Lucha de masas contra la cultura de la violación: estalla la lucha

Casi todos los rincones estaban ocupados por mujeres: trabajadoras de diversos sectores, víctimas de acoso sexual en sus lugares de trabajo; estudiantes de escuelas, institutos y universidades que tienen que luchar por cada centímetro de espacio a fin de autoafirmarse en sus centros; mujeres encadenadas por el tedio cotidiano del trabajo doméstico; médicas, enfermeras, maestras y trabajadoras domésticas, todas saltaron a la calle para protestar.

Cinco noches antes una médica residente había sido violada y asesinada en un aula durante su turno de noche. A sus padres les dijeron que había “cometido suicidio” y les hicieron esperar durante tres horas antes de permitirles la entrada en la sala. Corrieron rumores que cuestionaban su salud mental. De hecho, el decano del Hospital Universitario RG Kar hizo una observación temeraria al preguntar “qué estaba haciendo esa chica tan tarde” en el aula de formación. El informe de la autopsia reveló que había sido violada antes de ser estrangulada.

El comentario del decano provocó una indignación masiva. Un llamamiento a una acción en la víspera del Día de la Independencia, con la consigna de Recuperemos la noche, se extendió como un reguero de pólvora por toda India, desencadenando un gran movimiento de masas como no se veía en el país en una década. Tan solo en Bengala Occidental hubo unas 250 manifestaciones en las ciudades, capitales de distrito y pueblos cuando mujeres y personas trans y queer desafiaron el tradicional retiro nocturno para ocupar las calles exigiendo justicia.

La noche del 14 de agosto hizo historia. No fue la primera vez que se organizaba la campaña Recuperemos la noche para protestar contra el acoso sexual en el país. Tampoco fue la primera vez que las mujeres en India salían a la calle de forma tan masiva en solidaridad y de rabia para exigir justicia contra las violaciones y el acoso sexual.

Tampoco fue la primera vez que se cometió un crimen tan brutal en India. En la India de hoy, donde los poderes establecidos alimentan la cultura de violación régimen tras régimen, lo sucedido en el RG Kar no es una excepción. En la India de hoy, comandada por un régimen fascista de derecha, cuyos líderes son abiertamente misóginos, que utilizan la violación como arma política para combatir la disensión y silenciar a las mujeres, el asesinato en el RG Kar y el intento de cargos políticos de obstruir la justicia se han convertido más bien en la norma.

Pero lo que fue tan histórico de esa manifestación fue el estallido espontáneo de las mujeres. En diferentes partes de Bengala Occidental, las mujeres ya habían organizado manifestaciones para reclamar la noche, exigir justicia para la víctima, transporte público seguro para las mujeres, la instalación de aseos públicos, la creación de un Comité Interno de Quejas que funcione en cada lugar de trabajo, derechos laborales básicos para las mujeres en sectores formales e informales.

Para muchas de estas mujeres, esta fue su primera manifestación. Para muchas de ellas, también fue su primera noche a la intemperie. Para muchas, fue la primera vez que coreaban consignas. Para muchas también fue su primera experiencia de organización política. Había trabajadoras con contratos de corta duración, vestidas con sus uniformes de trabajo, compartiendo experiencias de acoso que viven en sus lugares de trabajo. Había enfermeras de hospitales públicos y privados que denunciaban que carecían de infraestructuras de apoyo para llevar a caso su labor durante la noche en condiciones de seguridad. Había actrices de teatro que hablaban del acoso que sufren en sus lugares de trabajo.

Había mujeres y personas queer y trans que habían viajado durante dos o tres horas para acudir a la manifestación. Cuando vieron que no había transporte público disponible, formaron grupos para organizar su propio transporte y viajaron juntas. Había mujeres de los barrios periféricos cercanos compartiendo experiencias de acoso, de violencia en el hogar o en el lugar de trabajo. Acudieron madres con sus hijas. Hermanas vinieron juntas. En las concentraciones se conectaron antiguas amigas. Fue un carnaval de resistencia.

Personas ajenas a la movilización abrieron las puertas de sus casas para que las manifestantes pudieran utilizar sus aseos. Comercios cooperativos de la zona permanecieron abiertos para las mujeres. Estudiantes de universidades públicas cercanas negociaron con sus autoridades para mantener abiertos los portales de los campus y las residencias femeninas. Hubo mujeres que se aventuraron a salir a la calle por la noche solas, sin la compañía de hombres, decididas a reclamar el espacio público como propio, para organizar manifestaciones en sus barrios.

Azaadi

Al grito de azaadi (libertad), las mujeres exigieron librarse de toda violación, la toda violencia doméstica, de todo acoso en el lugar de trabajo, de toda coerción moral, del tedio del trabajo doméstico, de la discriminación salarial, de las observaciones condescendientes de padres y hermanos, de este sistema capitalista patriarcal brahmánico. Hubo mujeres ondeando en lo alto la bandera roja, mientras que personas queer y trans acudieron con banderas arcoíris. Algunas mujeres llevaban retratos de conocidas revolucionarias, recordando a la gente el legado de la resistencia femenina. Sobrevolaba a la multitud una enorme bandera roja con el retrato de la martirizada revolucionaria india Pritilata Waddedar1/, y las manifestantes la vieron como una compañera.

Hubo carteles con lemas escritos por manos inexpertas, se corearon consignas gritadas por mujeres condicionadas para no levantar nunca la voz. Se entonaron cantos, se realizaron números teatrales, se compartieron experiencias mientras las mujeres pasaban la noche a la intemperie  charlando, gritando, escuchando, apoyándose unas en otras.

Avanzaba la noche y llegaron noticias sobre una agresión contra las médicas en huelga en el RG Kar. Un grupo de matones había penetrado en el edificio donde había una sentada, desmantelaron el lugar, golpearon a las médicas que protestaban e intentaron destruir el lugar del crimen. Quedó claro que su propósito era alterar las pruebas y amenazar a las huelguistas. Mientras tanto, los agentes de policía presentes recibieron la orden de mirar hacia otro lado.

Lo que había comenzado como un acto de protesta se convirtió en un movimiento masivo que arrastró a gente que hasta entonces se había mostrado indiferente ante la sangre en las calles. Un movimiento que comprendió que la dignidad de la seguridad de las mujeres guarda relación con el derecho a un sistema de salud pública que atienda a la gente común. En cambio, el sistema existente está desmoronándose desde que irrumpió la corrupción, poniendo en peligro incluso la vida de las y los pacientes.

Cultura de impunidad, privatización y el Estado neoliberal

La impunidad y el descarado alarde de poder, exhibido deliberadamente para enviar un mensaje  mediante la vandalización del espacio de protesta en el RG Kar, rompieron los diques de la furia que había ido acumulándose en el país durante del decenio anterior. Quienes éramos estudiantes cuando se produjo el caso de la violación en Delhi en 2012 ‒donde una joven de clase media fue brutalmente violada por un grupo de hombres y torturada, y murió después‒ vimos cómo miles de mujeres, estudiantes y de clase media, ocuparon las calles para reclamar justicia.

