Bolivia. Polémica reforma coloca nuevamente el debate del Aborto sobre la mesa

Por Somos Sur

En medio de un escenario marcado por conflictos sociales, la propuesta legislativa de asambleístas oficialistas que posibilitaría “despenalizar” el aborto en algunos casos más de los ya existentes en el Código Penal, dio lugar a la confrontación de posiciones desde diferentes actores de la sociedad.

Conozca diferentes argumentos, datos y cifras con miras de aportar al debate:

El “aborto” en tiempos de Evo

MARIA LOHMAN, SOMOS SUR

25 de marzo de 2017

Cambios legales

Después de 11 años de gobierno “plurinacional” de Evo Morales soplan sorpresivamente nuevos vientos en el campo del aborto.

A pesar de las permanentes protestas de grupos feministas, el silencio gubernamental durante estos años había permitido la continuidad de un “Código del Sistema Penal Boliviano” que data de 1973 (código Banzer) y que penaliza el aborto hasta con 6 años de cárcel. Más allá del control de las iglesias y sus pastores apareció la tutela del Estado “plurinacional”.

El código vigente solo en algunos casos establece que un aborto es impune, en caso de “violación”, “rapto no seguido de matrimonio”, “estupro o incesto”, o si hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. (el absurdo argumento del “rapto no seguido de matrimonio” fue eliminado en años posteriores).

En la práctica, la “penalización al aborto” muy poco se aplica. Son contados los casos de mujeres encarceladas en Bolivia por este hecho, de la misma forma en la práctica son pocas las mujeres que pueden acceder al “aborto impune” establecido para casos excepcionales por las trabas burocráticas y judiciales. Y finalmente, el costo de la clandestinidad recae evidentemente sobre las mujeres más pobres, mientras las mujeres de clase media y alta acuden a clínicas privadas. ¡Vaya hipocresía!

Este mes de marzo de 2017 mujeres asambleístas del partido oficialista plantearon incorporar al nuevo Proyecto de Ley del “Código del Sistema Penal Boliviano” un solo artículo que hace referencia al delito del aborto.

En la nueva formulación se agregan otras causas que “autorizan” el aborto “durante las primeras ocho semanas de gravidez y por única vez” a las mujeres que…

o Se encuentren en situación de calle o pobreza extrema,
o No cuenten con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia,
o Sean madres de tres o más hijos o hijas y no cuenten con recursos suficientes para su manutención,
o Si fuesen estudiantes,
o En cualquier etapa de gestación, cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida,
o Cuando la embarazada sea niña o adolescente.

Es decir el nuevo código da algunas concesiones a las mujeres en estado de extrema pobreza (se habla de mujeres con un ingreso de hasta 5 dólares por día), mientras no perdona a las demás pobres, mujeres de las clases medias o de las mujeres “ricas”.

Además establece una autorización “durante las primeras ocho semanas de gravidez y por única vez”, cuando en los 74 países del mundo donde se ha legalizado el aborto, se toma como momento crítico las 12 semanas de embarazo para aplicar el aborto, mientras muchas mujeres – ricas o pobres, jóvenes o mayores- llegan a abortar más de una vez, no porque les “gusta” abortar, como insinúan algunos sectores conservadores, sino por mil y una razón que resulta larga explicitar en este espacio.

Entonces, a pesar de ciertos avances, seguimos con un esquema punitivo, con una “despenalización” a medias, que daría lugar a muchas interpretaciones, injusticias y nuevas prácticas de control sobre el cuerpo de las mujeres.

Confrontaciones políticas

A tiempo de existir un ambiente social muy movido, con diferentes marchas, paros y la imposición de otras leyes (como la Ley de Coca y de Sustancias Controladas), la propuesta de Reforma al Código Penal en el tema del aborto forma una verdadera cortina de humo.

Se abrieron en el país acalorados y muchas veces irracionales debates, cuando -más allá de esa despenalización a medias- se impone un debate y políticas serias que permiten la LEGALIZACIÓN del aborto, donde la mujer ejerce el derecho a decidir sobre su cuerpo y donde el Estado apoya con servicios de “aborto legal, seguro y gratuito” en un marco de educación sexual científica y laica.

Pasa lo contrario. Hoy la ciudadanía se divide aparentemente entre las que apoyan a rajatabla la propuesta legal presentada sorpresivamente; mujeres de organizaciones campesinas e indígenas fieles al gobierno y los y las que echan el grito al cielo en contra del aborto y cualquier cambio en el actual Código Penal.

Las primeras hablan de “despenalización”, apoyando sin mayor análisis la propuesta presentada en la Cámara de Diputados a favor de las “mujeres más pobres”, mientras l@s segund@s – las iglesias, colegios de médicos y algunos grupos de ciudadan@s conservadores- insisten en criminalizar y mantener la penalización del aborto.

Asi, las líderes indígenas y campesinas oficialistas hablan de “avances” y se expresan en los medios y en las paredes, haciendo énfasis en que “La penalización del aborto es discriminación hacia las mujeres pobres”.

