sábado, 6 de enero de 2018

Los detalles de la ley islandesa que regula la igualdad salarial entre hombres y mujeres

Por Èric Lluent

Islandia ha aprobado la ley que regula la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Estas son las principales claves.
Estos días todos los medios nacionales e internacionales hablan de Islandia para destacar la entrada en vigor de la ley que regula la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se trata de una revolucionaria legislación que obligará a las empresas con más de 25 trabajadores a certificar que pagan de forma igualitaria a todos ellos, sin discriminación de género. A continuación, un análisis de la nueva ley para entender mejor de qué se trata y aclarar dudas sobre su implementación.







ÍST 85:2012. Debemos familiarizarnos con este código, puesto que es el nombre técnico del estándar en el que se basa la nueva legislación islandesa. Este es un estándar de calidad que se redactó en 2012 y que voluntariamente ya han implementado algunas empresas. Tanto los sindicatos como las patronales participaron en su creación y la idea inicial era que las empresas se sumaran al proyecto para conseguir el certificado con el fin de mejorar su reputación y dar garantías de igualdad a sus trabajadores y a los consumidores. La voluntad de las partes que impulsaron el ÍST 85:2012 es que, poco a poco, vaya exportándose a otros países, con el fin de internacionalizar esta revolucionaria medida para acabar con la brecha salarial de género.
Ley de igualdad de estatus e igualad de derechos entre hombres y mujeres. La norma a la que hacemos referencia es la ley 10/2008 (Ley de igualdad de estatus e igualdad de derechos entre hombres y mujeres) aprobada por el parlamento islandés hace diez años. La novedad la encontramos en la modificación 56/2017, aprobada el pasado mes de junio, que se desarrolla especialmente en el artículo 19 de la citada ley. En su redactado se especifica que las empresas de más de 25 trabajadores deben cumplir los requerimientos del estándar ÍST 85:2012 mediante una auditoria que debe presentarse al Centro para la Igualdad de Género, tanto si el resultado es positivo como si es negativo.
Se implementará completamente en 2022. Respecto a la aplicación de esta ley, la provisión temporal sexta nos aclara el calendario previsto. Si bien ha entrado en vigor este 1 de enero, las empresas de más de 250 trabajadores tienen hasta el 31 de diciembre de 2018 para presentar su auditoría a las autoridades para conseguir el certificado. Las empresas de 150 a 249 trabajadores, hasta el 31 de diciembre de 2019. Las de 90 a 149 trabajadores, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y, finalmente, las de 25 a 89 trabajadores, hasta el 31 de diciembre de 2021. De esta forma, no será hasta 2022 que todas las empresas de más de 25 trabajadores deberán contar con este certificado. Hay que tener en cuenta que las empresas de menos de 25 trabajadores quedan fuera de esta ley, lo que supone que no se garantiza la igualdad salarial a todas las trabajadoras, si bien sí a la mayoría. También hay que considerar el hecho de que las diferencias salariales más significativas se dan especialmente en las grandes empresas.
Sanciones de hasta 400 euros al día. Una de las grandes incógnitas es la cuestión de las sanciones que deberán afrontar las empresas si no consiguen el certificado. Hasta que no se resuelvan los primeros casos el próximo año, no conoceremos la cuantía exacta de las multas. Hay que tener en cuenta que antes de la aplicación de las sanciones, la ley prevé un periodo para que las empresas regularicen la situación. En caso de no ser así, la ley especifica que las multas no superarán las 50.000 coronas islandesas al día, unos 400 euros. No se impondrán, por lo tanto, multas millonarias, puesto que la intención no es recaudar sino disponer de una herramienta efectiva para asegurar la igualdad salarial. La ley también prevé la publicación de los resultados cada dos años.
No todo se soluciona con esta ley. Esta legislación pretende garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo tipo de trabajo. Es decir, hace referencia a la brecha salarial ajustada, la que, por resumir, compara el salario hora a hora por una misma tarea. No obstante, la brecha salarial sin ajustar incluye las diferencias salariales entre hombres y mujeres derivadas de la mayor disposición de los hombres para hacer horas extras, turnos nocturnos o fines de semana, en perjuicio de las mujeres que se ocupan de tareas familiares o del hogar no remuneradas. La ley no hace referencia a estas diferencias entre hombres y mujeres, por la cual es previsible que la media salarial continúe mostrando un fuerte desequilibrio. Si tenemos en cuenta la brecha salarial sin ajustar, a día de hoy las mujeres islandesas cobran, de media, un 72,5% de lo que cobran los hombres.
Aquellos lectores que quieran conocer con más detalle esta legislación, la pueden consultar en inglés en la página del Ministerio de Bienestar del gobierno de Islandia.