Las movilizaciones de entonces dieron pie a acalorados debates sobre la violencia machista. Más tarde, una comisión judicial informó de que la raíz de los crímenes contra las mujeres se hallaba en una infraestructura insuficiente y en los fallos por parte del Estado y la policía. El estallido de rabia comportó un cambio de la legislación sobre violaciones en India. Sin embargo, un decenio después, cuando volvemos a tomar las calles, seguimos siendo víctimas de una cultura de impunidad.

Casi todos los partidos políticos ‒desde la izquierda parlamentaria hasta la derecha, pasando por los centristas‒ han protegido una y otra vez a violadores y han alimentado la cultura de violación para afianzar su posición en la política electoral. El ascenso del fascismo hindutva vino seguido de una explosión espantosa de violencia machista. La violación ha sido utilizada a menudo como arma política para sofocar protestas y afirmar la autoridad sobre las minorías.

Esta cultura de impunidad, impulsada con la protección de los violadores, la manipulación de pruebas y utilizando sin disimulo la maquinaria del Estado para blindarlos, había sentado precedentes que todo partido gobernante pudo imitar. Por tanto, el hecho de que el partido gobernante en Bengala Occidental empleara su maquinaria para socorrer a los criminales del RG Kar difícilmente podía sorprender a nadie. Con la diferencia de que esta vez fue como la gota que colmó el vaso y desató la furia de la gente.

Es posible que la violación y el asesinato en el RG Kar provocaron semejante indignación generalizada por el hecho de que la víctima era médica, una mujer que ejercía una profesión de cuello blanco honorable, violentada mientras estaba de guardia en un hospital público. Implicaba que las mujeres no estaban seguras en ninguna parte. También puso de manifiesto la flagrante desigualdad de nuestros espacios de trabajo, diseñados para que las mujeres trabajadoras y las personas trans y queer resulten vulnerables. Mujeres trabajadoras de los sectores formales e informales acudieron en masa a las concentraciones.

Hubo actos convocados por anganwadi (puericultoras rurales), monitores de comedores escolares, trabajadoras ICDS (pediatras), trabajadoras domésticas, informáticas, temporeras. El clamor de justicia y dignidad también se abrió camino a los lugares de trabajo. Se exigió la responsabilidad de la empresa a la hora de garantizar la seguridad de las mujeres y personas trans y queer, estableciendo claramente quién abordaría la cuestión de la violencia machista.

Mientras que en casos anteriores de violencia machista ‒en los que la violación se ha utilizado como parte de la represión estatal para sofocar movimientos en el interior del país y en los que la violencia machista ha servido para perpetuar la atrocidad de las castas o para intensificar la ocupación de un territorio‒ no se había producido tal estallido de indignación, las protestas en torno al incidente de RG Kar abrieron la posibilidad de entablar debates sobre las implicaciones de todos esos silencios.

El movimiento Recuperemos la noche inició un debate sobre la justicia de género, poniendo de manifiesto el fracaso de los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad y la dignidad de las mujeres en sus lugares de trabajo y en el espacio público. Esta lucha contra la impunidad también dio más fuerza a la voz del personal sanitario que expresaba su preocupación por la corrupción que infestaba los hospitales públicos.

Empezaron a salir a la luz relatos de distintos hospitales públicos que ponían al descubierto un sistema más amplio, concebido para dificultar todavía más el acceso a la atención sanitaria por parte de los sectores marginados. Estos relatos revelaron la existencia de una sanidad frágil, con el personal sobrecargado de trabajo y fatigado, una sanidad deliberadamente disfuncional, con unos  sindicatos que propiciaban la privatización de la atención sanitaria.

El estado deplorable de la sanidad pública india ya había salido a la luz durante la pandemia. Esto provocó debates en torno a las políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional durante la década de 1980. Esto allanó el camino a la privatización, eximiendo así al gobierno de su deber como principal garante de la salud pública.

La violación y asesinato de la médica residente en un hospital público pusieron de manifiesto la indiferencia del Estado hacia las trabajadoras de la sanidad pública. Se espera de ellas que trabajen más intensamente mientras el sistema se derrumba rápidamente a su alrededor. De hecho, el asesinato ha desencadenado un movimiento más amplio, encabezado por doctores en formación de las 22 facultades de medicina de toda Bengala, para exigir un sistema sanitario público mejor y más seguro.

Las médicas convocaron una huelga indefinida e iniciaron una sentada ante el Ministerio de Sanidad. Aunque el gobierno intentó apagar el incendio prometiendo garantizar la seguridad en los hospitales públicos mediante el despliegue de fuerzas de seguridad dentro de los recintos hospitalarios, las manifestantes rechazaron la idea. Respondieron que su seguridad solo se garantizaría democratizando el espacio de trabajo y construyendo infraestructuras para acabar con la corrupción y ayudar a reparar el deteriorado sistema.

Las reivindicaciones del movimiento resonaron especialmente entre la clase media y trabajadora, principales usuarias del sistema sanitario público. Es la gente que ha soportado los costes del sector sanitario privatizado.

Los partidos políticos de la oposición intentaron por todos los medios apropiarse del movimiento para sacar tajada electoral, pero fueron rechazados por las masas de manifestantes, que ya habían visto cómo casi todos los partidos políticos parlamentarios trabajaban para mantener el statu quo. Ante la enorme indignación pública, el gobierno se vio obligado a trasladar al comisario de policía que había mirado hacia otro lado y facilitado la manipulación de pruebas en el caso de RG Kar.

Las doctoras desconvocaron la huelga, pero se vieron forzadas a iniciar una huelga de hambre frente a un gobierno que se negaba a conceder sus demás reivindicaciones. Sin embargo, tras una reunión con el Ministro Principal, que prometió tener en cuenta sus demandas, se dio por terminada la huelg

Una sentencia y la continuación del combate…

La sentencia del tribunal de primera instancia ha condenado a cadena perpetua a un voluntario civil que trabajaba para la policía de Calcuta por ser el autor de la violación y del brutal asesinato de la doctora residente de 31 años en el Hospital Universitario RG Kar. El veredicto ha avivado aún más las protestas, ya que todo el juicio parecía ocultar la complicidad del Estado en la protección del asesino y eximir a las autoridades hospitalarias de su responsabilidad de salvaguardar la dignidad y la seguridad de su personal.

Mientras Bengala se prepara para dar otra batalla impugnando las lagunas de la sentencia, el Estado clama por la pena capital para el autor del crimen. Sin embargo, ha sido el partido gobernante el primero en proteger al acusado y se sabe que está conchabado con los sindicatos que están implicados en diversas tramas de corrupción.