Mientras por su parte, las instancias jerárquicas de la iglesia van moviendo todo su aparato (hasta papal) para difamar de antemano cualquier cambio en la legislación actual. La Conferencia Episcopal de Bolivia emitió estos días un pronunciamiento sobre la propuesta en debate, indicando que se trata de una “colonización ideológica extranjera” (!).

Nada nuevo bajo el horizonte, después de más de 500 años de colonización de almas y cuerpos.

Datos y cifras

En el año 2014 hubo una propuesta más radical por despenalizar el aborto, presentada por la diputada Patricia Mancilla, asambleísta del mismo partido de gobierno, pero las críticas de la iglesia y de sectores conservadores del país pudieron más. El Tribunal Constitucional Plurinacional -TCP -de manera hipócrita y ambigua- falló en contra de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos referentes al aborto en el Código Penal y las cosas siguieron igual que antes.

Es decir, hasta la fecha, Bolivia continúa siendo uno de los países con mayor índice de muertes de mujeres por aborto practicado en locales oscuros en total clandestinidad, a precios exorbitantes, sin mayores cuidados y además bajo un manto de discursos represivos, moralistas e hipócritas que culpabilizan a la mujer por “asesinar” a su hij@.

o Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y de ONGS (como CIDEM) hablan de hasta 80 mil abortos por año en Bolivia (es decir unos 200 abortos por día); cifras alarmantes en un país de apenas 11 millones de habitantes. Y todo esto ocurre en un contexto punitivo que criminaliza a la mujer.

o Al mismo tiempo las cifras de mujeres muertas por abortos clandestinos resultan ser más que preocupantes. Se habla de una a dos mujeres fallecidas POR DIA; mayormente jovencitas y mujeres de escasos recursos.

o Y un estudio extraoficial nos informa de que 50% de las mujeres de las zonas urbanas de Bolivia han abortado al menos una vez.

Estas cifras superan con creces la cifra de muertes por feminicidios. Es decir que en Bolivia mueren unas 600 mujeres al año por aborto mal practicado, cuando los –también- horrendos feminicidios llegan a unas 100 mujeres por año.

De ambas realidades, los casos de feminicidios reciben más atención, mediante campañas nacionales de “Ni Una Menos”, atención en medios, marchas etc., mientras la realidad lacerante del ABORTO en Bolivia durante décadas solo fue cuestionada desde organizaciones feministas, contadas instituciones críticas a la penalización del aborto y familiares afectados.

Salir del armario

La pregunta surge hoy, si la nueva propuesta legal – la “reforma”- significa una verdadera despenalización y un paso adelante hacia una necesaria legalización del aborto, o estamos ante una medida-parche, demagógica, hipócrita y poco operativa, una semi-criminalización que no afecta las raíces del problema.

Mujeres feministas, de izquierda e incluso agrupaciones de “Católicas por el Derecho a Decidir” exigen un verdadero debate abierto y racional sobre el tema, una verdadera despenalización y una legalización del aborto, saliendo de una vez del “armario”, por más “plurinacional” que sea; pero eso sí, informadas y organizadas.

Se imponen otros tiempos.

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!

Posición del gobierno:

“No se va a criminalizar el aborto (en el nuevo Código Penal), por cierto, un pequeño adelanto. Así va a ser, está escrito en el proyecto, está garantizado” (José Alberto Gringo Gonzales sobre Nuevo Código Penal, 30 de junio de 2016)

“Tenemos que debatir, claro, cualquier aborto es un delito, así entiendo, pero de manera oficial quiero decir que debatiremos en gabinete los debates que están sosteniéndose en la opinión pública para que Bolivia, el gabinete o el Gobierno tenga una posición” (Presidente Evo Morales, 2013). “Simplemente, ratifico las palabras del Presidente (Evo Morales). Hay un ordenamiento legal que penaliza el aborto y establece unas excepciones en caso de riesgo de la madre, violación y otros, pero a la vez también habló de la importancia de un debate” (Álvaro García Linera, 2013).

“Yo pido a los católicos que revisen lo que dice el Papa sobre el aborto, el Papa nos ha dado unos lineamientos para adecuar la religión y nuestras creencias religiosas al Siglo XXI porque cuando una creencia religiosa no se renueva se anquilosa” (Álvaro García Linera, 2017).

“Eso no lo podemos seguir sosteniendo en una sociedad moderna y que pretende equiparar los derechos de todos y todas” (Gabriela Montaño, presidente de la Cámara de Diputados).

“No puede morirse ninguna mujer, tenemos que ser bastante más pragmáticos y objetivos” (ministra de Salud, Ariana Campero, 2017).

“Una mujer pobre que puede acceder al aborto debe ser inquilina, sin dinero, con una venta en la calle para el sustento de la jornada y que al día gane 20 o 30 bolivianos” (Amalia Coaquira, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Interculturales, 2017).

