RADIO "PONCHOSVERDES.FM"

jueves, 22 de noviembre de 2018

Los jueces de ‘La Manada’ condenan sólo por “maltrato ocasional” a un hombre que acuchilló y trató de asfixiar a su mujer


Por Pablo Romero
Sentencian a solo 10 meses de prisión a un hombre tras reconocer que éste atacó con un cuchillo a su esposa y estuvo a punto de estrangularla, en presencia de sus dos hijos de tres y seis años de edad. Descartan la tentativa de homicidio.
El mismo tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra que acaparó titulares con su controvertida sentencia a los miembros de ‘La Manada’ ha dictado otro fallo en el que absuelve del delito de homicidio en grado de tentativa a un hombre que atacó con un cuchillo y luego trató de estrangular a su mujer, delante de sus hijos de tres y seis años de edad. Los magistrados establecen una condena de apenas 10 meses de prisión para el autor por “un delito de maltrato ocasional“.
De esta forma, en la sentencia —a la que ha tenido acceso Público— rebaja sustancialmente las peticiones de Fiscalía (ocho años y medio de cárcel, y 10 de alejamiento de la víctima) y acusación particular (10 años de cárcel, 12 de alejamiento también a los hijos y suspensión de la patria potestad durante el tiempo de la condena). Incluso la pena es menor que la solicitada de forma subsidiaria por la defensa, que pedía la libre absolución o en su defecto dos años de cárcel por lesiones en el ámbito familiar.
Los magistrados que firman la sentencia son José Francisco Cobo Sáenz —presidente de la Sección Segunda y ponente del fallo—, Ricardo Javier González(autor del polémico voto particular de la sentencia de ‘la Manada’ en la que pedía la absolución de todos los miembros del grupo excepto por un delito de robo) y Raquel Fernandino Nosti, cuyo voto fue clave para dejar a los sevillanos de ‘La Manada’ en libertad provisional.
La sentencia condena a una pena inferior incluso a la solicitada de forma subsidiaria por la defensa
En esta ocasión, los hechos, que recoge la sentencia como “probados”, tuvieron lugar en el domicilio familiar situado en la localidad navarra de Lodosa el 22 de junio de 2017, cuando ambos llevaban ya seis meses separados, y tres días antes de firmar los papeles del divorcio. Él había ido al domicilio familiar en el que vivían su expareja y los niños a desmontar un ordenador. En presencia de los niños, ambos progenitores se enzarzaron en una “fuerte discusión”.
“En un momento dado”, reza literalmente la sentencia en el apartado de hechos probados, “el procesado se dirigió a la cocina de donde cogió un cuchillo de unos 15 cm. de hoja y salió apresuradamente, dirigiéndose hacia [la mujer], portando en su mano derecha el cuchillo, que esgrimió dirigiéndolo hacia ella, siendo consciente de que con tal acción podía poner en peligro su vida”.
Entonces se produjo un forcejeo: ella intentó protegerse y quitarle el cuchillo, y terminó con “una herida incisa muy superficial, de 1 cm. de trayectoria lineal irregular”. Ambos cayeron al suelo y “el procesado”, dice literalmente la sentencia, “agarró con su mano izquierda  el cuello de [la mujer] presionando fuertemente en la zona peritraqueal, hasta que comprobó que ésta gesticulaba angustiosamente, le estaba haciendo daño, tosía, e igualmente le faltaba el aire y al ver su creciente estado de asfixia, de modo consciente y voluntario dejó de apretar el cuello, poniendo fin a la situación de peligro para su vida”.
El incidente fue presenciado por los niños y al menos en una ocasión la niña, de seis años de edad, gritó dirigiéndose a su padre: “Déjala, no la mates”. Este extremo, como todos los narrados hasta aquí, también está reconocido como hecho probado.