Curiosamente, la exigencia de la pena capital no surgió del movimiento de médicos en formación ni del movimiento Recuperemos la noche. Históricamente, la lucha por la justicia de género en India se había manifestado en contra de la pena capital, al considerarla una herramienta de represión estatal que otorgaba al Estado el monopolio de la violencia. El Estado pretende eliminar a un individuo al tiempo que abdica de su responsabilidad de introducir cualquier cambio sistémico.

La sentencia se conoció pocos días después de la muerte de una mujer adivasi (indígena tribal) embarazada en otro hospital público de una capital de distrito de Bengala. Murió tras administrarle una solución salina tóxica que está prohibida en otros Estados. Sin embargo, presionados por una empresa farmacéutica, los hospitales públicos de Bengala, poco preocupados por la vida de las mujeres marginadas, siguen utilizándola. Una vez más, su muerte ha puesto de manifiesto los fallos del sistema sanitario público, ya que el nexo entre el Estado y el capital apenas tiene en cuenta la vida de las mujeres o de las personas marginadas.

El papel de un movimiento de masas feminista

Es significativo que el movimiento feminista en India en torno al acoso sexual en el trabajo comenzara con la violación grupal de una trabajadora comunitaria de base que estaba aplicando un programa estatal de concienciación contra el matrimonio infantil en su aldea. Aquel movimiento, a comienzos de la década de 1990, luchó por responsabilizar al Estado, que tenía contratada a la víctima. Logró que se estableciera legalmente que el machismo y el acoso sexual en el trabajo generan un entorno laboral hostil. El contratista tiene el deber de garantizar la seguridad y dignidad de su personal.
Treinta años después, nuestros espacios de trabajo siguen estando diseñados para que las mujeres y las personas trans y queer sean vulnerables como trabajadoras cuyo trabajo se supone que resulta barato. Además, la proporción de la fuerza de trabajo femenina está disminuyendo en el sector formal a medida que crece la informalización del trabajo de las mujeres.

Sin embargo, en el sector informal los empresarios no son responsables de ofrecer unas condiciones de trabajo seguras ni tienen la obligación de cumplir ninguna normativa que proteja los derechos del personal. De hecho, podemos decir que la batalla por la dignidad en el lugar de trabajo no solo consiste en afirmar la identidad de las mujeres como trabajadoras, sino también en la valoración del propio trabajo.

En un momento en el que las políticas neoliberales permiten que el Estado se desentienda de los servicios públicos, en el que los códigos laborales se reescriben para criminalizar la sindicación y ampliar la jornada de trabajo para llenar las arcas de los propietarios, en el que los cierres de fábricas y la privatización de establecimientos de servicios públicos están permitiendo la informalización del trabajo, en el que el Estado fascista normaliza la violencia cada día que pasa, la batalla por el pan y las rosas parece que va a ser prolongada. Esa batalla requerirá una mayor organización de la clase trabajadora en campos y fábricas, en hogares y hospitales, en escuelas y calles, para recuperar cada centímetro de espacio seguro, cada noche, cada día.

Texto original: Against the Current. Traducción: viento sur

Jhelum Roy es doctoranda por la Universidad de Jadavpur y miembra del grupo Feministas en Resistencia en Calcuta.

Nota:

1/ Pritilata Waddedar (1911-1932) formó parte del Ejército Republicano Indio y condujo a 15 combatientes en un ataque armado contra un club europeo. Herida en una pierna, ingirió cianuro para evitar que la policía colonial la detuviera. Anticipándose a la posible muerte, en un bolsillo llevaba una carta titulada Inquilab Zindebad (Viva la Revolución), que desde entonces ha inspirado a otras mujeres. Pritilata fue la primera mártir de Bengala y es todo un icono revolucionario.

Fuente: https://vientosur.info/lucha-de-masas-contra-la-cultura-de-violacion-estalla-la-lucha/

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Caso Pelicot, un antes y un después frente a la violencia machista dentro y fuera de Francia

Algunas claves sobre el caso Pelicot

Fuentes: https://efeminista.com

La sentencia en el juicio por las violaciones a Gisèle Pelicot ha cerrado un caso que ha conmocionado al mundo gracias a la valentía de la demandante, una mujer de 72 años que dio un paso al frente en nombre de todas las víctimas que siguen «en la sombra».

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Estas son las claves para entender el juicio con el que Gisèle Pelicot y la fiscalía han intentado marcar «un antes y un después» en la lucha contra la violencia sexual dentro y fuera de Francia:

1. Un espejismo roto

La vida de Gisèle Pelicot era aparentemente idílica: después de una carrera exitosa en la eléctrica pública EDF y cuatro décadas casada con su marido Dominique, con el que tenía tres hijos y varios nietos, ambos se trasladaron en 2013 a Mazan, un pueblo mediano en el sureste de Francia, para disfrutar de una plácida jubilación.

Lo único que parecía perturbar esa normalidad eran las pérdidas de conocimiento y otros síntomas extraños que sufría Gisèle, que llegó a sospechar que tenía un tumor cerebral o incluso alzhéimer.

En septiembre de 2020, Dominique Pelicot fue detenido por los vigilantes de un supermercado por haber grabado bajo las faldas de varias mujeres y, durante el registro de ordenador y la fase de instrucción de ese proceso, terminó de romperse el espejismo.

Las autoridades hallaron miles de fotos y vídeos en los que Gisèle aparecía inconsciente mientras se la sometía a abusos sexuales, con al menos 92 violaciones contabilizadas. Fue entonces cuando la víctima descubrió que sus síntomas se debían a las altas dosis de ansiolíticos que su marido le había suministrado sin su consentimiento.

2. ‘Monsieur-Tout-Le-Monde’

Las violaciones a Gisèle bajo sumisión química se prolongaron durante casi una década, entre 2011 y 2020, y las perpetraron unos setenta hombres, de los que se pudo identificar a 51, incluido Dominique.

El medio centenar restante, a los que Dominique contactaba por internet, eran hombres de entre 27 y 74 años y de todas las clases sociales: bomberos, camioneros, periodistas, enfermeros, militares y jubilados.

Ese abanico tan amplio llevó al movimiento feminista francés a apodar a los acusados como ‘Monsieur-Tout-Le-Monde’ (‘Señor todo el mundo’), para destacar que el agresor podía ser el vecino, el compañero de trabajo o el familiar de cualquiera.

«Yo también tenía un hombre excepcional, pero el perfil del violador puede estar en la familia, en los amigos», advirtió Gisèle Pelicot al intervenir en el juicio en octubre.

3. Una decisión excepcional

El proceso ha roto los moldes de los juicios por violación, en los que las víctimas suelen permanecer en el anonimato si es que llegan a los tribunales, pues se estima que el 80 % de las denuncias por agresiones sexuales en Francia quedan archivadas.

Pero Gisèle Pelicot, que tras conocer lo que le había ocurrido pensó en suicidarse, tomó una decisión extraordinaria: dejar que se supiera su nombre y promover que fuera un proceso público.