————————————————————-
Posicionamientos críticos

700 muertas al año, una papa caliente y montón de hipócritas

Drina Ergueta

La cantidad de abortos clandestinos que se realizan cada año y sus consecuencias mortales para las mujeres, esa realidad masiva y diaria que toca al que más y al que menos en Bolivia ha vuelto a salir a luz tras el anuncio de un proyecto de ley que amplía las posibilidades legales de interrumpir embarazos no deseados. Y se han vuelto a escuchar voces muy moralistas ellas y muy hipócritas también.

Así como era muy previsible la presión en contra de este proyecto desde la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas con menor peso público (pero no de votos), sorprende la oposición oficiosa del Colegio Médico a una medida que da un resquicio legal a miles de mujeres que quieren abortar.

Se trata de un proyecto de ley planteado siempre desde el control que hace el Estado del cuerpo de las mujeres y, además, las concesiones que ofrece son discriminatorias, dentro de un marco conceptual punitivo en lugar de llevarlo al de la salud pública.

Los datos que se conocen sobre las consecuencias de la ilegalidad del aborto son terribles, pese a que esta práctica clandestina hace casi imposible tener datos fidedignos y completos: En Bolivia mueren dos mujeres cada día por abortos mal practicados, representa el 9 por ciento de causa de mortalidad materna.

Cada día se practican 185 abortos al margen de la ley y en condiciones de riesgo, por ello cada año 67.000 mujeres acuden a centros de salud en situación de emergencia. El 50 por ciento de la población femenina se ha realizado al menos una vez un aborto durante su vida, siendo un 13 por ciento adolescentes. Se trata de datos fundamentalmente urbanos.

La abrumadora cantidad de abortos que se realizan y que, es evidente, toca a gran parte de la población hace, seguramente, que los procesos penales por aborto ilegal sean reducidos, 775 en cinco años, y mucho menos los sancionados.

El aborto es una realidad cotidiana y siendo ilegal es una papa caliente para cualquier administrador de justicia. El Artículo 157 del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal de Bolivia no “despenaliza” el aborto, sólo modifica la normativa punitiva vigente. Da mayores márgenes permisivos: como ser pobre de solemnidad, madre de más de tres hijos, estar a cargo de personas mayores o ser estudiante; y establece plazos: posible sólo hasta las ocho semanas de gestación y sólo por una única vez en la vida; permite la interrupción del embarazo en casos de violación, si se trata de una menor, si hay malformación del feto o peligro para la madre.

Siempre se dijo que la ilegalidad del aborto no perjudicaba tanto a las mujeres con recursos, las únicas con posibilidades de realizárselo de manera segura; sin embargo, que se beneficie con la legalidad sólo a mujeres en situación de pobreza, no solamente discrimina a las otras, sino que coloca a la opción de ser madre en parámetros económicos y no de simple opción.

La Iglesia Católica sale a la luz pública condenando y rechazando esta leve e insuficiente modificación a la ley, en defensa de la vida, dice, mientras hace la vista gorda y disimula frente a los miles de casos de pedofilia, que en algunos lugares parecería institucionalizada, entre sus curas. Hipócritas.

La representación del Colegio Médico no sólo habla de objeción de conciencia, sino que se posiciona en contra. Sería bueno saber cuántos médicos son los que realizan abortos, posiblemente son muchos y ante la situación de ilegalidad es normal que no quieran pronunciarse públicamente; sin embargo, su representación colegiada, al no ser imparcial y no defenderles, les hace quedar como hipócritas.

La posibilidad de abortar es un derecho de las mujeres, el servicio de salud del Estado debe garantizarlo para defender la vida de las mujeres, de mujeres trabajadoras o no, estudiantes o no, provenientes de todas las clases sociales, madres o de aquellas que simplemente no quieren serlo. No querer ser madre es también un derecho.

Fuente: Los Tiempos

—————————————————————-
A propósito del mensaje de obispos bolivianos

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA vs. EL DERECHO A DECIDIR DE LAS MUJERES:

CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR/Bolivia

Derechos de las mujeres, tras muchas reflexiones sobre la realidad social, expresamos lo siguiente:

Jesucristo ha vencido a la muerte, lo que nos anima a creer que la vida trae una esperanza para todas y todos y que ante el alarmante dato de que en Bolivia existen 40.000 abortos clandestinos por año, se necesitan políticas públicas que garanticen el derecho a la vida digna y a la integridad de las mujeres. Esa es una verdadera “elección de vida” que alegra el corazón de un Dios vivo, de un Dios de amor.

La Sentencia Constitucional 206/2014 reconoce la legalidad de la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto, estupro, riesgo para la salud o vida de la mujer y establece la despenalización parcial del aborto. El hecho que el Tribunal Constitucional haya despenalizado el aborto en las primeras fases de desarrollo del embrión, significa que no puede existir ningún límite, retroceso o restricción, siendo imposible derogar el tipo penal del aborto impune.