De tentativa de homicidio a maltrato ocasional
En la propia sentencia, los magistrados reconocen que “los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa” (artículos 138.1 y 16 del Código Penal), pero a continuación matizan que dicha tentativa “fue desistida de forma eficaz” —es decir, el hombre no mató al final a la mujer ni con el cuchillo ni asfixiándola, aunque a punto estuvo de hacerlo tal y como se recoge la sentencia en los “hechos probados”—, pues se basan en la “doctrina jurisprudencial” para condenar al autor por un mero “delito de maltrato ocasional en su modalidad de causación de lesiones de menor gravedad en el ámbito de violencia sobre la mujer” (artículos 153.1 y 3 del Código Penal).
Los jueces ponen el foco especialmente en que el hombre, a pesar de que queda probada su conducta, desiste “de manera libre y voluntaria” de matarla cuando ella se queda sin oxígeno. Ni en una, ni en dos, ni en tres: en hasta ocho ocasiones remarcan que el marido, “de forma libre y voluntaria” o “voluntariamente”, decide no matarla: se trata del principal argumento para condenar al responsable a sólo 10 meses de prisión.
Los magistrados no ven homicidio en grado de tentativa porque el hombre decidió “libre y voluntariamente” no matarla
Es más, llegan a apreciar que no existe voluntad de consumar el homicidio: “Como decimos, el procesado, quien tenía a su disposición el cuchillo antes referido, de manera libre y voluntaria, no continuó con la reiteración o insistencia en actos dirigidos a lograr la muerte de [la mujer]; por este motivo cesó la situación de peligro para su vida, y la causa directa de la no producción de resultado mortal no fue otra que la voluntaria interrupción, por parte de aquél, de los actos que hubieran podido causar la efectiva muerte” de la víctima.
“Consideramos concurrente el desistimiento, en su modalidad omisiva, que exime de la responsabilidad por homicidio”, destacan.
Asimismo, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra esgrimen una serie de razonamientos que rebajan la responsabilidad del atacante. Destacan, por un lado, “la presencia con cierta regularidad del procesado en la vivienda que constituyó el domicilio familiar” y el “régimen consensuado” en su separación. También analizan con detalle el “cuadro de ansiedad” del hombre.
Por otro lado, reconocen que la herida que él le produjo a ella con el cuchillo, aunque superficial, “es compatible con una defensa de la víctima” y por tanto hubo forcejeo; y que hubo un intento de estrangulamiento con una mano, “una situación verdaderamente angustiosa, abrumadora, agobiante” para la víctima, reconocen los magistrados.
Los magistrados declaran probado que la mujer “una vez incorporada, tras haber padecido la angustiosa situación relatada, salió a la terraza de la cocina con los niños, pidiendo ayuda a gritos, entre tanto el procesado permanecía en el interior de la cocina, pidiéndoles que entraran”. “Cuando [la mujer] regresó al interior de la cocina, el procesado le pidió que le perdonara por lo que había hecho, rogándole que no le denunciara y marchándose de la vivienda, después de tratar de despedirse de los niños”.
En resumidas cuentas, al hombre se le condena por “maltrato ocasional” con las “agravantes específicas de haber ocurrido el hecho en presencia de menores, con utilización de arma blanca y en el domicilio común, así como la circunstancia atenuante simple de trastorno mental”, dado que se ha demostrado que estaba sometido a estrés y tratamiento psiquiátrico.

¿Y los menores?
La Audiencia de Navarra condena al hombre, además, a una inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad sobre los dos hijos de la pareja durante dos años y seis meses.
Asimismo, se le impone la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de los niños y de la mujer durante dos años, 10 meses y 15 días, utilizando “el mismo criterio de proporcionalidad que empleado a efectos de fijar la pena privativa de libertad”.
Es decir, ni la hija mayor ni el más pequeño tendrán más de 10 años cuando el padre, el mismo que según los “hechos probados” acuchilló e intentó asfixiar a su madre, recuperará la patria potestad y volverá a tener pleno acceso a ellos.