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Polémica en Turquía al afirmarse que niñas de 9 años tienen en edad para casarse

Por Prensa


«Nuestra definición era biológica y hay que explicar que por entrar en la edad núbil no hay que casar a nadie», se defiende un portavoz de la institución estatal equivalente a un Ministerio de Religión

Esta afirmación aparecía en la web de Diyanet, en una sección dedicada a explicar conceptos religiosos, pero la misma ha sido eliminada de la página de internet a raíz de la polémica. Desde el martes pasado, cuando se dio a conocer que este órgano oficial fijaba la edad núbil de las niñas en los 9 años “porque ya pueden quedarse embarazadas” y de los niños en los 12 “porque ya pueden ser padres” se han registrado protestas en varias ciudades turcas.La oposición laica de Turquía organizó protestas en varias provincias del país para rechazar una declaración de la Diyanet (institución estatal equivalente a un Ministerio de Religión), según la cual las niñas alcanzan la edad núbil a los 9 años.
Una asociación feminista ha pedido, incluso, el cierre de Diyanet “por explotación sexual”. El Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, ha denunciado que una institución estatal defienda posturas contrarias a la ley, ya que el Código Penal turco define como abuso sexual toda relación con menores de 18 años.
Son frecuentes, sobre todo en zonas rurales del país, los matrimonios no registrados de chicas adolescentes de 15 o 16 años e incluso menores, si bien ante la ley se consideran abusos y no se reconocen.
El servicio de fetuas de Diyanet pretende orientar la vida del ciudadano religioso, pero sus dictámenes no tienen valor legal y a menudo explicitan posturas de la ortodoxia islámica que contradicen la normativa, al definir como “prohibidas” actividades lícitas como el juego de azar o considerar permisibles situaciones ilegales como la poligamia.
En declaraciones al diario ‘Hürriyet’, un alto cargo de Diyanet, Ekrem Keles, rectificó la postura de esa institución, que, aseguró, está comprometida con la lucha contra el matrimonio infantil. “En opinión de la Diyanet, una chica no se debería casar antes de los 17, ni un hombre antes de los 18. Nadie debería casar a niños de 9, 10 o 15 años. Eso va contra el islam”, dijo Keles. “Nuestra definición era biológica y hay que explicar que por entrar en la edad núbil no hay que casar a nadie. ¿A qué mente se le puede ocurrir casar a una niña de 9 años?”, preguntó el teólogo.
Keles recordó que la ley otomana de familia de 1917, anterior al establecimiento de la República y “basada enteramente en fuentes islámicas”, establecía la edad mínima para las mujeres en los 17 años y para los hombres en los 18, algo que “Diyanet siempre ha defendido”, concluyó. La institución ha dedicado la prédica del viernes, que se difundirá mañana, a este asunto y ha aclarado que “no se debe casar a ninguna chica que no haya alcanzado la edad de madurez para entender lo que significa ser esposa.