A partir de ello, el Ministerio de Salud en cumplimiento de lo establecido en la Sentencia Constitucional 206/14 emitió la Resolución Ministerial No. 1508 con el protocolo para la interrupción legal del embarazo, que establece que los servidores de salud están obligados a garantizar los derechos humanos de mujeres amparadas en las causales de un aborto impune. La vulneración de derechos humanos, sea cual fuere, es un delito que debe ser procesado por normativa nacional, pero además por normativa de carácter regional e internacional.

Los profesionales médicos, pueden objetar conciencia y abstenerse a garantizar el derecho al aborto impune, sin embargo deberá el centro médico responder con acciones garantistas para el cumplimiento de lo establecido por ley, es decir la institución está en la obligación de proveer el servicio, para lo cual debe contar con el personal médico que lo realice. Objetar es oponerse, argumentando convicciones profundas de las personas, sean éticas, morales, religiosas o filosóficas. La objeción de conciencia si bien es una expresión de la libertad de conciencia, de ninguna manera puede menoscabar derechos de otras y menos aún si se trata también de libertades e integridad moral de esas terceras personas… las mujeres.

La objeción de conciencia “no es un derecho universal”, es decir no se le reconoce a todo el mundo, amerita de una regulación específica y condiciones para su ejercicio, para entender que un funcionario público o un/una ciudadano/a no cumpla con su deber.

Desde una teología católica feminista, existente desde hace muchos años, estamos seguras que es preciso fortalecer los valores dentro de las familias y el matrimonio, pero un amor legítimo y respetuoso de las decisiones, de la vida, de las realidades que en el cotidiano enfrentan las mujeres, a partir de la vivencia de una sexualidad y reproducción decidida, tomando en cuenta nuevas aproximaciones éticas y la necesidad de consolidar una iglesia más plural y respetuosa de las decisiones de sus feligreses.

Cuando antivalores como la violencia, violaciones y otros similares, afectan los derechos y ponen en riesgo la vida de las mujeres, nos enfrentamos a situaciones totalmente alejadas del reino de Dios, hecho que repudiamos la gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos católicos.

La maternidad es un hecho maravilloso, cuando es fruto del respeto, amor y decisión de las parejas, cuando existen los medios necesarios para dar sostén emocional y económico a las familias.

POR TANTO:

El interpretar sin fundamento jurídico, ético y científico de forma irresponsable estos documentos que son parte de la economía jurídica de nuestro país, ocasiona muerte… es decir, todo lo contrario a lo que significa “elegir la vida”, puesto que querer ampliar el estatus del embrión a la misma condición de persona plenamente desarrollada, pone en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física de las mujeres.

No es un tema en el que deben prevalecer los fundamentalismos religiosos, que históricamente han manipulado las decisiones y los cuerpos de las mujeres, en sociedades patriarcales…

Bolivia constitucionalmente es un Estado laico… Bolivia está encaminada para ser una sociedad despatriarcalizada y en ese sentido como Católicas, pedimos respeto a la dignidad y a las decisiones de las mujeres.

La información es poder… y para hablar de estos temas, primero se debe conocer para no desinformar. En este sentido, interpelamos la emisión de mensajes de la Iglesia Católica que omiten de forma irresponsable la explicación completa y clara de conceptos, usos y alcances de los derechos humanos.

La Paz, abril de 2016

www.catolicasbolivia.org

——————————————-

¡LUCHEMOS POR UN ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO!

Ni con el oscurantismo clerical, ni con la impostura masista

Mila Matias

La Asamblea Plurinacional y el país entero, se ven envueltos en una nueva discusión sobre el aborto, y es que en el marco del proyecto para un nuevo Código Penal, las legisladoras oficialistas han incorporado la posibilidad de aborto por razones de pobreza.

Sin embargo, la propuesta inserta en el artículo 157 ni siquiera llega a ser despenalización en toda su magnitud, simplemente es una ampliación de las excepciones para la interrupción del embarazo que están reconocidas en el Código Penal Vigente (embarazos que sean producto de violación, que pongan en riesgo a vida de la madre o presenten mal formaciones del feto), donde se añadirían el aborto por causales de pobreza o si se tratase de una niña o estudiante. Es una propuesta bastante restrictiva, si se tiene en cuenta que sólo se la puede realizar por única vez y durante las primeras ocho semanas de gestación (mientras en Uruguay se aplica hasta las doce semanas de embarazo). Lo más significativo es que para el resto de las situaciones el aborto se mantiene como un delito -que el actual código penal castiga con seis años de cárcel. Siendo así, la “ampliación de excepciones” termina siendo un barniz al problema del aborto que, en Bolivia, se cobra la vida de unas 500 mujeres al año.

Cooptación y desvío de una lucha por aborto legal, seguro y gratuito

Esta propuesta de ampliar las excepciones para el aborto, se produce en el marco de la irrupción en escena de un embrionario movimiento de mujeres -que se ha volcado a las calles a partir de los altos índices de feminicidio y violencia hacia ellas- y que el Gobierno masista no escatimó recursos ni esfuerzos para controlarlo políticamente a través de ONGs y feministas serviles al oficialismo.