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Mapa: todas las concentraciones contra la violencia machista para este 25N

Mapa: todas las concentraciones contra la violencia machista para este 25N.
Cerca de un centenar de marchas recorrerán este domingo las calles con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el que cada 25 de noviembre miles de mujeres denuncian la violencia sufren mujeres y niñas en todo el mundo. Además, más de una veintena de actos el sábado y una docena reclamas el viernes pedirán que frene esta violencia, una de las  más extendidas.
El 25 de noviembre fue instaurado como día contra la violencia de género en recuerdo de las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Las tres fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.
El Salto ha recopilado hasta ahora 200 convocatorias entre el jueves y el domingo. ¿Conoces alguna más? Comenta este artículo o manda la convocatoria a larioja@elsaltodiario.com.
 Por Irene Martínez / Carlos Benéitez




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Mujeres de todos los días

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Juan Carlos Pinto Quintanilla
Rebelión


Gema es una mujer como muchas, que lleva consigo una historia de luchas, desengaños y recuerdos. Taxista ella, que sin poses ni palabras innecesarias, fue deshilando su historia que sin que lo diga es una lección de vida, de coraje y de dignidad…Mujer de cerca de 40 años con una carrera de sobrevivencia desde los 20, cuando quedo con una hija de 5 años y otra de 8 meses, y un marido que decidió desaparecer de la vida de las tres, así nomás.

