorífico de Comandante Guerrillera, y en 1986 la Orden Carlos Fonseca.


Entre 1982-1990 fue Viceministra de la Presidencia. Estuvo a cargo de los procesos de fortalecimiento de los Municipios Nicaragüenses. En 1990 fue electa Concejala de Managua. En el Congreso del FSLN de 1994 se integró como parte de la Dirección Nacional y responsable de Organización. Fue Diputada de la Asamblea Nacional (1997-2002). Se opuso al Pacto Alemán-Ortega, considerándolo como una alianza corrupta y prebendaria. Fue excluida de todos los órganos del FSLN por sus críticas a la conducción, y se dedicó al trabajo con los movimientos sociales en Nicaragua. Formó el Movimiento por el Rescate del Sandinismo, y fue elegida en el 2007 diputada a la Asamblea Nacional. Realizó una vasta tarea de recuperación de la Memoria de la Lucha Sandinista, que se organizó en 4 libros, con el objetivo de que la misma no fuera usurpada por la dirección orteguista.


Presidió desde 1990 la ONG Popol Na, que apoyó desde la educación popular procesos de resistencia contra las políticas extractivistas. El hermano de Mónica, Ricardo Baltodano, es uno de los presos políticos del régimen de Ortega. Su hija, Mónica Lopez Baltodano, presidenta actual de Popol Na, fue amenazada y tuvo que refugiarse en Costa Rica. Popol Na es una de las ONGs que fueron cerradas, y sus bienes confiscados por el Estado.


– ¿Qué expresa el levantamiento de masas de abril de este año?


A mediados de abril, una protesta por la reforma a la Seguridad Social, dio inicio a la más brutal represión contra manifestantes desarmados que ha conocido Nicaragua. Frente a los crímenes, el pueblo se sublevó masivamente. Primero fueron los estudiantes, luego pobladores de barrios y campesinos. Los brotes de resistencia se fueron multiplicando por todo el territorio. A más represión hubo más resistencia. A inicios del mes de junio, todo el país estaba paralizado y las multitudes estaban organizadas en tranques y barricadas.


La respuesta violenta, la represión desatada con grupos paramilitares o con grupos parapoliciales no inmovilizó a la gente, sino que provocó una reacción de más movilización. Fue particularmente evidente en el caso de los jóvenes universitarios, que hasta entonces se habían mantenido en una actitud que la gente juzgaba pasiva, que otros juzgaban como cómoda, desmovilizada. En realidad, los estudiantes habían estado sometidos durante mucho tiempo a procesos de cooptación en unos casos, en otros de atemorizamiento, y también a fuertes presiones. En las universidades, el gobierno pudo controlar toda la estructura de las rectorías, los principales cuadros institucionales. Sólo los rectores afines al gobierno podían estar en su cargo, e igual pasaba con la estructura del movimiento estudiantil.


La respuesta estudiantil en esta ocasión fue reprimida violentamente, incluso con una cantidad de asesinatos que no están suficientemente cuantificados. Ese fue un parteaguas en cuanto a los niveles de represión que se habían observado anteriormente. Lo que hizo fue poner en evidencia el modelo represivo que se instaló desde el año 2007, cuando regresó Daniel Ortega al gobierno. Pero ese modelo venía implementándose desde antes, a partir de las estructuras del partido, hacia los movimientos sociales, y en particular hacia el movimiento de las mujeres.


¿Por qué el régimen de Ortega se centró en los ataques al movimiento de las mujeres y a las feministas? Porque después de la derrota electoral de 1990 el movimiento de mujeres fue el único que se logró mantener como un movimiento autónomo, porque las reivindicaciones de los derechos de las mujeres habían sido de alguna manera puestos en segundo orden durante la revolución de los 80, siempre con el argumento de que había otras tareas prioritarias como la defensa de la revolución frente a la agresión armada apoyada por los Estados Unidos. Las mujeres lograron conseguir, a través del movimiento feminista, una autonomía respecto al partido. Ese esquema heredado de que las organizaciones populares son prácticamente satélites del partido, lo rompe en primer término el movimiento feminista. Estamos hablando de los comienzos de los años 90.


Cuando en 1998 Zoilamérica -la hija de Rosario Murillo, que lleva el apellido de Ortega porque él la adoptó legalmente- hizo la denuncia de los abusos sexuales de Ortega, de los que había sido objeto desde que tenía 11 años, y de las violaciones repetidas desde que tenía 15 años, el movimiento feminista y el movimiento de mujeres levantaron la bandera de Zoilamérica. La levantaron también algunas organizaciones de derechos humanos, particularmente el CENIDH, quien la acompañó en todo su proceso. Esto puso totalmente en confrontación al movimiento de mujeres con la pareja Ortega- Murillo, porque en esta situación Rosario Murillo decidió acuerpar a Daniel, y eso hizo que comience un meteórico ascenso en las estructuras partidarias. Antes de 1998, Rosario Murillo no era tomada en cuenta ni en las estructuras del partido -donde no tenía ningún cargo, ninguna responsabilidad- ni era tomada en cuenta por el secretario general. Pero cuando ella respaldó a Daniel Ortega frente a esta acusación, eso la coloca en la tarima, al lado de Daniel, junto al resto de sus hijos; y la coloca frontalmente en contra del movimiento feminista y del movimiento de mujeres.


Cuando regresan al gobierno en el año 2007, el movimiento feminista, las mujeres, se convierte en uno de los más perseguidos por el régimen. ¿Bajo qué modalidad? Primero fueron los retrocesos que jurídicamente significaron, por ejemplo, la prohibición del aborto terapéutico. En el año 2006 el Frente Sandinista respaldó la criminalización del aborto bajo todas sus formas, sin dejar la excepción del aborto terapéutico. Eso lo hizo para quedar bien con los sectores fundamentalistas de la iglesia católica y de las iglesias evangélicas. Fue en plena campaña electoral, en el 2006.


– Cuando Daniel Ortega llega al gobierno en el 2007 ¿cómo se expresa esa persecución al movimiento de mujeres?


A través del cierre de los espacios donde las mujeres venían participando como contraparte del Estado. Por ejemplo, en el sistema de lucha contra la violencia hacia la mujer. Las mujeres, aún con gobiernos neoliberales, habíamos conseguido por ejemplo que quedara establecido un modelo especializado de justicia, donde las mujeres pudieran llegar a denunciar violencia, acoso sexual, sin tener que ir ante policías hombres. Se establecieron las Comisarías de la Mujer, con mujeres policía que pasaban cursos y procesos que permitían que la mujer no fuera revictimizada cuando fuera a denunciar agresiones, cuando fuera a denunciar violación, etc. Todo ese sistema que fuimos conquistando a través de la lucha de las organizaciones de mujeres, a través de leyes y normas, luchando con los gobiernos de turno, todos considerados de derecha, cuando llega al gobierno Ortega –para muchos un gobierno de izquierda- cierran las Comisarías de la Mujer, persiguen a las organizaciones internacionales que apoyaban a las mujeres. Fueron brutales contra una embajadora sueca que estaba muy vinculada a las organizaciones de mujeres, y que a través de una serie de organizaciones colaboraron para abrir refugios para mujeres maltratadas. Todo eso se fue cerrando cuando ellos llegaron al gobierno.