Quería, con ello, conseguir que “la vergüenza cambiara de bando”, una frase que ya se ha convertido en lema para el movimiento feminista, dado que muchas supervivientes no denuncian a sus agresores por el miedo a no ser creídas, la culpa o el temor a un proceso revictimizante.

El caso Pelicot también es excepcional por la amplitud de pruebas documentadas durante años por su propio marido, que impidieron a la defensa negar la existencia de los delitos, y por el hecho de que la demandante usara el apellido de Dominique, del que ya estaba divorciada.

“Tengo nietos que se apellidan Pelicot y no quiero que sientan vergüenza por su apellido, sino orgullo de su abuela”, defendió al ser cuestionada al respecto durante el proceso.

4. Una sentencia polémica

El juicio ha captado mucha atención mediática y a menudo ha humillado a Gisèle, quien se ha indignado por las estrategias de algunos abogados que intentaban rebajar la implicación de sus clientes en los abusos: «Para mí son violadores y lo seguirán siendo», ha subrayado.

Al final, el movimiento feminista tuvo que encajar un veredicto menos ejemplar de lo que esperaba: en vez de los 652 años de cárcel que había pedido la Fiscalía para el conjunto de 51 acusados, el tribunal los dejó en más de 400.

El exmarido de Gisèle recibió la pena más severa, los 20 años máximos por el delito de violación agravada, y deberá cumplir al menos dos tercios de ella entre rejas.

Sin embargo, otros acusados recibieron penas de apenas 3 años y hasta seis de ellos quedarán en libertad, algo que ha indignado a muchos, pero no -al menos públicamente- a la propia Gisèle, que este jueves dijo que “respeta” la decisión del tribunal.

5. ¿”Un antes y un después”?

La fiscal del tribunal de Aviñón, Laure Chabaud, pronosticó a finales de diciembre que el juicio marcaría “un antes y un después”, y muchas feministas aún confían en que la repercusión del caso obligue a hacer más contra la violencia machista en Francia.

Varias asociaciones presentaron en octubre 130 medidas para crear una ley integral contra las violencias sexuales, pero hasta ahora los pasos que han dado las autoridades son pocos y las organizaciones temen que, tras el final del juicio y con el bloqueo político actual en Francia, el impulso acabe por diluirse.

«El combate contra la impunidad no ha hecho más que comenzar», ha declarado en un comunicado la organización Fondation des Femmes.

No obstante, la propia Gisèle Pelicot se mostró satisfecha por la reverberación del caso: «He querido, al abrir las puertas de este proceso, que la sociedad hiciera suyos sus debates. No lo he lamentado en ningún momento», ha subrayado.

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Fuente: https://efeminista.com/caso-pelicot-antes-despues-violencia-machista-dentro-fuera-francia/

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Por el fin de la violencia contra las mujeres también en las prisiones

Fuentes: Desinformémonos

Cada 25 de noviembre, desde el año 1999, se rememora el día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Una fecha para concienciar y denunciar las violencias a las que mujeres y niñas se ven sometidas de forma extendida y generalizada en todo el mundo, que incluye a las que están privadas de libertad, aunque a menudo sean invisibilizadas.

Según las Naciones Unidas, casi una de cada tres mujeres han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vidas. Si miramos dentro de las prisiones, nos encontramos que ese dato se multiplica, ya que allí hay una sobrerrepresentación de mujeres que han sufrido este tipo de violencias a lo largo de sus vidas. En el estado español, los últimos estudios indican que un 73% de las presas manifiesta haber sido en alguna ocasión víctima de violencia a manos de sus parejas o exparejas, pudiendo incluir tanto violencia psicológica, física o sexual (FIADYS, 2023).

Para las reclusas, a la violencia institucional que supone la prisión hay que sumarle la violencia patriarcal. Esta manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales se reproduce en el medio carcelario. Por lo que ellas viven un continuum del trato violento que reciben en el mundo libre y que se traslada al universo penitenciario, ya que se enfrentan a formas de violencia a las que se han tenido que enfrentar en sus hogares y en sus relaciones íntimas.

El Relator especial contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas ha denunciado este tipo de violencia de género intracarcelaria que “incluye violación y otras formas de violencia sexual tales como amenazas de violación, manoseos, “pruebas de virginidad”, ser desnudadas, requisas corporales invasivas, insultos y humillaciones de naturaleza sexual, etc.” (ONU, 2016).

Los “registros corporales exhaustivos” en los allanamientos, pueden constituir una forma oculta de abuso sexual. En estas situaciones sería el propio Estado el que está implicado en la rutinización del abuso sexual, permitiendo las condiciones que hacen a las mujeres vulnerables a la coerción sexual ejercida por guardias, como aquellas otras que incorporan en las políticas rutinarias prácticas tales como los registros exhaustivos y las inspecciones corporales, como escribe Ángela Davis (2003).

En las prisiones de la India, la violencia física y sexual (por parte de los custodios o de otros reclusos) es una situación habitual a la que se enfrentan las prisioneras (Singh, 2022). En las cárceles de Japón, también se denuncian abusos y malos tratos, como el uso de esposas para inmovilizar a las mujeres embarazadas, emplear arbitrariamente el aislamiento como forma de castigo, abusar verbalmente de ellas, negar la oportunidad de criar a sus criaturas en prisión y no brindan un acceso adecuado a la atención de salud mental y de salud pública (HRW, 2023).

El Comité para la Prevención de la Tortura ha encontrado denuncias de malos tratos a mujeres detenidas en prisiones europeas (y, más particularmente, de acoso sexual, incluido el abuso verbal con connotaciones sexuales), en particular cuando un Estado no proporciona alojamiento separado para las mujeres privadas de libertad (CPT, 2018).

En la prisión de Antofagasta, al Norte de Chile, durante los allanamientos en las celdas de las privadas de libertad, frecuentemente se destruyen sus pertenencias, se las golpea y se les revisar de manera intrusiva. Se recoge situaciones donde se obliga a las mujeres a desnudarse y hacer sentadillas o se les obliga a abrir sus nalgas con las manos y son revisadas a través de tacto vaginal (INDH, 2015).

En una prisión del estado de Paraná en Brasil, se aplica un anticonceptivo hormonal subcutáneo a todas las reclusas para evitar que tengan la regla y no tener que “soportar” (director dixit) el síndrome premenstrual de todas ellas. Según recuerda el relator contra la tortura la esterilización forzada es un acto de violencia y una forma de control social que viola el derecho de las personas a no ser sometidas a tortura y malos tratos.

El género combinado con otras características como la nacionalidad, la raza, la orientación sexual, la condición socioeconómica y la edad incrementan el riesgo de sufrir violencias de género carcelarias. Teniendo en cuenta el hecho de que las mujeres son particularmente vulnerables a los abusos en las cárceles y que a menudo sienten miedo de hacer la denuncia debido al temor de represalias, se debería añadir una garantía adicional para las mujeres contra la violencia y los malos tratos en las prisiones.