A través de “congraciarse” con el movimiento de mujeres pero sin chocar fuertemente con la iglesia -así sucedería si se propusiera una real despenalización del aborto-, esta propuesta pone al descubierto la cobardía e impostura de las oficialistas (que se reclaman progresistas y feministas) y, encubre la cooptación del movimiento de mujeres, para que en lugar de mantener la lucha por aborto legal, seguro y gratuito, se cierre filas junto a las masistas frente a las posturas hipócritas y reaccionarias de la iglesia. Pero, a más de las excepciones ampliadas, la propuesta sigue sometiendo a las mujeres al tutelaje del Estado. El aborto sigue considerado como un delito y es el Estado el que determina qué mujer, en qué circunstancias y qué número de veces, puede abortar o no.

Además, la propuesta actúa como cortina de humo sobre la reciente aprobación de la Ley de Coca y de Sustancias Controladas, que ha generado una enorme polémica en torno al vínculo del Estado, la producción de coca y el narcotráfico.

Malthusianismo y mantención del negocio de abortos clandestinos

Un tufo malthusiano y hasta de “eugenesia social”, a partir de delimitaciones meramente económicas y clasistas, se percibe en la propuesta oficialista, cuando la ampliación de las excepciones para abortar están sujetas a razones de pobreza (se amplía las excepciones sólo para mujeres en situación de calle o pobreza extrema) y no al elevado índices de muertes a consecuencia de abortos clandestinos.

“Se trata de justicia, salud y equidad social, porque en Bolivia no pueden haber las mujeres que se diferencian entre las que tienen plata para interrumpir el embarazo y las que no tienen ’que se mueran’”, decía la diputada Gabriela Montaño en defensa de la propuesta oficialista, olvidando que el mayor acto de justicia y “equidad social” está en eliminar las causas de los privilegios que tiene una clase social sobre otra -cosa que el MAS jamás se planteó hacer. Habría que aclararle a la legisladora Montaño, que el aborto no es el mecanismo para impartir justicia, y muchos menos es una vía a solucionar o paliar la pobreza de la gran mayoría de las bolivianas. No es el camino al que deben acogerse los pobres para no padecer más las consecuencias de una sociedad injusta en cuanto a la distribución de la riqueza, mientras el Estado se lava las manos. El aborto es una reivindicación democrática, un derecho en el marco de una sociedad que oprime a las mujeres; es la demanda que se le hace a un Estado incapaz de garantizar fuentes de trabajo, educación sexual, ni anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, dando como consecuencia la proliferación de abortos clandestinos mal practicados y las consecuentes muertes o daños –muchas veces irreversibles- sobre sus cuerpos. Pero la reiterada propuesta oficialista, no viene acompañada de una política integral para las mujeres, se trata más bien de utilizar una reivindicación femenina para lavarle la cara y las manos al gobierno -que se desentiende y nada hace para terminar con aquellos aspectos estructurales que originan la opresión de las mujeres y la pobreza reinante en amplios sectores del país.

Y no es sólo lo expuesto. Esta política restrictiva en el tema del aborto, tiene como consecuencia la mantención y el encubrimiento de todo el negocio que se esconde tras el aborto clandestino. Las mujeres que no se insertan en los parámetros de excepción planteados, seguirán recurriendo a clínicas privadas (aquellas que cuenten con el dinero suficiente) o arriesgando su vida en manos de aquellos médicos que lucran con su desesperación. ¡El Estado sigue siendo cómplice!

El aborto reivindicado por la clase obrera no es aborto a secas

Cabe destacar las diferencias y el contenido político que cada clase social le otorga a una reivindicación democrática como el aborto. El aborto propuesto por la burguesía y sus representantes, o aquél demandado por la pequeño burguesía, no tienen ni el mismo contenido, ni el mismo horizonte de aquel que reivindica la clase obrera.

Para la burguesía el aborto ilegal no constituye una amenaza a la vida de sus mujeres, las burguesas pueden pagar las mejores clínicas para realizarse abortos seguros. Por eso cuando la burguesía opta por la despenalización del aborto obedece a la presión de las otras clases. Sin embargo esta medida en determinadas circunstancias, podría ser asumida por la burguesía supeditándola a sus intereses de clase, como: ahorrar gastos públicos y sociales que dejan a su paso las mujeres muertas o que quedan enfermas, controlar la natalidad de la clase obrera y de hacer por otros medios lo que viene haciendo en el marco de la decadencia capitalista, la destrucción de las fuerzas productivas; es decir, proletarios sin prole.

Para la pequeño-burguesía progresista, librada de las taras clericales, la reivindicación del aborto encierra una postura ego-individualista, un simple derecho que se reduce a “mi cuerpo, mi territorio”, o a disfrutar la vida sin los pesares de cargar con hijos en un mundo “difícil” y en casos que, en el marco de la crisis económica y social, tiende a la pauperización de ésta clase.