El caso más evidente de esa persecución se dio en el 2008, cuando penetraron a las instalaciones del Movimiento Autónomo de Mujeres, sacaron toditas las computadoras, toditos los comprobantes contables de la organización, porque las acusaban de estar haciendo “lavado de dinero”, ya que ellos no tenían personería jurídica y recibían dinero a través de otras organizaciones que sí la tenían. Fue terrible, porque estuvieron 5 meses con el control de las organizaciones y de los papeles del Movimiento Autónomo de Mujeres, hasta que tuvieron que admitir que era totalmente falso el asunto y les regresaron los papeles. Eso para poner en claro que la represión ya existía desde antes, pero lo que hace abril es poner en mucha más evidencia la situación.


– ¿Por qué atacan a las organizaciones de defensa de los derechos humanos?


Porque además de acompañar a las mujeres que acusaban a violadores, además de acompañar casos emblemáticos como el de Zoilamérica… el CENIDH por ejemplo acompañó a una familia que puso una denuncia conocida a nivel internacional de una muchacha, Elvia Junieth que resultó embarazada, siendo todavía quinceañera, por Daniel Ortega. Ella fue seducida por Daniel Ortega, y el niño resultante de ese abuso, lo inscribieron como hijo de Néstor Moncada, un asistente de Ortega, pero a la madre, la niña, la empezaron a tener prácticamente en condición carcelaria. Entonces su hermano, Santos Sebastián Flores, hizo la denuncia en un medio internacional. Cuando volvió a Nicaragua fue detenido y tiene ya seis años de estar preso, acusado de cualquier cosa. También el CENIDH lo acompañó, así como a muchos casos de violaciones de derechos humanos cometidos en las montañas. El caso denunciado de Elea Valle que informó que su marido fue asesinado por el Ejército. Siguieron a través del celular a los hijos que lo iban a visitar, y los asesinaron a toditos. Eran cuatro adultos y dos niños. La niña fue encontrada con señales de violación. El Ejército ordenó a la comunidad que los enterraran en una fosa común. Eso fue en octubre del año 2017. Todos esos archivos los tenía el CENIDH.


Cuando estalló la insurrección de abril, que fue una insurrección cívica, sin armas, se cometieron más de 500 asesinatos. La persecución a las organizaciones defensoras de derechos humanos tiene como objetivo acallar estas denuncias. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), vinculada a la Iglesia, ha registrado más de 500 nombres. La CENIDH 325. Hay ciertas diferencias, porque no han podido actuar en coordinación con el Estado, quien es el que realmente sabe, porque las Alcaldías tienen que inscribir las defunciones. El sistema judicial, medicina legal, todo está controlado por el estado. Por lo tanto, quien realmente puede dar las cifras y los nombres exactos es el Estado, y el Estado se ha negado a darlos. Entonces, todas las denuncias han sido nada más que las que han podido levantar los organismos de derechos humanos.
Cuando el país es paralizado por trancas y barricadas en el mes de abril y mayo, lo único que se logra es conseguir que venga por primera vez la CIDH a Nicaragua. La CIDH, en solo 5 días, recibió más de 3000 denuncias de violaciones a los derechos humanos. (Al cierre de esta nota el gobierno de Ortega dio la orden de expulsión de la CIDH de Nicaragua, un día antes que se presente su informe).


El CENIDH es una de las organizaciones más independientes, más beligerantes, con una Presidenta con una dignidad y un respeto mundial, que es doña Vilma Nuñez. Eso te explica por qué la persecución. Hasta hoy, el gobierno no logró cooptar a todas las organizaciones. Hay organizaciones de mujeres que se plegaron al orteguismo, pero la mayor parte de las organizaciones feministas, siguen siendo la piedra en el zapato. Y te quiero decir esto con toda fuerza: la mayor cantidad de gente que da la cara, que denuncia, que grita con fuerza en el país, la mayoría son voces de mujeres.


– ¿Qué sucede con las experiencias de comunicación popular, y con el periodismo independiente?


Se están cerrando todos los espacios de comunicación popular. Es un proceso que viene desde el 2007. En el 2007 una serie de radios que hacían labor popular, fueron cooptadas a través del dinero, de la corrupción, de los anuncios, de la entrega de equipos. Desde que llegó Daniel Ortega al gobierno, todos los años en Navidad les entrega a los periodistas de esos medios, refrigeradoras, pantallas planas de TV, etc. Pero quedaron medios independientes. En una comunidad que se llama Bocana de Paiwas, hay una radio del movimiento de mujeres. La cerraron. Actualmente cerraron dos radios comunitarias sobre el Río San Juan, con un marcado énfasis en la defensa del medio ambiente, al cerrar la Fundación Del Río. En la coyuntura de abril habían cerrado una televisora que se llama 100% noticias, que no es una televisora de mucha importancia, desde el punto de vista que no tiene suficientes repetidoras, pero tenía gran alcance a través de internet. Lo que se ha dado es un permanente hostigamiento, golpes, heridos, persecución, a periodistas.


El primer día de la represión, un medio independiente, popular, que tiene un programa que se llama Onda Local, fue brutalmente reprimido. Dos periodistas quedaron heridos. Uno de ellos incluso perdió temporalmente la memoria y hasta el día de hoy tiene secuelas. Ese mismo día asesinaron al periodista Angel Gaona en Bluefield, y después quemaron la radio Darío. La quemaron completamente. Casi queman a todos los empleados ahí. La quema está documentada. La dirigió un diputado, que se llama Filiberto Rodríguez. Lamentablemente, por descuido, uno de los mismos quemadores fue calcinado. Después han seguido hostigando a Radio Corporación, a otros medios, a 100% Noticias, de una manera tan brutal que al director, en una sola semana, lo detuvieron 14 veces. Lo detenían cuando salía de su casa, y cuando iba para su casa. En una de ellas lo encapucharon, le quitaron los zapatos, prácticamente lo desnudaron, lo metieron en la patrulla y lo encapucharon para amenazarlo que lo iban a asesinar. Todos esos eran espacios de comunicación popular.


Ahora cerraron ONGs en las que hemos trabajado con educación popular, porque en Popol Na la metodología de trabajo es la comunicación popular y la educación popular. Podemos asegurar que el desarrollo del movimiento campesino contra el canal interoceánico, una concesión honerosa y vendepatria, fue posible porque se visitó las comunidades, y utilizando la metodología de Paulo Freire, los campesinos se dieron cuenta del impacto que esa ley tenía en sus vidas, en sus tierras, en su agua, en sus ríos, en toda su comunidad.


