Hoy a las 18:00hrs se reunieron cerca de 100 personas en la plaza de Tribunales de Concepción, con el objetivo de protestar por los recientes casos de feminicidios ocurridos en el país. El pasado domingo falleció Andrea Mazzo, joven de 15 años que se encontraba desde el 22 de agosto en riesgo vital en el hospital San Juan de Dios de Santiago, luego que ingresara bajo una sobredosis de estupefacientes y con signos de haber sido violentada sexualmente. A este hecho se le suma otro caso de feminicidio registrado también el pasado domingo en la localidad de Lontué, provincia de Curicó, donde un sujeto persiguió y mató de un balazo a su ex pareja, Jacqueline del Tránsito Soto Fuentes, de 41 años, en la vía pública, frente a sus dos hijos. Al verse acorralado por la policía, se suicidó de un tiro en la cabeza.
Según cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hasta el 10 de agosto pasado se han registrado 26 feminicidios consumados en el país.
Otro hecho que ocurrió este fin de semana fue el hallazgo del cuerpo sin vida de Vania Zúñiga Latapiatt, de 27 años, en la población Nueva Patagua del sector de Miraflores Alto en Viña del Mar. Su cuerpo presentaba diversos hematomas y heridas cortopunzantes. Cabe destacar que la víctima había hecho denuncias de violencia intrafamiliar a las instituciones estatales correspondientes contra su actual pareja, sin embargo, ello no había impedido que siguiera recibiendo agresiones y amenazas, tal como lo indica en su cuenta de Facebook.
Una de las manifestantes de la protesta, Marcela Soto, se refirió a los hechos de violencia de género del que son víctima las mujeres. “La ley se queda corta frente a estos asesinatos contra la mujer. No sirve si existen órdenes de alejamiento, si se establecen medidas cautelares o de protección contra la víctima. La mujer sigue muriendo bajo las mismas circunstancias”, aseguró.
Según la legislación chilena (ley 20.480), un femicidio [como está escrito en el texto legal] es el delito que se constituye “si la víctima […] es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor”. Las penas para quienes cometen feminicidio en Chile van desde los quince años y un día de cárcel hasta la cadena perpetua. Sin embargo, esta ley no establece las situaciones de violencias en las relaciones de pareja como el pololeo, ni tampoco las agresiones efectuadas por desconocidos hacia la mujer.
Un lamentable ejemplo es el de Andrea Mazzo, de 15 años, la adolescente que fue contactada por Steve Andriu Sánchez Coyazo, de 21 años, a través de Facebook. Cuando se reunieron, el victimario la habría forzado a ingerir estupefacientes para violarla, pero las drogas le provocaron el colapso. El joven ya contaba con antecedentes de agresión: una denuncia por violación de una niña de 13 años en San Felipe y, otra, por el abuso sexual de una menor de 14 años en Maipú. En ambas habría realizado el mismo modus operandi. Pese a esto el sujeto continuaba con libertad.
Junto a esto, el 22 de agosto se cumplió un año de la muerte de Macarena Valdés, de 32 años, que fue encontrada muerta por uno de sus hijos en lo que aparentaba ser un suicidio. Ella, junto a su compañero de vida, Rubén Collío, vocero de la Coordinación Newen Tranguil, eran conocidos en la zona por su fuerte oposición a la construcción de una central de paso a cargo de la empresa hidroeléctrica austriaca RP-Global y de la empresa eléctrica chilena SAESA, en territorios pertenecientes a comunidades mapuches. El día anterior, dos lugareños y trabajadores de la empresa le exigieron a la propietaria del terreno en donde reside la familia Collío – Valdés, que echara a la familia porque el werkén Collío “estaba revolucionando mucho a la gente”. Aquello fue acompañado de la advertencia, “que se cuidara, porque había gente que lo iba a agredir”. Al día siguiente su esposa fue encontrada muerta. En medio de la conmoción de la muerte de Macarena, la empresa SAESA, acompañada de carabineros de Liquiñe, y, a menos de 24 horas de ocurrido el hecho, comenzó la instalación del cableado de alta tensión afuera de la casa de los Collío – Valdés a la que tanto habían resistido.
Para Marcela Soto, la impunidad de los victimarios en estos hechos naturaliza la violencia de género. “Las mujeres cuando van a denunciar a alguna institución son derivadas a otras instituciones, ya que presentan antecedentes que no son suficientes para los organismos, razón por la que no confían en estos medios” afirmó.
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