Por Guillem Martí / Directa.cat
Una concentración de apoyo acompañó las jóvenes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Rubí en el cortejo de la campaña 8 Mil Motivos de solidaridad con las encausadas. Las acusan de un delito de desórdenes públicos graves en un procedimiento iniciado por la denuncia de los Mossos a la que se ha sumado la acusación particular de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC), que pide a las feministas una responsabilidad civil de 26.000 €
En el transcurso de la huelga feminista del pasado 8 de marzo, una treintena de mujeres accedieron en el andén de la estación de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) de Sant Cugat del Vallés para, posteriormente, saltar a las vías e impedir la circulación ferroviaria durante una hora mediante el uso de sus propios cuerpos. Llevaban una pancarta de grandes dimensiones que extendieron a través de la vía encarada a las peatones que esperarían en el andén un buen rato más. El mensaje era claro: “8M HUELGA FEMINISTA”.
Paralelamente al corte de la conocida bifurcación entre la línea que va hacia Terrassa y la de Sabadell, nexo entre las capitales vallesanas y Barcelona, decenas de otras mujeres a lo largo del territorio impedían -de forma manifiesta- la movilidad en el país en ese día de huelga internacional. El dispositivo policial de los Mossos rodeó las huelguistas y en identificó nuevo, en aparente aleatoriedad, tras desalojarlas. Siete de ellas, de entre 20 y 30 años, fueron citadas a declarar este Miércoles -tres meses después de los hechos- los juzgados de Rubí.
Pocos minutos después de las 10 de la mañana, bañadas por un cielo gris, apagado y tienes que amenazaba de romper a llover en cualquier momento, las siete mujeres encausadas salían del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Rubí. Los esperaban unas ochenta personas solidarias, que las recibieron con un ambiente caluroso y confortable que contrastaba con el húmedo paraje gris del asfalto levantado por las obras de la avenida Pedro Esmendia, donde se encuentra el edificio del juzgado. Las encausadas se confundían, en clara declaración política, con el grupo de compañeras del Comité de Huelga Feminista que las esperaban fuera, donde se llevó a cabo una rueda de prensa y se procedió a la lectura de un manifiesto. En más de una ocasión, agentes de los Mossos se acercaron para pedir la identificación a las personas del grupo de apoyo.
Con cierta ironía dramática, las asistentes contemplaron perplejos como las paredes del juzgado ya estaban manchadas, a priori a su llegada, con pintura lila, probablemente a raíz de la respuesta social a la sentencia reciente por el caso de La Manada.
FGC se persona como acusación particular
Las abogadas que llevan el caso, Laia Serra y Montse Salvador, de Mujeres Juristas, han anunciado a las investigadas que se puede tratar de un proceso largo y duro. Actualmente, las encausadas están siendo investigadas por un delito de desórdenes públicos graves, por cortar vías ferroviarias, y quedan a la espera de si se confirma su imputación. Además, al procedimiento que inició la denuncia de Mossos se ha sumado la acusación particular de la empresa de transportes, que pretende hacer asumir las pérdidas del 8 de marzo a las huelguistas y pide una responsabilidad civil de 26.000 €.
En el manifiesto, las huelguistas explican que se han acogido al derecho de no declarar para reivindicar que esta denuncia “se trata de un proceso político”. Han manifestado que este procedimiento no sólo las afecta a ellas, sino a todas las mujeres que salieron a las calles el 8 de marzo, por pretender “criminalizar una acción que justamente iba a defender el derecho de todas las mujeres tanto en todos los espacios de trabajo como en todos los ámbitos de nuestras vidas “.
Marta Padrós, miembro de la campaña 8 Mil Motivos, explica que también buscaban señalar FGC para alertar de que no aplican ni las políticas de género ni las acciones para convertir este transporte en un espacio seguro para las mujeres
Aparte de ser un punto estratégico para la movilidad de la zona, Marta Padrós, miembro de la campaña 8 Mil Motivos y una de las huelguistas investigadas, nos cuenta que también buscaban señalar la empresa de transporte por ser un lugar donde “se producen muchos de los acosos diarios que sufrimos las mujeres “. Dentro de la transversalidad de su denuncia durante la huelga, ya alertaron que no se están aplicando ni las políticas de género ni las acciones que permitirían convertir los FGC en un espacio seguro para las mujeres.