Que este 25N el grito sea por el fin de la violencia contra las mujeres, también en las prisiones.

Bibliografía:

– CPT (2018). Women in prison. CPT/Inf(2018)5

– DAVIS, A. (2003). Are the prison obsolete?. Seven Histories Press. New York.

– FIADYS (2023). Víctimas de violencia de género en prisión. Rompiendo el ciclo de la revictimización.

– HRW (2023), https://www.hrw.org/report/2023/11/14/they-dont-treat-us-human-beings/abuse-imprisoned-women-japan

– INDH (2015). Informe sobre las condiciones carcelarias. Chile.

– ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2016). Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial de Torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. A/HRC/31/57, 5 de enero de 2016.

– SINGH, N (2022), Female prisioners in India and their condition. Lloyd Law College.

Alicia Alonso Merino. Feminista y abogada de derechos humanos. Realiza acompañamiento sociojurídico en cárceles de distintos países.

Fuente: https://desinformemonos.org/por-el-fin-de-la-violencia-contra-las-mujeres-tambien-en-las-prisiones/

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La guerra de Milei contra las mujeres

Fuentes: https://www.infobae.com/

Sobre el documento que se debatió el lunes en la Asamblea General y fue aprobado por 170 países, 13 se abstuvieron mientras que el gobierno de Milei ordenó a la delegación argentina se opusiera

La reciente votación de Argentina en contra de una resolución de la ONU que pretende prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas (1), es un capítulo más de los delirios negacionistas y conspiranoides de un gobernante como Javier Milei. 

Lo menciono ya que Argentina fue el único país del mundo que se atrevió a votar en contra de una resolución tan básica e importante, que incluso gobiernos autoritarios que vulneran los derechos de las mujeres día a día, como Irán y Rusia, no fueron capaces de votar en contra de algo así.

Las razones para votar en contra de parte de Argentina, se enmarca dentro de la llamada batalla cultural contra lo woke que estaría dando Javier Milei, junto a otros personajes en aquel país como Agustín Laje y Emmanuel Dannan, quienes pretenden estar a la vanguardia de lo estúpidamente incorrecto de las ultraderechas actuales.

De ahí que lleven al extremo un discurso ideológico dogmático que cree que existe un plan mundial macabro de la ONU para destruir a las naciones llamado globalismo, siendo las políticas de género su instrumento principal para llevarlo a cabo.

Parece una mala broma, pero no lo es, Javier Milei cree realmente que el patriarcado y la lucha de las mujeres por vivir en un mundo menos violento y más igualitario, es un plan de la izquierda mundial para destruir a los hombres e imponer un dominio totalitario en contra de nosotros.

En consecuencia, Milei niega la desigualdad de género, señalando que en el fondo es una guerra entre sexos promovida por la izquierda mundial, la cual luego de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, creó una nueva oposición para seguir generando conflictos.

Es el mal llamado marxismo cultural, usado hasta el cansancio de parte de la ultraderecha actual, que hace que cualquier reivindicación colectiva o de algún grupo en particular, sea visto como parte de un plan promovido por una ensalada de actores, que va desde la Agenda 2030 de la ONU, el grupo de Puebla, Disney, China y de George Soros. 

No hay que sorprenderse por tanto que Argentina haya votado en contra también de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas en la ONU (2), con la misma retórica contra el globalismo y de un plan maquiavélico para destruir a los países. 

Podrá parecer ser ridículo todo esto, pero estos discursos se siguen viralizando y atraen a mucha gente, sobre todo hombres, quienes votan a personajes como Milei o Trump, dentro de un mundo cada vez más distópico y surreal, que busca desesperadamente certezas de cualquier manera. 

Ante esto, sin duda este tipo de votaciones contra las mujeres es una amenaza para su integridad física y de toda índole, pero por lo mismo, a no bajar los brazos, que los intentos de Milei por negar desigualdades de género y de toda índole es solo un intento desesperado de una masculinidad tradicional y enojada, que se resiste a toda costa a la pérdida de privilegios.

En otras palabras, finalmente la batalla cultural de Milei no es otra cosa que una guerra para seguir defendiendo el racismo, el machismo, la homofobia, la transfobia, el especismo, la destrucción de la Naturaleza y de toda forma de discriminación y rechazo a la pluralidad existente, así como pasó hace un siglo atrás con el fascismo y nacionalsocialismo, sólo que ahora endiosan el mercado en vez del estado. 

Dicho lo anterior, que este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sea un momento especial de conmemoración, en donde todos y todas acompañemos la lucha histórica que han dado las compañeras en Argentina, que hoy en día más que nunca necesitan de nuestro apoyo y solidaridad. 

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1:  https://www.infobae.com/politica/2024/11/14/argentina-fue-el-unico-pais-de-la-onu-que-voto-en-contra-de-una-resolucion-para-eliminar-y-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres/

2:  https://www.infobae.com/politica/2024/11/11/argentina-fue-el-unico-pais-de-la-onu-que-voto-en-contra-de-una-resolucion-sobre-derechos-de-los-pueblos-indigenas/

Sobre el autor: Andrés Kogan Valderrama es Sociólogo, Diplomado en Masculinidades y Cambio Social, Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea

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Las redes sociales, el escenario de dos nuevas denuncias por agresiones sexuales a varias actrices

Fuentes: https://www.elsaltodiario.com

Las denuncias por agresión sexual publicadas en redes sociales contra el actor y profesor Juan Antonio Codina y el director de cine Eduard Cortés airean la violencia machista que sufren las trabajadoras de las artes escénicas y el sector audiovisual.

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En los últimos diez días, dos denuncias hechas públicas a través de redes sociales han vuelto a poner en el escaparate la violencia machista presente en el interior de espectáculos teatrales y rodajes de películas, señalando a dos presuntos agresores sexuales. 

La noche del 3 de noviembre, la escuela de teatro Estudio Juan Codina anunció en su cuenta en la red social Instagram la suspensión permanente de su fundador, Juan Antonio Codina, de todos los ámbitos de la organización y también su cese como profesor. 

El equipo directivo afirma que tomó esa decisión “para velar por la seguridad e integridad del alumnado y por la viabilidad y estabilidad del equipo interno y docente”. Lo hizo tras la acusación realizada por una antigua alumna del centro, la actriz Miranda Yorch, quien tres días antes había publicado en esa misma red social que, cuando tenía 19 años, fue violada por el director de la escuela en la que estudiaba interpretación, 32 años mayor que ella. Yorch no mencionó el nombre del profesor ni tampoco el de la escuela, pero sí aludió a que él “presumió de ello en un escenario, blanqueó lo ocurrido ante un público que desconocía la realidad de los hechos”. En una publicación anterior, la actriz ya había difundido un vídeo con un monólogo de Codina, por lo que una interpretación posible era que se refiriese a él, hecho que Yorch confirmó al diario El País el 6 de noviembre.