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jueves, 4 de enero de 2018

Las rapadas del franquismo



Franquismo & Violencias machistas


Nuria Alabao
CTXT

La dictadura también impuso un castigo de género: despojar a las mujeres y las niñas del cabello, un acto que iba acompañado de un ritual público de humillación

Solo quedan unas pocas fotografías de mujeres rapadas por los vencedores en la inmediata posguerra española. Un parco testimonio de un tipo de castigo que se dio de forma generalizada en casi todo el territorio, muchas veces hasta en pueblos diminutos, y que dice mucho de una época, de un régimen que nacía sobre la brutalidad sistemática y el intento de moldear una sociedad desde sus cimientos a partir de la derrota y la humillación. ¿Cómo se dio esa represión en las mujeres? ¿Hubo diferencias determinadas por el género? Si estas imágenes de mujeres rapadas nos impactan, el acto de despojar a las mujeres y las niñas de una de las principales marcas de género venía acompañado de todo un ritual público de humillación.

Cuando eran detenidas se les obligaba a beber ricino, un poderoso laxante que provocaba diarreas, y se las paseaba por las calles para que defecasen mientras caminaban. En ocasiones, se las acompañaba de la banda del pueblo, o eran obligadas a cantar ellas mismas. Entre tanto, sufrían insultos y a veces pedradas y otras agresiones por parte de sus vecinos y vecinas. Se trataba de un castigo ejemplar para las mujeres que según los vencedores se habían salido de su papel “natural” al haber ejercido una política activa en el bando de los republicanos. La humillación como correctivo social.

Una deshonra pública de carácter “instructivo”, que buscaba que toda la comunidad participase de la victoria ejerciendo de verdugo, o tuviese que fingir odio hacia esas mujeres que a veces eran amigas o vecinas, para dejar claro que también estaban en el bando de los vencedores. Si la práctica del ricino la introdujo la Falange copiándola de los Fasci di Combattimento italianos –que la usaban también contra hombres– los rituales públicos de humillación provienen de una tradición muy española: la Santa Inquisición.

Los herejes, las brujas, los falsos conversos condenados algunos siglos antes, o los indígenas acusados de idolatría en las colonias, también eran deshonrados de la misma manera pública –con rapados incluidos– para buscar un impacto psicológico en la población. Una de las principales finalidades del derecho penal del Antiguo Régimen consistía en su capacidad aleccionadora. Así, el franquismo como restauración llegó vinculado a los principios reaccionarios a los que vino a proteger de la modernización que implicaban la República y la revolución social y sus nuevos valores y propuestas de organización del mundo.

El castigo público funcionaba aquí como advertencia hacia futuras disidencias femeninas. Sin embargo, el involucionismo franquista no será el único en aplicar este tipo de penas de resonancias medievales. La Francia liberada se caracterizó por celebrar su victoria con la humillación de las mujeres francesas que habían tenido amantes alemanes y, sobre todo, hijos “de sangre alemana”. De ellas sí nos han quedado abundantes imágenes, incluso en cine, que dan testimonio del castigo destinado a las que estaban llamadas a preservar la pureza de la patria ultrajada y que traicionaron “su destino biológico y nacional”. Discurso propio de la época y de los distintos nacionalismos que desembocaron en la II Guerra Mundial.

 Mujeres para una revolución

En la República, pero sobre todo en el magma de ideas que se produjeron en las culturas obreras que dieron lugar a la revolución social, las mujeres tendrían un papel bastante diferente. El cambio de roles había empezado antes, pero las ideas del igualitarismo radical le darían un nuevo impulso. Durante el periodo republicano se consiguieron algunas conquistas importantes. Se eliminó una parte de la legislación discriminatoria que impedía participar a las mujeres en política y que mantenía su subordinación en el trabajo y en la familia. Durante la guerra, y sobre todo durante la revolución, las mujeres asumieron papeles hasta hace poco reservados a los hombres.

La agrupación anarcosindicalista Mujeres Libres –que organizaba a las obreras pero en la que también se les enseñaba a conducir para que pudiesen participar en las tareas de guerra– llegó a tener más de 20.000 afiliadas en octubre del 38. La imagen de la miliciana condensó simbólicamente estas nuevas atribuciones de la mujer pública y luchadora, y por tanto, fue utilizada para demonizar y reprimir más duramente a las acusadas. En realidad, operará como fantasma, porque las milicianas fueron una minoría y se les expulsó del frente bastante pronto cuando el ejército se “profesionalizó” y relegó a las mujeres a la retaguardia. Sin embargo, esta será la acusación más fuerte de la represión franquista. En diciembre de 1936 ya eran pocos los carteles propagandísticos republicanos que utilizaban el icono de la miliciana, que fue sustituido por el de la “madre combatiente”. Sin embargo, como explica Fernández Duro en “Las rapadas” (S.XXI,), “las milicianas encarnaron el modelo contrario al que el régimen quería implantar”.