Entonces la necesidad tocó su puerta, ella buscó apoyo en su madre quien le dijo que se buscara no más donde vivir, pues los vecinos la verían mal por tener una hija con hijas sin padre. No le quedó otra que acomodarse en el minibús abandonado por el desaparecido, para organizar su vida y empezó el periplo de buscar trabajo; sin prejuicio y con el hambre apretando a las niñas, entró a ser trabajadora del hogar y, finalmente, se animó a ser ayudante de albañilería en un edificio en el que estuvo 2 años aprendiendo este trabajo. Dejaba a sus niñas encerradas en el cuarto que tomó en alquiler, las dejaba con la comida preparada y envuelta, para que la niña de 5 años se sirviera sola y le diera la leche a la más pequeña, así fue pasando el tiempo entre madrugadas cocinando, días trabajando en el edificio y volviendo precipitadamente a su cuarto para encontrarse con sus hijas.
En una ocasión, vio a una señora manejando un minibús y eso hizo que le preste atención al viejo minibús que el marido desaparecido había abandonado en la casa de su madre. Decidida se puso en acción y durante varias jornadas se subía al transporte público para aprender mirando. Prontamente, pues la necesidad obliga, puso a punto el minibús y a conducirlo, tal era su emergencia y osadía que terminó volcando, por suerte sin consecuencias para ella y sus hijas a quienes las ponía como copilotos en los viajes de entrenamiento y luego a lo largo de toda su carrera de chofer.
Ya habiendo adquirido algunas pericias, inmediatamente se presentó en un sindicato de minibuses, que en definitiva siempre convocan a nuevos para tener más aportes sindicales. Fue admitida como única mujer en un sindicato que ya contaba con más de 100 choferes hombres, con gran sorpresa de unos y mucho repudio de la mayoría, porque la consideraban un mal ejemplo para el gremio. No tardaron en llegar las presiones para que se vaya y los acosadores que buscaban conquista fácil y para denigrarla por no cumplir el papel que “le tocaba como mujer” en su casa.
Muchas lágrimas corrieron, pero también más coraje se acumulaba en su vida; aprendió a responder las ofensas, así como a mostrar que conocía de derechos y leyes cuando buscaban atemorizarla, hasta lograr un espacio de respeto. Se convirtió en la chofer que tenía los dos lugares de adelante del minibús siempre ocupados por sus hijitas, que luego empezaron a ir a la escuela y a su turno en el minibús las recogía o les hacía hacer tareas mientras esperaba turno en la parada.
Han pasado 14 años, de experiencia y pelea cotidiana con los colegas y el público o los transeúntes que le gritaban y “corregían sobre su papel como mujer en la vida”, y criticando su actuar como chofer. Se decía para sus adentros que los errores de los hombres siempre son perdonables y corregibles, pero los de las mujeres son repudiables y absolutamente sancionables por haber transgredido el deber ser…
Finalmente decidió vender el minibús y compró un auto ya viejito para convertirse en taxista desde hace 2 años. Pudo hacerlo porque ya sus hijas son grandes, la primera ya tiene 20 años y trabaja como operadora en la misma empresa de radio taxi; y la otra de 16 años está terminando el colegio, todo gracias a una vida de esfuerzo propio e inversión en lo que más ama.
El final no es simplemente feliz como nada lo es, Gema trabaja 4 días a la semana durante 10 horas, los fines de semana llega a trabajar 15 horas. Ella sigue pensando y está convencida que lo conseguido es por su esfuerzo y la autovaloración que le permitió pelear contra la discriminación. No necesitó pertenecer a nadie ni formar parte de una pareja tradicional, aprendió a valerse por sí misma, a valorarse y enfrentarse contra lo que creía injusto, excluyente y patriarcal.
Más allá de los discursos esta es la vida de todos los días de muchas mujeres que hacen senderos en las estructuras patriarcales, son luchas anónimas y demasiadas veces personales y solitarias; en verdad de ahí nacen las lideresas que hacen posibles los cambios cuando se suman voluntades, a los descontentos y enfrentan las resignaciones; de allí nacen los testimonios que hacen organizaciones.
La constatación del maltrato, de la exclusión y del enmarañado patriarcal de nuestras sociedades figura en las estadísticas y en los números, junto a la pobreza y la dependencia de nuestros países, y muchos países del primer mundo que asumen que la construcción de equidad es una transversal fundamental para la democracia, privilegian sus apoyos y recursos en torno a proyectos de apoyo a la construcción de equidad de género.
Quienes en definitiva han sido receptoras de este apoyo, han sido las ONG, fundaciones y agencias internacionales en las que no trabajan personas como Gema, sino las que pudieron estudiar, las que han sido parte de la tradicional clase media y que se empoderan en la sociedad con sus reclamos y demandas, discursos y documentos reivindicativos, que en el pasado han abierto causes a “su” equidad en los partidos o en espacios institucionales, y que todavía se visualizan en el propia institucionalidad del proceso de cambio, como expresión de la condición de “las mujeres” sin contemplar la condición de la clase a la que representan.
A no dudar que mujeres como Gema, que son la mayoría en nuestro país, son las que han puesto su esfuerzo y vida para hacer posible este proceso de Cambio y que se ha encontrado en organizaciones como las Bartolinas, las Amas de Casa de las minas, las Juana Azurduy y otras de base. Existen aún, sin embargo, una gran cantidad de mujeres populares y familias completas que ante su propia situación de pobreza y abandono en el campo y en barrios marginales de las ciudades; se han refugiado en las numerosas iglesias evangélicas que viven creando ilusiones e inventando esperanzas individuales.
Demasiadas veces estas acciones de las iglesias y sectas, se encuentran con los discursos individualistas de las ONG, que realizan acciones promocionales con grupos de mujeres y que lograr sus financiamientos hablando de números para convencer a los gobiernos y agencias internacionales, para que realicen más inversión en “ellas” y les permitan empoderarse a “ellas” (en realidad a las que trabajan en la ONG) como expresión de la equidad buscada. Mientras las Gemas siguen trabajando 10 a 15 horas por día para seguir viviendo y no se han enterado de que su situación es la preocupación teórica de muchos gobiernos extranjeros y que hay otras mujeres que hablan por ellas sin que su situación cambie de verdad…


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miércoles, 21 de noviembre de 2018

La esterilización de mujeres indígenas nunca se fue del todo: nuevas denuncias en Canadá