– ¿Qué perspectivas tiene esta crisis?


No está claro. Ortega usó el Diálogo Nacional sólo para ganar tiempo y organizar su contraofensiva. A partir de junio, un ejército paralelo de policías y grupos paramilitares dotado de armas de guerra, fue lanzado contra la población desarmada de los tranques y barricadas. Las ciudades del país, una a una fueron sometidas al castigo infernal de los encapuchados de Ortega. El asalto a las ciudades fue luego continuado con operaciones limpieza que sembraron el terror por todas partes. Hoy vivimos bajo permanentes operativos de búsqueda y captura de todo aquel que haya participado de las jornadas que comenzaron en abril, y cuya conclusión está por verse. Con una recién aprobada ley anti- terrorista, criminalizan cualquier acto individual o colectivo de protesta. Ortega está estratégicamente derrotado: no tiene posibilidades de recomponer las alianzas perdidas, no cuenta con recursos propios para resolver la grave crisis económica y ha perdido el respaldo popular. Está aislado internacionalmente, pero parece decidido a quedarse usando a fondo la represión.


La Articulación de Movimientos Sociales, que reúne un importante caudal de fuerza organizada, empuja una política de unidad nacional por la democracia y la justicia, que permita mantener activa la resistencia popular. Yo estoy convencida que solo la acción decidida de nuestro pueblo puede resolver la crisis. Estamos en contra de injerencias extranjeras. Nada puede sustituir la verdad histórica de que sólo el pueblo salva al pueblo y corresponde a los movimientos sociales de Nicaragua el desafío de materializarla.


http://www.marcha.org.ar/no-la-injerencia-extranjera-solo-el-pueblo-salva-al-pueblo/?fbclid=IwAR2OK8xUj9Z29wH5dj5wv_3EeUgUfCzN21zkwKBy3VThZiEvEI82YAoMRoo



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La líder de Malawi que sacó a 850 niñas de matrimonios forzosos y las envió a la escuela

Feminismo & África


http://www.lr21.com.uy

Theresa Kachindamoto, la jefa principal en el distrito Dedza de Malawi Central y tiene a su cargo a unas 900.000 personas. No teme usar su autoridad para enfrentarse a una sociedad sumamente machista que aún promueve el matrimonio de niñas con hombres adultos.

Theresa Kachindamoto es una líder política local en Dedza, una localidad de unos 900.000 habitantes ubicada cerca de la frontera con Mozambique y a 95 kilómetros al suroeste de la capital Lilongwe. En los últimos tres años ha asumido la lucha feminista en un país sumamente violento con sus mujeres y se enfrenta a uno de los flagelos más importantes de África: los matrimonios infantiles.
En ese periodo de tiempo ha logrado sacar a 850 niñas que habían sido entregadas en matrimonio con hombres adultos y las ha enviado junto con otras cientos de mujeres más a estudiar, otro derecho que les es negado tanto en Malawi como en otros países del continente.
De acuerdo con una encuesta de 2012 de las Naciones Unidas, más de la mitad de las niñas de Malawi se casaron antes de los 18 años, y tiene una clasificación sistemáticamente baja en el índice de desarrollo humano.
Kachindamoto y las medidas efectivas que ha logrado implementar en su región la han convertido en una aliada vital en la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas.
Theresa Kachindamoto

Por los derechos de ellas

Kachindamoto, quien nació en el distrito de Dedza, había estado trabajando como secretaria durante veintisiete años en otro distrito cuando la llamaron para volver a su ciudad natal y servir como jefa regional, un cargo político equivalente al de alcaldía. A su regreso, se sintió consternada al ver a niñas de 12 años con bebés y algunas aún más chicas al lado de sus esposos, que a veces les doblaban la edad o más, y rápidamente comenzó a actuar.
El año pasado, Malawi elevó la edad legal para casarse a los 18 años, pero el consentimiento de los padres sigue sirviendo como un vacío legal para permitir que las niñas más jóvenes se casen. Kachindamoto ordenó a 50 de sus subjefes firmar un acuerdo para poner fin al matrimonio infantil en el distrito de Dedza.
Cuando algunos jefes varones continuaron aprobando los matrimonios, Kachindamoto los suspendió hasta que anularan las actas matrimoniales. Esta feroz jefa envió a las niñas a la escuela, a menudo pagando las cuotas escolares de cada una con su propio dinero. También ha pedido al parlamento que aumente la edad mínima para contraer matrimonio a los 21 años.
En Malawi, una de cada cinco niñas sufre abuso sexual al menos una vez durante su infancia y es usual que los padres entreguen a las nenas en matrimonio a cambio de alguna cantidad de dinero o bienes materiales.
Kachindamoto también se está oponiendo a los campamentos de limpieza donde las niñas son enviadas habitualmente antes del matrimonio. Los ritos de iniciación sexual que tienen lugar allí son extremadamente inquietantes, especialmente en un país donde una de cada diez personas tiene VIH.



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miércoles, 26 de diciembre de 2018

Entrevista a Rosa García (Stop Desahucios Gipuzkoa): “Muchos se creen culpables de su desahucio cuando son las víctimas”


Por Alba Díaz de Sarralde
La activista y portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa recibirá el 20 de enero el Tambor de Oro de San Sebastián 2019, un premio que elige la ciudadanía de la ciudad.
García lleva toda su vida como activista, desde su juventud luchando contra el franquismo hasta el día de hoy, que es una de las caras más visibles de la plataforma a sus 70 años.
No se imagina viviendo fuera del activismo: “Es mi generación, que somos los mismos que estamos reivindicando pensiones justas en las calles de todo el Estado. Habría que dar muchos Tambores de Oro a todos los que están en la calle”.