Padrós también denuncia la “presión de género que ejerce claramente la Justicia”. Afirma que en algunas ocasiones se las ha “infantilizado” en minimizar el impacto o la importancia de la reivindicación que pretendían con la acción durante la huelga. Como mujeres, denuncia Padrós, “se nos está poniendo una presión”, refiriéndose al proceso judicial, “cuando estábamos haciendo una acción que respondía a todas las opresiones que recibimos las mujeres y que queríamos denuncia”.
Este corte de vías se ha hecho en otras jornadas de huelga, sin ir más lejos la del pasado 8 de noviembre, donde se llevó a cabo una acción prácticamente idéntica sin consecuencias legales ni ninguna denuncia por parte de FGC. Padrós continúa afirmando, “menospreciaron hacernos, porque nos infantilizaban y no pusieron transporte alternativo. Al ver que sí hay afectación, al sistema le da miedo y decide judicializar el proceso. No sólo en Sant Cugat, sino también en Gijón y en Burgos “.
Solidaridad con casos represivos por 8M en Burgos y Gijón
Durante la lectura del manifiesto, donde se recordaron los motivos por los que decidieron sumarse a la huelga feminista, que son “todas las opresiones diarias en todos los ámbitos de nuestras vidas”, hicieron mención a los procesos legales contra mujeres huelguistas de Burgos y Gijón. “Fueron muchas mujeres y muy diversas las que salimos a la calle consiguiendo una gran repercusión y un debate público sobre las desigualdades y la vulneración de nuestros derechos. Como consecuencia, quieren silenciarnos “, sentencia el manifiesto.
Tres huelguistas de Gijón están acusadas de un delito de lesiones leves y tres mujeres de Burgos han sido citadas a declarar después de que el mismo 8M una carga policial disolviera el piquete informativo en el que participaban
Y es que el mismo miércoles también declaraban tres huelguistas de Gijón acusadas de un delito de lesiones leves en defenderse, presuntamente, de una agresión machista por parte del encargado de una tienda Mango donde entraron en motivo de la huelga. Hacía tan sólo una semana, tres mujeres de Burgos eran citadas a declarar después de que el mismo 8 de Marzo una fuerte carga policial disolviera el piquete informativo en el que participaban en un centro comercial, provocando diversas lesiones y dos detenciones.
Las jóvenes santcugatenques entienden que la represión recibida -reflejada sustancialmente en estos casos- como una respuesta al gran éxito que tuvo la jornada de huelga feminista. Es por ello que el Comité de Huelga Feminista sigue defendiendo los objetivos políticos de su acción dentro del marco legítimo de la huelga general, internacional e intergeneracional feminista “dentro de un contexto de ataque constante a los derechos y libertades de las mujeres”.
A partir de ahora piden difusión del caso y apoyo a los actos de recaudación de dinero para sufragar los gastos del proceso legal. Y, sobre todo, poner mucho énfasis en el discurso feminista de la campaña porque no quieren que quede en un caso represivo más. La misma tarde posterior a la comparecencia en los juzgados se convocó otra concentración en la plaza Octaviano de Sant Cugat del Vallés para visibilizar la violencia machista y los ataques contra las mujeres, a la que asistieron más de un centenar de personas. Durante el acto se hizo mención al caso de las siete huelguistas investigadas y también se clamó contra la violación múltiple de una menor de edad en la sala Razzmatazz, el asesinato de Laia, de 13 años, en Vilanova i la Geltrú y dos feminicidios más, ocurridos en las últimas 24 horas, en las Islas Canarias y en Albacete.