La reivindicación del aborto desde la clase obrera encierra razones totalmente opuestas al individualismo pequeñoburgués y al “leimotiv” de la burguesía. Se trata de un acto de solidaridad clasista y con las mujeres pobres en general, contra aquello que es una amenaza y acrecienta su opresión. Se trata de frenar las muertes a causa de abortos clandestinos y mal practicados, como parte de la arremetida capitalista contra un importante sector de la clase obrera: las mujeres. Se trata de evitar que continúen las muertes de mujeres pobres, víctimas de un sistema que les niega toda posibilidad de subsistencia digna.

Es por eso que para la clase obrera, el aborto no puede ser un planteamiento ni por la despenalización (donde el Estado no lo castiga, pero tampoco lo asume), ni por la legalización a secas. A la demanda de aborto legal, seguro y gratuito le sumamos la demanda de educación sexual pública científica y laica – sin la intermediación y los frenos que impone el clero en las escuelas-; y, anticonceptivos suficientes, gratuitos y de calidad, para prevenir embarazos no deseados y evitar los alarmantes índices por aborto y sus consecutivas muertes. Medidas que debieran ir acompañadas, además, por la generación de empleos con salarios acordes a la canasta alimentaria para las mujeres y la clase obrera en general, establecimiento de un sistema de salud, público universal y gratuito (no la farsa del precario SUMI), guarderías y comedores populares públicos gestionados por las familias obreras para las mujeres que decidan ser madres.

Mujeres Socialistas- Socialismo Revolucionario (SR)

Marzo, 2017

———————————————-
ANTE EL PROYECTO DE LEY DE DESPENALIZACIÓN PARCIAL

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!

Ante la discusión abierta por el proyecto de ley que extiende las causales para la interrupción del embarazo, desde Pan y Rosas manifestamos:

Pan y Rosas Bolivia, 16 de marzo

Las mujeres abortamos sea o no una práctica legal. Esta es una realidad que ni la Iglesia católica, ni la oposición ultra conservadora, ni el propio gobierno que hoy toma utilitariamente las banderas de género, pueden negar. Quienes se oponen a la legalización del aborto, buscan ocultar que la diferencia fundamental radica en la cantidad de vidas que pueden ser salvadas si se deja de criminalizar este tan básico derecho a decidir sobre el propio cuerpo y en última instancia, sobre el curso de nuestra existencia.

Se trata primordialmente, de dejar de condenar a las mujeres de los sectores más empobrecidos, a la muerte impuesta por la cruel alianza entre patriarcado y capital; así como de luchar contra el violento tutelaje que todas las instituciones (familia, Estado, Iglesias etc.) ejercen sobre nosotras, bajo el cual somos consideradas nada más que propiedad privada sobre la que se puede regir e imponer.

El Proyecto de Ley presentado el pasado 9 de marzo por personeros del MAS, que ampliaría las causales para el aborto no punible introduciendo como factor, por ejemplo, el estatus socio-económico y la condición de estudiante, es insuficiente y limitado (además de estos criterios selectivos, el tiempo de gestación permitido para interrumpir un embarazo, por ejemplo, es más restringido incluso que el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud). Este proyecto no fue un “regalo” o un “favor” de las senadoras y diputadas del oficialismo, sino una conquista tras diversas movilizaciones en exigencia de este derecho. Y si bien puede considerarse un pequeño avance, no responde a las demandas de lucha constante e histórica por el Derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, que es una necesidad imperante para la realidad nacional.

El aborto en nuestro país

Las mujeres bolivianas y del mundo tomamos la decisión de abortar por diversos motivos. Porque no contamos con las condiciones para ser madres en este sistema explotador que se atreve a juzgarnos como “asesinas” cuando es toda su estructura la que nos condena junto a miles de hombres, niños y niñas a la pobreza extrema y al hambre; abortamos porque fuimos violadas en una sociedad que además juzga más nuestras formas de vestir y el conjunto de nuestras decisiones que a los propios criminales que perpetúan estos actos de violencia machista; abortamos porque el método anticonceptivo pudo fallar o porque en nuestro país, queramos verlo o no, la educación sexual y el uso de anticonceptivos sigue siendo inaccesible para muchos; y abortamos, entre otras, quienes por diferentes motivos estamos o estuvimos frente a un embarazo no deseado y escogimos no ser madres, siendo nuestra voluntad y derecho decidir sobre nuestras vidas. En suma, son diversas las situaciones que nos llevan a tomar esta decisión y en definitiva ninguna de ellas se debe al “gusto y gana” de querer enfrentar un aborto, como pretenden hacer ver las instituciones eclesiásticas.

Son más de 80.000 abortos los efectuados anualmente en Bolivia, lo cual implica que se realizan más de 200 abortos diariamente (datos Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM). La clandestinidad de esta enorme cantidad de interrupciones de embarazo, solo alimenta el lucro de un negocio millonario y negligente, con precios que pueden variar desde 200 bs., en condiciones altamente insalubres, hasta más de 500 $us (hasta el triple del salario mínimo nacional por un aborto seguro). Obviamente, quienes no pueden pagar el privilegio de costosas clínicas, consultorios privados y viajes al exterior para realizarse un aborto garantizado, son las que padecen de la forma más brutal y violenta esta prohibición y persecución del Estado y la doble moral religiosa.