Por Leyland Cecco - Toronto
Los defensores de los derechos humanos urgen a Canadá a poner fin a la ligadura de trompas forzada de mujeres indígenas después de que se documentaran casos hasta en 2017. Amnistía Internacional ha avanzado que presentará la causa ante el Comité de la ONU contra la tortura. “Está claro que el objetivo es asegurarse de que un grupo de personas no se reproduzca”, dicen los expertos sobre una medida ya documentada durante décadas en países de América Latina.
Al menos 60 mujeres se han unido en una  demanda colectiva contra médicos y autoridades sanitarias en la provincia de Saskatchewan, en Canadá, y piden que se las indemnice por la vulneración de sus derechos fundamentales.
La demanda todavía depende de un trámite para que se pueda cursar: una certificación judicial. Sin embargo, Amnistía Internacional ya ha avanzado que presentará la causa ante el Comité de la ONU contra la tortura con el objetivo de que presione al Gobierno canadiense para que investigue los hechos.
“En el fondo, estamos hablando de mujeres que tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y se les ha negado este derecho”, afirma Jacqueline Hansen, de Amnistía Internacional.
Las mujeres aseguran que, sin que ellas pudieran dar un consentimiento informado, los médicos de hospitales públicos les practicaron una ligadura de las trompas de Falopio o se las cauterizaron o seccionaron. Esta práctica constituiría una violación del código deontológico y de la ley.
Algunas de las demandantes afirman que los profesionales sanitarios les indicaron que no podrían ver a sus hijos recién nacidos si antes no daban su consentimiento para someterse a esta intervención. “Esto ha tenido un impacto negativo en las mujeres y sus comunidades. Tienen derecho a una indemnización ya que todavía no han superado el trauma que les causó esta situación”, indica Alisa Lombard, la abogada que representa al grupo de demandantes.
En 2015 salió a la luz que la esterilización forzada era una práctica recurrente, cuando cuatro mujeres hablaron públicamente de sus experiencias en la provincia de Saskatchewan. Tras una investigación de los hechos, las autoridades sanitarias de la provincia emitieron una disculpa y anunciaron nuevos criterios para practicar la operación de ligadura de trompas.
Sin embargo, según la demanda que ahora se presenta, algunos casos son posteriores a 2015 y algunos incluso tuvieron lugar en 2017. La abogada indígena Yvonne Boyer, senadora de Ontario y coautora de un informe independiente sobre las experiencias de las mujeres en Saskatchewan, cree que es probable que este problema esté más extendido de lo que se cree.
“Si ha ocurrido en Saskatoon, ha ocurrido en Regina, ha ocurrido en Winnipeg, ha ocurrido donde hay muchas mujeres indígenas”, afirmó Boyer en un encuentro con periodistas canadienses: “Muchas mujeres de todo el país han contactado conmigo para pedirme ayuda”.
En una entrevista con un medio canadiense, Jane Philpott, ministra de servicios indígenas, describió la práctica como “horrorosa”. “La esterilización forzada de las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres indígenas, es una violación muy grave de los derechos humanos”, afirmó.
Los líderes de las comunidades indígenas también han expresado su indignación. Perry Bellegarde, el jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, se unió a las voces que piden que el gobierno federal investigue lo ocurrido. “Está mal, es inmoral, es una grave violación de los derechos humanos, esta práctica deshumanizadora debe cesar”, afirmó en declaraciones a los medios.
Hansen indicó que Amnistía Internacional había investigado prácticas similares en México, Chile y Perú. “Estas prácticas persiguen un objetivo muy concreto. Está claro que el objetivo es asegurarse de que un grupo de personas no se reproduzca”, señaló.
Lombard señala que Canadá ha tenido una relación conflictiva con los pueblos indígenas a lo largo de la historia y esto no hace más que desvelar la motivación que se esconde detrás de estas intervenciones.
“Creo que el fondo de esta cuestión, así como el trato que la sociedad ha dado a las comunidades indígenas, están profundamente conectados con el racismo”, señala: “Es importante llamarlo por su nombre”.
Traducido por Emma Reverter
Imagen de portada: Un niño escribe en el suelo durante una protesta por los derechos de los pueblos originarios en Canadá. ZumaGlobal/ EFE