Tiene 70 años y sigue al pie del cañón. Su cara es visible en numerosos actos de Stop Desahucios Gipuzkoa, en primera fila, reivindicando el derecho a la vivienda como portavoz del colectivo. A Rosa García poco puede pararla y San Sebastián la ha reconocido: después de sus años de trabajo como activista de la plataforma, recibirá el 20 de enero el premio Tambor de Oro de 2019.
La actriz Ane Gabarain, la escritora Dolores Redondo, la artista Esther Ferrer y la bailarina Alicia Amatriain eran las otras cuatro candidatas. Sin embargo, la ciudadanía ha elegido a García, lo que significa que la capital guipuzcoana reconoce su lucha, el derecho a una vivienda digna y el trabajo diario de su colectivo. Para ella, es un orgullo y una alegría ver la solidaridad de San Sebastián.
Stop Desahucios ha paralizado todos los casos que han llegado hasta la plataforma. Aun así, la situación en Euskadi sigue dejando sin casa a muchas personas. 1.083 familias fueron desahuciadas el pasado año, 200 más que en 2016.
¿Desde cuándo lleva en esto del activismo?
Yo llevo bastantes más años que en la plataforma, que nace a partir del 15M en 2011. En 2012 se suicidó la compañera Amaia Egaña en Barakaldo, y a partir de ahí, que fue un momento de inflexión, de representación de la cara más cruel y más criminal de la estafa financiera, es cuando nosotros tomamos un impulso tremendo. He estado desde el inicio de la plataforma Stop Desahucios.
Antes de eso he sido sindicalista donde trabajaba, en Correos, aquí en Donosti. Y antes de esto pues, evidentemente, he estado luchando contra el franquismo porque es lo que le tocó a nuestra generación. Yo nací en el 48, y cuando tenía 20 años fue el Mayo francés y vivía en Madrid. Nos tocó abrirle el camino a la democracia y, cuando se instaló más o menos, nos tocó construir el estado de bienestar. Claro, porque en todo el tema de las viviendas dignas, en los 80, había un movimiento vecinal muy fuerte, sobre todo en los barrios populares. No tenían los equipamientos necesarios, escuelas, polideportivos…
Y luego pues reivindicar los derechos sindicales. Y los derechos laborales, que se han ido absolutamente por tierra con las reformas, primero la del PSOE y luego la del PP, lo de la negociación colectiva, que se regulen las jornadas, las pagas extraordinarias… Evidentemente, luchar por todo eso.
Rosa García Stop Desahucios
Entonces, con esa situación empezó todo.
Todo eso me tocó antes de jubilarme. Una vez que me jubilo, surge la estafa financiera, lo de la burbuja inmobiliaria, las familias se ven hipotecadas hasta dentro porque las viviendas estaban infladas… Entonces, como la vivienda en Euskadi es carísima, los bancos empezaron a pedir avalistas, porque sabían que eso iba a explosionar y ni con las nóminas de antes, que eran más altas que las de ahora, se podían pagar hipotecas a 35 años.
Entonces los bancos desahuciaban, han desahuciado a más de 600.000 familias con el impago de una sola cuota, después pasó a tres cuotas, aplicaban la cláusula abusiva del vencimiento anticipado… Y digo abusivo porque así se declaró en febrero de 2017 por el Tribunal de Justicia Europeo. Entonces te metían al juzgado, te pedían toda la deuda que tenías que pagar en 30 o 35 años, cuando ni siquiera podías pagar las cuotas, te metían la demanda, ponían la casa a subasta y ahí te desahuciaban.
En seis meses las familias se quedaban sin vivienda y con eso arrastraban a los avalistas, que muchas veces avalaban con sus propias viviendas y eso los desahuciaba a ellos también. Y si no, iban a por las pensiones o los ahorros porque el avalista avalaba con todos sus bienes presentes y futuros. Esto ha sido una auténtica tragedia.
A partir de ahí empezaron a luchar; y a ganar.
Tenemos la satisfacción, no solamente la plataforma de Gipuzkoa sino también la de Araba, de que todos aquellos afectados que han venido donde nosotros con una demanda, la hemos suspendido. La hemos retirado. Hemos contado con el apoyo de las instituciones, ayuntamientos y juntas generales, que han intermediado con entidades financieras y no ha habido necesidad, de verdad que estamos muy orgullosos, con mayúsculas, de que no hayamos tenido que hacer ningún piquete en la puerta de una vivienda para evitar el desahucio. Lo hemos abortado incluso en la etapa previa a la subasta.
Esto se debe a una cosa muy importante, de la que estamos muy orgullosos, y sobre todo también en Donostia con el Tambor de Oro. Y es que nosotros, a nivel de Euskadi, propusimos, y fue el de Donostia el primero, y luego las Juntas Generales, que se declararan “territorios” o “municipios libres de desahucios”. Esa moción implicaba que ante desahucios de familias vulnerables, deudores de buena fe que no es que no quisieran pagar, las instituciones intermediaran con los bancos para que retiraran la demanda y no se efectuaran ni la subasta ni el desahucio.
Han impulsado aún más medidas.
En mayo o junio de 2015, Stop Desahucios Euskadi sacó un decálogo contra los desahucios, la pobreza y la desigualdad. A ese decálogo se adhirió casi todo el arco político. Sindicatos, organizaciones de pensionistas… una serie de plataformas sociales. Y con esos hicimos manifestaciones contra los desahucios y participaron casi 5.000 personas en Donostia, en Navidades de 2013 o 2014.
Todo eso ha ido propiciando la complicidad de la ciudadanía, no solo donostiarra, sino guipuzcoana o alavesa o vizcaína; cuando se han enterado de que había que apoyar a una familia estafada por las entidades financieras, con riesgo de perder su vivienda, en las concentraciones hemos contado siempre con el apoyo ciudadano además de todo el resto de organizaciones sociales, sindicatos y partidos adheridos.
Rosa García Stop Desahucios Gipuzkoa
El próximo día 20 de enero Donostia reconocerá esa lucha y le entregará el Tambor de Oro de 2019. Entre las candidatas solo había mujeres, ya que desde 1967 se ha entregado el galardón a 68 hombres y solo a 7 mujeres. ¿Cree importante haber tenido este criterio a la hora de nominar?
Yo soy de la época en que estaba el franquismo, con todo lo que eso significa de cara a la desigualdad de las mujeres. He pasado mi juventud y mi adolescencia en una ideología absolutamente machista y patriarcal, era lo que había. Entonces claro, para mí, a mis 70 años, el que haya una iniciativa por parte de determinados grupos políticos que han apoyado una plantilla exclusivamente femenina, en un año de grandes movilizaciones como la del 8M o por el juicio de ‘La manada’ y no solamente en el Estado español, me parece un justo reconocimiento. Precisamente para compensar la desigualdad de género.
En todos los aspectos hay desigualdad de género y esta es una buena oportunidad para compensarla. Eso no quiere decir que pueda haber candidatos al Tambor de Oro igual de válidos, somos abiertas, si queremos igualdad no queremos la desigualdad de cara a los hombres; pero este reconocimiento me parece que es justo.
Volviendo al trabajo que hacéis en la plataforma. De estos últimos años, ¿destacarías algún momento vivido en especial?
Hay muchos y ya yo no tengo mucha memoria. Lo que sí voy a decir, y quiero recalcar, es la parte humana de nuestra plataforma. Es que lo hemos vivido todos los compañeros y compañeras, que hemos acogido por primera vez a una familia afectada. Normalmente, las personas que tienen el problema reciben un tocho de ochenta hojas que dice que tienen una demanda metida y que van a subastar su casa. En ese momento de zozobra, de intranquilidad, las personas se desmoronan. Muchas veces les cuesta trabajo llamar al teléfono de esta plataforma. Además, lo primero que piensan es que ellos son los culpables de que el banco les vaya a quitar la vivienda cuando ellos son las víctimas.
O sea, esta sociedad es tan perversa y tan cruel, tan de consumo y de decir que “has vivido por encima de tus posibilidades”, que ha hecho que muchas familias que por tener un techo para vivir, no estamos hablando de una segunda residencia o de un Audi sino de cuatro paredes, se hipotecaron hasta las narices y también a sus padres que les pusieron de avalistas; encima, ellos se hacen responsables de todo ese fracaso. Hay que culpabilizar a los bancos, que los hemos rescatado con dinero público quitándolo de la sanidad o la educación, y hay una Ley Hipotecaria abusiva y puesta del lado de los intereses financieros.
No llamaban, pero cuando lo hacían, llamaban llorando. Les decíamos: “Tranquilos, no te preocupes y ven a ver, que igual hay mucha gente como tú”. Y no se lo creen. Cuando nos vemos con ellos para conocerles y los llevamos a la reunión, se ven delante de 30 o 40 personas que les dicen “tranquilos, yo he pasado por lo mismo”, “he estado tomando somníferos”, “yo he estado sin comer”… Cuando ven eso, ven la plataforma, ven que hay salidas… Salen… Salen riéndose. Y eso es lo más emocionante. Que cada vez que lo recuerdo me emociono. Es que es como una terapia, es cuando son personas, cuando sienten la solidaridad en sus carnes.
Este Tambor de Oro es un reconocimiento precisamente al sufrimiento de todas estas familias donostiarras a las que hemos ayudado y a las que no hemos podido ayudar porque no han llamado. Y tienen que llamar al 669 42 85 98 para que podamos ayudarles. Porque en este momento, gracias a toda esta lucha solidaria, podemos luchar con los bancos y decir “estos son nuestros derechos”, “a estas familias hay que ayudarlas” y, por supuesto, “no a los desahucios”. Cuando una familia no puede pagar la cuota le decimos que deje de pagarla, porque lo primero es comer.
Rosa García
Recientemente han anunciado que denunciarán a aquellos bancos que no informen a las personas en situación de vulnerabilidad sobre su derecho a firmar una carencia para reducir la cuota de la hipoteca y evitar ser desalojados de su vivienda.
De hecho, en este momento, estamos preparando alguna reclamación en concreto. Porque los bancos no solamente no avisan o informan de que tiene este derecho, sino que cuando nosotros vamos con el hipotecado y les decimos “oye, demostramos que es una persona vulnerable y tiene ese derecho”, ponen pegas.
Cuando la nueva Ley Hipotecaria salga, los bancos, sin ninguna necesidad de recurrir al vencimiento anticipado, una cláusula declarada nula por la justicia europea, van a decir que en vez de doce cuotas, les pueden interrumpir el préstamo y reclamar toda la deuda pendiente. Es una trampa que hemos denunciado este jueves ante el Parlamento vasco. Van a poder desahuciar a familias a las cuales, interesadamente, en esos doce meses no les han ofrecido la carencia, con la cual dejas de ser moroso.
A pesar de todo el trabajo que realiza y el esfuerzo que supone, ¿se imagina viviendo fuera del activismo?
No. Y no creo que yo sea una excepción. Es mi generación, que somos los mismos que estamos reivindicando pensiones justas en las calles de todo el Estado, no solo para nosotros, sino para vosotros. Para las nuevas generaciones. Estamos luchando por el mantenimiento del estado de bienestar. Estamos en la calle luchando por una sanidad pública, por una educación pública, por una ley de dependencia. Estamos yendo a las manifestaciones feministas, también los viejos y las viejas.
Lo hemos mamado, hablando en plata. Somos los que hemos estado corriendo delante de los ‘grises’ y delante de la Guardia Civil. Por lo tanto, todo eso, toda esa memoria histórica que tenemos, no se pierde. Todo lo contrario. Somos los mismos los que estamos en la calle otra vez. Y es impresionante ver abuelas con su andador o su bastón, gritando con una fuerza que ya quisiéramos que los hijos y los nietos la tengan.
Hace falta un relevo generacional, porque la gente que viene por debajo de nosotros lo tiene muy duro. No tiene ni vivienda, ni pensiones, ni trabajo. Y tenemos que luchar con un espíritu unitario y transversal. Defender los intereses populares. Los intereses del bien común frente a las élites económicas. Sobre todo el poder financiero. Somos pueblo trabajador, y ese es nuestro estandarte. Habría que dar muchos Tambores de Oro a todos los que están en la calle.
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Rosa-Garcia_0_847966236.html

