Por Sididh/Centro Pro
El tribunal interamericano puede ordenar medidas que abonen al fin de la repetición de graves violaciones a derechos humanos.
“Las once mujeres de Atenco representan a miles de víctimas y dan cuenta de los grandes problemas estructurales del Estado: el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica”, destacaron en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organizaciones representantes de las mujeres. Al mismo tiempo reconocieron la dignidad de la lucha de estas once mujeres, “que han protagonizado una búsqueda incansable para alcanzar la justicia y el reconocimiento de la verdad de lo ocurrido”.Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017. Durante dos días de audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las once mujeres sobrevivientes de tortura sexual en los hechos de San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, retrataron a través de sus testimonios la impunidad imperante en México.
Los días 3 y 4 de mayo del 2006, fuerzas policiales irrumpieron en San Salvador Atenco a partir de un operativo diseñado por autoridades de distintos niveles y monitoreado en tiempo real, con el presunto objetivo de “reestablecer el orden”. Las detenciones arbitrarias de las once mujeres se enmarcan en la captura indiscriminada de más de 200 personas durante las incursiones, que dieron lugar a tortura física, sexual y sicológica que dejó marcas que aún enfrentan. La impunidad en el caso orilló a que el caso llegara a la
“A partir de estos hechos, sus historias y sus proyectos de vida cambiaron para siempre. Lejos de sancionar los hechos ocurridos, todas las denunciantes, tras la tortura sexual de Atenco, fueron acusadas, estigmatizadas, revictimizadas y procesadas por delitos que nunca fueron probados. A día de hoy no hay una sola persona sancionada por lo ocurrido a las denunciantes, habiéndose llevado a cabo investigaciones que dejan constancia de una serie de faltas al debido proceso”, precisaron las organizaciones.
Las defensoras de derechos humanos pidieron que la Corte IDH ordene al Estado realizar una investigación seria, que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad, sin descartar pruebas y líneas de investigación relevantes y conducentes a poner fin a la impunidad, así como adoptar políticas y mecanismos transparentes para regular el uso de la fuerza policial y erradicar la tortura sexual como práctica extendida.
“Exigimos al Estado que adopte las medidas de no repetición y consiga los recursos necesarios con el objetivo de acabar con las causas de las violaciones, para superar los obstáculos estructurales que impiden del gozo pleno de los derechos de sus habitantes”, agregaron las organizaciones, que destacaron que los hechos “no son aleatorios ni aislados, sino que pertenecen a una estrategia de represión social, sostenida a través de la impunidad”.
*Lea un resumen del primer día y del segundo día de la audiencia en nuestro blog de Animal Político
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