Así, la represión contra las mujeres revolucionarias o republicanas “buscaba enviar un mensaje de presión a toda la sociedad de cuál debía ser el modelo de conducta femenino”, uno que las colocase en el espacio privado que “les era propio”, como explica Maud Joly. En general, las “rojas” para el franquismo fueron aquellas mujeres que se habían comprometido en la defensa de la República o la revolución, pero también –y aunque faltan datos que cuantifiquen su relevancia– simplemente esposas e hijas de “rojos”, de vencidos. Las mujeres se convirtieron en una pieza más de la guerra, en un terreno de combate. Consideradas como extensión del hombre, las penas recayeron muchas veces sobre ellas también.

 Represión "generizada"

Naturalmente, el rapado del cabello y las purgas de ricino no fueron las únicas formas represalias. Ellas, como los hombres, fueron torturadas, recluidas en cárceles, forzadas a trabajar, fusiladas, enterradas en fosas comunes y sometidas a múltiples formas de exclusión social. El robo de bebés se convirtió en una práctica tan habitual que estuvo practicándose hasta prácticamente la llegada de la democracia. La victoria del campo nacional desató una violencia desmesurada pero no tan arbitraria como pueda parecer.

El plan era borrar la revolución social, a buena parte de los obreros y obreras comprometidos con ella, exterminar su semilla y su memoria. Pero además, la represión tuvo condicionantes territoriales –murió más gente en Andalucía y Extremadura que en otros territorios, por ejemplo–; condicionantes de clase, y por supuesto, de género. Como explica Arcángel Bedmar, además del rapado y el ricino, muchas mujeres eran obligadas a limpiar el cuartel de la Guardia Civil, la sede de la Falange o la iglesia del pueblo o les prohibieron llevar luto por sus allegados.

Las funcionarias –maestras, matronas, trabajadoras de correos– fueron expulsadas y se les prohibió trabajar condenándolas a la miseria. Por supuesto, había amenazas de agresión sexual, abusos y violaciones. Así como tenían que soportar el asedio de quienes les solicitaban favores sexuales a cambio de gestiones para favorecer a familiares encarcelados.

Y en general las mujeres se enfrentaron a la violación, una de las principales armas de cualquier guerra. El general Gonzalo Queipo de Llano –la máxima autoridad militar de Sevilla–, solo cinco días después de empezada la guerra civil, decía en la radio: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

Toda esta represión se articuló a partir de los discursos de sometimiento e invisibilidad de la mujer impuestos por el franquismo, y que barrieron los avances obtenidos en materia de ciudadanía femenina. Del rapado sistemático como forma de castigo, y pese a la extensión de su práctica, apenas ha empezado a hablarse hace poco porque el franquismo suprimió sistemáticamente tanto las conquistas de las mujeres como la memoria de la represión que hizo posible esta involución.

La Sección Femenina de la Falange se ocupó de lo demás, reeducando a las mujeres en el papel social que los vencedores de la guerra habían diseñado para ellas: el de reproductoras y esposas dóciles alejadas de las luchas sociales, para que incluso pudiesen servir de freno a la participación política de sus maridos.

Y cuando eso se fue rompiendo, cuando el miedo amainó y la sociedad ya era otra, cuando las mujeres –que nunca abandonaron las luchas– retomaron la primera línea de batalla durante la oleada de conflictos obreros de los 60 y 70, volvieron a raparlas. Eso les sucedió a Anita Sirgo y Tina Pérez, mujeres de mineros que participaron en las huelgas asturianas del 62, como parte de sus torturas en prisión.