A finales de octubre, la fotógrafa y directora Silvia Grav denunció, también vía Instagram, que había sufrido grooming (acoso y agresión sexual online) por parte del cineasta Eduard Cortés cuando ella tenía 19 años y él 55, ofreciéndole trabajo a cambio de sexting. Varias mujeres más han prestado sus testimonios en el mismo sentido en el diario Ara. La Academia del Cine Catalán ha abierto una comisión de investigación para tratar las denuncias contra Cortés, miembro de la institución, y ha ofrecido asesoramiento jurídico y psicológico a las actrices que se han manifestado. Su directora, Laia Aubia, descarta que la Academia vaya a emprender acciones legales contra Cortés y emplaza a las conclusiones del trabajo de la comisión para determinar qué sanciones se le impondrán cuando termine ese proceso. “Esto va en contra de los tiempos, porque todo el mundo quiere reacciones inmediatas, pero tenemos que analizar qué podemos hacer y lo haremos, evidentemente”, reconoce Aubia. La directora de la Academia se muestra cauta a la hora de recomendar o no que la víctima de una agresión sexual lo comunique públicamente o denuncie en el juzgado: “Esa decisión tiene que estar guiada siempre por una garantía máxima de reparación y cómo de preparada está la víctima para afrontar un proceso que, en muchas ocasiones, implica revictimización”. En su opinión, cualquier comunicación pública en un medio de comunicación o en redes sociales “tiene el valor indudable de ser detonador para que otra gente se sienta con valor para contar, pero la decisión siempre ha de estar precedida de un asesoramiento jurídico y psicológico”.

Secretos a voces y acción institucional

La exposición pública de estos dos casos en redes sociales ha propiciado la apertura de una cuenta en Instagram, @testimoniosartesescenicas, que pretende recopilar y difundir denuncias de agresiones, de forma anónima o no según decida la persona que quiere dar a conocer la situación que ha sufrido. “No queremos que los abusos en las artes escénicas sigan siendo secretos a voces”, explican las creadoras de la cuenta, seis actrices que definen su iniciativa como un espacio para “denunciar cualquier maltrato, discriminación, abusos psicológicos, físicos, sexuales o de cualquier índole en distintos entornos (escuelas, industria, agencias) y distintas disciplinas escénicas: teatro, danza, música, audiovisual”. El principal objetivo de la cuenta, abierta el 4 de noviembre, es “acabar con las conductas abusivas que se prolongan de forma sistemática y se reiteran con total impunidad”.

Las impulsoras de este espacio de denuncia digital, que utiliza #SeAcabó, el lema contra el machismo en el fútbol tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, entienden que compartir estas historias “ayuda a reconocernos en otras personas, darnos cuenta de que no estamos solas y de que no estábamos locas cuando pensábamos que una determinada situación estaba traspasando límites”. Asimismo detallan que otra de sus intenciones es ser pedagógicas: “Que una conducta no sea un delito no quiere decir que sea tolerable, hay conductas muy cuestionables, como la humillación, las faltas de respeto o el maltrato psicológico por parte de directores o profesores de interpretación, y este puede ser un espacio para compartir experiencias y sentirnos acompañadas”. 

También son conscientes de los límites que enfrentan estas acusaciones públicas de carácter extrajudicial, sin garantías y con el riesgo de exponer a la víctima o recibir denuncias que, estas sí, iniciarían procesos en el juzgado. Por eso censuran en sus publicaciones los nombres de los presuntos agresores. “Nos da mucha rabia no poder decirlo claramente, pero nos han asesorado jurídicamente y no podemos hacerlo. No podemos poner ni nombres ni iniciales ni nada que identifique claramente al agresor. Solamente podemos dar pistas”.

Esa precaución no obedece exclusivamente a una cuestión de defensa legal, sino que las creadoras de la cuenta precisan que “no se trata de hacer una caza de brujas y señalar a personas para lincharlas”. Por eso valoran que “si hay personas que se han equivocado al enseñar o al dirigir, o al tratar con otros artistas, y tras una reflexión son conscientes de que su forma de actuar fue cuestionable y deciden trabajar en revisarse y comportarse con respeto, bienvenidos sean esa reflexión y ese aprendizaje”.

Para Ignacio Martín, responsable institucional del sindicato Unión de Actores y Actrices, las denuncias difundidas a través de redes sociales son “vías de expresión”, pero opina que, frente a los casos de agresiones sexuales, “un sindicato tiene que ser una vía de resolución y de acción, no de expresión. Queremos aportar recursos de acompañamiento y jurídicos que permitan evitar que se repitan y queden impunes las situaciones de abuso”. Cuenta que han trabajado para renovar su asesoría jurídica y el protocolo de actuación ante estos casos, de manera que la persona que haya sufrido violencia machista encuentre en el sindicato “un primer espacio, un primer recibimiento para que podamos valorar con la víctima todas las posibilidades que tiene: legales, de otros servicios, de acompañamiento”. Martín señala que en el sector de las artes escénicas hay “gente muy joven que asume que determinadas actitudes hay que soportarlas al inicio de tu carrera”, y considera que el sindicato debe aportar respuestas apropiadas ante esas actitudes.

En 2022, la Academia del Cine Catalán creó un servicio para tratar el acoso sexual que sufren las actrices, que ofrece atención jurídica y psicológica a las víctimas de violencia machista en el sector audiovisual y de las artes escénicas. Este departamento, de carácter pionero, tiene como objetivo convertirse en un espacio donde las mujeres que trabajan en el sector encuentren apoyo y acompañamiento para contar los casos de agresiones y acoso sexual que hayan sufrido y puedan tomar decisiones. “No puede ser que de todos los casos que se conocen solo se denuncie un 10%, esto indica que aquí pasa algo, la gente no sabe dónde tiene que ir, no se siente protegida, no encuentra un espacio seguro donde consultar qué hacer”, declaraba entonces a El Salto la presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell. “Era muy necesario”, valora Laia Aubia dos años después de la apertura del servicio, llevado a cabo de manera externa a la institución y con total confidencialidad. “Hemos cubierto una demanda que existía y que ha ido de la mano del sector audiovisual en Catalunya, se ha evidenciado ante las productoras, por ejemplo, la necesidad de saber qué hacer, cómo actuar en estos casos”, asegura la directora de la Academia. Desde su creación y hasta julio de este año, el departamento ha realizado 21 acompañamientos, a 17 víctimas y cuatro testigos. “Del primer año al segundo hemos detectado cambios en la temporalidad de los hechos que relataban las víctimas. El primer año eran antiguos, de hacía mucho tiempo, y el segundo han sido hechos recientes”, comenta Aubia. En mayo, la Academia publicó otra herramienta que ha desarrollado, su Protocolo guía para la prevención y abordaje de las violencias machistas y LGTBI-fóbicas en el sector audiovisual. 