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lunes, 19 de noviembre de 2018

Una pena de agresión sexual es rebajada porque la víctima hizo teatro en el colegio


Por Beatriz Badenas
La Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians ha empezado una campaña contra una sentencia de los juzgados valencianos que rebaja la pena del agresor porque la víctima hizo teatro en el colegio. La Asociación la considera humillante tanto para la víctima como para las profesionales de la interpretación.
Si tener un cuerpo de mujer, llevar ciertas prendas de ropa o estar en ciertos lugares a ciertas horas, así como tener cierta actitud —o no tenerla, recordemos a la víctima de La Manada— podía convertir en culpable a la víctima de violencia de género, ahora se suman los currículum vitae desde la escuela.
Así lo ha denunciado la Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians tras la sentencia en la que la condena de un agresor sexual ha sido rebajada por la “experiencia como actriz en la escuela” de la denunciante. La mujer que fue agredida el pasado mes de enero por su jefe, golpeada durante dos horas y abusada sexualmente, ha recibido una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València en la que, entre los atenuantes para rebajar la pena de su agresor, alegan su formación en teatro durante la infancia como un motivo para “dramatizar” su declaración.
La Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians ha empezado una campaña contra esta sentencia, a la que se han sumado las correspondientes asociaciones de Catalunya y Galiza. La acción consiste en hacerse una foto con un cartel que dice “Soc actriu/actor i no mentisc #joetcrec”
Entre los atenuantes para rebajar la pena de su agresor, alegan su formación en teatro durante la infancia como un motivo para “dramatizar” su declaración
Según el comunicado publicado por la asociación valenciana, el colectivo considera humillante esta sentencia en primer lugar para la víctima, pues se pone el foco en ella como suele suceder en los casos de violencia machista. En segundo lugar afirman que les gustaría “recalcar que la víctima no es actriz, simplemente tuvo algunas clases en el colegio; muchos medios ponen que es actriz y esto no es así”, explica Aina, integrante de la asociación.
El centro de su protesta, continúa explicando Aina, se enfoca en declarar que “esto desacredita la palabra de todas la actrices y todos los actores y es desinformación, porque en nuestro trabajo no mentimos, nos ponemos en la piel de otros personajes, que es precisamente lo que no se está haciendo con las mujeres desde la justicia”.





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viernes, 16 de noviembre de 2018

Organizaciones feministas denuncian la falta de datos fiables y actualizados sobre violencias machistas


Por Marisa Kohan
Lamentan que 14 años después la aprobación de la ley integral contra la violencia de género, aún no se recopilen los datos. Denuncian que sin ellos es imposible evaluar la efectividad de las políticas públicas, mejorarlas o avanzar en prevención.
“Se difunde el número oficial de mujeres , niñas y niños asesinados, pero no se explica qué ha fallado en el sistema de protección judicial y social y que se va  a hacer para mejorarlo. Tampoco hay casi datos sobre prevención y los más recientes son de 2015 y  2016″. 