Les set dones investigades per tallar les vies dels FGC a Sant Cugat durant la vaga feminista es neguen a declarar
Una concentració de suport va acompanyar les joves davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Rubí en el seguici de la campanya 8 Mil Motius de solidaritat amb les encausades. Les acusen d’un delicte de desordres públics greus en un procediment iniciat per la denúncia dels Mossos d’Esquadra a la qual s’hi ha sumat l’acusació particular de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que demana a les feministes una responsabilitat civil de 26.000 €
En el transcurs de la vaga feminista del passat 8 de març, una trentena de dones van accedir a l’andana de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Sant Cugat del Vallès per, posteriorment, saltar a les vies i impedir la circulació ferroviària durant una hora mitjançant l’ús dels seus propis cossos. Portaven una pancarta de grans dimensions que van estendre a través de la via encarada a les vianants que esperarien a l’andana una bona estona més. El missatge era clar: “8M VAGA FEMINISTA”.
Paral·lelament al tall de la coneguda bifurcació entre la línia que va cap a Terrassa i la de Sabadell, nexe entre les capitals vallesanes i Barcelona, desenes d’altres dones al llarg del territori impedien –de forma manifesta– la mobilitat al país en aquell dia de vaga internacional. El dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra va encerclar les vaguistes i en va identificar nou, en aparent aleatorietat, després de desallotjar-les. Set d’elles, d’entre 20 i 30 anys, van ser citades a declarar dimecres –tres mesos després dels fets– als jutjats de Rubí.
Els Mossos d’Esquadra van encerclar les vaguistes del 8M i en van identificar nou, en aparent aleatorietat, després de desallotjar-les de les vies. Set d’elles, d’entre 20 i 29 anys, han estat citades a declarar
Pocs minuts després de les 10 del matí, banyades per un cel gris, apagat i tens que amenaçava de trencar a ploure en qualsevol moment, les set dones encausades sortien del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Rubí. Els esperaven una vuitantena de persones solidàries, que les van rebre amb un ambient calorós i confortable que contrastava amb l’humit paratge gris de l’asfalt aixecat per les obres de l’avinguda Pere Esmendia, on es troba l’edifici del jutjat. Les encausades es confonien, en clara declaració política, amb el grup de companyes del Comitè de Vaga Feminista que les esperaven fora, on es va dur a terme una roda de premsa i es va procedir a la lectura d’un manifest. En més d’una ocasió, agents dels Mossos d’Esquadra es van acostar per demanar la identificació a les persones del grup de suport.
Amb certa ironia dramàtica, les assistents van contemplar perplexes com les parets del jutjat ja eren tacades, a priori a la seva arribada, amb pintura lila, probablement arran de la resposta social a la sentència recent pel cas de La Manada.
FGC es persona com a acusació particular
Les advocades que porten el cas, Laia Serra i Montse Salvador, de Dones Juristes, han anunciat a les investigades que es pot tractar d’un procés llarg i dur. Actualment, les encausades estan sent investigades per un delicte de desordres públics greus, per tallar vies ferroviàries, i resten a l’espera de si es confirma la seva imputació. A més, al procediment que va iniciar la denúncia de Mossos d’Esquadra s’hi ha sumat l’acusació particular de l’empresa de transports, que pretén fer assumir les pèrdues del 8 de març a les vaguistes i demana una responsabilitat civil de 26.000 €.
En el manifest, les vaguistes expliquen que s’han acollit al dret de no declarar per reivindicar que aquesta denúncia “es tracta d’un procés polític”. Han manifestat que aquest procediment no només les afecta a elles, sinó a totes les dones que van sortir als carrers el 8 de març, per pretendre “criminalitzar una acció que justament anava a defensar el dret de totes les dones tant en tots els espais de feina com en tots els àmbits de les nostres vides”.
