Por bajopalabra
El Estado mexicano debe implementar medidas concretas para detener las desapariciones de menores de edad, el feminicidio en niñas y adolescentes, así como hacer reformas legislativas a fin de castigar de manera adecuada la violencia sexual, y permitir el aborto legal en caso de violación o cuando esté en riesgo la vida o la salud de la menor de edad.
Estas medidas son parte de las recomendaciones del Informe Final del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), que recientemente evaluó la forma en la que México acata la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, así como la manera en la que resuelve las agresiones que enfrenta la infancia.
Este miércoles 10 de junio el CRC hizo públicas sus observaciones finales –documento disponible en inglés–, en las que manifiesta su preocupación por las diferentes circunstancias violatorias a Derechos Humanos (DH) que enfrentan las y los niños en el país.
Los pasados 19 y 20 de mayo, una delegación oficial mexicana acudió a Ginebra, Suiza, a presentar su informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención y los protocolos facultativos en la materia.
Aunque los representantes del gobierno presumieron la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en diciembre de 2014, recibieron severos cuestionamientos por parte del Comité sobre la forma en que el Estado protege a la infancia mexicana.
En sus observaciones finales, el CRC mandató a México a asegurar que el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel estatal y municipal, se adopte en tiempo y forma, que cubra todas las áreas de la convención (incluida la perspectiva de género), y que se provean los suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para hacer efectiva su implementación.
Al mismo tiempo se deben adoptar las medidas para asegurar el monitoreo y evaluación de la ejecución del programa.
Como parte de sus conclusiones, el CRC expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, y que resultan en una extremada violencia contra ellas, por lo que urgió al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.
A través de la información presentada por el Estado mexicano y grupos civiles defensores de la infancia, el Comité pudo observar que el mandato de procurar “el interés superior” de la niñez no es considerado en las decisiones legislativas, administrativas y judiciales, por lo que urgió a que este mandato sea respetado por todos los órdenes de gobierno.
Tras evaluar a México, las y los integrantes del CRC manifestaron su preocupación por el hecho de que la situación de la violencia armada, el tráfico de drogas y las pugnas entre las bandas del crimen organizado “resulta en asesinatos de menores de edad”.
Al mismo tiempo que este contexto deriva en un alto número de desapariciones de niñas desde los 10 años de edad, y un incremento en el número de casos de feminicidio, situación que se agrava ante la falta de datos oficiales desagregados por sexo y la impunidad prevaleciente.
Apelando a que México también ha ratificado el Convenio para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el CRC urgió a México a crear una Ley General de Desaparición Forzada para tipificar este delito, y que esta norma incluya medidas específicas para detener la desaparición de menores de edad, especialmente niñas.
También llamó a simplificar y armonizar los protocolos existentes para la activación de la Alerta Amber, mecanismo de búsqueda de niñas y niños desaparecidos.
Al igual que lo recomendó el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la CRC recomendó a México armonizar el tipo penal de feminicidio en todo el país de acuerdo con los estándares internacionales.
También recomendó recolectar y desagregar datos de asesinatos de menores de edad, incluidos los casos de feminicidio y desapariciones de menores, así como de las madres y padres que han sido asesinados, y que han dejado a hijas e hijos sin protección.
Al advertir sobre las altas tasas de violencia sexual, el Comité urgió a reformar el Código Penal Federal, así como los códigos penales locales, para asegurar que la violación será penalizada con base en estándares internacionales, y al mismo tiempo remover figuras legales que pueden ser utilizadas como excusas por los perpetradores de abuso sexual infantil (como el estupro).
De acuerdo con el CRC, uno de los objetivos del Estado debe ser reducir la muerte materna en las adolescentes, por lo que mandató que se asegure la adecuada implementación del Programa de Prevención del Embarazo Adolescente, y brindar servicios y educación sexual adecuada.
Además se deben armonizar las leyes locales y federales para garantizar el acceso al aborto legal en los casos de violación, incesto o peligro para la vida y la salud de las niñas, así como asegurar el acceso a servicios post aborto “independientemente de si el aborto es legal o no”.
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