Los casos de Codina y Cortés se suman a otros que han obtenido respuesta institucional en los últimos meses. Esta misma semana, Elena Cabrera publicó en eldiario.es que el 30 de octubre el Centro Dramático Nacional, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, activó el protocolo por acoso sexual y despidió a un actor de la obra La gaviota. A mediados de abril, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia en el juzgado contra el dramaturgo Ramón Paso por delitos sexuales a varias jóvenes de entre 18 y 25 años que habrían tenido lugar entre 2018 y 2023 durante castings en los que participaban el dramaturgo y las víctimas. La Fiscalía dio este paso tras culminar las diligencias preprocesales que abrió en noviembre de 2023  y tomar declaración a las 14 mujeres, que ratificaron su denuncia contra el director teatral.

El 10 de octubre, el Ministerio de Cultura puso en funcionamiento la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural. En febrero, el ministerio ya había anunciado su intención de desarrollar esta unidad, con los objetivos de acompañar a víctimas de violencia machista y realizar estudios específicos para la elaboración de protocolos y recomendaciones que respondan a las necesidades específicas de cada sector y organismo vinculado a la cultura. El anuncio se entendió como una reacción del ministerio a la indignación suscitada por las acusaciones de violencia sexual contra el director de cine Carlos Vermut que varias mujeres que habían trabajado con él hicieron en las páginas de El País a finales de enero. El ministro Ernest Urtasun manifestó en la gala de los Premios Feroz, celebrada el mismo día de la publicación de esas denuncias contra Vermut, su compromiso de trabajar para garantizar que la cultura sea “un espacio seguro y libre para todas las mujeres”.

La onda expansiva del #MeToo

Una denuncia pionera en España fue la presentada en marzo de 2018 por la actriz Iria Pinheiro en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago de Compostela por vejaciones, insinuaciones de orden sexual y tocamientos por parte de José Luis Viñas Orta, director del programa Con amor e compañía, emitido por TVG. En septiembre de 2023, el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela absolvió a Viñas Orta de los delitos de acoso sexual, acoso laboral y abuso sexual a los que se enfrentaba a raíz de la demanda.

La denuncia de Pinheiro fue una gota más en la corriente de mujeres que desde 2017 alzaron la voz para desbordar el dique en torno al acoso sexual en el sector audiovisual internacional. Actrices, directoras o productoras fueron más allá de la queja por la falta de mujeres en papeles protagonistas u otras muestras de desigualdad y señalaron a unas estructuras de poder que fomentan las agresiones bajo la amenaza, real, de perjudicar sus carreras en caso de no someterse a ellas. 

Tras la primera acusación de violación contra el poderoso productor Harvey Weinstein, hecha pública por la actriz Rose McGowan en octubre de 2017, nombres consagrados en la industria de Hollywood como los de Salma Hayek, Natalie Portman o Uma Thurman hablaron en primera persona sobre abusos continuados o casos de acoso sexual, además de sobre diferencias salariales. El movimiento #MeToo, de denuncia de los casos de violencia machista en la industria cinematográfica, echó a rodar, creando una onda expansiva que alcanzó dimensión global. Weinstein sería condenado en 2020 a cumplir dos penas de 23 y 16 años de prisión, aunque la primera fue anulada en 2024. Un total de 80 mujeres denunciaron por abusos sexuales a Weinstein.

En un reportaje publicado por El Salto en abril de 2018, Pinheiro opinaba que lo que ocurre en su profesión es “que la jerarquía da pie a muchos abusos de poder y el machismo imperante genera la visión de que las actrices somos muñecas dirigibles y al alcance del consumidor”. Los hechos denunciados por Iria Pinheiro no son excepciones, según explicaba Berta Ojea, entonces secretaria de Igualdad en la Unión de Actores y Actrices: “Son comportamientos viejos y de siempre, que existen en la industria cinematográfica y en las artes escénicas”.

“Parte de la violencia de este tipo de sucesos es que se quedan encajonados en el espacio privado”, reflexionaba en el mismo reportaje la artista Carmen Tomé, cuya denuncia contra el comisario Javier Duero fue la chispa de la que surgió La Caja de Pandora, un grupo de más de 3.000 agentes del mundo del arte y de la cultura que se organizó “por un contexto artístico libre de violencias machistas y abusos de poder”. En un comunicado leído en el museo Reina Sofía de Madrid el 29 de enero de 2018, el colectivo explicó que “este tipo de agresiones y/o abusos se realizan con normalidad en todas las situaciones de la vida, y en nuestro sector del arte y la cultura de una forma muy específica”. También aseguraban que “la mala praxis y los acuerdos tan laxos a los que nos vemos sometidas generan que las mujeres en el arte estemos constantemente expuestas a ciertas agresiones absolutamente normalizadas e interiorizadas”. 

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El silencio atronador de las mujeres afganas

Fuentes: The Conversation

Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en Afganistán han estado bajo constante y cruel asedio por el Gobierno de facto de los talibanes. En semanas recientes, sin embargo, las restricciones han tomado proporciones insólitas: la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, expedida en agosto de 2024 –la ley de moralidad–, prohíbe a las mujeres hablar en público por considerar que la voz femenina solo debe expresarse en un entorno íntimo, e incluso les impide cantar públicamente.

Cuando se lee esta noticia en la prensa, la primera impresión es que podría tratarse de una noticia falsa por lo absurdo y extremo que resulta pensar en vetar una expresión tan normal y propia de la esencia y dignidad humana, además de un derecho fundamental. Tristemente, es real. Esta ley es un componente más de un modelo de sociedad basado en medidas de deshumanización progresiva de las mujeres y las niñas.

Si bien anteriormente el Gobierno de facto en Afganistán ya había intentado borrar y silenciar a las mujeres en los espacios públicos, ahora presenciamos un silenciamiento literal y ya no sólo metafórico.

Normas rígidas también para los hombres y las minorías

La ley de moralidad del Emirato Islámico de Afganistán ordena a las mujeres “cubrirse totalmente el cuerpo y el rostro y no hablar ni cantar en voz alta de un modo en que las puedan oír personas ajenas a su familia”. Cabe hacer notar que los hombres y los niños están sujetos también a normas rígidas de vestimenta por las que deben cubrirse “del ombligo a las rodillas”.

La ley criminaliza y persigue a las personas LGBTQ+ y restringe los derechos de las minorías religiosas, entre otras medidas, prohibiendo las ceremonias no islámicas y prohibiendo también asociarse con no creyentes, afectando con ello no sólo a las mujeres y las niñas –la mitad de la población–, sino también a las minorías étnicas y religiosas no musulmanas.

Se ha enfatizado por personas estudiosas de la Sharia, incluyendo organizaciones feministas musulmanas, que este tipo de perspectivas son una interpretación errónea del islam y que no representan auténticamente la doctrina religiosa musulmana.

La ley de moralidad –condenada por activistas, medios de comunicación, mecanismos independientes de derechos humanos de la ONU y distintos órganos de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad, con la notable ausencia de China, Argelia y Rusia– también incluye poderes discrecionales de aplicar castigos severos por su incumplimiento, acrecentando aún más un clima social de miedo e incertidumbre.