Marta Padrós, membre de la campanya 8 Mil Motius, explica que també buscaven assenyalar FGC per alertar que no apliquen ni les polítiques de gènere ni les accions per convertir aquest transport en un espai segur per a les dones
A part de ser un punt estratègic per la mobilitat de la zona, Marta Padrós, membre de la campanya 8 Mil Motius i una de les vaguistes investigades, ens explica que també buscaven assenyalar l’empresa de transport per ser un lloc on “es produeixen molts dels assetjaments diaris que patim les dones”. Dins la transversalitat de la seva denúncia durant la vaga, ja van alertar que no s’estan aplicant ni les polítiques de gènere ni les accions que permetrien convertir els FGC en un espai segur per a les dones.
Padrós també denuncia la “pressió de gènere que exerceix clarament la Justícia”. Afirma que en algunes ocasions se les ha “infantilitzat” en minimitzar l’impacte o la importància de la reivindicació que pretenien amb l’acció durant la vaga. Com a dones, denuncia Padrós, “se’ns està posant una pressió”, referint-se al procés judicial, “quan estàvem fent una acció que responia a totes les opressions que rebem les dones i que volíem denuncia”.
Aquest tall de vies s’ha fet en altres jornades de vaga, sense anar més lluny la del passat 8 de novembre, on es va dur a terme una acció pràcticament idèntica sense conseqüències legals ni cap denúncia per part de FGC. Padrós continua afirmant, “van menystenir-nos, perquè ens infantilitzaven i no van posar transport alternatiu. En veure que sí que hi ha afectació, al sistema li fa por i decideix judicialitzar el procés. No només a Sant Cugat, sinó també a Gijón i a Burgos”.
Solidaritat amb casos repressius pel 8M a Burgos i a Gijón
Durant la lectura del manifest, on es van recordar els motius pels quals van decidir sumar-se a la vaga feminista, que són “totes les opressions diàries en tots els àmbits de les nostres vides”, van fer menció als processos legals contra dones vaguistes de Burgos i Gijón. “Van ser moltes dones i molt diverses les que vam sortir al carrer aconseguint una gran repercussió i un debat públic sobre les desigualtats i la vulneració dels nostres drets. Com a conseqüència, volen silenciar-nos”, sentencia el manifest.
Tres vaguistes de Gijón estan acusades d’un delicte de lesions lleus i tres dones de Burgos han estat citades a declarar després que el mateix 8M una càrrega policial dissolgués el piquet informatiu en el qual participaven
I és que el mateix dimecres també declaraven tres vaguistes de Gijón acusades d’un delicte de lesions lleus en defensar-se, presumptament, d’una agressió masclista per part de l’encarregat d’una botiga Mango on van entrar en motiu de la vaga. Feia tan sols una setmana, tres dones de Burgos eren citades a declarar després que el mateix 8 de Març una forta càrrega policial dissolgués el piquet informatiu en el qual participaven en un centre comercial, provocant diverses lesions i dues detencions.
Les joves santcugatenques entenen que la repressió rebuda –reflectida substancialment en aquests casos– com una resposta al gran èxit que va tenir la jornada de vaga feminista. És per això que el Comitè de Vaga Feminista segueix defensant els objectius polítics de la seva acció dins del marc legítim de la vaga general, internacional i intergeneracional feminista “dins d’un context d’atac constant als drets i llibertats de les dones”.
A partir d’ara demanen difusió del cas i suport als actes de recaptació de diners per sufragar les despeses del procés legal. I, sobretot, posar molt èmfasi en el discurs feminista de la campanya perquè no volen que quedi en un cas repressiu més. La mateixa tarda posterior a la compareixença als jutjats es va convocar una altra concentració a la plaça Octavià de Sant Cugat del Vallès per visibilitzar la violència masclista i els atacs contra les dones, a la qual van assistir més d’un centenar de persones. Durant l’acte es va fer menció al cas de les set vaguistes investigades i també es va clamar contra la violació múltiple d’una menor d’edat a la sala Razzmatazz, l’assassinat de la Laia, de 13 anys, a Vilanova i la Geltrú i dos feminicidis més, ocorreguts en les últimes 24 hores, a les Illes Canàries i a Albacete.
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