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Agroecología feminista para la soberanía alimentaria: ¿de qué estamos hablando?


Por Por Marta SOLER, Marta RIVERA e Irene GARCÍA ROCES
Por Marta SOLER, Marta RIVERA e Irene GARCÍA ROCES
Soberanía alimentaria, agroecología y feminismo son grandes palabras que asociamos a luchas y proyectos políticos complejos y en construcción, que podemos sentir cerca o lejos de nuestras vidas cotidianas. Se trata de propuestas políticas múltiples y diversas, según quién, dónde y cómo las defina… Y lo son aún más cuando se mezclan, así que tendríamos que nombrarlas en plural: las soberanías alimentarias, las agroecologías y los feminismos. Son horizontes a los que queremos llegar, que nos aportan ilusiones y nos regalan también una mirada nueva y crítica, unas gafas de color rojo, verde y violeta, para comprender y analizar el mundo. También nos impulsan a la acción (o eso querríamos).
¿Conviven juntas fácilmente estas tres palabras? Lo que es seguro es que demasiadas veces chocan con las crueles realidades que nos atraviesan en el día a día. Aspiramos a la soberanía alimentaria a través de una agroecología feminista, pero vivimos rodeadas de agricultura industrializada y alimentación globalizada en un mundo capitalista y patriarcal, de empleos y vidas precarias, con productos en los mercados que pueden no ser los más justos ni ecológicos, compras en el súper más cercano y asequible, y pasando el mínimo tiempo en la cocina porque no nos da la vida. En estas contradicciones vivimos.
¿LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ES FEMINISTA?
La soberanía alimentaria nace de La Vía Campesina como propuesta política alternativa a la globalización agroalimentaria y se formula como el derecho de los pueblos a decidir y controlar de forma autónoma su alimentación a través de la agroecología campesina (¡casi na!). La agroecología es una alternativa a la revolución verde que recupera y actualiza saberes tradicionales, maneja la biodiversidad con sabiduría y arte, ecologiza la producción de alimentos y la hace más social. Y es campesina porque gracias al conocimiento y el saber hacer de quienes cultivan, crían y elaboran alimentos se genera la autonomía.
No podemos, por tanto, asumir que la soberanía alimentaria y la agroecología campesina sean ya en sí mismas feministas.
La justicia social, tanto para quien produce los alimentos como para quien los consume, ha estado siempre en el corazón de la soberanía alimentaria. Podríamos pensar, por tanto, que la igualdad de género está también implícita, por lo que la soberanía alimentaria y, por extensión, la agroecología campesina son feministas. Sin embargo, las mujeres de La Vía Campesina necesitaron crear una asamblea propia dentro de la organización para luchar por su participación y para conseguir que los temas feministas se asumieran como temas de todas y de todos. Las desigualdades de género continúan bien arraigadas en el mundo agroalimentario, en los campos, las familias y las cocinas de todo el mundo. No podemos, por tanto, asumir que la soberanía alimentaria y la agroecología campesina sean ya en sí mismas feministas.
EL SESGO PATRIARCAL DE LA AGROECOLOGÍA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
La conquista de una alimentación agroecológica, soberana y feminista para nuestra vida cotidiana no va a ser fácil. Corremos el riesgo de construir una soberanía alimentaria patriarcal porque el patriarcado impregna nuestro mundo y orienta nuestra forma de vivir. La agroecología es un claro ejemplo de ello.
El enfoque agroecológico surge en la academia para analizar y transformar la agricultura industrializada, pero lo hace desde una mirada androcéntrica, ignorando las cuestiones de género y sustentando su análisis en categorías asexuadas (agroecosistema, finca, biodiversidad…) o en categorías cargadas de relaciones desiguales de género que han sido ignoradas (familia, campesinado, comunidad…). La agroecología idealiza la agricultura familiar, la cultura campesina de las comunidades rurales y los saberes culinarios sin cuestionarse las relaciones de género profundamente desiguales que se esconden en las familias, las comunidades y las cocinas.
Este sesgo androcéntrico de la agroecológica académica también está presente en su construcción práctica. Frecuentemente, cuando un técnico o investigador (o incluso una técnica o investigadora) acude a visitar una finca, busca o acepta hablar exclusivamente con «el cabeza de familia», las mujeres, en la mayoría de los casos, son invisibles o consideradas como una «ayuda» y no como sujetos activos protagonistas de la transición agroecológica. El técnico o la técnica casi siempre ignora la «división sexual del trabajo» y no se pregunta quién hace qué, con qué reconocimiento o en qué condiciones ni tiene en cuenta las opiniones, necesidades y trabajos de las mujeres. Nos alegramos cuando las mujeres campesinas ganan protagonismo en la agroecología, en la producción o la comercialización, pero ¿nos preguntamos qué sobrecarga de trabajo sufren para poder estar en estos lugares? ¿Han conseguido negociar el reparto de tareas domésticas para no morir en el intento y poder participar en la vida pública y económica? No en todas las fincas agroecológicas la toma de decisiones incluye a hombres y mujeres. Y si los mercados agroecológicos se llenan de mujeres comprando, nos parece normal y no nos preguntamos quién va a decidir los menús saludables ni quién va a cocinar esas ricas comidas con alimentos frescos que implican horas de elaboración. En ocasiones, caemos en la contradicción de querer visibilizar estos trabajos y terminamos ensalzando las responsabilidades tradicionales femeninas como exclusivamente nuestras sin reclamar cambios y repartos justos.
UNA AGROECOLOGÍA QUE GARANTICE UNA VIDA DIGNA DE SER VIVIDA
Hoy es muy difícil vivir del campo y muchos proyectos agroecológicos fracasan porque implican mucha precariedad, tanto por la falta de ingresos como por la excesiva carga de trabajo.
En la mayoría de los casos, no damos importancia a temas como la viabilidad económica, que en la práctica significa conseguir diseñar proyectos agroecológicos realistas que generen remuneración digna y que permitan vivir dignamente trabajando en el campo. Esta precariedad laboral (la falta de salarios dignos, de cotización, de derechos laborales, las altas cargas de trabajo…) afecta principalmente a las mujeres que, además del trabajo remunerado, tienen que asumir los trabajos de cuidados, también en las iniciativas agroecológicas. Una agroecología feminista debe cuestionarse cómo construir propuestas agroecológicas viables que colectivicen los trabajos de cuidados y cómo conseguir ingresos dignos para el campesinado y también precios asequibles para las personas consumidoras precarizadas.