Resulta paradójico que 14 años después de aprobarse la ley contra la violencia de género aún no dispongamos de datos que nos permitan evaluar la efectividad de las políticas públicas en materia de violencias machistas”,  afirma Francisca Guisando Adame, miembro de la plataforma Estambul Sombra. “No se pueden hacer políticas públicas ni evaluar el impacto de las de las mismas si no disponemos de datos fiables y actualizados que nos permitan evaluar las necesidades”, añade.
Guisando realizó estas afirmaciones durante la presentación de los hallazgos que cerca de 200 organizaciones han recopilado en el documento conocido como informe sombra que este viernes se presentó en Madrid.
El objetivo del informe es hacer una radiografía del nivel de cumplimiento de España del Convenio de Estambul, un mecanismo internacional ratificado por nuestro país en 2014 y que será evaluado por el GREVIO (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, dependiente del Consejo de Europa) que evaluará la aplicación que ha hecho nuestro país del Convenio desde que lo ratificó en 2014. La evaluación comenzará en febrero de 2019 y concluirá con un informe en 2020.
Los informes sombra son un mecanismo del que disponen las organizaciones de la sociedad civil para informar a los expertos de organismos internacionales que evalúan el cumplimiento de los Estados de los tratados que suscriben. El informe que ahora se presenta en su totalidad, fue aprobado el pasado mes de octubre por una plataforma formada ex profeso para esta evaluación y está formada no solo por organizaciones feministas, sino también de derechos humanos y de cooperación al desarrollo.
La principal conclusión del documento de más de 30 páginas, es que España suspende en muchos de los aspectos cruciales de la lucha contra la violencia de género. LINK
“Se difunde el número oficial de mujeres , niñas y niños asesinados, pero no se explica qué ha fallado en el sistema de protección judicial y social y que se va  a hacer para mejorarlo. Tampoco hay casi datos sobre prevención y los más recientes son de 2015 y  2016″. Esta falta de datos es, para las expertas, un serio problema a la hora de decidir dónde irán los 120 millones de euros que se han aprobado para financiar el pacto de Estado a nivel municipal y autonómico.
“Nos encontramos con el hándicap de que la ley integral de 2004, que vino a ser un gran avance en su momento, 14 años después nos presenta dificultades a la hora de abordar las violencias machistas“, añade Guisando. La causa de este corsé, es el título segundo de esa norma, que estipula que las violencias de género son las que se ejercen por parte de la pareja o expareja de las mujeres. Esto deja fuera de la cobertura legal y de las políticas públicas cualquier otro tipo de violencias machistas.
Según la plataforma Estambul Sombra, es necesario la elaboración de una ley paraguas que englobe todas las violencias que se ejercen contra la mujer y que recoge el convenio de estambul, como las violencias sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, o la trata de personas con fines de explotación sexual.

Batería de exigencias
El informe sombra desgrana los fallos y obstáculos que persisten en nuestro país para la puesta en marcha del Convenio de Estambul y la lucha contra las violencias machistas cuatro años después de que nuestro país lo ratificara y contiene una batería de exigencias de mejora.
Las organizaciones de la sociedad civil exigen más prevención de la violencia de género en la educación, así como mejorar cuantitativa y cualitativamente la formación del personal en la sanidad pública y adecuar los protocolos. Explican que más del 90% de las mujeres utilizan el sistema de salud, por lo que es una pieza clave para la detección precoz de la violencia de género.
También exigen que la atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia machista sea más amplia y que se preste antes y no después a una denuncia judicial. Es decir, que el acceso a las prestaciones no esté supeditada a la presentación de denuncia.
El informe abunda también en la necesidad de crear empleo público para atender los servicios de atención a las víctimas de violencia de género. En la actualidad el artículo 19 de la ley de Presupuestos Generales limita esta posibilidad, obligando a los entes públicos a externalizar estos servicios, lo que según el informe “supone una precarización de los mismos”.
Exigen, también, acabar con la dependencia económica de las mujeres y resaltan que, pese a que se estima que el 40% de las víctimas dependen económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de las denuncias reciben la ayuda económica de 430 euros durante un período de seis meses y un 23% la percibe la Renta activa de Inserción.
Otra de las actuaciones urgentes que propone el documento es revisar el sistema de Viogen, la valoración policial que se realiza a las mujeres víctimas de violencia de género para evaluar el riesgo que corren. En la actualidad “el 90% de los casos estima que hay no hay riesgo o que éste es bajo y no incluye a los niñas y niños”, claves en la prevención y la protección.
Las organizaciones demandan, también, que nuestro país y la Unión Europea apliquen el Convenio de Estambul en los casos de víctimas cuyo agresor tenga distinta nacionalidad o país de residencia (1 de cada 7 parejas), así como la protección de las españolas que se encuentren en otro país y sean víctimas de  violencia de género.
Exigen que el Convenio de la Haya sobre sustracción internacional de menores no prevalezca sobre el de Estambul, que obliga a la protección de las víctimas de violencia de género en dichas circunstancias. El informe contiene una llamada especial sobre el caso de Juana Rivas, al entender que nuestro país debería reclamar la jurisdicción de la denuncia por violencia de género que presentó Rivas en Granada en 2016 en base al artículo 44.2 del Convenio de Estambul  por la demora del juicio en Italia.
El informe pide que se invetigue el hecho de que los juzgados sólo dicten sentencias condenatorias en 2 de cada 10 denuncias por violencia de género y sólo conceden ordenes de protección en 16 de cada 100 casos. “Entre 2015 y 2017 se han tramitado 438.346 denuncias por violencia de género, una media de 146.100 al año. En uno de cada cuatro casos se solicitaron a los juzgados medidas cautelares de protección de las que sólo se concedieron un 63%, con grandes diferencias territoriales”, afirma el informe.
El documento hace una especial llamada de atención sobre la sobreexposicón a la violencia de genero de mujeres y menores migrantes, para los que pide adecuar la normativa de extranjera, la ampliación de los permisos de residencia y un incremento de las traductoras y las ayudas sociales. “Son extranjeras el 9,6% de las personas residentes en España y el 43% de las víctimas mortales por violencia de genero, sin que les proteja el presentar el 33,7% de las denuncias judiciales”. También, critican que de las mujeres que pidieron asilo en España durante 2017, solo el 1,95% obtuvieron el estatus de refugiada que otorga protección legal.
España será evaluada por las expertas del GREVIO en 2020. Para ello, el próximo mes de febrero, el Gobierno deberá responder a una batería de preguntas sobre la  aplicación del Convenio en nuestro país, cuatro años después de haberlo ratificado. En septiembre del año que viene, las expertas del GREVIO visitarán España para reunirse con representantes del gobierno, comunidades autónomas y organizaciones de la sociedad civil. El informe elaborado por las organizaciones sociales se entregará en febrero al comité de expertas del Consejo de Europa para que sea tenido en cuenta a la hora de valorar las actuaciones de nuestro país en relación al Convenio de Estambul.