Se calcula que mínimamente 480 mujeres pierden la vida cada año por causa de abortos mal practicados (datos del CIDEM) y como es de suponer, estos casos no pueden ser denunciados por la persecución que podría desatarse contra los propios familiares o allegados a las víctimas. Es decir, esta cifra indicaría que en tan solo una jornada más de una mujer es castigada con la muerte, por malas prácticas médicas avaladas por el Estado, que con su penalización relega estos casos a la completa impunidad. Lamentablemente, todas las cifras varían y hay un vacío importante en cuanto a datos porque el Ministerio de Salud mantiene un completo desinterés al respecto. Además, es difícil contabilizar estos hechos por tratarse de una práctica oculta: se habla solo de los casos a los que se tiene acceso, pero miles más permanecen en la oscuridad del desconocimiento.

Esta es nuestra realidad, pese a lo que digan los falsos discursos de “despatriarcalización” y equidad de género vertidos desde el Estado y más allá de toda la oposición irracional de la Iglesia, que no ha tardado en atacar el señalado Proyecto de Ley con su característica intransigencia contra los derechos de las mujeres.

Desde la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, tomamos el derecho al aborto como una parte sustancial de nuestro programa de lucha. Exigimos que no solo se despenalice sino que además se legalice introduciéndolo como parte de la salud pública garantizada por el Estado; que sea practicado gratuitamente para que las mismas que mueren hoy en la clandestinidad, puedan acceder a prácticas salubres. Todo ello debe acompañarse además de una educación sexual científica y laica y la distribución de anticonceptivos, sin intervención de las Iglesias y su moralidad retrógrada: ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir! Ello no será posible si no se plantea también como horizonte, una separación efectiva del Estado y la Iglesia, pues pese a que se diga lo contrario, no hemos dejado de ser un país que sostiene las taras más opresivas del catolicismo.

Nada de aquello será una concesión, pues lo obtenido hasta hoy ha sido a punta de organización y lucha. No esperamos nada ni de este Estado ni de éste gobierno. Por ello, nos organizamos y movilizamos ante esta situación, contra los ataques de la Iglesia y por mayores avances hacia un aborto libre, legal, seguro y gratuito.

Y vamos por más. Nos organizamos para luchar por nuestra verdadera emancipación, sabiendo que este problema y las raíces de nuestra opresión en su conjunto, no encontrarán una solución estructural si no es en lucha franca contra sus pilares: el capitalismo y el patriarcado que sostienen la penalización del aborto así como la explotación y los distintos tipos de opresión en que viven millones de seres humanos, privándonos de un sistema de salud gratuito para toda la población, ofreciendo condiciones de precariedad para la maternidad, imponiendo su obligatoriedad a costa de ser úteros para la generación de más mano de obra barata para el sistema etc. Sabemos que nuestra verdadera emancipación, es una quimera si pensamos cada lucha de manera aislada, y así como luchamos por el derecho al aborto, proponemos como horizonte la organización para librar una lucha estructural.

———————————————————-
Comunicado de la CEB: Por la vida de los más vulnerables

“Yo he venido para que tengan vida” Jn 10,10

La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, ante la propuesta de Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, que va a ser sometida a discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, llama a los legisladores y a toda la sociedad a defender el derecho a la vida, que se ve seriamente amenazado con esta propuesta de reforma, y a participar activamente en el debate público sobre estas iniciativas.

El derecho a la vida, en el que se fundan todos los demás, es para todos los seres humanos “sin distinción”. La vida es un don de Dios y nadie puede disponer de ella en ninguna circunstancia.

La propuesta de Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal plantea como circunstancias justificatorias para el aborto, durante las primeras ocho semanas, el no contar con recursos para la manutención del bebé o que la madre sea estudiante y, en cualquier momento de la gestación, cuando exista un riesgo presente o futuro para la vida de la madre; prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la madre; el detectar malformaciones fetales; que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto; o que la embarazada sea niña o adolescente.

Además esta propuesta de ley distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio y la eutanasia, como si ser pobre fuese justificativo suficiente para violar cualquier ley.

Este proyecto introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos. El aborto, además, violenta el cuerpo de la mujer, dejando graves secuelas en la psicología femenina, como el síndrome postaborto con consecuencias muchas veces irreparables.

Como Iglesia y como sociedad digna no podemos aceptar estos supuestos. El Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia para que la vida en nuestra sociedad sea posible para todos.

La Iglesia en Bolivia, se hace eco de las palabras del Papa Francisco, en su discurso a los movimientos sociales, en el que exhortaba a proteger y cuidar a los más vulnerables y llama a trabajar por la vida y la dignidad de todos, especialmente de los más pobres.

Además, nuestra Constitución Política del Estado recoge en su bloque de constitucionalidad, los acuerdos sobre derechos humanos, encontrándose entre ellos “el derecho a la vida” y lo proclama como un derecho fundamental, confirmando a través del código civil y el código niña, niño, adolescente, que el derecho se reconoce desde el momento de la concepción, por lo que la contradicción con el Proyecto de Ley es evidente.