Todas estamos contaminadas por el machismo y reproducimos violencias, relaciones de poder, papeles… ¿Se saben manejar los conflictos y las emociones en los proyectos agroecológicos? Las relaciones patriarcales están presentes tanto en el mundo rural como en el mundo urbano y, por supuesto, también en las iniciativas agroecológicas. Asumir esto implica asumir también la necesidad de preguntarse y replantearse constantemente cómo enfrentar esas relaciones y estas violencias en lo cotidiano de nuestras luchas.
No nos resistimos a lanzar algunas ideas sobre qué hacer, aunque somos conscientes de que tanto los diagnósticos como las propuestas de acción y cambio deben ser construidos colectivamente desde los territorios. Para nosotras, un primer paso es reconocer, explicitar y afrontar que existe una desvalorización social generalizada de los trabajos y de los papeles que tradicionalmente hemos realizado las mujeres tanto en el campo como en las cocinas, en las casas, en las familias o en las comunidades y en los territorios. Valorar socialmente estos trabajos debe implicar además el reparto en plano de igualdad, hacerlos responsabilidad colectiva de toda la sociedad y no exclusivamente de las mujeres. Esta propuesta implica, por tanto, una democratización del trabajo de cuidados.
Creemos que un segundo paso imprescindible es cuestionar las relaciones de poder en la familia y romper la idealización de la «familia campesina» para poder confrontar y modificar las relaciones patriarcales dentro de esta institución. Una transición agroecológica feminista tiene que ir unida a cambios de relaciones y roles entre hombres y mujeres en los hogares, construyendo nuevas formas de convivencia. Esto, unido al reparto del trabajo de cuidados, permitiría a su vez un reparto en los espacios de representación mayoritariamente ocupados por hombres.
Creemos que un segundo paso imprescindible es cuestionar las relaciones de poder en la familia y romper la idealización de la «familia campesina» para poder confrontar y modificar las relaciones patriarcales dentro de esta institución.
Consideramos que un tercer paso es trabajar en fortalecer y desarrollar nuestras articulaciones entre personas y colectivos para poder afrontar la falta de tiempo impuesta por los ritmos productivistas, tanto para los trabajos de cuidados de hijos o hijas o de otras personas que lo requieran, como para los trabajos productivos. Realizar planificaciones conjuntas, colaborar, corresponsabilizarnos o promover el trabajo colectivo nos puede facilitar el cuidado y la participación en la vida comunitaria: cocinar, organizar una dieta adaptada a cada estación, estar en un grupo de consumo o luchar para incorporar alimentos ecológicos en el comedor de la escuela. También nos puede ayudar a conservar las semillas, cultivar la huerta o cuidar de los animales, así como hacer conservas sin tener que aumentar nuestras jornadas laborales ni autoexplotarnos.
Los ecofeminismos y los feminismos decoloniales están proponiendo redefinir y reorientar la praxis de la agroecología y la soberanía alimentaria para situar la comida en el centro de nuestra organización sociopolítica como una parte esencial de la vida. Ello implica dar centralidad económica y cultural en nuestra sociedad tanto a los trabajos campesinos en el campo como a los trabajos domésticos para alimentar valorando que son esenciales para la vida común, desplazando así la centralidad actual de los mercados. Es esta propuesta la que creemos que tiene sentido continuar. Para nosotras es este debate colectivo y radicalmente democrático desde los territorios el que puede hacer avanzar la recampesinización feminista que necesitamos para la soberanía alimentaria de los pueblos.
¿DE QUÉ FEMINISMOS ESTAMOS HABLANDO?
Aunque las luchas de resistencia y autonomía de las mujeres son atemporales, la formulación política del feminismo como tal tiene raíces occidentales. Es con el impulso del liberalismo y el capitalismo en la Revolución francesa, a finales del siglo xviii, que se formulan derechos individuales y colectivos en una nueva sociedad de mercado y propiedad privada. El poder político se denomina democrático con la instauración del derecho al voto y la representación parlamentaria, pero las mujeres son excluidas de la categoría de «ciudadanas» y los nuevos derechos se reservan a los hombres. Es en este momento cuando se explicita el conflicto de género y se pone de manifiesto el patriarcado que concibe a las mujeres como inferiores y al servicio del hombre.
La dominación de los hombres sobre las mujeres es la esencia del patriarcado, que se consagra en la institución familiar y en la «división sexual del trabajo» como instrumento privilegiado de desigualdad. Mientras el lugar «natural» de las mujeres es el trabajo doméstico y de cuidados, no remunerado (o mal remunerado), no visibilizado y no reconocido; el lugar de los hombres es el espacio público político y de mercado, remunerado, visibilizado y reconocido.
Estos análisis tienen, sin embargo, un marcado sesgo urbano, industrial y occidental. Recientemente, la denominada «economía feminista de la ruptura» ha comenzado a formular propuestas para construir una economía no capitalista orientada por la «ética del cuidado» para la «sostenibilidad de la vida» (de toda la vida) que coloque «la vida en el centro» para que las vidas humanas sean «vidas que merezcan ser vividas» en equilibrio con la naturaleza.
En las décadas de 1960 y 1970 cobran fuerza las voces de las mujeres afroamericanas para denunciar que el discurso y las propuestas del feminismo dominante había sido construidos exclusivamente desde las vivencias de las mujeres blancas occidentales y en buena parte de las clases medias. Les seguirán las mujeres racializadas, indígenas y campesinas de todo el mundo que sufren la dominación colonial generando desde sus vivencias y visiones del mundo, análisis y propuestas políticas feministas emancipadoras propias.
En este momento comienza a visibilizarse lo que hoy denominamos «interseccionalidad», que no es más que el cruce de los ejes de dominación que atraviesan la vida: la clase, la etnia, el género… También, mujeres de distintos puntos del planeta comienzan a construir el llamado ecofeminismo, denunciando el sesgo antropocéntrico de la concepción del mundo occidental y del feminismo dominante que no cuestiona la apropiación y destrucción de la naturaleza y de la vida no humana que nos sostiene.
Los ecofeminismos que se alían con los feminismos poscoloniales y la economía feminista de la ruptura nos parecen que son los feminismos que alimentan las agroecologías y las soberanías alimentarias feministas en construcción. Pero es desde los territorios diversos y desde las vivencias de las mujeres desde donde construiremos en el hacer, sentir y pensar cotidiano ese «feminismo popular y campesino» al que aspiran las mujeres de La Vía Campesina.
Marta Soler, Universidad de Sevilla
Marta Rivera, Cátedra de Agroecología de la Universitat de Vic
Irene García Roces, Varagaña Género y Agroecología