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Venezuela. Mujeres debatan de política internacional en Casa Amarilla


Por ÚN
Moravia Peralta, filósofa puso en contraposición la doctrina Monroe y la doctrina Bolivariana
Este viernes, la Casa Amarilla Antonio José de Sucre presentó una conferencia con las maestrantes del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, donde se debatió sobre la política exterior de Venezuela con los países de Nuestra América.
La conferencia se llevó a cabo en la Biblioteca Central de Casa Amarilla, espacio que fungió como lugar de intercambio y formación de conocimientos. La actividad estuvo enmarcada en la edición número XIV de la Feria Internacional del Libro (Filven).
Las ponencias estuvieron a cargo de Moravia Peralta, filósofa, la segunda ponencia fue dictada por la internacionalista Anny Pérez. La también internacionalista Laura Suárez habló acerca de los logros de la doctrina Bolivariana. Mientras que la internacionalista Dana Casanova enfocó su ponencia en el rol de la mujer dentro de la política exterior de Venezuela.
Por su parte, Peralta puso en contraposición la doctrina Monroe y la doctrina Bolivariana. “Desde el siglo XIX, Estados Unidos ha defendido un ideal anexionista. Por ello despojó a México de más de la mitad de su territorio mientras que la doctrina Bolivariana impulsó la unión de los pueblos y no la conquista de ellos”.
Laura Suárez destacó las políticas del comandante Chávez. “Nuestro Comandante Eterno entendió que un solo actor no hace al mundo, por ello implementó la doctrina Bolivariana y todas aquella prácticas que nos llevaron a apropiarnos de nuestra identidad”.
Finalmente, la ponente Dana Casanova indicó que “se han dado a conocer a heroínas como Juana la Avanzadora, solo a través de las políticas inclusivas de Hugo Chávez”. La internacionalista también señaló que todavía queda mucho por hacer en la inclusión de las perspectivas de género a nivel diplomático.
MPPRE
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