Es obligación de todos interesarnos por las leyes que se proponen en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que respondan a la ética y moral de nuestras culturas exigiendo de las autoridades públicas respeto a la vida, apoyo a las madres embarazadas en riesgo y precautelar los principios y la fe de nuestro Pueblo.

Cristo vino para que todos tengamos vida en abundancia.
Que María, Madre pobre de Cristo pobre, interceda por Bolivia.
13 de Marzo de 2017
Secretaría General
Conferencia Episcopal Boliviana

—————————————————-
DESDE LA ACERA DE ENFRENTE

El médico abortero

12 de abril de 2017

No crean ustedes ingenuamente que el médico abortero es un defensor de la despenalización del aborto. ¡No! todo lo contrario, él es un firme defensor de la penalización del aborto porque su negocio mayor es que el aborto sea clandestino.

Su negocio es que las mujeres lleguen presas del pánico y la vergüenza. Su negocio es no tener que ofrecerles condiciones de internación, de reposo, de higiene y de una cirugía cuidadosa como para no causarles ningún daño. Por eso el médico abortero es un firme defensor público dizque de la vida, hace encendidos discursos entre sus colegas. Se muestra contrario al aborto cuando es el primero en saber de forma directa cuáles son las condiciones de riesgo en las que una mujer que tiene que abortar se encuentra.

Es inútil discutir con él porque no es una discusión de valores, información o argumentos; la discusión médica sobre el aborto es una discusión teatral, una farsa social, un acto gigante de hipocresía pública.

El médico abortero tiene casa y auto. Sus hijos van a colegios privados y recientemente se ha hecho socio de una clínica privada, todo gracias al aborto clandestino.

Con los años ha descubierto que puede rentabilizar su negocio cuando el embarazo lleva más de ocho semanas, cuando la mujer va sola, cuando la que aborta necesita ocultar el hecho a su marido.

Tiene un discurso preparado para cada caso: unas veces es un discurso de reproches, otras invoca la responsabilidad, otras apela a las culpabilizaciones. La idea de fondo es intimidar a la paciente y reducirla a la actitud más pasiva posible para que no se crea que tiene derecho de reclamar nada.

El médico abortero en una mañana cualquiera puede llegar a atender hasta ocho mujeres, porque además no les da margen para la recuperación. Anestesia, aborto y fuera. Las mujeres salen adoloridas, todavía un poco atontadas, pasan mucho frío, nada de eso le importa al médico abortero, cuya mina de oro no cuenta sino con las condiciones más precarias.

Ninguna mujer que pasa por su consulta tiene opción a regresar si tiene dificultades, no hay revisión postaborto, lo que quiere el médico abortero es que desaparezcan y pasen la voz a la próxima amiga necesitada.

El médico abortero no sabe el devenir de los abortos atendidos, no sabe cuántos terminaron en infecciones mortales, cuántos en otro tipo de complicaciones.

Sus colegas saben que él se dedica al rubro y que por eso ha hecho dinero rápido y fácil pero nadie se lo reprocha. A más de uno les ha hecho el favor con sus hijas o sus amantes y además sabe que renombradas clínicas de las mejores de todas las ciudades del país hacen también abortos que se registran con otros nombres, así que entre médicos no hay drama, discusión ética, ni señalamiento alguno.

No crean tampoco que el médico abortero no pertenece al honorable Colegio Médico de Bolivia, no, claro que pertenece y es un miembro reconocido en el medio. Justamente porque es abortero busca refugio en el Colegio Médico para darse un barniz de honorabilidad de un colegio en decadencia, vetusto, no sólo en sus oficinas empolvadas y viejas, sino en la real capacidad de convocar a los médicos y las médicas más jóvenes del país.

El Colegio Médico logra aglutinar con suerte al 10% de los médicos del país, a muchos no les interesa la membresía porque no supone la pertenencia a una entidad cientificamente prestigiosa, pero justo a nuestro médico abortero, que necesita camuflajes, la pertenencia al Colegio Médico le viene como anillo al dedo.

Hay muchos médicos hombres y mujeres que están de acuerdo con el aborto porque atienden en hospitales y centros de salud pública, y ellos mismos reciben los desmanes cometidos por el sistema de aborto clandestino. Están a favor del aborto por razones médicas y éticas: salvar la vida de las mujeres y realizar una atención que al propio sistema de salud pública precario le será más económico, porque resulta de menor costo atender un aborto en las primeras semanas de embarazo que atender una infección por aborto mal practicado o una hemorragia.

Estos médicos y médicas no pertenecen al Colegio Médico porque no tienen tiempo para pertenecer a una institución que en términos de salud y ciencia nada representa para el país.

María Galindo es miembro de Mujeres Creando.

Fuente: http://somossur.net/politica/seguimiento-al-nuevo-estado-plurinacional/1958-polemica-reforma-coloca-nuevamente-el-debate-del-aborto-sobre-la-mesa.html