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martes, 25 de diciembre de 2018

Movilizaciones en Francia & Feminismo: Los chalecos amarillos no se tiñen de morado



Teresa Suárez
http://www.pikaramagazine.com

Desde hace dos meses, miles de personas han tomado las rotondas de multitud de ciudades de Francia. ¿El motivo? Protestar contra la subida del precio del carburante y contra las políticas neoliberales que Macron lleva aplicando casi sin oposición desde hace un año. ¿De dónde viene realmente este movimiento? ¿Qué rol juega el feminismo? ¿Tiene futuro?

A finales de mayo de este año, Priscilla Ludosky, una vecina del suburbio de Savigny-le-Temple, situado a 40 kilómetros de la capital francesa, lanzaba en la plataforma onlineChange una peticióndenunciando la subida masiva del precio de los carburantes. Ludosky, vendedora de cosméticos a domicilio, nunca imaginó que en tan poco tiempo más de un millón de personas firmarían su petición. Esa fue la chispa que inició todo. Desde hace dos meses, miles de personas han tomado las rotondas de multitud de ciudades a lo largo de toda Francia. ¿El motivo? Protestar contra la subida del precio del carburante así como contra el conjunto de políticas neoliberales que el presidente, Emmanuel Macron, lleva aplicando casi sin oposición desde hace un año. ¿De dónde viene realmente este movimiento? ¿Qué rol juegan las mujeres en él? ¿Y el feminismo? ¿Qué futuro le espera?

Un año de ‘macronismo’

El pasado 7 de mayo de 2017, Emmanuel Macron ganaba con una amplia ventaja las elecciones presidenciales en Francia contra la temida, por su propuestas racistas y xenófobas, Marine Le Pen. Su partido político, En Marche!, ahora convertido en La République en Marche!, creado de la nada un año antes de las elecciones, prometía ser un respiro de aire fresco en un país con una enorme crisis socio política.
Es difícil resumir un año de mandato en un solo artículo, pero sin lugar a dudas Macron no ha perdido el tiempo. El antiguo exbanquero y exministro de Economía durante el Gobierno del socialista de François Hollande ha aplicado un 74 por ciento de las reformas económicas de su programa. La reforma laboral, los cambios en la red nacional de ferrocarriles, condenadas a una mayor privatización de los servicios, o la eliminación del impuesto a las grandes fortunas son solo algunas de las medidas que han hecho que Macron sea etiquetado como el presidente de los ricos.
¿Quiénes son las grandes víctimas de estas medidas neoliberales? Las clases populares, en especial las mujeres, las cuales constituyen el 70 por ciento de la masa trabajadora pobre, según un estudio del Alto Consejo por la Igualdad, un observatorio francés independiente que trabaja sobre cuestiones de igualdad de género.
En las zonas periféricas y rurales, con un servicio de transporte público muy reducido, el uso del coche es fundamental y, por ello, cada gota de gasolina cuenta. A principios de noviembre, Ludosky explicaba, en la emisora de radio France Info, por qué había lanzado la petición para lograr apoyos online: “Como todo el mundo que utiliza un coche, me di cuenta que el precio de un depósito lleno subía constantemente sin saber exactamente por qué. Buscando información, descubrí que dos tercios del precio eran impuestos”.
La subida del precio de carburante, una estrategia lanzada por el Gobierno y pensada para incentivar la compra de vehículos más respetuosos con el medio ambiente, resultó ser un fracaso: los precios desorbitados, pese a los descuentos, no se ajustan a la realidad de una buena parte de la población, que batalla cada día por llegar a final de mes.
En medio de toda esta tensión, con los precios del carburante aumentando sin descanso, el camionero Éric Drouet, originario del mismo departamento que Ludosky, lanza un llamamiento a un bloqueo nacional a partir del 17 de noviembre a través de la red social Facebook, principal espacio de organización del movimiento. Ataviadas con chalecos reflectantes amarillos, más de 282.000 personas responden al mensaje tomando las carreteras de toda Francia, instalándose en rotondas, en las entradas de las ciudades…
El movimiento se expande vertiginosamente, atrayendo a personas muy variadas desvinculadas de toda organización política o sindical, proclamando una serie de reivindicaciones contra la vida cara y exigiendo la dimisión del presidente.