Si bien la indignación sobre la situación de las mujeres y niñas en Afganistán es crucial, es también esencial entenderla no como un hecho aislado de un solo país, sino como una situación sintomática –ciertamente de las más graves– de los retrocesos y los ataques a la igualdad de género a nivel global.

Siendo así, Afganistán es una prueba para la comunidad internacional, sus valores fundacionales y sus líneas rojas: la reacción a esta realidad indicará el camino frente a (potenciales) actos de opresión de género en otras partes del mundo. Evocando a Martin Luther King, “recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino los silencios de nuestros amigos”.

Resulta notable y conmovedor ser testigos de las respuestas de las mujeres afganas que, cubiertas completamente de cuerpo y cara, se han grabado en vídeos circulados en redes sociales, cantando a manera de desafiar el régimen de dominación. La lucha por la igualdad y justicia de género ha sido apoyada por distintas figuras públicas, entre ellas Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, ella misma sobreviviente de un disparo en la cabeza a los 14 años por parte de fundamentalistas talibanes a raíz de su defensa del derecho a la educación de las niñas.

Persecución de género

La realidad de las mujeres y niñas afganas puede caracterizarse como persecución de género, un crimen contra la humanidad perseguible por la Corte Penal Internacional. Se ha sugerido que la discriminación, segregación y subyugación institucionalizada y sistemática que ellas viven reviste también la condición de apartheid de género y que debe reconocerse así explícitamente por el derecho internacional.

A tres años vista de la toma del poder en Afganistán por los talibanes, resulta decisivo seguir apoyando la lucha de las mujeres afganas y solidarizarnos con sus movimientos. Esto puede hacerse de maneras concretas como la financiación a las organizaciones lideradas por mujeres, la difusión de sus propuestas, el reconocimiento por terceros países del estatuto jurídico de refugiadas a quienes huyen y la ayuda para amplificar sus voces y su esperanza, aún viva, de que otro Afganistán, y otro mundo, son posibles.

Dorothy Estrada Tanck. Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Murcia

Fuente: https://theconversation.com/el-silencio-atronador-de-las-mujeres-afganas-239369

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En el nombre del padre

Sobre los asesinatos machistas de menores a manos de los supuestos "buenos padres".

Fuentes: https://www.infolibre.es

Qué tiene la paternidad de una sociedad machista para que cada año sean asesinados cinco niños y niñas en un contexto de violencia de género.

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Qué tiene para que el 45,5% de las agresiones sexuales que sufren los menores por miembros de la familia sean cometidas por el padre. Qué guarda para que 1.700.000 niños y niñas vivan en sus hogares bajo la violencia causada por las agresiones que ejercen sus padres sobre sus madres.

Qué tiene la paternidad machista para que los hombres no hagan nada ante una realidad social en la que cada año miles de mujeres, jóvenes y niñas (que son sus hijas), sean violadas y maltratadas, y miles de hombres y jóvenes (que son sus hijos), violen y maltraten. Qué tiene esa paternidad para que esos hombres y padres callen y adopten una actitud pasiva ante todo lo que le sucede, y no hagan nada como sí hacen las madres.

Cómo es posible que los padres que hoy pasean a sus bebés por el parque, o que llevan a sus hijos al colegio por la mañana y por la tarde los acompañan a a jugar en los columpios, se ausenten y no contribuyan a cambiar una realidad social que evite esa violencia que mañana protagonizarán sus hijos y sufrirán sus hijas. En qué mundo creen que van a vivir esas niñas y esos niños de hoy. 

Qué grado de ignorancia o hipocresía vive nuestra sociedad para establecer en el Código Civil la referencia del “buen padre de familia”, cuando son las madres las que asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos y la realización de las tareas domésticas, tal y como muestran los estudios del CIS. Cómo es posible dejar en manos de esos “buenos padres de familia” la responsabilidad del cuidado y afecto, cuando defienden una sociedad para sus hijos e hijas en la que los hombres violan, maltratan y matan a las mujeres, y en la que se solidarizan antes con esos violentos que con las mujeres que sufren la violencia.

Por qué muchos de esos hombres-padre deciden antes negar toda esta violencia, en lugar de exigir que se aborde con medidas específicas para ser eficaces en su prevención, detección, atención y protección. 

A cuántos niños y niñas tienen que asesinar para que dejemos de preguntarnos “qué ha fallado” en cada uno de esos casos, y seamos conscientes de que lo que falla no es el sistema, sino la sociedad que diseña un sistema lleno de deficiencias y resquicios por donde se cuelan los agresores con su violencia. El problema tiene que ser algo más que una serie de fallos aislados cuando la media anual de hijos e hijas asesinados es de cinco, y cuando de esos casos el 29% había denunciado previamente la violencia sin que la respuesta pudiera evitar el homicidio. 

Todo vale “en el nombre del padre”. Basta hacer referencia al padre para que se abran mares y se muevan montañas con tal de que un hombre pueda ejercer su paternidad, aunque haya hecho justo lo contrario y haya utilizado su posición de padre para ejercer violencia contra la mujer, sus hijos e hijas. La situación es tan inaudita que ni siquiera asesinar a la madre afecta a la patria potestad. De hecho, en las sentencias por homicidio por violencia de género de los dos últimos años analizados por el CGPJ (2021 y 2022), de los 74 casos estudiados solo en 7 se suprime la patria potestad, lo cual significa que en el 90,6% no se suprime y todo sigue igual después de que el padre haya asesinado a la madre.

En el nombre del padre las religiones han recurrido a guerras y violencia, en el nombre del padre las familias viven bajo las agresiones y la violencia, y en el nombre del padre la sociedad se hace hija del patriarcado para que en la calle, en los hogares y en las oraciones todo tenga el mismo sentido.

Nada se hace en el nombre de la madre, porque no se trata de contraponer padres y madres. No es una defensa de cada uno de los hombres, sino del modelo androcéntrico que ellos imponen a través de la cultura, con privilegios y beneficios para los hombres, pero también con consecuencias. Por eso más importante que defender a hombres individuales es cuestionar y atacar a las mujeres y a lo de las mujeres, desde la maternidad en rebeldía hasta sus propuestas para alcanzar la igualdad.

Y es que con argumento de “en el nombre del padre” se consigue un doble objetivo, el de defender el modelo androcéntrico que discrimina a las mujeres, y el de justificar la conducta del hombre individual que actúa en su nombre contra las mujeres, bien sea por denunciar o por no denunciar, por acudir al sistema de protección o por pedir salir de él, por solicitar cancelar el régimen de visitas  o por indicar que se reestablezcan… Siempre se encuentra un argumento para cuestionar antes a la mujer que al hombre agresor.

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Fuente: https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/nombre-padre_129_1747720.html

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género en España entre 2004-2008

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