Las mujeres, en primera línea

En toda movilización social, la presencia de las mujeres ha sido clave y sin embargo su participación siempre sorprende, como si se tratase de una novedad, de algo excepcional que termina olvidándose con el paso del tiempo. En los últimos meses, la mayoría de las huelgas que se han llevado a cabo en Francia han sido protagonizadas por mujeres racializadas, víctimas aún más de la precariedad laboral. El parón de 45 días protagonizado por las trabajadoras de la limpieza de las estaciones de trenes o lo huelga que actualmente llevan a cabo desde hace más de un mes las trabajadoras del lujoso Hotel Park Hyatt Vendôme en París son solo algunas de las demostraciones que han permitido visibilizar las duras condiciones de este tipo de trabajos y descubrir la realidad de quienes los realizan. Algo similar ocurre con el movimiento de los chalecos amarillos, protagonizado por una parte de la sociedad francesa que rara vez ha sido escuchada.
Las mujeres, a través de su participación activa en los bloqueos o en los medios de comunicación, han sabido posicionarse en las primeras líneas del movimiento. Usan el Facebook para organizarse y expresar su cólera ante las injusticias fiscales, la precariedad laboral, las dificultades para llegar a fin de mes… Además sus reivindicaciones incluyen los numerosos problemas para compaginar trabajo y vida familiar, pues si las políticas neoliberales son perjudiciales para las clases obreras y trabajadoras aún lo son más para las mujeres, como trabajadoras con mayores dificultades para acceder a puestos cualificados y, por tanto, condenadas a salarios inferiores, y como como responsables tradicionales de los cuidados.
El pasado 24 de noviembre, París se cortó en dos. Por segunda vez, una marea de chalecos amarillos tomaba de nuevo los emblemáticos Campos Elíseos al mismo tiempo que una masa violeta salía a la calles de la capital francesa contra las violencias sexistas y sexuales, un gesto que se repitió en numerosas ciudades del país, convirtiendo esta manifestación, organizada por el movimiento #Noustoutes (Nosotras todas), con más de 50.000 manifestantes (según las organizadoras), en una de las más numerosas en materia feminista desde hace muchos años.
Pese al éxito de convocatoria, la avalancha que representan los chalecos amarillos en el panorama sociopolítico francés redujo la marcha feminista a una simple anécdota en la gran mayoría de los telediarios nacionales, demasiado ocupados mostrando las imágenes de los Campos Elíseos coloreados de amarillo flúor y recubiertos de gas lacrimógeno.

¿La convergencia de luchas es posible?

Si el feminismo francés ya está de por sí bastante dividido, a grandes rasgos podemos decir que existen un feminismo burgués aún muy anclado en la segunda ola representado por el Centro Nacional de Derechos de la Mujer (CNDF) y un feminismo mucho más plural que tiene en cuenta las luchas de género, clase y raza, la aparición del movimiento amarillo simplemente ha añadido más puntos de discordia entre los diferentes colectivos. Una buena parte de las creadoras de #Noustoutes, como Caroline de Haas o la senadora socialista Laurence Rosignol, ambas originarias de ámbitos acomodados de la sociedad francesa, han manifestado su rechazo absoluto al movimiento amarillo, tratándolos de “cavernícolas”, un adjetivo influenciado posiblemente por los numerosos vídeos en los que se ven a algunos chalecos amarillos en actitudes sexistas, homófobas, racistas y xenófobas.
“Los chalecos amarillos no son nuestros enemigos radicales pero tampoco son nuestros aliados naturales”, afirmaba la militante antirracista Houria Bouteldja en un comunicado publicado en el sitio del Partido Indígena de la República, del cual es portavoz.
El carácter extremadamente chauvinista del movimiento, apoyado por numerosas banderas tricolores y los cantos de Marsellesa a pleno pulmón, especialmente durante las primeros días de movilizaciones, ha provocado la creación espacios en los que participan colectivos feministas, antirracistas y LGBT, más politizados e interseccionales, algunos de ellos agrupados bajo el nombre de #Nousaussi (Nosotras también). Estos nuevos espacios observan con interés la evolución de las protestas y discuten su implicación en la revuelta, centrando su apoyo en la lucha contra la injusticia social que encarna el actual Gobierno francés y su guerra contra los grupos más vulnerables de la sociedad.
La bolsa de trabajo de la ciudad de Saint-Denis es uno de esos espacios donde el colectivo Femmes en Lutte 93 (Mujeres en lucha 93, número del distrito del departamento de Seine-Saint Denis, el más pobre de toda Francia) organiza numerosas asambleas para discutir sobre su presencia en el movimiento. “La lucha no se puede hacer sin nosotras, sin las mujeres, sin las minorías de clase, género y raza, somos las primeras sufriendo la violencia y seremos las primeas en combatirlas”, afirma el manifiesto del colectivo.
Las manifestaciones semanales en las grandes ciudades, así como los bloqueos diarios en las periferias, han convertido a este movimiento en uno de los más seguidos desde Mayo del 68, consiguiendo hacer retroceder al Gobierno, que ha aumentando ligeramente el salario mínimo y suspendido la subida del precio del carburante, como llevaba años sin verse.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes. Los chalecos amarillos continúan saliendo a las calles pese a la violencia desmedida y la represión masiva. Se han producido más de 4.500 detenciones desde el inicio de las revueltas, muchas de ellas realizadas incluso ante de comenzar las manifestaciones. Sin lugar a dudas, la cercanía del parón navideño es un examen para la continuación del movimiento que cuenta cada vez más con el respaldo de la población francesa, e incluso en el extranjero, y que ha marcado un hito en la historia de las movilizaciones sociales del país galo.
‘Quien siembra lacrimógenos, recoge revoluciones’, reza el cartel, 
en un cortejo en apoyo a los chalecos amarillos, el pasado 17 de noviembre en París. 
/ Foto: Teresa Suárez






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